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Evasión de capitales

La opacidad financiera... progresa adecuadamente

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Como suele ocurrir, el análisis es demoledor y el diagnóstico, implacable. La ONG británica Tax Justice Network, que lidera la lucha contra los paraísos fiscales, hizo público este lunes el “índice de opacidad financiera”. Desde 2009, el ranking de los Estados menos transparentes en la gestión del dinero de los ricos contribuyentes y de las multinacionales se reactualiza con carácter bianual. Esta publicación coincidía con la presentación, el martes, del informe anual de la asociación con sede en Bruselas Eurodad, que coordina un vasto estudio sobre los progresos en transparencia y equidad fiscal en 15 países europeos.

Ambos informes constituyen un preciso barómetro de los progresos en materia de “justicia fiscal” por la que luchan ONG y activistas. En dos años, este combate ha dado pasos de gigante, gracias a la presión conjunta ejercida por Estados de finanzas exangües y por los ciudadanos (pero también por parte de responsables políticos), escandalizados antes las reiteradas revelaciones relativas a la complacencia de algunos países frente a la evasión fiscal y a las exigencias de las multinacionales. A escala internacional también se da esta constatación. En 24 meses, más de un centenar de países se han comprometido a poner fin al secreto fiscal, en el horizonte 2017-2018, y un número similar de Estados se va a someter a las nuevas reglas de la OCDE para aumentar en consecuencia los gravámenes a que son sometidas las empresas. La Comisión Europea también parece ir en la misma línea. No obstante, queda mucho por hacer.

En la última edición, que data de finales de 2013, el ranking de la ONG Tax Justice Network evaluaba la situación en 82 países. En el último trabajo de la entidad, se han analizado en torno a un centenar. La originalidad de este trabajo radica en la sabia combinación de dos tipos de datos: los criterios cualitativos, recogidos en un “escalafón de opacidad”, baremado a partir de 15 criterios objetivos, y un criterio cuantitativo, que mide el peso, porcentual, de cada territorio en el mercado internacional de los servicios financieros para clientes no residentes. Esta combinación única permite determinar los países que “promueven más activa y agresivamente la opacidad en la economía mundial”. Y relacionar territorios reconocidos de forma unánime como “jurisdicciones del secreto” y países supuestamente mucho más respetables, menos opacos, pero que producen o acogen numeroso flujo offshore.

El resultado es sorprendente. Entre los diez primeros países más opacos, como cabía esperar, se encuentra Suiza, mastodonte de la gestión del patrimonio más o menos oculto que frena cuanto puede los avances en materia de transparencia. Así sucede también con Hong Kong, Singapur, las Islas Caimanes, Bahréin y Dubái, alejados en distinta medida del movimiento internacional de regularización en curso. Sí sorprende en cambio encontrar a Estados Unidos ocupar la 3ª posición o a Alemania en el 8º puesto.

Luxemburgo sigue en el top 10 de los Estados más opacos, pero ha mejorado algunas posiciones: en dos años ha pasado del 2º puesto a situarse en el 6º. Bien es verdad que el Gran Ducado, calificado en 2013 por la ONG TJN como “estrella de la muerte del secreto fiscal” ha ofrecido diversas garantías. La OCDE acaba de incluirlo entre los Estados cooperantes, condición que le había negado en 2013 (también a Panamá). Luxemburgo se ha comprometido, al igual que el resto de países de la Unión Europea, a poner en marcha antes de 2018 el intercambio automático de información entre autoridades fiscales. No obstante, esto no es óbice para que gestione miles de millones en fondos opacos, reagrupados en su mayor parte en fondos de inversión.

Por el contrario, Estados Unidos pasa de ocupar la 6ª posición a estar en el 3er puesto. No solo permite que Delaware siga funcionando como un paraíso fiscal perfecto, todavía inaccesible para la justicia y las autoridades fiscales de los demás países que quieren descifrar los secretos de las innumerables sociedades pantalla que acoge, Estados Unidos también ha recurrido a las leyes FATCA para imponer a sus socios la revelación de los secretos de todos los norteamericanos que abran cuentas en el extranjero, para así constituir un régimen de excepción. Estados Unidos no es un país firmante de la normativa de la OCDE que ponen fin al secreto fiscal. Además, so pretexto de haber desarrollado su propia normativa, rechaza someterse al régimen común, como la inmensa mayoría de países del planeta. Las leyes FATCA son casi unilaterales y prácticamente no conllevan ninguna obligación para los norteamericanos, que reservan el deber de transparencia al resto de Estados. Para la ONG Tax Justice Network, Estados Unidos es una “motivo de preocupación mayor que cualquier otro país”.

En cuanto a Alemania, se mantiene en el puesto número 8. Y es así sobre todo por su laxitud con relación a los flujos financieros sospechosos y por su oposición manifiesta a la hora de publicar los datos financieros de las empresas. Francia pasa de la posición 43 a la 31, pero sin que los análisis del TJN hayan evolucionado en dos años.

De forma general, la asociación TJN se felicita por que al fin “se han tomado verdaderas medidas para combatir la opacidad financiera” y por que numerosas herramientas que hace años viene defendiendo ahora se consideren instrumentos oportunos, incluso indispensables, para luchar contra los paraísos fiscales, como el intercambio automático de información, reporting país por país, registro de los beneficiarios finales de las sociedades pantallareporting.

No obstante, la asociación TJN conserva el sentido crítico que le ha granjeado el prestigio. “Estas iniciativas internacionales y regionales están viciadas y hacen frente al sabotaje de los lobbies que ya las han debilitado”, suelta. Se preocupa sobre todo de la resistencia que muestra Dubái o de Estados Unidos, pero también del desarrollo de trusts, esos instrumentos en los que Jersey se ha convertido en especialista y que sirven para proteger la identidad de los beneficiarios reales de sumas colosales o de objetos de gran valor. Esta mirada, crítica en su conjunto, en lo que respecta a los esfuerzos de la UE en la lucha contra la opacidad fiscal, se confirma en el análisis exhaustivo efectuado por Eurodad y por una miríada de ONG locales.

Europa y Francia retroceden en transparencia

El texto, que lleva por título Cincuenta sombras de evasión fiscal, ataca a un “sistema complejo y disfuncional de dictámenes de las autoridades, de convenciones fiscales, de sociedades llamadas “buzones”, y de regímenes fiscales preferenciales para las patentes” (véase el informe, en francés):

Las ONG europeas muestran ante todo su preocupación por el auge de las patent boxes,patent boxes esos recursos fiscales que ofrecen numerosos países sobre las rentas obtenidas en concepto de propiedad intelectual, muy de moda ahora como estrategia para evadir impuestos y que apenas si son cuestionados. Gracias a una patent boxe luxemburguesa, McDonald's ha dejado de pagar más de mil millones de euros en cinco años en varios Estados europeos.

Otro de los puntos que se critican en el informe es la falta de transparencia de las medida ya adoptadas. Los países de la OCDE y de la Unión Europea van a poner el práctica el “reporting, país a país” de las principales multinacionales, lo que va a obligar a estas empresas a declarar los beneficios, la actividad real y los impuestos que cada una de las filiales presentes en todo el mundo pagan. Pero estos datos no se publicarán, sino que serán para consulta exclusiva de las autoridades fiscales. Lo mismo sucede con las informaciones relativas a los rulings fiscales, los acuerdos alcanzados entre los Estados y las multinacionales en cuanto al modo en que pagan los impuestos, permanecerán reservadas al fisco y ni tan siquiera la Comisión Europea tendrá acceso a los informes. “Las promesas políticas de transparencia se han transformado en un sistema complejo y confidencial de intercambio de informaciones entre administraciones fiscales de países desarrollados, dejando de lado tanto al público como el interés general”, denuncia Eurodad.

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Francia no sale bien parada en este informe, sobre todo tras rectificar en lo que concierne a la publicación de los datos comunicados por las empresas al fisco, relativa a sus filiales. Pese a que en 2013 se anunció que se difundirían dichos datos, y tras haber obligado por ley a los bancos a hacerlo, Francia ha dado marcha atrás, hasta situarse entre los países menos ambiciosos de la OCDE. “Antaño erigido en adalid europeo de la transparencia fiscal, el Gobierno francés se muestra ahora mucho menos proactivo y se contenta con seguir las recomendaciones de la OCDE”, que “no van en el sentido correcto”, en este aspecto, subraya en un comunicado Lucie Watrinet, de CCFD-Tierra Solidaria.

Así las cosas, los ciudadanos tendrán que seguir agradeciéndole a los denunciantes que podamos conocer más detalles relativos a las prácticas de los reyes de la evasión fiscal. Denunciantes como Antoine Deltour, el francés empleado por la consultora Price Waterhouse Cooper en Luxemburgo, que permitió que las revelaciones del caso Luxeleaks de hace un año, el 5 de noviembre de 2014, salieran a la luz. Pese a que la comisaria europea de Competencia Margrethe Vestager calificó a Deltour de denunciante y confirmó que la Comisión se servía de estos documentos en sus investigaciones relativas a los rulings fiscales que concluyeron con la condena de los acuerdos entre Luxemburgo y Fiat y entre Starbucks y los Países Bajos, Antoine Deltour está imputado en Luxemburgo y corre el riesgo de ser condenado a cinco años de cárcel por robo de documentos y violación del secreto comercial.

Traducción: Mariola Moreno

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