Suramérica

Argentina, en el epicentro de las investigaciones por corrupción en la FIFA

Martes 2 de junio. Gabinete de crisis en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el número 1366 de la calle de Viamonte, a 200 metros del Palacio de Justicia de Buenos Aires. Se acaba de conocer la dimisión de Joseph Blatter como presidente de la FIFA. El número dos de la Federación Internacional, el argentino Julio Humberto Grondona, fallecido en julio de 2014, fue el responsable de Finanzas.

Ha llegado el momento de arreglar cuentas entre presidentes de clubes. En primer lugar, Julio Grondona, sospechoso de haber cobrado sobornos. A continuación, en el último momento, la dirección de la AFA cambia su voto para la Presidencia de la FIFA; se decanta por el príncipe Ali de Jordania, en lugar de votar por Sepp Blatter. Algunos dirigentes advierten de que los aires están cambiando. Quieren acabar con la opacidad del “sistema Grondona” y elegir, en octubre de 2015, a un nuevo presidente “incorruptible”. De momento, lo urgente es acabar con los rumores. “La AFA no está siendo investigada y no ha recibido ninguna orden judicial” vinculada con la investigación de la Justicia norteamericana, señala en un comunicado.

Sin embargo, más que nunca, la sombra del “padrino” Julio Grondona planea sobre la AFA. “Don Julio” ha reinado durante 35 años en la Federación, hasta su muerte, a la edad de 82 años, “con las botas puestas”, como siempre deseó. Grondona, que se definía como el “vicepresidente del mundo”, sobrevivió en Argentina a cuatro dictaduras y a una decena de presidencias democráticas, gracias a un sistema clientelar. A los clubes les prometía recursos a cambio de fidelidad. “Comenzó con el brasileño João Havelange y el dictador argentino Carlos Alberto Lacoste, encargado de organizar la Copa del Mundo en Argentina en 1978. Fue él el que inventó e hizo presidente a Blatter y el que tenía experiencia e inteligencia para los chanchullos. En Argentina, reinó empobreciendo a los clubes”, recuerda Raúl Gámez, presidente del Club Vélez, una de las pocas voces críticas con Don Julio. El 30 de junio de 2013, los clubes adeudaban a la AFA 600 millones de pesos (60 millones de euros).

La muerte de Julio Grondona le permitió escapar de la Justicia. Bien es verdad que su nombre no aparece en el informe de 164 páginas de la fiscal norteamericana Loretta Lynch. Aunque sí se le menciona en calidad de presidente de la AFA. Julio Grondona cobró supuestamente 15 millones de dólares en sobornos por organizar la Copa América en 2015, 2016, 2019 y 2023. El nombre de Grondona también ha salido a relucir en una información publicada por The New York Times, que reveló un pago de la FIFA, por importe de 10 millones de dólares, a Jack Warner, de Trinidad, para oficialmente “ayudar a la diáspora africana en el Caribe”. La FIFA protegió a su secretario, el francés Jérôme Valck, apuntando directamente a Julio Grondona: “El pago lo autorizó el presidente de la Comisión de Finanzas”, justificó entonces.

El director general de la agencia tributaria argentina, Ricardo Echegaray, advirtió de la posibilidad de investigar el patrimonio de la familia Grondona. En plena Copa del Mundo sub 20, el entrenador –gracias a su padre– Humbertito Grondona respondió a la televisión argentina desde Nueva Zelanda: “¡Dejad a los muertos tranquilos! Que sigan con la investigación. Mi padre era intachable [...]. Dicen que mi padre cobró 15 millones de dólares, pero de ser cierto, sería multimillonario. Y nada más lejos de la realidad”.

Pero, ¿cómo pasó Don Julio de tener una ferretería en Sarandí, en la periferia urbana del sur de Buenos Aires, al lujo de los rascacielos del elegante barrio de Puerto Madero? “Mi padre me dejó mucho dinero”, respondió el susodicho un día a un periodista curioso. Toda una muestra de ingenio. El patrimonio paterno se limitaba a una parte de una pequeña cooperativa láctea y a unas tierras agrícolas.

En 2010, el abogado Alejandro Kalbermatten llevó a Don Julio ante la Justicia argentina. Aseguraba que Grondona tenía cuentas en el extranjero y recurría de forma habitual a testaferros. “Curiosamente, en todas las empresas mencionadas, se repiten los mismos nombres, los de Rogelio Riganti y Claudio Espósito, el contable de Julio Grondona o de su yerno, Genaro Aversa”, señala el abogado en su denuncia.

Alrededor a una modesta ferretería, Julio Grondona levantó una miríada de empresas constituidas por personas de su entorno o amigos que pasaron a ser sus hombres de paja. Como sucedió con el polémico contrato de patrocinio de la selección argentina, del archifamoso Lionel Messi, y que estaba inicialmente en manos de la multinacional ISL. En Argentina, la filial de esta empresa la fundó, en 1998, Rogelio Riganti, íntimo amigo de Grondona que vendió durante décadas diferentes productos a la ferretería familiar. Tras la sonora quiebra de ISL en 2001, después de que Vivendi rechazara una oferta de compra, la compañía se rebautizó con el nombre de Punta Gol en Argentina. El hombre fuerte seguía siendo Rogelio Riganti. En 2007, la empresa pasó a manos de Santa Mónica, un holding dirigido por el español Jesús Sámper Vidal, del Real Murcia Club. Según la prensa argentina, la familia Grondona tiene intereses en ella, aunque este aspecto nunca llegó a confirmarse.

Santa Mónica gestiona el gran maná de los patrocinadores de la Federación Argentina (Coca-Cola, Volkswagen, Adidas, la petrolera YPF...). Negocia, factura y después revierte a la AFA una parte de los ingresos. El quid de la cuestión es que se queda con un porcentaje poco razonable de los ingresos. “Sus comisiones superan el 40%, cuando la Federación podría negociar sin intermediarios sus contratos de marketing”, lamenta Raúl Gámez, el presidente de Vélez.

Santa Mónica recibe, por ejemplo, en un año “ingresos por un importe de 11,5 millones de dólares y paga a la AFA cuatro millones de dólares”, acusa la diputada de Buenos Aires Graciela Ocaña. Esta ha denunciado el programa gubernamental Fútbol para todos, a través del cual el Estado argentino compra a la AFA, con fondos públicos, los derechos de retransmisión del fútbol argentino, por importe de unos 50 millones de euros al año. El mes pasado, un juez federal ordenó registrar la sede de la Federación. Graciela Ocaña reclama ahora que se investiguen las empresas seleccionadas, sobre todo por los contratos de seguros con personas del entorno del expresidente de la Federación.

Otro contrato polémico firmado durante la era Grondona es el de la “privatización” de los partidos amistosos de la selección argentina. En 2006, la AFA vendió a la empresa rusa Renova la organización de 24 encuentros amistosos del equipo argentino, la venta de las entradas y la gestión de los derechos televisivos fuera de Argentina. El montante del contrato ascendió a 14 millones de euros. Renova es propiedad del magnate del petróleo y del aluminio Viktor Vekselberg, cuya fortuna, según las estimaciones de la revista Forbes, es de 10.000 millones de dólares. En una cláusula sorprendente del contrato se estipulaba que el seleccionador argentino debía elegir al menos a siete jugadores de un listado, en el que se incluían treinta estrellas, confeccionado por Renova y la AFA, Lionel Messi, incluido. Ante el enfado del entrenador Diego Maradona, después de disputarse un partido amistoso en Rusia en pleno mes de agosto, el contrato se rescindió a finales de 2009.

El escondite de Alejandro Burzaco es un misterio

Alejandro Burzaco y los Jenkins –el padre Hugo y el hijo Mariano– citados por su nombre por la fiscala Loretta Lynch, están vivitos y coleando. Los tres argentinos, acusados de haber pagado sobornos, se encuentran prófugos de la Justicia. La Interpol ha lanzado una alerta roja para dar con ellos. La principal empresa de la trama de corrupción denunciada por la Justicia norteamericana es Datisa, que aparece en los párrafos 247, 248 y 249 del informe Lynch. “Datisa se constituyó el 27 de mayo de 2013 tras un acuerdo de accionistas de Traffic, Torneos y Full Play. Cada una de estas empresas posee un tercio del capital. Cuatro días más tarde [...], Datisa acepta pagar 100 millones de dólares a funcionarios de la Conmebol, miembros todos ellos de la FIFA”, puede leerse en el informe. Full Play es de los Jenkins, padre e hijo. Torneos, del hombre de negocios Alejandro Burzaco.

El fisco argentino (AFIP) no dispone de muchos datos sobre la eventual evasión fiscal de los Jenkins, que en España cuentan con Full Play y FutbolEsp y que en Panamá tienen la empresa Calcio One SA. En su denuncia, la AFIP se sorprende sobre todo al comprobar que el domicilio fiscal de los Jenkins está en Montevideo (Uruguay), conocido como la “Suiza de Suramérica” por su laxitud bancaria y fiscal. Los Jenkins “están en territorio argentino. Van a colaborar con la Justicia”, asegura por su parte su abogado, Jorge Anzorreguy.

Pero, ¿dónde se esconde Alejandro Burzaco? Según su último tuit, publicado el 26 de mayo, la víspera de los arrestos de los altos miembros de la FIFA en Zurich, estaba en “Londres. De camino a Zúrich y al mundo FIFA”. Sin embargo, la dirección argentina de migraciones afirma que desde su regreso el 12 de mayo, en compañía del presidente de la AFA, Luis Segura, en un jet privado de Paraguay, sede de la Conmebol (Confederación Suramericana de Fútbol), no dispone de información sobre una eventual salida posterior del territorio. Su escondite es un misterio.

A sus 50 años, el presidente de Torneos controla el mercado de las retransmisiones de partidos en Argentina y en Suramérica. Alejandro Burzaco aumentó su influencia con la presidenta peronista Cristina Kirchner. El Gobierno le adjudicó la retransmisión de los partidos, especialmente los de la Copa Libertadores, la Champions League de Suramérica. En abril, se pudo ver al presidente de Torneos en el terreno de juego, exhortando a un representante de la Conmebol a seguir con el derbi entre el Boca Juniors y el River Plate, a pesar de que algunos aficionados habían lanzado gases lacrimógenos a los jugadores.

La Justicia uruguaya le investiga desde diciembre de 2013. Varios clubes uruguayos presentaron una denuncia contra la Conmebol y la Mutua Uruguaya de Jugadores tras auditar las cuentas de la Federación Uruguaya (AUF). Acusan a dirigentes de la Conmebol de defraudar al fútbol uruguayo por vender a bajo precio los derechos de retransmisión de los partidos internacionales. La furia de la Conmebol fue implacable. Sancionó a los presidentes de los seis clubes que firmaban la denuncia y amenazó con expulsar a sus clubes de la federación. “Los clubes renunciaron a presentar la denuncia, somos los únicos que la mantenemos”, explica Martín Acosta, abogado de la Mutua de Jugadores.

T&T Sports, una de las empresas del imperio de Alejandro Burzaco, está en el punto de mira. “En el año 1999, se hizo con los derechos a un precio muy por debajo del importe de mercado para revenderlos después, sobre todo a las cadenas Fox Sports y Globo, a un precio notablemente superior; ese enorme margen se queda en manos de T&T, que se aprovecha de forma ilegítima de esta situación, lo mismo que los directores de la Conmebol Julio Grondona y Eugenio Figueredo”, recoge la denuncia. De este modo, los derechos TV 2015-2020 de la Copa Libertadores y de la Copa Suramericana para Uruguay los adquirió por 372 millones de dólares la empresa de Burzaco, en lugar de por los 805 millones de dólares que ofrecía la empresa del multimillonario uruguayo Paco Casal. “La Conmebol liquidaba así los derechos televisivos, con lo que los clubes uruguayos recibían menos derechos y los jugadores, menos primas”, resume Martín Acosta. El abogado asegura que se va a ampliar la acusación.

Después de que lo hiciese Estados Unidos, las autoridades fiscales argentinas también han denunciado a Burzaco por “fraude, asociación criminal y blanqueo de dinero”. “La denuncia tenía que presentarse después de Estados Unidos. También se trata de una acusación política porque Burzaco se asoció con la cadena TYC Sports al grupo Clarín, el conglomerado mediático enemigo del Gobierno”, reconoce una fuente de la AFIP. Las malas lenguas mantienen que se intenta evitar su extradición, algo que niega el fiscal encargado del caso, Federico Delgado, que ha rechazado exculpar a los tres sospechosos en prisión. “Aunque haya procesos penales en curso aquí, se pueden suspender hasta que se celebre el juicio en EEUU y después retormarlo”, destaca.

La AFIP desconoce a cuánto ascienden los ingresos y el patrimonio de Alejandro Burzaco. En su declaración de 2013, pudo deducirse indebidamente parte de los 3,5 millones de pesos (350.000 euros) de beneficios que obtuvieron sus empresas. Se sospecha que infravaloró sus bienes inmobiliarios: cuatro inmuebles en el selecto barrio residencial privado de Martindale, en las afueras del norte de Buenos Aires; un apartamento en la capital, en la lujosa avenida del Libertador y una casa en Punta del Este, el Saint-Tropez uruguayo.

Sea como fuere, los entrenamientos de Gonzalo Higuaín, Angel di María y del resto de sus compañeros de la selección argentina prosiguen en el complejo de la AFA, en Ezeiza, a las afueras de Buenos Aires. La próxima semana, volarán a Chile para participar en la Copa América, la misma que ha desencadenado el escándalo en la FIFA y que ha hecho caer a Sepp Blatter.

Se puede consultar la denuncia del fisco argentino contra Alejandro Burzaco (en español) en este denuncia del fisco argentino contra Alejandro Burzacoenlace; la denuncia (también en español) de la diputada Graciela Ocaña contra el programa Fútbol para todos, en este Graciela Ocañaotrola declaración del representante de la FIFA Chuck Blazer en el tribunal de Nueva York (en inglés), Chuck Blazeraquí.

____________Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

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