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La Brújula Social

La muerte es una (mala) decisión pública

  • Alrededor de un tercio de toda la población en las comunidades más afectadas vive lejos, a más de 20 kilómetros, de un hospital
  • La distancia es un dato crucial: en muchos casos, el tiempo de reacción en la atención sanitaria es determinante, ya que el riesgo de morir en un episodio agudo de infarto es un 25% mayor en centros sin UCI

R. Rodrigues-Silveira | I. Paredero Publicada 20/11/2016 a las 06:00 Actualizada 21/11/2016 a las 19:12    
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En los últimos años, la prensa ha recogido eventos relacionados con la atención sanitaria en España, eventos, aparentemente, no conectados entre sí. En mayo de 2016, una niña salmantina de 13 años que realizaba una excursión escolar al Valle del Jerte falleció a causa de un golpe de calor y debido al “muy difícil acceso” del lugar en el que se encontraba (El Mundo, 21/5/16). En 2014, una niña de tres años residente en el Condado de Treviño (Burgos) falleció después de que el servicio de emergencias del País Vasco le hubiera denegado una ambulancia (El Mundo, 20/3/14). El hospital más cercano, en Vitoria, está situado a 23 kilómetros pero la responsabilidad por la atención en esta área es de Castilla y León, cuyo centro más próximo se localiza en Burgos, a 101 kilómetros. No son hechos aislados o casos de mala suerte sino decisiones de políticas públicas, basadas, habitualmente, en un argumento: la baja densidad demográfica que hace inviable económicamente la atención sanitaria. Ejemplo de estas decisiones públicas deliberadas fueron las decisiones de varios gobiernos autonómicos en 2011 y 2012 de cerrar los centros de emergencia en áreas rurales por la noche. Como respuesta a estas decisiones se desató una oleada de protestas que en algunos casos, como el de los vecinos de Las Arribes en Salamanca, lograron revertir los cierres pero en otros casos, el argumento de la baja densidad demográfica para reducir atención sanitaria se impuso.

Todos estos eventos comparten una característica común: han sucedido en zonas rurales, con baja densidad demográfica y, en la mayor parte de los casos, en regiones de frontera entre dos comunidades autónomas o estados, con baja cobertura hospitalaria y donde las carreteras tampoco facilitan el acceso a los grandes centros, que disponen de UCI. Desde las instituciones públicas se asume que muy poca gente vive ahí y, por tanto, no resulta rentable invertir en la construcción de hospitales cercanos. Una suposición que, a nuestro juicio, no parece haber sido contrastada con datos y análisis sobre cuál es la demanda real sanitaria existente.

¿Cómo se podría mejorar la estimación de la demanda sanitaria?

En primer lugar, deberíamos identificar dónde se encuentran los hospitales, gracias a los datos del catálogo nacional de hospitales, y luego determinar la distancia en kilómetros de cada localidad al hospital más cercano. Hacemos esto porque la distancia al hospital es un dato crucial: en muchos casos, el tiempo de reacción en la atención sanitaria es determinante, como atestigua el trabajo de Enrique Bernal, exponiendo que el riesgo de morir en un episodio agudo de infarto es un 25% mayor en centros sin UCI; otros trabajos apuntan en la misma dirección: en caso de accidentes cerebrovasculares (infartos, ictus, etcétera), cuanto mayor la distancia, mayor es el riesgo de muertes y de secuelas posteriores al accidente. Por tanto, la distancia al hospital más cercano nos permite identificar zonas sanitarias oscuras, en las que la atención sanitaria resulta insuficiente o deficitaria, aumentando el riesgo de muerte o secuelas de los pacientes en casos graves como los apuntados.

En segundo lugar, es necesario analizar también el perfil demográfico de las áreas con mayor cobertura sanitaria (con hospitales más cercanos), como de las que tienen menor cobertura para comprobar si se justifica la baja atención sanitaria.

El mapa que presentamos muestra la distancia en kilómetros (en línea recta) de cada municipio español al hospital más cercano. Las áreas más claras representan los municipios que contienen o se encuentran cerca de un hospital. Las más oscuras revelan menor cobertura debido a una mayor distancia con el hospital más cercano.

Distancia al hospital más cercano (en kilómetros, en línea recta).



(Pinchar en la imagen para acceder al mapa interactivo)

Respecto al primer punto, un breve vistazo revela que existe una cobertura desigual en lo que se refiere a la cobertura hospitalaria. Las zonas de costa, las islas y Madrid poseen una cobertura amplia, mientras que Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón, especialmente la serranía celtibérica y la raya, la frontera con Portugal, son espacios oscuros, con centros hospitalarios lejanos y eso sin considerar que las distancias han sido calculadas en línea recta y, precisamente, las zonas rurales tienen comunicaciones especialmente complicadas, con carreteras poco transitables y recorridos mucho más largos cuanto más lejos de los grandes centros estamos. No sorprende que sea en dichos lugares oscuros donde la mayor parte de los casos de muertes de este tipo han sucedido.

Y respecto al segundo ¿se justifica mejorar la atención sanitaria en estas zonas o, sencillamente, no hay gente suficiente para mantener una mejor red de hospitales? ¿El problema es de una mala decisión política o es sencillamente un hecho desafortunado provocado por la despoblación?

Es cierto que estas áreas se caracterizan por una baja densidad demográfica, un elevado número de municipios pequeños con una proporción por encima de la media nacional de población con edad superior a los 64 años. Sin embargo, ¿qué proporción del total de la demanda por servicios sanitarios representan? Para responder a esta pregunta, hemos calculado dos indicadores para cada comunidad autónoma. El primero corresponde al porcentaje de personas que viven en localidades con distancias superiores a 20 kilómetros del hospital más cercano. El segundo consiste en la misma proporción, pero, de esta vez, incluyendo solamente la población mayor de 64 años. Esta última medida resulta ser particularmente importante, pues la demanda por servicios hospitalarios (y de atención sanitaria de modo general) suele ser marcadamente superior entre los mayores.

Los resultados revelan que alrededor de un tercio de toda la población en las comunidades más afectadas vive lejos, a más de 20 kilómetros de un hospital. Los números son 36,8% en Castilla-La Mancha, 31,8% en Extremadura, 31,3% en Castilla y León, 20,9% en Aragón, y 19,8% en Galicia. Cuando se considera la población mayor de 64 años, los números son incluso más elevados, con 46,5%, 40,7%, 39,9%, 25,3% y 25,6%, respectivamente. Tales cifras muestran que el peso demográfico del conjunto de las localidades sin cobertura sanitaria efectiva está muy lejos de ser algo residual y representa una proporción significativa de la población total y una todavía más alta de los ciudadanos mayores.

Desafortunadamente, la interpretación restrictiva de la ley de protección de datos imposibilita la obtención de informaciones detalladas sobre las causas de las defunciones o la prevalencia de enfermedades en los municipios menores de diez mil habitantes. Tales datos posibilitarían averiguar la asociación entre la distancia entre un hospital y la probabilidad de morir como consecuencia de un evento evitable. Como en la mayor parte de los casos se trata de personas mayores, estas defunciones se suelen atribuir a la avanzada edad, pero no se puede determinar si realmente fue es así o si resulta ser consecuencia de un sistema de atención de urgencias ineficiente, de malas decisiones de políticas públicas.

De cualquier forma, el análisis que presentamos sobre la cobertura hospitalaria apunta a un problema grave y profundo en el modo con el que las autoridades regionales suministran servicios a la población, desatendiendo determinadas zonas rurales con baja densidad de población pero, en realidad, con alta demanda de servicios sanitarios. Para hacer frente al reto de determinar la cobertura sanitaria se necesitan mejores datos públicos, más detallados que permitan realizar análisis técnicos más precisos. Además, se hace imprescindible mejoras en la coordinación horizontal entre comunidades autónomas, que permitan detectar las zonas oscuras sanitarias y genere una red de atención sanitaria que las ilumine.

Para terminar, es evidente la existencia de deficiencias graves en la cobertura sanitaria de varias comunidades autónomas, especialmente en Castilla y León, Aragón y Castilla la Mancha y en menor medida Extremadura. Se hace necesario no solo revisar la distribución de la cobertura sanitaria sino entender desde el estado centra la necesidad de mayor financiación de estas comunidades y de mayor coordinación del sistema sanitario si no queremos que la muerte sea una (mala) decisión pública.


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