Japón quiere volver a poner en marcha sus centrales nucleares, pese a los riesgos

El 22 de febrero de 2015, se detectó una nueva fuga altamente radiactiva en la dañada central nuclear de Fukushima. Agua, con unos niveles de radiactividad 70 veces superior a los que se registran en el complejo, que vierte al mar. Un fallo más en este auténtico campo de ruinas, escenario de una pesadilla que no tiene fin: 6.000 obreros se ven sometidos a importantes radiaciones a diario, un desmantelamiento peligroso que va a durar 40 años y, según Greenpeace Japín, 120.000 “refugiados nucleares” que siguen sin poder regresar a sus casas.

El operador Tepco (Tokyo Electric Power Company) emplea a diario 300 toneladas de agua para enfriar lo que queda del núcleo y de las barras de combustible fundidas de los tres reactores. 370.000 toneladas de estas aguas altamente contaminadas se depositan en más de mil cisternas gigantescas, cuya fiabilidad preocupa a la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA). Todos los meses, se construyen decenas de depósitos nuevos. Las estimaciones del coste total de la catástrofe ocurrida el 11 de marzo de 2011 varían. En 2011, el Gobierno calculó que ascendería a 257.000 millones de dólares.

Sin embargo, este escenario apocalíptico no disuade al Gobierno del conservador Shinzo Abe de sus intenciones de volver a retomar este año la carrera nuclear. Desde septiembre de 2013, Japón es de facto un país no nuclear; sus 48 reactores operativos están parados. Pero, en 2014, las autoridades reguladoras de la seguridad nuclear dieron luz verde a la reactivación de cuatro reactores: dos en la central de Sendai (en la isla de Kyushu, en las inmediaciones de un volcán activo) y dos reactores en la central de Takahama, en la prefectura de Fukui.

No obstante, los sondeos ponen de manifiesto que una mayoría de los japoneses se oponen a que se retome la carrera nuclear. Varios ex primer ministros han emprendido una cruzada contra el empecinamiento atómico de Shinzo Abe. “Las centrales nucleares son auténticas bombas de relojería”centrales nucleares, denuncia Junichiro Koizumu (2001-2006). En un país como Japón, donde los seísmos son frecuentes y donde hay numerosos volcanes activos “nunca van a ser seguras”. Naoto Kan, primer ministro en el momento del accidente de Fukushima, declaró en una comparecencia parlamentaria en 2012, que el desastre estuvo a punto de provocar la evacuación de la capital, Tokio, y de sus 30 millones de habitantes, lo que habría provocado “el hundimiento” de la nación. Naoto Kan concluye que las consecuencias de un accidente nuclear son “demasiado importantes” como para correr el riesgo.

“Ni el Gobierno, ni las eléctricas han aprendido nada de Fukushima”, insiste Kazue Suzuki, de Greenpeace Japón. Una acusación en la que coinciden numerosos gobernadores locales, contrarios al relanzamiento de las centrales situadas en su prefectura. Pero Shinzo Abe quiere restarle dramatismo. En octubre pasado, para disipar miedos y tranquilizar a los consumidores, convocó a los medios de comunicación para degustar pulpo extraído de las costas de Fukushima. Su reelección –carecía de una verdadera oposición– el 14 de diciembre, le reafirma en sus ambiciones... apoyado por el muy poderoso lobby proatómico, denominado la “aldea de la energía nuclear” (genshiryoku mura). Está integrado por empresarios industriales, políticos, burócratas y diez poderosas compañías eléctricas con un monopolio regional.

¿A qué viene este empecinamiento? El primer argumento esgrimido es de índole económica. Antes de la catástrofe de marzo de 2011, el 28% de la electricidad japonesa procedía de la energía nuclear. Después de la parada de los reactores, según el Ministerio de Economía, de Comercio y de Industria (METI), las facturas de electricidad de las familias han aumentado un 20% y las de las empresas, un 30%. “Japón derrocha 40.000 millones de dólares al año en importar gas, carbón y gasolina destinados a paliar el paro de las centrales nucleares, lo que equivale a 100 millones de dólares al día”, explica a Mediapart Nobua Tanaka, antiguo director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y profesor en la Universidad de Tokio. “Para el éxito de la Abenomics (la política económica de Shinzo Abe), es urgente poner punto y final a este derroche”.

La deuda pública de Japón es colosal y se estima que equivale al 230% del PIB. A pesar de la caída de los precios del petróleo, el archipiélago registró en 2014 un déficit comercial récord de 97.000 millones de euros. Este déficit aumentó un 11,4% agravado por el aumento de las importaciones de gas y de petróleo. Japón carece de recursor naturales y sus importaciones de energía suponen un problema estratégico vital.

Así las cosas, la reactivación de la producción de energía nuclear se revela como una solución bastante propicia y poco costosa a corto plazo. Las centrales están construidas y amortizadas; el personal está cualificado y sabe cómo explotarlas. Volver a poner en marcha (probablemente) los reactores más seguros permitiría llegar obtener 2/3 de la energía lograda antes de Fukushima.

Fines comerciales

Para Tokio, la cuestión nuclear es también un asunto de seguridad nuclear. “Japón depende en gran medida de las energías fósiles de Oriente Medio, una región inestable donde se encuentra Siria, Yemen, el Estado Islámico. El gas y el petróleo se importan vía el Estrecho de Ormuz. En caso de conflicto, se producirá una importante crisis económica”, alerta Nobuo Tanaka, que defiende que, en el mix energético, la energía nuclear vuelva a representar el 30%, la conexión a las redes eléctricas surcoreanas y rusas para intercambiar electricidad en caso de urgencia y el desarrollo de reactores nucleares de cuarta generación, más seguros. “Japón ha sido modelo en la utilización de la energía atómica con fines pacíficos. ¿Por qué no seguir así?”.

El lobby nuclear asegura de forma unánime que se ha aprendido mucho de Fukushimalobby. Se ha revisado la legislación. Se han reforzado las normas de seguridad, sobre todo para resistir mejor a las catástrofes naturales: hay muros antitsunamis más altos, se han instalado puertas estancas, hay grupos electrógenos diseminados en los complejos nucleares para garantizar la alimentación de los sistemas de enfriamiento en caso de fallo en el suministro (lo que desencadenó el desastre de Fukushima). La organización de seguridad japonesa, antaño dependiente de un ministerio, pasó a ser en septiembre de 2012 –como en el caso de Francia– una agencia teóricamente independiente de los poderes político y económico, pese a que a sus cinco comisarios los nombra el Gobierno y el Parlamento. Precisamente esta autoridad de regulación nuclear (ARN) es la que actualmente estudia las numerosas demandas para volver a poner en funcionamiento los reactores.

Los expertos pronucleares ven con satisfacción la nueva normativa aprobada. Y se toma como ejemplo el seísmo de 2007 ocurrido en Niigata, donde pese a superar los criterios previstos, no causó ningún daño a los reactores de la central aledaña de Kashiwazaki, la más grande del mundo (aunque se detectó una pequeña fuga). “Si se hubieran tomado suficientes precauciones, la central de Fukkushina habría aguantado”, añade Nobuo Tanaka. “Los errores humanos existen, pero no creo que ni Tepco ni el Gobierno vuelvan a caer en los mismos errores”.

La aldea de la energía nuclear también persigue fines comerciales. Fabricantes japoneses de reactores nucleares tales como Toshiba, Hitachi y Mitsubishi (asociado con el francés Areva en la joint-venture ATMEA) serán mucho menos creíbles en el mercado extranejero si Japón pasa a ser una potencia no nuclear.

Frente a este lobby se sitúa una oposición que a duras penas logra formar un frente común para dejarse oír, pese a no faltarle argumentos: “El desastre de Fukushima evidencia que en cualquier momento puede sobrevenir un accidente, pero los planes de urgencia puestos en marcha por los gobiernos locales no bastan. Los reactores son vulnerables si se producen fallos en el suministro, que pueden estar ocasionados por un seísmo, una erupción volcánica, inundaciones... Se ha demostrado que la seguridad era deficiente, pero no veo que nada haya mejorado. Mucho me temo que puede repetirse otro desastre de la magnitud de Fukushima”, se inquieta Kazue Suzuki, de Greenpeace.

Los diferentes problemas que se suceden en el complejo de Fukushima se enarbolan con fines disuasorios. Las soluciones tecnológicas puestas en marcha cada vez son más costosas y presentan inciertos resultados, como la construcción de un “muro de cristal” subterráneo de 30 metros de profundidad, que rodea los reactores y destinado a impedir que las aguas radioactivas lleguen a las capas freáticas. Se prevé que comience a refrigerarse en mayo. Sorprendentemente, Tepco parece haber salido indemne de la catástrofe y se prevé que acabe 2015 con beneficios, como en 2014. Los fiscales de Tokio anunciaron a finales de 2014 – en plena crisis de los rehenes japoneses de Daech– que no se abriría ninguna causa contra sus dirigentes por falta de pruebas.

La oposición de la mayoría de la población a la energía atómica no ha tenido traducción política. El asunto nuclear no se debatió en las elecciones de diciembre. Los principales opositores viven (como es de suponer) en las zonas próximas a las centrales, los habitantes en estas zonas no están dispuestos a correr el riesgo de convertirse en refugiados nucleares. Eso sí, el rechazo de las autoridades locales, poco satisfechas con las autorizaciones concedidas por las autoridades de seguridad, supone un obstáculo mayor, que va a paralizar durante meses la puesta en funcionamiento de los reactores.

El argumento del coste es fundamental. Para los que se oponen, el coste real de la energía atómica es mucho más elevado de lo que dicen las cifras oficiales, si los cálculos incluyesen los futuros desmantelamientos de las centrales, el tratamiento de los desechos o incluso los subsidios gubernamentales que se conceden a los municipios que aceptan albergar una central. Para Kazue Suzuki, el coste de desmantelar una central, que según el METI ronda entre 420 y 560 millones de euros, está “tremendamente infravalorado”.

La propuesta del Gobierno de garantizar el precio de la energía nuclear y de hacer que el contribuyente pague la diferencia, frente al coste real, ha recibido acusaciones de suponer en la práctica una forma de subvención a la energía atómica. En un editorial acusatorio, el diario Japan Times señalaba que con ello “el Gobierno estaba reconociendo en realidad que la energía nuclear ha dejado de ser una energía económicamente competitiva”.

Presiones de la industria

Los críticos insisten que este empecinamiento del Gobierno por mantenerse en la carrera nuclear representa una gran oportunidad perdida, la de cambiar radicalmente de paradigma energético en beneficio de prácticas de producción y de consumo ecológicos y sostenibles. Japón, incluso privado de energía nuclear durante más de un año, ha conseguido evitar interrupciones importantes de suministro eléctrico. Un informe de Greenpeace recoge que los esfuerzos de la población por reducir el consumo han permitido hacer caer la demanda eléctrica a niveles equivalente a la producción de ¡13 reactores nucleares al año! “Hay mucho margen para ahorrar energía y para ser más eficaces”, confía Kazue Suzuki. “Sobre todo en lo que respecta al aislamiento de las casas, de edificios públicos y de empresas. En 2011, el 55% de los hogares japoneses se consideraban mal aislados y sospecho que no se ha realizado mejora alguna desde entonces”.

Tan solo dos años después del desastre de Fukushima, Japón logró duplicar su capacidad productiva procedente de la energía solar. El rápido aumento de la energía de las renovales equivale a tres reactores nucleares al año. Los esfuerzos del Gobierno en defensa de las energías renovables se detuvieron con la vuelta al negocio de Shinzo Abe, en septiembre de 2012. Poco importa, “miríadas” de municipios invierten en proyectos de “resiliencia” basados en tecnologías renovables y de “distribución inteligente” (smartgrid), explica Andrew DeWit, profesor en la Escuela de política pública de la Universidad de Rikkyo.

Este especialista en energía pone como ejemplo a Komatsu, el gigante japonés de la construcción que puso en marcha, tras el desastre de Japón, una política agresiva de reducción del consumo eléctrico, basado en la energía solar, la biomasa y las tecnologías que permiten mejorar su productividad. Los resultados son espectaculares, s u fábrica piloto de Awasu ha logrado reducir el consumo eléctrico un 92%. “Algo muy importante está pasando en la sociedad japonesa”, explica el investigador a Mediapart. “En Japón, ya no se contempla un modelo energético [basado en la energía nuclear] como el de Francia. Ese paradigma ha terminado”.

Por su parte, Greenpeace destaca que, desde 2012, se han instalado 680.000 pequeñas unidades de producción individual de energía, sobre todo solar. De ellas, solo 530.000 están en manos de particulares. “Cada mes, 23.000 hogares se transforman en microcentrales de electricidad solar”, se felicita la ONG, que concluye: “Esto demuestra que Japón puede llegar a conseguir, de aquí al año 2020, el 43% de su electricidad de las renovables”.

Un informe del prestigioso MIT recuerda que, de forma irónica, las empresas japonesas habían hecho importantes progresos en la producción de energía solar en los años 90... pero que a partir del año 2000 “estos avances impresionantes en el sector fotovoltaico se ignoraron porque las todopoderosas eléctricas hicieron presión en beneficio de la energía nuclear. A pesar del aumento de la demanda de energía solar y de las fuertes reticencias ante la energía nuclear, ahora se puede repetir el mismo fenómeno”.

En septiembre, varias compañías regionales de electricidad anunciaron que dejarían de comprar más energía solar –una catástrofe para las numerosas empresas privadas que han invertido en instalaciones fotovoltaicas a veces gigantescas como en la isla de Kyushu, mientras continúan pidiendo autorización para volver a arrancar sus reactores. En la prefectura de Aomori, J-power ha suspendido la construcción de una central eólica al volver a poner en marcha las obras del reactor de MOX d'Oma.

Para el año 2016, se prevé un terremoto (figurado, en este caso) que hace albergar albergar muchas esperanzas a los detractores de la energía atómica: la apertura del mercado eléctrico a la competencia. Esta liberalización tendría que poner fin a diez monopolios eléctricos regionales. “En estas nuevas condiciones, la industria nuclear no podrá sobrevivir sin el apoyo y las subvenciones del Gobierno porque la energía nuclear no es barata, ni competitiva”, se alegra Kazue Suzuki. “Me entusiasma la idea de la liberalización. Vivo en la región de Kanto, lo que me obliga a comprarle la electricidad a Tepco. Quiero cambiar de comercializadora. Espero que la población se decante también por fuentes de energía que no destruyan el medio ambiente”.

La “aldea de la energía nuclear” japonesa sin embargo no ha dicho todavía la última palabra y, sin lugar a dudas, tratará de minimizar los efectos de esta apertura a los mercados. La lucha entre partidarios y detractores de la energía nuclear en Japón acaba de comenzar.

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Traducción: Mariola Moreno

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