LuxLeaks: los desafíos de un proceso judicial explosivo

No es un proceso más el juicio que da comienzo este martes 26 de abril en Luxemburgo, ese pequeño país tranquilo situado entre Alemania, Francia y Bélgica y cuya salud económica depende en buena parte de un sector financiero hiperdesarrollado. Del 26 de abril al 4 de mayo, se juzgará a los denunciantes y al periodista que destaparon el caso LuxLeaks, el escándalo que desveló que el país había alcanzado jugosos acuerdos fiscales con empresas ávidas por instalarse en su territorio. Primero el canal France 2 en 2012 y, en 2014, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación daban a conocer cientos de documentos que demostraban lo que algunos se temían desde hacía años. Compañías como Apple, Amazon, Ikea, McDonalds o BNP-Paribas se beneficiaban de acuerdos con las autoridades luxemburguesas que les permitían pagar un impuesto de sociedades ridículo.

Las tres personas, de nacionalidad francesa las tres, que se sientan en el banquillo este martes hicieron posible que estallara el escándalo. Antoine Deltour, exempleado de la importante consultoría PriceWaterhouseCoopers (PwC), en Luxemburgo, es el hombre que copió alrededor de 28.000 documentos –en el que se describían casi 350 rulings, acuerdos fiscales validados por la Administración–, antes de dejar su trabajo en 2010. El francés Édouard Perrin es el primer periodista que denunció los hechos en el primer programa de Cash Investigation, de France 2, en mayo de 2012. La identidad del tercer acusado, Raphaël Halet, ha sido desvelada días antes de iniciarse el juicio. También era empleado de PwC y se le acusa de haber contribuido a divulgar la segunda oleada de filtraciones de LuxLeaks, un mes después de la primera, a raíz de la marcha de Deltour de la consultora.

Los tres están acusados de haber cometido o de ser cómplices de “robo”, “de acceso fraudulento al sistema informático”, pero sobre todo de “divulgación de secretos comerciales” y de “violación del secreto profesional”. Se enfrentan a penas de hasta 10 años de cárcel y a una multa de 1,3 millones, sin contar los daños e intereses que puede reclamar PwC.

En los próximos días, el país vivirá uno de los eventos más mediáticos de su historia reciente. Decenas de periodistas están acreditados para seguir el juicio. La defensa también ha anunciado su intención de citar como testigos a figuras como la comisaria europea de la competencia, Margherete Vestaher, al responsable de Asuntos Fiscales de la OCDE, Pascal Saint-Amans, uno de los jefes de filas de los Verdes, el alemán Sven Giegold, o a John Christensen, fundador de Tax Justice Network, que representa a los activistas más beligerantes en asuntos de transparencia y de justicia fiscal y que apoyan a Deltour y Perrin.

No faltarán las asociaciones. El Comité Luxemburgués de Solidaridad con Antoine Deltour y Édouard Perrin organiza este lunes una jornada de apoyo. Al día siguiente por la mañana, minutos antes de la apertura de la audiencia, está prevista otra concentración ante el tribunal, en presencia del comité francés de apoyo a Deltour y de ONG francesas como Oxfam, CCGD-Tierra solidaria, Attac o Transparencia Internacional, que han fletado autobuses desde diversas localidades galas. Asimismo, el colectivo de periodistas franceses Informer n'est pas un délit (Informar no es un delito) ha dirigido una carta abierta a François Hollande en la que reclaman la defensa pública de los acusados y el colectivo de apoyo a Deltour acaba de publicar una tribuna en Mediapart en la que insisten en el papel del denunciante, cuyo gesto “estuvo movido por la ética y en en contra de los intereses personales”.

La modestia y la coherencia de las intenciones de este hombre discreto, que no actuó movido por intereses personales, convierten a Antoine Deltour en un caso químicamente puro de denunciante. Su comité de apoyo, fundado el 28 de febrero de 2015, consiguió reunió más de 100.000 firmas, entre ellas las de numerosas personalidades públicas, del mundo del periodismo, artistas, intelectuales, economistas o responsables políticas, incluidos Edward Snowden y Julian Assange. El denunciante recibió también el Premio Ciudadano Europeo 2015 del Parlamento Europeo y el premio ético de la asociación Anticor.

Antoine Deltour mide mucho sus palabras y ha rechazado hacer declaraciones a Mediapart antes del comienzo del juicio. Su hermano Romain, miembro activo del comité de apoyo, explica que el objetivo de las movilizaciones anunciadas “no es estigmatizar a Luxemburgo o al exempleador de Antoine, sino apoyar a los denunciantes y luchar por la justicia fiscal”. A sus 30 años, el antiguo empleado de PwC trabaja ahora en el sector público. “En estos momentos, a medida que se acerca el juicio, siente cierta impaciencia y a la vez cierto alivio, con la esperanza de conocer pronto cuál es su suerte. Este sentimiento está entremezclado de inquietud y aprehensión, por supuesto”, señala su hermano.

El periodista Édouard Perrin asume sus actos, puesto que lo único que hizo fue ejercer su profesión. Él fue el primero en difundir parte de los documentos de LuxLeaks, tras hallar algunos comentarios y mensajes publicados en internet por el exempleado de PwC, una vez estableció contacto con él para la primera emisión del programa Cash Investigation, en mayo de 2012. Fue el canal France 2 el primero en revelar la existencia de los acuerdos secretos redactados por el gabinete PwC. Perrin entrevistó al entonces ministro de Finanzas, Luc Frieden, y al responsable del departamento de fiscalidad de PwC en Luxemburgo. Las imágenes grabadas de ambos son un poema. Una vez emitido el programa, PwC presentó una denuncia contra “X”, se iniciaba así el proceso que ha terminado con la imputación de los tres acusados ahora en el banquillo.

Más tarde, los documentos de PwC caían en manos del consorcio de periodistas ICIJ, que los publicaba. Antoine Deltour ha señalado en varias ocasiones que quiso que los nombres de PwC o de sus prestigiosos clientes salieran a la luz, como tampoco quería dar a conocer el contenido exacto de los rulings. Por su parte, Édouard Perrin nunca confirmó que fuera él quien sirvió de enlace entre los dos. La Justicia de Luxemburgo sólo acusa a Perrin por la segunda ola de revelaciones de LuxLeaks.

A finales de abril de 2015, la Fiscalía emitía un comunicado en el que señalaba que sólo le acusaba de su relación con el tercer hombre, ahora identificado como Raphaël Halet. “Este papel pudo no limitarse a reunir las informaciones ofrecidas por el acusado, sino que pudo consistir en dirigir a éste en la búsqueda de documentos que le podían interesar especialmente. El periodista pudo haber tenido un papel más activo en la comisión de estas infracciones”, dice la Fiscalía.

Acusaciones éstas desmentidas por la productora de Perrin, Premières Lignes, representada por Paul Moreira. “Es completamente falso y tenemos pruebas, no hay encargo alguno”, dice el periodista, que reivindica la publicación de los documentos: “Estamos muy orgullosos de haber contribuido a abrir el debate. Esta encuesta es un claro ejemplo de investigación irreprochable. Si quieren procesarnos, que nos procesen por difamación, en caso de haber difundido hechos falsos”.

En cuanto a Raphaël Halet, hasta la fecha, no se ha manifestado y no ha entrado en contacto con los otros dos acusados. Según el diario Luxemburger Wort, pudo haber alcanzado “un acuerdo de confidencialidad con su exempleador PwC”, según el cual “el acusado se pudo comprometer a guardar silencio”.

En este escándalo, ¿quién ha transmitido qué documentos? Para confiarlos a quién y con qué motivaciones exactas? Estas cuestiones serán una de las cuestiones centrales del proceso. La posición de los jueces, que tendrán que dictar sentencia, no puede ser más delicada. Sobre todo porque la onda expansiva del caso LuxLeaks ha sido devastadora para el país y ha cambiado las cosas en toda la Unión Europea.

Conmoción en Luxemburgo

“En este caso, es muy evidente que se está atacando la defensa del interés general y han cambiado tantas cosas desde LuxLeaks...”, señala Mike Mathias. Durante más de diez años, ha sido una de las pocas personas que, en Luxemburgo, han trabajado a cara descubierta por la transparencia fiscal, en un país donde el peso de las finanzas ha sido un tabú sin parangón. Miembro activo de numerosas ONG, es el cofundador de la delegación local de Tax Justice Network. Pero también, en la actualidad, es una pieza clave en el sistema institucional del país: miembro de los Verdes, ahora en el poder en el seno de una coalición con los liberales y los socialdemócratas, ha sido designado miembro del Consejo de Estado (que examina los proyectos de ley para verificar su conformidad con la Constitución).

En su opinión, el Gobierno ya es consciente en estos momentos de la imagen que transmite fuera de sus fronteras. “Por fin se han dado cuenta de que nuestra imagen de marca había sufrido mucho. Hasta 2013, el país apenas reaccionaba o lo hacía demasiado tarde. Ahora al menos la gente se lo piensa y piensa en actuar en lugar de responder. Pero la evolución de las mentalidades todavía no ha alcanzado las posiciones oficiales de negociaciones europeas. Tendríamos mucho que ganar siendo transparentes y colocándonos a la vanguardia en el terreno ético”.

Por supuesto, el país había abandonado el secreto bancario el 1 de enero de 2015. Pero ante la presión internacional, en gran parte a raíz de LuxLeaks, tuvo que dar marcha atrás. Las revelaciones de Deltour han salpicado de lleno a la UE: un mes antes, Jean-Claude Juncker acababa de ser elegido presidente de la Comisión. Juncker, que fue presidente de Luxemburgo durante casi 19 años, tuvo la habilidad suficiente como para protegerse de LuxLeaks, haciendo que Europa iniciara un nuevo rumbo, aunque demasiado tímido, hacia la transparencia.

La Comisión puso en marcha un proceso de diagnóstico inédito e implacable sobre la situación, subrayando cómo las multinacionales pueden hacer de Europa un paraíso fiscal en su propio beneficio. Aunque, de momento, las soluciones aportadas son escasas, nuevas revelaciones, las de los papeles de Panamá, la obligar a ir un poco más lejos en sus compromisos.

La Comisión, que puso en marcha una investigación sobre los rulings de diversos países tras el escándalo LuxLeaks, condenó en octubre los acuerdos entre Fiat y Luxemburgo. Y examina muy de cerca las vinculaciones del país con Amazon, compañía que aparece citada regularmente por las autoridades locales como actor importante y legítima de la economía del país. En una entrevista concedida a Mediapart, la comisaria de Competencia Margrethe Vestager subrayaba se había apoyado en los documentos de Luxleaks a la hora de trabajar y calificaba oficialmente a Antoine Deltour de denunciante.

De forma paralela, los diputados europeos ponían en marcha una comisión parlamentaría al respecto. Los parlamentarios interrogaron el 1 de junio de 2015 Antoine Deltour y le dieron una acogida calurosa. “Fui bien recibido, me trasladaron un mensaje conjunto de respaldo y de ánimo. Es todo un símbolo político: personas de partidos y nacionalidades muy diversas creen que lo que he hecho ha sido beneficioso”.

Es en este contexto tenso donde da comienzo el proceso judicial en apenas unas horas. “Procesos con semejantes desafíos, con una presión tan fuerte, son infrecuentes en Luxemburgo. Del mismo modo que con los papeles de Panamá, la reciente votación sobre los secretos comerciales también sirve de catalizador sobre estas cuestiones”, subraya Jean-Sébastien Zippert, cofundador del Comité de Solidaridad de Luxemburgo. “Se ha producido un cambio de mentalidad que requiere de tiempo”, dice. “Además, los representantes de las finanzas o de la patronal, que suelen ser implacables, aún no se han manifestado públicamente, están a la expectativa...”. La mediatización del proceso fuera de lo común corre el riesgo de obligarlos a tomar posiciones. No está claro que el Gobierno se vaya a pronunciar, inmerso como está oficialmente en una tentativa de “nation branding”, una operación de marketing dirigida a cambiar la imagen del país. Un ejercicio tremendamente delicado.

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Traducción: Mariola Moreno