“Todo lo que coarta la libertad de los migrantes coarta también la nuestra”

Más de 78.000 migrantes han arribado ya a las islas griegas en lo que va de 2016. En ese mismo periodo, 428 personas han perecido en aguas del Mediterráneo. Las últimas cifras que maneja la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)  ponen de manifiesto que este 2016 está siendo más intenso que 2015. Salvo excepciones, los dirigentes europeos han dado muestras de una enorme pusilanimidad a la hora de acoger como es debido a las decenas de miles de personas que huyen de las zonas de conflicto, mientras las autoridades bruselenses estigmatizan a Grecia, primera puerta de entrada a la Unión Europea. El Consejo Europeo, que se celebra el jueves 18 y el viernes 19 de febrero, ¿supondrá un punto de inflexión? La puesta en marcha, el pasado fin de semana, de una operación de la OTAN en aguas turcas parece indicar exactamente lo contrario. Pone de manifiesto que, una vez más, la cuestión de los refugiados se aborda desde el punto de vista de la vigilancia fronteriza.

Julien Jeandesboz, especialista en asuntos fronterizos y migratorios, es profesor investigador de REPI-Investigación y enseñanza en política internacional, por sus siglas en francés–, en la Universidad Libre de Bruselas. También es investigador asociado en el Centro de Estudios sobre Conflictos-Libertad y Seguridad. Asimismo, es el autor del capítulo “Más allá de Schengen. Controles fronterizos de Europa, Frontex y el espacio Schengen”, incluido en el libro Les Frontières mondialisées (Las fronteras mundializadas).

Pregunta: Tras la petición conjunta de Berlín y Ankara, la OTAN decidió enviar tres barcos al Egeo el 11 de febrero. Esta solución, ¿es satisfactoria?

Respuesta: Este despliegue plantea un triple problema. En primer lugar, hace que entre en escena, en asuntos europeos, un tercer actor. Lo que hace que se plantee cuál es la autonomía de la Unión Europea con relación a la OTAN y esto, en periodo de paz. No existe amenaza territorial ni nada que justifique, a día de hoy, la activación del artículo 5 que obliga a los Estados firmantes del Tratado del Atlántico Norte a intervenir en defensa de sus miembros. Así viene sucediendo desde el final de la Guerra Fría, la OTAN está buscando nuevas mandatos. Ha intervenido fuera de su ámbito de actuación, en África sobre todo, después participó en la lucha contra la piratería en las costas de Somalia; ahora trata de detener a las mafias de traficantes de personas...

El segundo problema es que hay una regla en el Código Schengen [que rige las fronteras internas y externas de la UE] que dice que el control fronterizo deber realizarlo autoridades civiles. Ahora bien, la OTAN es un organismo militar...

Por último, el ámbito de esta intervención no está claro: ¿es la trata de seres humanos lo que se encuentra en el punto de mira?, ¿los traficantes?, en lo sucesivo, ¿la OTAN va a ejercer un papel de autoridad policial?

Se produce una mezcolanza inquietante: hay que luchar contra el tráfico de personas, es de justicia, es una cuestión de derecho penal y no deben intervenir los militares, no tienen ni la formación ni las competencias necesarias para ello. La manera en que el personal de la OTAN va a comportarse en el Egeo tampoco está clara. ¿Qué va a hacer si se encuentran frente a embarcaciones de migrantes clandestinos? ¿Las van a detener, inspeccionarlos? No olvidemos que cualquier maniobra de intimidación en alta mar equivale en la práctica a una devolución, algo que prohíbe la Convención de Ginebra.

P: Desde diciembre, en Bruselas se suceden las declaraciones sobre la expulsión de Grecia del espacio Schengen. ¿Es un escenario realista?

R: No, las cosas son más complejas que todo eso. Schengen autoriza al restablecimiento de los controles en las fronteras interiores durante un tiempo determinado.

En el caso de Grecia, se llevó a cabo una visita sorpresa, en noviembre, a ciertas islas del mar Egeo y a la frontera con Bulgaria. Este sistema de evaluación existe desde 1998, se conoce como Scheval. Esta misión ha permitido identificar una serie de deficiencias en el registro de huellas digitales y en la verificación de las identidades y de la documentación de los migrantes. A raíz de esta misión, el Consejo de la UE publicó el 10 de febrero una serie de 50 recomendaciones que Grecia ha de poner en práctica en tres meses. Si al cabo de ese tiempo, las autoridades europeas consideran que estas recomendaciones no se cumplen, se pondrá en marcha el procedimiento previsto en el artículo 26 del código Schengen, que permite que se restablezcan, durante dos años, los controles entre Grecia y los demás Estados miembros del “espacio de libre circulación”. No es una expulsión, pero sí pone en peligro, evidentemente, el funcionamiento de la zona Schengen.

Dicho esto, en el caso de Grecia, no se trata más que de fronteras aeroportuarias, los puertos que unen con Italia y los aeropuertos. ¡Grecia no tiene frontera terrestre con otros Estados miembros! En realidad, el interés de aplicar el artículo 26, con los ojos puestos en Grecia, es el de poder mantener durante dos años los controles en las fronteras interiores del continente, mientras que el régimen de excepción que viven actualmente Alemania o Austria, por ejemplo, no puede ser superior a seis meses. Dicho de otro modo, el Gobierno griego se convierte en cabeza de turco en lo relativo a Schengen, tal y como viene sucediendo, en varios ámbitos, desde la llegada al poder de Syriza.

Por último, una “expulsión” no me parece del todo realista porque los Gobiernos de los Estados miembros perderían con ello toda capacidad de influir sobre el Ejecutivo griego. Sin contar conque esto conllevaría importantes restricciones para los turistas europeos...

P: Esta tendencia, que se viene registrando desde otoño, a la hora de querer cerrar las fronteras interiores, ¿significa que nos dirigimos al fin del espacio Schengen?

R: No lo creo porque Schengen no es sólo un espacio de libre circulación, es un sistema de colaboración policial y de cooperación entre los Estados miembros, tanto a la hora de gestionar las fronteras exteriores como en lo que respecta a la concesión de visados. Dispone de un visado único, común, que es precisamente el visado Schengen. Aunque la tendencia actual es a ponerle fecha de caducidad a la libre circulación, en nombre de la lucha contra la llegada de migrantes, en absoluto pone fin en absoluto a la colaboración policial y al sistema de visados. Al contrario, en lo que respecta a seguridad, funciona plenamente. Ahora bien, todo lo que coarta la liberad de los migrantes coarta también la nuestra. Los ciudadanos europeos deben hacer frente a los mismos Gobiernos que los migrantes: dirigentes de prácticas iliberales que van contra los principios europeos y en contra del respecto del Estado de derecho. Lo que sucede en Calais, con la represión de los voluntarios que acuden a ayudar a las personas en situación irregular, es un buen ejemplo de ello.

En lugar del final de Schengen, hablaría de huida hacia delante. Aplicar el artículo 26 no resolverá nada; lo único que hará será posponer el problema hasta dentro de dos años. Esta estigmatización de Grecia va acompañada de movimientos contradictorios. El 10 de febrero, constaté una sincronización interesante. El Consejo Europeo debatía sobre los controles fronterizos y enviaba a Grecia recomendaciones y, el mismo día, la Comisión recomendaba que Grecia se reintegrase en el sistema de Dublín II, que dice que los demandantes de asilo permanezcan en el primer país al que accedan, dentro de la Unión Europea. [Desde 2011, está suspendida en Grecia la devolución de demandantes de asilo por contar con un sistema defectuoso y congestionado, en un país muy limitado desde el punto de vista financiero]. Dicho de otro modo, ¡el Ejecutivo europeo considera que las autoridades griegas han mejorado la situación y el país puede gestionar correctamente las peticiones de asilo! Estas decisiones divergentes muestran la complejidad de la discusión sobre Grecia, sobre Schengen y sobre la acogida de refugiados. Hay un doble juego por parte de los europeos: se amenaza a Grecia, y al mismo tiempo, se le pide que se ocupe de los demandantes de asilo.

P: ¿Hay otros escenarios posibles?

R: El problema es que el programa de “relocalización” de los refugiados llegados a Grecia y a Italia no funciona. Según las últimas cifras de las que disponemos, de las 160.000 plazas previstas en los diferentes Estados miembros, sólo 279 refugiados provenientes de Italia y 218 de Grecia han sido relocalizados. El 10 de febrero, Francia había acogido, en el marco de este programa, a 135 personas y la disponibilidad era de 1.100 plazas... ¡De los 20.000 anunciadas inicialmente! Se advierte inequívocamente el lado completamente engañoso del discurso político. Otro aspecto sobre el que Francia está muy a la zaga: el envío de expertos en derecho de asilo. Sin embargo, forma parte del mecanismo de relocalización, los Estados miembros deben enviar personal de apoyo a Italia y Grecia. La República Checa ha enviado 35, Austria 45, España 30 y Francia, 6. ¡Los mismos que Luxemburgo!

De forma paralela, los Estados miembros no contribuyen a Frontex como deberían hacerlo [Frontex es el organismo europeo de vigilancia de fronteras exteriores de la UE, los Estados miembros son los encargados de aportar los efectivos, en función de las misiones]. En octubre, el organismo debía cubrir 775 puestos, pero en la práctica sólo se cubrieron 447. En enero se produjo una nueva demanda, hacían falta 1.054 guardias de fronteras, de momento sólo se han enviado 104.

Por tanto, existe cierta contradicción entre el discurso político y la realidad que se vive sobre el terreno y en las administraciones. No olvidemos tampoco que del lado francés, hay poca receptividad a la hora de aportar efectivos en la actual situación de estado de emergencia y ahora que se han restablecido los controles fronterizos... Como queda de manifiesto, hay una absoluta falta de solidaridad por parte de los Estados miembros con relación a Grecia e Italia.

P: ¿La Unión Europea no tiene otras herramientas a su disposición para gestionar esta “crisis” de los refugiados?

R: Sí, tiene. En septiembre, la OCDE publicó una nota muy interesante, precisamente en ese sentido. Plantea el asunto de los refugiados en términos económicos: cuánto nos cuentan, cuánto podrían reportanos. Es la lectura “instrumentalizadora”, que tiene algo de nauseabundo. Pero habida cuenta de los términos del debate a día de hoy, pienso que puede ser útil.

¿Qué dice esta nota? Explica que Europa nunca ha estado tan bien preparada para atender las peticiones de asilo y lo dice basándose en la experiencia de la guerra de los Balcanes. De modo que, si bien en un primer tiempo los demandantes de asilo son relativamente dependientes de los Estados, rápidamente se convierten en “contribuyentes fiscales netos”. Esto significa que si se da a los refugiados la posibilidad de formarse, pueden convertirse en activos en el mercado del trabajo a corto plazo.

Una de las herramientas de las que dispone la UE es el estatus de “protección temporal”, en virtud de una directiva del 20 de julio de 2001, pensada en caso de afluencia masiva de personas. A diferencia del estatus de refugiado, que tiene carácter definitivo, el estatus temporal ofrece un permiso de residencia de uno a tres años, y otorga derechos: derecho a trabajar, a formarse, a hacer prácticas en empresa, pero también derecho a recibir ayudas sociales, a acceder a una vivienda, al sistema educativo en el caso de los menores.

Esta directiva, aprobada tras la guerra de Kosovo y pensada para situaciones similares, se adecúa perfectamente al contexto actual, que necesita que se aborde de forma inmediata. Es verdad, el problema corre el riesgo de volver a surgir en tres años, cuando estos refugiados con permiso temporal deban ser regularizados. Pero de forma inmediata y dada la magnitud de las cifras, ¡empecemos por recurrir a las herramientas existentes!

P: Las autoridades europeas parecen haber abordado esta crisis desde el punto de vista de la vigilancia fronteriza, en lugar de hacerlo en términos de acogida de refugiados.

R: Efectivamente. No dejamos de decirnos que Europa tiene un problema de refugiados. ¡Pero tengamos en mente el sentido de la proporción! Europa, primera economía del mundo, que cuenta con 500 millones de habitantes, ha visto la llegada de un millón de personas, en poco tiempo, es verdad, al continente. ¡Es una crifra muy por debajo de las personas que han acogido los países limítrofes como Siria y sobre todo Turquía! Hay que saber que Líbano ha aumentado su población en un 25% desde el comienzo del conflicto sirio...

Pero hay, en mi opinión, un problema más general. El miedo se ha convertido en una forma de movilización política. Hago mías las ideas del filósofo Robin Corey, de su libro La Peur, histoire d'une idée politique [El miedo, historia de una idea política]. Lo hemos visto en la unanimidad de Estados Unidos tras el 11-S o en Francia tras los atentados: el miedo permite a la vez intimidad a aquellos que están en desacuerdo con el estado de emergencia, pero también a los que ayudan a los refugiados. Los dirigentes se apoyan en ese miedo, se acercan al ala más extrema de la derecha francesa y europea.

No hay un problema de refugiados. Hay un problema con el espacio político en torno al miedo: el miedo al otro, el miedo a una confesión, el miedo al refugiado. Nuestros dirigentes no son capaces de responder con sosiego y serenidad al asunto de los refugiados. Frente a esta inquietud, hay que apostar por una política de la quietud.

Porque estas personas llegan y seguirán llegando; impedir a los migrantes que vengan es imposible. No podemos cerrar las fronteras, menos aún una frontera marítima como la del mar Egeo. Reforzar los controles tiene como resultado aumentar las actividades ilícitas y la peligrosidad del paso. Las actividades criminales se alimentan de la frontera.

Es necesario desplazar el debate, partir de la base de que la gente va a seguir llegando.

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Traducción: Mariola Moreno

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