Un “régimen de guerra” asfixia a la sociedad civil rusa

Hace cuatro años, tras la reelección de Vladimir Putin como presidente de la Federación Rusa, las ONG se encuentran en el punto de mira del Kremlin. Las primeras en ser señaladas fueron aquéllas que reciben ayudas foráneas; una ley de 2014 las considera “agentes del extranjero” (en la actualidad, el Ministerio de Justicia ruso tiene listadas 135 entidades). Muchos integrantes de estas entidades se han visto acosados por las autoridades y algunos han terminado por salir del país, como la activista antinuclear Nadejda Koutepova o la periodista Julia Berezovskaia.

Ahora, el Gobierno parece haber dado un paso más. El pasado 11 de febrero, la ONG Agoda –que proporcionaba ayuda jurídica– fue liquidada vía judicial. De visita en París, uno de los integrantes de dicha asociación, ahora prohibida, relata en esta entrevista cómo el espacio de la sociedad civil cada día se reduce un poco más en Rusia, en vísperas de los comicios legislativos previstos para el próximo otoño.

Pregunta: ¿En qué consistía el trabajo de Agora antes de su ilegalización, en febrero?

Respuesta: Agora nació en 2005. En este tiempo, ha ejercido la defensa en numerosos procesos judiciales abiertos en Rusia y ha recurrido en varias ocasiones al Tribunal Superior de Derechos Humanos. Los marcos de acción de nuestra ONG eran tres: el principio de libertad de expresión, y especialmente la expresión política, la defensa de las ONG y la asistencia jurídica de extranjeros a los que se negaba el permiso de residencia. Éste último aspecto afectaba a ciudadanos de Asia central, pero también de Moldavia, de Ucrania...

P: ¿En qué momento se hizo evidente la presión de las autoridades?

R: En un primer momento, en el periodo 2006-2009. Entonces, cambió la legislación a la que debían someterse las ONG, con lo que las obligaciones de las organizaciones cambiaron. Por ejemplo, sufrimos presiones anónimas. En 2009, nuestras oficinas fueron atacadas. Y nos vimos sometidos a controles continuos por parte de las administraciones, del fisco, de la Fiscalía... Un día incluso llegamos a encontrar una cámara oculta en nuestras oficinas. Denunciamos, pero nunca se abrió una investigación.

En el periodo siguiente, con Dmitri Medvedev en la Presidencia, la presión disminuyó. La situación fue algo más cómoda. A partir del invierno 2011-12, las condiciones se volvieron a hacer más duras. Las manifestaciones de la Plaza Bolotnaia y la subsiguiente ola de arrestos, en mayo de 2012, suponen el principio de una política represiva de la sociedad civil. Agora figura en la primera lista de “agentes del extranjero” que elaboró el Ministerio de Justicia en julio de 2014 y, el pasado 11 de febrero, el Tribunal de Tartaristán, República de la Federación Rusa en el que estábamos inscritos, liquidó la organización.

Se nos acusa de querer influir en la opinión pública y se nos cuestiona por publicar un informe sobre la libertad en internet que lleva por título: “La victoria de la censura”. Por supuesto, cuestionamos la decisión y la denunciamos ante el Tribunal Supremo de Rusia. Estamos a la espera del veredicto.

Así las cosas, esto no pone fin a nuestras actividades. Los abogados y los juristas de Agora, que son casi cuarenta, siguen ocupándose de los procesos, la red sigue existiendo.

De hecho, nuestra ilegalización es bastante sintomática de lo que está sucediendo en Rusia: las ONG están sometidas continuamente a vigilancia. Cabe esperar que pronto se ilegalicen más organizaciones, además de la nuestra... pero nunca se sabe cuándo va a suceder. Vivimos en un régimen completamente imprevisible.

P: ¿De qué casos se han ocupado en los últimos tiempos los abogados de Agoda?

R: Los abogados de Agora defienden regularmente a personas acusadas de “extremismo” por dar su opinión sobre una cuestión delicada. Las cuestiones delicadas son Ucrania, Crimea, la causa LGTB, las cuestiones religiosas, la crítica del Gobierno. Hasta los acontecimientos de Ucrania, en invierno de 2014, conseguimos defender a los acusados, el Tribunal nos escuchaba. Desde la anexión de Crimea, es más difícil. Se estableció un régimen de guerra. A día de hoy, en Rusia, es imposible hablar de la anexión de Crimea. Hacerlo es enfrentarse a acciones legales por “separatismo” o “extremismo” porque es cuestionar la “integridad territorial de la Federación Rusa”.

Una de las primeras víctimas de este endurecimiento es Rafis Kachapov, activista tártaro condenado el pasado mes de septiembre a tres años de cárcel por “separatismo”. Su delito es haber publicado seis posts en la red social Vkontakte [el Facebook ruso], en los que se refería a la violación de los derechos de los tártaros en Crimea y comparaba la política rusa en el Este de Ucrania con lo que había hecho Hitler con Dántzig.

Actualmente para un acusado resulta casi imposible ser absuelto y salir indemne del proceso. En este contexto, nuestro combate se dirige fundamentalmente a reducir las penas y a sacar a las personas de la cárcel lo antes posible, en lugar de centrarnos en su absolución. A ojos de las autoridades, la persona es culpable de todos modos.

Paralelamente, llevamos ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos casos como el de Artem Savelov, acusado en los incidentes de la Plaza Bolotnaia, hechos por los que pasó casi dos años en prisión preventiva. Salió libre el año pasado. Aunque todo sucedió después de un golpe, el Tribunal Europeo reconoció en su caso que se habían violado varios artículos.

Las autoridades rusas utilizan los incidentes de Bolotnaia para acusar a otras personas, todavía hoy. Pueden emprenderla incluso con personas que no estaban en el lugar en el momento de los hechos. Es el caso de Dimitri Butchenkov, detenido en diciembre pasado. Varios agentes de policía reconocieron supuestamente a este activista en una foto, pero se trata de otra persona, ¡a la que ni siquiera se parece!

P: Las decisiones del Tribunal Europeo, ¿no tienen repercusión alguna sobre la Justicia rusa?

R: Las autoridades rusas prefieren pagar las multas a las que son condenadas y no cambiar nada en el sistema. Estamos hablando de dos millones de euros al año, una insignificancia en el presupuesto ruso. El número de denuncias, pese a todo, es importante, hay 200 casos a la espera de sentencia en Estrasburgo.

P: La sociedad civil en su conjunto, tal y como sucede con las ONG, ¿está siendo acosada por el Gobierno?

R: Sí, la situación de la sociedad civil ha empeorado mucho. De hecho, las autoridades tratan de criminalizar cualquier actividad cívica, sobre todo en internet. Se han prohibido o bloqueado miles de páginas web y de blogs, como la página de información grani.ru. También se ha reducido el espacio de los medios de comunicación tradicionales, excepto en el caso de los medios de comunicación extranjeros. En total, se han prohibido o reorientado, casi 800 medios de comunicación. Por último, las ONG, no sólo están sometidas a una estrecha vigilancia –varios dirigentes de organizaciones han sido convocados este año por el FSB [el servicio secreto ruso]–, sino que las actividades de sus miembros son cada vez más limitadas, las que están en la lista de “agentes del extranjero” ya no pueden aportar observadores en las elecciones, por ejemplo. Y sus campañas de financiación en internet se han visto notablemente reducidas.

P: ¿Por qué esta vuelta de tuerca?

R: El opositor Alexei Navalny tuvo un gran éxito cuando lanzó su proyecto anticorrupción... Recaudó fondos muy rápidamente. Ahora bien, ¡hay elecciones legislativas el próximo otoño! Estamos en precampaña, claramente. A eso hay que añadir que, desde 2014, el miedo a que las movilizaciones de Maidán, en Ucrania, se generalicen.

Otro ejemplo del férreo control es el último proyecto de ley presentado en la Duma, que obliga a los operadores de telefonía a guardar los datos de las comunicaciones (sms, conversaciones telefónicas, identidad de los interlocutores) durante tres años. Las leyes para reforzar la vigilancia y limitar las libertades se multiplican y los textos se someten a votación de inmediato, sin ser debatidos.

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Traducción: Mariola Moreno

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