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FORO MILICIA Y DEMOCRACIA

Michoacán: del operativo militar a la intervención social

Publicada 12/07/2016 a las 06:00 Actualizada 22/07/2016 a las 15:13    
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El presidente de México, Enrique Peña Nieto.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto.

EP
Al tomar posesión de su cargo, el presidente Felipe Calderón (2006-2012) lanzó su estrategia de guerra abierta contra el narcotráfico en la que, por primera vez, las Fuerzas Armadas tenían un protagonismo destacado. Para ello, el gobierno federal impulsó medidas urgentes de apoyo a los uniformados –aumento de sueldo, mejora de equipamiento y entrenamiento, incremento significativo de los efectivos– y no ahorró gestos de sintonía con la organización militar. En este sentido, destaca su visita en los primeros días de su mandato al destacamento militar de la ciudad de Apatzingán, en el Estado de Michoacán, vestido de verde oliva y tocado con una gorra con la divisa de Comandante Jefe de las Fuerzas Armadas. No es casual que su primer discurso oficial fuera pronunciado en instalaciones militares (Campo Marte).

El presidente Calderón, tras su apurada victoria electoral, necesitaba consolidarse en el cargo con una ambiciosa estrategia de seguridad nacional en un momento en que el hundimiento de los cárteles colombianos había propiciado el auge de los narcotraficantes mexicanos. Durante el sexenio, el gobierno federal triplicó los efectivos de la Policía Federal y comenzó centrando sus esfuerzos en algunos de los estados más castigados por el crimen organizado. Las acciones militares se iniciaron con el llamado Operativo Conjunto Michoacán, financiado en gran parte por Estados Unidos a través del programa Iniciativa Mérida.

El dispositivo se extendió posteriormente a otros Estados como Tijuana o Guerrero. La militarización del territorio ha supuesto una respuesta violenta sin precedentes de las organizaciones delictivas. El balance de víctimas supera con creces los 100.000 muertos, de los que oficialmente se reconoce que al menos el diez por ciento corresponderían a daños colaterales, es decir, víctimas sin relación alguna con el narcotráfico. Las organizaciones criminales, actuando con una gran potencia propagandística –narcomensajes, decapitaciones–, han hecho uso de armamento y medios avanzados –ametralladoras, lanzagranadas, e incluso lanzamisiles, complementando su operatividad con vehículos de altas prestaciones– provocando la desestabilización de amplias zonas del país.

Los parciales datos oficiales ofrecidos por los sucesivos informes del gobierno como balance de la lucha contra el narcotráfico, que reflejan los logros en ejecución y detención de narcotraficantes, destrucción de cultivos ilegales, aprehensión de drogas, decomisado de armas de fuego y vehículos, se antojan insuficientes en comparación con la agudización del conflicto que se manifiesta en el considerable repunte de las muertes violentas, en el clima de terror reinante en muchas poblaciones y en la denuncia, de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de las violaciones de derechos de la población civil por parte de las fuerzas estatales. Al mismo tiempo, la organización Transparencia Internacional constata un retroceso en estos años en los niveles de impunidad y corrupción de México.

La cronología de la violencia del crimen organizado no ha cesado en la última década con una sucesión de hechos de gran impacto en la sociedad, entre los que cabe citar: lanzamiento de granadas contra la multitud el día de la fiesta nacional en Morelia; asesinato de jóvenes estudiantes en Juárez y de civiles en el Casino de Monterrey; ataques en centros comerciales en la ciudad de México; narcobloqueos y quema de vehículos en Guadalajara; toma del municipio de García en Nuevo León; derribo de un helicóptero de la Secretaría de Defensa Nacional; desaparición de estudiantes de Iguala en el Estado de México; masacre de inmigrantes en Tamaulipas.

El conflicto ha supuesto la expansión de la violencia desde los estados más afectados como Sinaloa, Michoacán o Guerrero hacia estados históricamente menos comprometidos como Hidalgo, Aguascalientes o Tabasco. Las autoridades han hecho un uso expansivo del estado de emergencia con suspensión de las garantías individuales para facilitar el combate a las organizaciones criminales. La violencia se ha recrudecido con la creación de grupos de autodefensas armados, unas fuerzas paramilitares con tendencia a convertirse en brazo armado de los grupos criminales. La libertad de prensa se ha visto seriamente afectada por los frecuentes asesinatos de periodistas para silenciarlos.

La lucha contra el narcotráfico ha afectado también a la soberanía nacional al facilitar la injerencia de los Estados Unidos en México con la firma de convenios de colaboración para la intervención de agentes de inteligencia y de seguridad estadounidenses en suelo mexicano, así como medios aéreos tripulados y no tripulados. Algunas operaciones de agentes antidroga estadounidenses podrían haber contribuido sin querer a armar a los narcotraficantes al introducirse armas para conducir investigaciones y perderse luego la pista de las mismas.

La llegada al poder del actual presidente Enrique Peña Nieto, a partir de diciembre de 2012, rebajó las expectativas de combate frontal contra el narcotráfico. Las fuerzas militares continuaron su implicación activa pero la política de seguridad se orientó más en tratar de disminuir la violencia con medios policiales que en asestar grandes golpes de efecto a las organizaciones criminales, aunque, por supuesto, sin que ello implicara renunciar a detenciones mediáticas (fuga y recaptura del Chapo Guzmán). El país quedó dividido en cinco regiones a efectos de intervención, se ordenó la creación de una nueva policía militarizada –Gendarmería Nacional– y se centralizaron todas las competencias de seguridad en la Secretaría de Gobernación. Algunas voces han criticado este giro considerando que el partido gobernante –el viejo PRI– estaría alcanzando acuerdos de no agresión con los narcotraficantes.

Con el gobierno de Peña Nieto, México ha iniciado una nueva fase de la lucha contra el narcotráfico ante el agotamiento, las contradicciones y las limitaciones de la estrategia impulsada por Calderón. Los resultados no justifican los elevados riesgos que se asumen con la implicación frontal del Ejército en términos de penetración por las redes narcotraficantes y deterioro de su imagen pública por la vinculación con supuestos de violación de derechos. En este sentido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en sus recomendaciones y acciones de inconstitucionalidad, se refiere a numerosos casos de desapariciones forzadas, registros y detenciones arbitrarias, abuso de autoridad o ejecuciones extrajudiciales.

Siguiendo estas nuevas directrices, en Michoacán se viene ejecutando un plan de rescate con el objetivo de revertir las condiciones de debilidad institucional y deterioro social del Estado. Con el convencimiento de que el uso legítimo de la fuerza pública no es suficiente sino se complementa con la inversión en desarrollo se han implementado medidas de apoyo en materia de educación, sanidad, economía, cultura e infraestructuras. De esta forma Michoacán se convierte en símbolo de la evolución en la lucha contra el narcotráfico en México pasando de las campañas militares (Operativo Conjunto) a la intervención social (Plan de Rescate).



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