El Gobierno chino se propone controlar la actividad de las ONG

“Se acerca el invierno...”. En esos términos se refiere un activista, que trabaja en una ONG china, a la publicación del proyecto de ley “sobre la gestión de ONG con sede fuera de China continental”. Este proyecto de ley estará en fase de consultas y alegaciones, como es preceptivo, hasta el 4 de junio –coincidiendo el 26º aniversario de la matanza de Tiananmen–. Varias disposiciones legislativas evidencian el aumento de la mano dura del régimen con la sociedad civil, ya que quiere someter a las ONG con sede fuera de China continental, y a las ONG chinas que reciben financiación del extranjero o de Hong Kong, Macao y Taiwán, a un control férreo por parte del Gobierno.

Este control afecta a todos los aspectos de la actividad de las ONG internacionales. Va desde el registro ante las autoridades chinas competentes a la contratación de personal, pasando por la supervisión de la gestión financiera y operacional de sus proyectos. Las ONG chinas no pueden recibir financiación de organizaciones internacionales si estas no tienen una oficina de representación en China continental. Según Maya Wang, investigadora de Human Rights Watch, el “objetivo fundamental de la ley es reforzar de forma significativa el control del Gobierno sobre la sociedad civil”.

Hasta la fecha, ninguna ley concreta se ocupaba específicamente de estas actividades. De modo que solo una treintena de ONG internacionales estaban registradas y podían conseguir ayudas en China, mientras que cientos de ellas no disponían de ningún estatus legal para ejercer su actividad. Estaban admitidas por el Gobierno y debían arreglárselas solas o con ayuda de sus socios locales a la hora de obtener un visado, oficinas, financiación, etc. En los últimos años, varias de estas organizaciones venían reclamando una ley con el fin de lograr un estatus legal que les permitiese simplificar los trámites administrativos y ejercer su actividad de forma más segura. Muchos están desengañados.

Y esto porque la ley en tramitación deja un gran margen de maniobra a las autoridades. La definición de la “ONG internacional” es confusa. Se describe como cualquier entidad que “trabaja en el ámbito de la economía, la educación, la ciencia y la tecnología, la sanidad, la cultura, el deporte, la protección medioambiental y la caridad”, (artículo 3) y las que están “registradas fuera de China continental como organización no gubernamental sin ánimo de lucro” (artículo 2). Por tanto, esta definición abarca organizaciones tan dispares como la Federación francesa de fútbol y Médicos Sin Fronteras. Además, el término “actividad” no se define en ninguna parte, lo que deja un gran margen de interpretación a los órganos de seguridad pública.

Jia Xijin, profesora asociada en el Centro de Investigación para la Gestión de las ONG de la Universidad Tsinghua, Pekín, subraya este problema en una entrevista concedida al portal ngocn. org.“El problema radica en que la definición de “organización” es muy vaga, abarca al conjunto de actividades de las organizaciones sociales. Además, adopta un punto de vista muy estricto para abordar estas problemáticas, el mismo que de la seguridad nacional. El resultado es que todas las actividades de todas las organizaciones sociales internacionales se analizan desde la perspectiva de la seguridad nacional”.

Entre las medidas que refuerzan el papel del Estado-partido, se pueden citar los artículos 6 y 7 que obligan a todas las ONG internacionales que realicen actividades en China a registrar una oficina de representación ante la oficina de Seguridad Pública en lugar de hacer ante el departamento de Asuntos Civiles (como sucede con las ONG chinas). En este aspecto, es indiscutible la influencia de la ley sobre “los agentes extranjeros” aprobada en Rusia en 2012 y que ha permitido al Gobierno aumentar el control sobre las asociaciones.

El registro de la oficina queda sometido al apadrinamiento por parte de una “unidad de supervisión profesional” (USP), que debe ser una entidad administrativa gubernamental china, una organización popular (organizaciones como la Federación de mujeres de la Federación de Personas con Discapacidad etc., que dependen directamente del Partido Comunista Chino), una institución pública o una ONG registrada en la oficina de Asuntos Civiles que trabaje en el mismo ámbito que la ONG internacional apadrinada. A título de ejemplo, una organización que trabaja en el ámbito de la salud, debe solicitar el apadrinamiento del Ministerio de Sanidad o del departamento provincial sanitario correspondiente. Si trabaja en el ámbito de los derechos de las mujeres, debe estar patrocinada por la Federación de Mujeres de China o por una organización de defensa de los derechos de las mujeres autorizada por esta.

Esta obligación otorga todo el peso y el eventual riesgo político del registro a las USP. Es más que probable que accedan a regañadientes a conceder su apadrinamiento y exigirán numerosos datos sobre las actividades que van a poner en marcha antes de hacerlo. El radio de acción de las ONG está muy limitado ya que solo pueden establecer una única oficina y solo pueden trabajar en las regiones y en los proyectos aceptados por el Gobierno en el momento de la creación de la oficina. Por tanto, va a ser muy difícil para ellas trabajar en el ámbito de todo el país o diversificar sus actividades. Por ejemplo, tendrán prohibido captar fondos en China sin autorización expresa del Gobierno.

Endurecimiento en 2012

En materia de contratación, se incluyen varias cláusulas dirigidas a limitar su independencia y “la influencia extranjera” en el país. Estarán obligadas a pasar por la oficina de Asuntos Extranjeros para proceder a la contratación de asalariados y voluntarios (artículo 32) y no podrán tener más de un 50% de extranjeros contratados. Tendrán que facilitar informes anuales de actividad a su USP y a la oficina de Seguridad Pública, que podrá investigar, interrogar al personal, confiscar documentos de sus oficinas y acceder a sus cuentas bancarias y a las de sus empleados. El incumplimiento de estas obligaciones puede suponer al cierre de la oficina, una multa de varias decenas de miles de yuanes (miles de euros) y un periodo de arresto de un máximo de 10 días para los responsables de la oficina.

Este proyecto legislativo pone palos en las ruedas de las ONG que trabajan en China. La obligación de establecer una oficina de representación y los numerosos documentos que se deben facilitar, así como los criterios que se deben respetar para conseguirlo, corren el riesgo de convertirse en obstáculos imposibles de franquear para las organizaciones más pequeñas, así como para aquellas que no tienen buenos contactos en el seno de las USP.

Este texto es fruto del giro conservador que está llevando a cabo Xi Jinping desde su llegada al poder. Como explica Teng Biao, cofundador de la ONG Gongment,  junto con Xu Zhiyongg, y antiguo profesor universitario de Derecho y de Ciencias Políticas en China: “Tras la llegada al poder de Xi Jinping, la represión de la sociedad civil ha aumentado considerablemente. Un gran número de personas clave en el movimiento en defensa de los derechos ha sido arrestada, se han aprobado varias directivas que recomiendan un control ideológico más estricto y el control de internet se ha intensificado aún más. La posición de las autoridades con relación a la sociedad civil y a los derechos humanos ha pasado de una estrategia de limitación y de control a la de una represión pura y simple”.

Desde 2012, varios activistas, abogados e intelectuales chinos han sido detenidos y condenados a penas de cárcel o sometidos a una férrea vigilancia. Mediante el control estricto en las ONG internacionales, el Gobierno trata de deshacerse de las ONG chinas que trabajan en pro de los derechos humanos, que a menudo dependen sobre todo de la financiación extranjera y de Hong Kong, dado que los mecenas locales se niegan a financiarles por miedo a tener problemas. En un contexto social cada vez más tenso, la decisión del Gobierno puede parecer arriesgada porque estas organizaciones desempeñan un papel de moderador de las frustraciones de la población y tratan, en su mayoría, de resolver los numerosos conflictos que enfrentan a los ciudadanos con el Estado o los obreros con las empresas, basándose en la legislación china.

Numerosos profesores universitarios y empleados de ONG chinas y extranjeras se han organizado para enviar sus comentarios a la Asamblea Nacional popular antes del 4 de junio, el objetivo es conseguir que se cambie un texto muy represivo. Si fracasan, solo quedará esperar a que, como sucede con muchas otras leyes chinas, no se aplique de forma rigurosa.

Traducción: Mariola Moreno

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