El ministro del Interior de Perú, procesado por el asesinato de un periodista

El actual ministro peruano del Interior, el exgeneral Daniel Urresti, está involucrado supuestamente en un crimen. Así lo creen, sin medias tintas, los jueces encargados de investigar el asesinato del periodista Hugo Bustíos, corresponsal del semanario Caretas, asesinado el 24 de noviembre de 1988 en las proximidades de Huanta, en Perú.

El Instituto de Defensa Legal (IDL) reveló el pasado 2 de julio, una semana después de que el presidente Ollanta Humala lo nombrara ministro, que se habían abierto diligencias penales en su contra. El presidente peruano no tardó en salir al paso para afirmar que sabía que se había abierto un procedimiento y que los abogados habían estudiado la situación judicial del general antes de que se hiciese efectivo el nombramiento, sin hallar impedimento alguno. “Cuando se le propuso la cartera, él [Urresti] me puso en conocimiento de este tema”, señaló Ollanta Humala el pasado 3 de julio. “Se le pidieron algunos papeles. Los abogados que los vieron señalaron que se trataba de un caso extraño. No vemos su culpabilidad y creemos en la presunción de inocencia”.

El asesinato de Hugo Bustíos, perpetrado por un grupo de entre seis y ocho militares, fue calificado de crimen contra la humanidad, dada su especial crueldad. Después de acribillarle a balazos, los militares hicieron desaparecer al periodista colocándole una granada en la chaqueta. Todo ello en presencia de un colega, que logró darse a la fuga, y de una decena de campesinos. La causa fue archivada en 1993 por un tribunal militar, después por los jueces del Tribunal Supremo, pero se reabrió por la presión ejercida por la Comisión de la Verdad y Reconciliación y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el juicio se celebró en 2007.

Dos militares fueron condenados a penas de 15 y 17 años de cárcel. Durante el proceso se supo de la existencia de un tercer nombre y se abrió una nueva línea de investigación, que condujo al encausamiento de un cuarto hombre: Daniel Urresti, en la época responsable de la Sección de Inteligencia del cuartel de Castropampa, a la que pertenecían todos los asesinos. Los dos condenados fueron liberados al cabo de cuatro años por buena conducta. Sin embargo, con gran discreción, se abrió un proceso de instrucción contra Urresti, el 23 de junio de 2013, entonces al frente de un Alto Comisionado para la lucha contra la minería ilegal. Faltaba algo más de un año para que le propusiesen convertirse en ministro.

Tras la revelación del IDL, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que reagrupa a 81 organizaciones peruanas, ha pedido la dimisión inmediata de Urresti. La Coordinadora juzga que la “solidez de la imputación contra Urresti es incuestionable”. La acusación está avalada por las declaraciones de los superiores o de los colegas de Urresti, uno de los cuales ya había sido condenado por los mismos hechos. La CNDH subraya que la obligación del ministro del Interior es garantizar y promover los derechos humanos y luchar contra la impunidad de aquellos que los violen y teme que estos poderes puedan usarse “para todo lo contrario”, por ejemplo, “la obstrucción del proceso que se sigue contra el propio general Urresti”.

La instrucción se cerró en marzo de 2014 y se elevó a la Sala Penal Nacional que lo derivó a la Fiscalía Nacional en mayo. Esta debe decidir si sostiene la acusación y se abre el proceso.

Urresti se defiende: "Mis manos están limpias de sangre"

La viuda del periodista, Margarita Patiño, sigue sin salir de su asombro. “Supimos que un tal Urresti estaba entre los implicados, pero no pensé en ningún momento en el actual ministro”, explica a Mediapart. “Es verdad que habría podido decir que no era el momento de aceptar el cargo de ministro... pero el presidente avaló el nombramiento y la esposa del presidente también, haciendo hincapié en que es inocente. Los únicos competentes para determinar su inocencia o culpabilidad son las autoridades judiciales”.

En una comparecencia ante los medios de comunicación celebrada poco después, a la que el ministro acudió con una visera de policía, Daniel Urresti se declaraba “totalmente inocente”declaraba . “No hay una sola prueba”, declaró. “Mis manos están limpias de sangre, jamás he hecho nada tengo derecho a la presunción de inocencia. [...] Es de locos. Este caso está judicializado. Es un caso cerrado”.

El ministro subrayó que “el proceso duró 20 años”. “En 20 años, ¡mi nombre no aparecía en ningún sitio, nunca fue mencionado!”.

Hasta el día en que “el condenado a 17 años” le acusó. “¡Se trata de su palabra! Ha perdido la libertad, 20 años en el proceso y nunca me ha mencionado. Así que me ha estado encubriendo durante 22 años. Me quiere más que a su madre, a su hermano, a su mujer, para encubrirme durante ¡22 años!”. Urresti no piensa en dimitir: “No es justo que alguien tenga que renunciar a su vida por la acusación de una persona”.

Los abogados, así como el asesor jurídico del presidente Eduardo Roy Gates, que investigaron el caso Urresti, ya habían defendido a Ollanta Umala en el procedimiento abierto por las violaciones de derechos humanos y las desapariciones en la base militar antisubversiva de Madre Mía que dirigió mientras que era capitán, en 1992. Este procedimiento fue archivado por la Fiscalía en 2009, pero se encuentra recurrido ante la CIDH.

"¿Por qué miente tanto, señor Urresti, si no es responsable del asesinato?"

En agosto, Urresti fue más allá al declarar que piensa que en "un 99,9%, el fiscal debe archivar la causa”. “Tengo muchas dudas de que se vaya a celebrar a juicio. En caso contrario, para mí significará que en este país la Justicia no existe, no podría seguir como ministro”. La Comisión de Derechos Humanos (Comisedh), que se ha personado como acusación particular con la familia, denuncia la “presión explícita” del ministro sobre la Fiscalía y el Poder Judicial y reclama su dimisión.

“El señor Urresti está utilizando sus funciones de ministro para conseguir que se archive la causa”, explica Miguel Huerta, director de la Comisedh. “Creemos que tiene que quedarse al margen y renunciar a la cartera para garantizar la justicia del proceso”.

Margarita Patiño también ha escrito una carta abierta al ministro en la que le recuerda que el caso no está “cerrado”, que hay varios testigos y pruebas incriminatorias, contrariamente a lo que afirma. ¿Cómo creer que “no supo nada del asesinato” de su marido mientras que era responsable de Inteligencia del cuartel de Castropampa? ¿Y cómo creer que no “conoció” a Centurión, un sargento que se presentaba como su adjunto y al que se vio en el lugar de los hechos? “¿Por qué miente tanto, señor Urresti, si no es responsable del asesinato de mi marido?”.

Los hechos se remontan a hace 26 años, pero Margarita Patiño recuerda lo sucedido como si hubiesen ocurrido ayer. La zona donde vivían estaba paralizada desde hace varios días por un aviso de paro armado de la guerrilla del Partido Comunista maoísta Sendero Luminoso. La gente permanecía en sus casas. “Por la mañana nos comunicaron que Sendero Luminoso había asesinado a Primitiva Jorge Ayala, una amiga, y a su hijo. Hugo quiso ir inmediatamente. Cogió su cámara de fotos y se fue en moto con Eduardo Rojas, un colega, y nuestro hijo Huguito, que tenía ocho años. Pero regresó enseguida porque el ejército no lo dejó pasar. Los militares le dijeron que tenía que ir a pedir una autorización al cuartel. Así que le acompañé a Castropampa con Eduardo porque temía que lo detuviesen. Estuvimos con el comandante Vera, conocido como Javier [uno de los militares condenados en 2007], que se lo llevó a un lado para decirle que podía irse tranquilo, que iba a avisar a sus hombres por radio para que le dejaran pasar”.

“Mientras le estaba esperando, vi salir un camión con militares, vestidos de paisano, algunos con camiseta blanca. Javier me preguntó dos veces si yo iba a ir de todos modos. Después volvimos a salir y me dejó en nuestra casa antes de regresar al lugar del asesinato que quería cubrir. De camino, me contó que el comandante le había dicho que un jefe de Sendero Luminoso, el camarada Sabino, había sido capturado y que había dicho que lo conocía. Aconsejé a Hugo que no fuese, que no volviera al lugar del asesinato. Me dijo: 'No me comprendes. No tendría que haberte dicho nada'. Al irse, añadió: '¡China!, ¡Maca!, mira, media hora. Si no estoy de vuelta en media hora, llama a Caretas'. Se fue y nunca volvió.

Un testigo, Alejandro Ortiz, irrumpió en casa de Margarita Patiño, más de una hora después y le contó que se había producido el asesinato. Ortiz vio a Hugo Bustíos y a su colega Eduardo Rojas pasar delante de su casa en la moto. “No habrían transcurrido ni tres segundos desde que pasaron cerca de mi casa cuando escuché tres disparos”, según declaró ante notario el testigo, tres semanas después del suceso. “Escuché a Rojas gritar: 'Somos periodistas, periodistas, periodistas', tres veces consecutivas. Y me incliné para ver qué estaba pasando. Vi que a Hugo Bustíos le disparaba un hombre vestido con un pantalón vaquero y una camiseta blanca. Usaba una metralleta corta que no hacía mucho ruido. El individuo que disparaba era de tez blanca, pelo crespo y bigote. Hasta donde yo sé, es uno de los oficiales del Ejército de la base de Castropampa, a quien se conoce con el sobrenombre de Ojos de Gato. Después de ametrallar a Hugo Bustíos, vi que él mismo arrojaba sobre su cuerpo una granada, inclinándose un poco para protegerse mientras el artefacto hacía explosión. Cuando esto sucedió, sólo vi que la camisa de Hugo Bustíos se levantaba”.

El colega de Bustíos, Eduardo Rojas, alcanzado por tres disparos, logró alejarse. “Hugo me gritó: 'Corre, escapa. Estos no son senderistas'. Empecé a correr y a cierta distancia me impactó un balazo en el muslo derecho. Vi que se acercaban a Hugo y grité: 'No lo maten, es un hombre de prensa'. Vi que Hugo trataba de levantarse y ahí escuché la explosión”.

“Un testigo me contó que los militares se acercaron a Hugo y le dijeron: '¿Así que sigues hablando?'”. explica Margarita Patiño. “Que te recojan con una cucharilla”. Y le lanzaron la granada, destrozando la mitad de su cuerpo y la caja torácica. La mano derecha se encontró un poco más lejos. No se conformaron con ametrallarlo, lo hicieron pedazos”.

“Tras ser secuestrado, en 1984, Hugo quiso hacerse periodista”

El director de Caretas, Enrique Zileri, se acercó al lugar de los hechos, acompañado de periodistas, y menos de diez días después, el semanario recogió las palabras de siete testigos. Todos apuntaron a miembros del Ejército. Todos vieron a unos hombres “vestidos con un polo blanco”, algunos de los cuales irrumpieron, poco después del tiroteo, en las casas, preguntando a sus moradores si habían visto algo. Días después de la publicación del artículo, la mayoría de los testigos fueron detenidos por el Ejército, retenidos unos días y acusados de tener vinculaciones con el terrorismo. Se les reprochó abiertamente que hubiesen ofrecido su testimonio.

El primer testigo directo, Alejandro Ortiz, fue hallado en su casa, meses más tarde, asesinado de un disparo en la cabeza. Pero la identidad de los militares permanece oculta. Hicieron falta dos años para que Caretas lograse identificar al comandante de la base, Victor La Vera Hernández, y tres años para conocer la identidad oculta bajo el sobrenombre de Ojos de Gato, el capitán Amador Vidal Sambento. Pasaron 14 años desde que se archivó la causa por primera vez y la condena de los dos militares, en octubre de 2007.

La Sala Penal de la Corte Suprema ratificó la condena, tras ser recurrida, en septiembre de 2008, mientras se abría una investigación para identificar a los coautores del asesinato. Durante el proceso, uno de los testigos, Hilda Aguilar, identificó a otro militar que había participado en la emboscada, el sargento Johnny Zapata Acuña, alias Centurión.

Se trataba de un viejo conocido de los residentes en la zona por ser uno de los promotores de los comités de autodefensa puestos en marcha por el Ejército para luchar contra Sendero Luminoso. Era un “asesino”, dijo un magistrado. Acusado del asesinato de 23 agricultores en la localidad de Chilcahuaycco, a manos de efectivos de Castropampa en 1991, el sargento estuvo huido hasta su muerte en 2010.

En el marco de esta nueva investigación, Ojos de Gato declara en abril de 2008 que La Vera, el comandante de la base, planificó la muerte de Bustíos, junto con Daniel Urresti, conocido como capitán Arturo capitán Arturo, jefe de la Sección de Inteligencia de la base quien, junto con Centurión, tenía como misión recopilar información sobre los terroristas y sus colaboradores.

Urresti supuestamente creía que Hugo Bustíos era colaborador de Sendero Luminoso. Y la ida y vuelta del periodista al cuartel de Castropampa, para ir a buscar la autorización del comandante, permitió que los militares preparasen la emboscada. El comandante La Vera dio orden, supuestamente, al capitán Urresti y a otro suboficial de enviar a sus hombres a la carretera que por la que debían pasar los periodistas para ir a la casa de las víctimas asesinadas la víspera. Ojos de Gato mantiene que no mató al periodista, a pesar de la declaración del primer testigo. Ojos de Gato

Otro oficial, el lugarteniente Edgardo Montoya, entonces adjunto del encargado de logística en Castropampa, asegura que Centurión era el sargento adjunto al grupo de Inteligencia dirigido por UrrestiCenturión . Testificó que el día del asesinato del periodista, en torno a las 9 de la mañana, el capital Urresti dejó la base con “todo su equipo”, incluido el sargento Johnny Acuña Zapata, en un vehículo militar. “Este vehículo regresó una hora más tarde, sin la patruilla”, dijo el lugarteniente. “Esta regresó a pie a dar cuenta de sus actividades al comandante La Vera”.

Durante su declaración, Daniel Urresti sostuvo que nunca salió del cuartel y que no participó en los hechos, que desconocía. El caso está en manos de la Fiscalía Nacional, que deberá decidir si estos nuevos testigos permiten que se eleve la causa a la Sala Penal Nacional, que se reabra la instrucción o que se archive. Esta última hipótesis parece poco probable.

Durante el último enjuiciamiento, un antiguo alto magistrado, Carlos Enrique Escobar, manifestó su temor por haber proporcionado involuntariamente a los militares una razón para liquidar a Bustíos. Como encargado de investigar las desapariciones en la región de Ayacucho, se entrevistó en junio de 1988 con el jefe del cuartel de Castropampa, con una lista de 60 desaparecidos, para decirle que se había producido “un aumento en el número de desaparecidos desde su llegada”. El magistrado dejado ver en su dossier una foto del comandante La Vera.

“Me preguntó que quién me había proporcionado esta foto y respondí que Hugo Bustíos”, dijo el magistrado. “¡Nunca pensé que fuera a matarlo!

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Disponer de fotos era importante para nuestras investigaciones. Podía ayudar a las víctimas a reconocer e identificar a los militares implicados”. El periodista ayudaba a menudo a las familias a redactar recursos, denuncias y también a presentar denuncia por desapariciones en la Fiscalía.

En marzo de 1984, Hugo Bustíos había sido secuestrado por la Infantería de Marina, detenido y torturado en el estadio municipal de Huanta, durante diez días. “Pasé ocho días buscándolo”, rememora Margarita Patiño. “Me echaron del estadio. El Ejército no quería decir que lo retenía. Había varios puentes desde donde el Ejército lanzaba a los muertos y me llamaban cuando había cadáveres nuevos. Pedí ayuda a amigos de Lima, pero en un primer momento que no dio resultados. Después, una noche, Hugo volvió en un estado... 'No es cobardía, Maca, pedí que me mataran', me dijo. 'Mira lo que me han hecho...' Le habían masacrado... tenían marcas de quemaduras y heridas en todas partes. Su vientre estaba amoratado. Le dije: 'Vámonos'. Me dijo 'No, soy de aquí... He visto estas injusticias. Debo ser la voz de los que no pueden tener voz'. A partir de este secuestro quiso hacerse periodista”.

Traducción: Mariola Moreno