Caso ERE
La juez Alaya impone 410 millones en fianzas a nueve imputados en los ERE
La jueza Mercedes Alaya, que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, ha impuesto fianzas de responsabilidad civil que suman en total 410 millones de euros para nueve imputados en la causa, destacando los 38 millones de euros que impone al conseguidor de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, frente a los 145 solicitados por la Fiscalía Anticorrupción, o los 111,7 millones impuestos a tres exdirectivos de Vitalia.
En un auto dictado el pasado 27 de mayo, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla impone además una fianza civil de 14,7 millones a su mujer, Patrocinio Sierra, y decreta el embargo de siete fincas propiedad de la pareja y ubicadas en las provincias de Jaén y Granada, ya que "la elevada cuantía de las eventuales responsabilidades pecuniarias hace aconsejable invertir la regla general y decretar el embargo de bienes de cada uno de los imputados".
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De igual modo, fija una fianza civil de 1,9 millones para el cuñado de Lanzas, Ismael Sierra, y decreta el embargo de cuatro fincas de la entidad Maginae Solutions, de la que figura como socio único el imputado; de 111,7 millones de euros a los exdirectivos de Vitalia María Vaqué, Eduardo Pascual y Antonio Albarracín, y cinco millones para la esposa de éste último, María José Marcos, embargando al matrimonio un total de 22 fincas registradas a su nombre o a nombre de la sociedad Permar 21.
Igualmente, impone una fianza de 15,2 millones al extrabajador de Vitalia Jesús Bordallo, a quien embarga tres fincas, y de 400.000 euros para Rosser Masa, administradora de Fortia Vida, mientras que no impone fianza alguna al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero tras no haberlo pedido la Fiscalía Anticorrupción y haberle impuesto el pasado mes de marzo de 2012 una fianza civil de 686 millones.
La juez argumenta que, "aunque, a día de hoy, faltan elementos importantes que puedan influir en la cuantificación de dichas responsabilidades, conociendo por el avance de la investigación que sólo podrían justificar un incremento de las mismas, resulta procedente el dictado" de dichas fianzas de responsabilidad civil.
