Crisis migratoria

La Unión Europea no quiere demandantes de asilo dentro de sus fronteras

La Unión Europea no quiere demandantes de asilo dentro de sus fronteras

Durante el verano de 2015, cientos de miles de refugiados emprendieron, en grupos compactos, la mayoría de las veces a pie y en autobús, la llamada ruta de los Balcanes. Después de atravesar Turquía de este a oeste, estos migrantes (término empleado en el sentido genérico de personas que abandonan sus respectivos países huyendo de la guerra o de la miseria), mayoritariamente sirios, afganos, iraquíes, pakistaníes e iraníes, cruzaron el mar Egeo en lanchas neumáticas, poniendo en riesgo sus vidas, para alcanzar la Unión Europea.

Desde las islas griegas de Lesbos, de Quíos y de Kos, principalmente, embarcaron sin grandes problemas rumbo al continente. Acto seguido, su ruta les condujo a Europa central: desde Macedonia o Bulgaria la mayoría pasó por Serbia, después por Croacia y Eslovenia o Hungría antes de dirigirse a Austria y para llegar a su destino final, Alemania o Suecia.

Tal y como constatan numerosos periodistas y fotógrafos, este éxodo no tiene ya la misma magnitud en estos momentos. Más de un millón de personas accedieron el año pasado a territorio de la UE por vía marítima, sin contar con permiso residencia, según los datos que maneja la Organización Internacional de las Migraciones, frente a las casi 250.000 personas que lo hicieron en los siete primeros meses de 2016. El contexto ha cambiado: los migrantes ya no recurren a la ruta de los Balcanes; las fronteras, que se han ido cerrando una tras otra, han dejado atrapadas en los campamentos a las personas allí donde se detenían (más de 50.000 de ellas, en Grecia).

La curva de las llegadas comenzó a descender a finales de 2015. El pico registrado en octubre de 2015 –cuando llegaron a Grecia y a Italia 220.579 personas– responde a un aumento rápido en abril de 2015. El descenso se confirmaba a principios de 2016, según las cifras publicadas el 16 de junio por Eurostat, el número de los demandantes de asilo por primera vez cayó un 33% en el primer trimestre de 2016, si lo comparamos con el número de peticiones registrado en el cuarto trimestre de 2015 (de 426.000 a 287.1000).

Este verano, las llegadas por vía marítima todavía son elevadas (19.889 en junio, 24.167, entre el 1 y el 26 de julio, según la OIM), pero muy inferiores a las de hace un año (respectivamente 54.223 y 78.085 personas). La ruta migratoria ha cambiado; mientras que las entradas por el mar Egeo, entre Turquía y Grecia, retrocedían, aumentaba una zona de tránsito histórica, a través del mediterráneo central con salida de Libia y, más recientemente y en menor medida, desde Egipto. Los migrantes que han emprendido esta ruta en su mayoría proceden del Cuerno de África y de África del Oeste, mientras que los que atraviesan el mar Egeo vienen de Oriente Medio.

El número de fallecidos sigue siendo muy alto; en lo que va de 2016, más de 3.000 personas han perdido la vida. En 2015, fallecieron 3.673 personas y, en el año 2014, 3.279. El Aquarius, el barco fletado por SOS-Mediterráneo y Médicos sin Fronteras, recientemente recuperó los cuerpos de 22 migrantes ahogados en las costas de Libia. El 25 de julio, según publicó la agencia AFP, se hallaron 87 cadáveres en una playa de Sabrata, a 70 km al oeste de Trípoli.

¿Por qué llegan menos refugiados a Europa, sobre todo de Oriente Medio, aunque la guerra prosigue en Siria y en Irak y pese a que la inestabilidad sigue siendo la norma en Afganistán? El acuerdo político alcanzado entre la UE y Turquía el pasado 18 de marzo de 2016 supone un punto y aparte. En Bruselas, los diplomáticos que apoyan esta declaración consideran que la perspectiva de ser repatriados a Turquía basta para desalentar a los migrantes. Otros observadores justifican el descenso en las arribadas en el hecho de que el Estado turco, motivado por los 6.000 millones de euros prometidos por la UE, ha dado órdenes a sus policías para controlar las costas, cosa que no hacía –o poco– hasta ahora. Otros acusan a las redes de traficantes de estar reorganizándose, ya que la OIM ha constatado que está aumentando la llegada de migrantes a través de Bulgaria. A tenor de dichos datos, se plantea una única cuestión: ¿es legítimo que los Estados miembros de la UE inviten a los refugiados a quedarse en Turquía, en lugar de venir a Europa y presentar allí una petición de asilo?

Claro que los jefes de Estado europeos no se expresan en esos términos. Al contrario, la “eficacia”, a su entender, del “acuerdo” con Turquía, les ha llevado a hacerlo extensible a otros países. O al menos a reforzar sus vínculos con Estados de África y de Oriente Medio, incluso en las zonas menos recomendables.

Las reformas más recientes están dirigidas no sólo a empujar las fronteras de la UE hasta los países de salida, con el fin de detener a los migrantes lo más cerca posible de su lugar de origen. También tienen como finalidad situar fuera del territorio europeo las peticiones de asilo. O dicho de otro modo, a hacer que se ocupe un país tercero, para impedir a los migrantes que vengan con la esperanza de obtener el estatus de refugiado.

En una presentación realizada en el Parlamento Europeo el pasado 7 de junio de 2016, la Comisión Europea detalló los 16 países con los que va a aliarse y que son: Etiopía, Eritrea, Mali, Níger, Senegal, Somalia, Sudán, Gana, Costa de Marfil, Argelia, Marruecos, Túnez, Afganistán, Bangladesh y Pakistán. Frans Timmermans, vicepresidente primero de la Comisión, que hizo un llamamiento a “replantearse la manera en que la UE y sus Estados miembros unen sus fuerzas para cooperar con terceros países”, señaló que los socios que cooperaran en la lucha contra las “causas profundas” de la migración serían recompensados, mientras que los otros correrían el riesgo de tener que pagar la revisión de las ayudas de los Veintiocho.

“No hay garantías de que se respeten los derechos fundamentales”

A mediados de abril, cuando las llegadas de migrantes a las costas sicilianas eran masivas, el primer ministro italiano propuso un plan, al que se denominó “migration compact”, dirigido a frenar los “flujos” de personas procedentes de África. Se prometieron “inversiones estructurales” por un montante aproximad de 10.000 millones de euros.

Este pacto italiano para las migraciones gustó a la Comisión, por cuanto su línea de actuación se inscribía ya en el marco de los compromisos alcanzados en la cumbre de La Valetta de noviembre de 2015. En el transcurso de la reunión celebrada en Malta se presentaron los principios de unas medidas detalladas estas últimas semanas. Los países susceptibles de beneficiarse de un “fondo fiduciario de urgencia para África”, dotado de 1.800 millones de euros, serían: Sudán, Eritrea y Etiopía. El 7 de junio, la Comisión informó de que estas “inversiones” a largo plazo tendrían una dotación máxima de 62.000 millones de euros a largo plaza –de los 1.800 millones de euros acordados en La Valetta, sólo 82 millones se han materializado a día de hoy– destinados a “ayudar” a los países “ a controlar las migraciones” localmente, “a proporcionar asistencia humanitaria en destino”, “ a apoyar la integración económica” de los candidatos a dejar el país o a “luchar contra las redes mafiosas”.

Hace varios meses que las ONG denuncian el riesgo de que se negocie con regímenes autoritarios. En Sudán, contra cuyo presidente Omar al-Bachir la Corte Penal Internacional ha dictado una orden de detención, los demandantes de asilo pueden ser devueltos a su país de origen pese a estar amenazados de muerte; en Eritrea, cuyo Gobierno está en el punto de mira de una comisión de investigación de la ONU por haber cometido “crímenes contra la humanidad” desde 1991, se permite matar a las personas que huyen del país; en Etiopía, los opositores sufren duras represiones por parte del régimen hasta el punto de que las manifestaciones, sobre todo en la región de Oromia, suelen tener un final sangriento.

La situación es todavía más problemática por que estos países han comprendido la importancia que reviste la cuestión migratoria para la UE y el modo en que pueden sacarle provecho. De la misma manera que Turquía (y, antes, Libia) ha hecho de ello moneda de cambio para obtener compromisos en materia de obtención de visados o su integración en la UE, se muestran serviciales –aunque parece, según refugiados políticos residentes en Europa– que contribuyen ellos mismos a organizar las redes de traficantes. Aunque Bruselas asegure que las ayudas financieras sólo se otorgan a personas o a asociaciones que trabajan sobre el terreno, es difícil no tener dudas.

Además de este chantaje a la ayuda al desarrollo, la UE quiere multiplicar los acuerdos de devolución y de readmisión de ciudadanos, para que terceros países acepten a sus ciudadanos, incluso a migrantes que han atravesado su territorio. En una reunión celebrada en Bruselas el 23 de mayo de 2016 sobre los “aspectos exteriores de las migraciones”, se recordó que los acuerdos de readmisión ya alcanzados debían ser “de aplicación de facto” y que las negociaciones en curso debían “acelerarse”; el Consejo también se felicitó por la apertura de las negociones con Nigeria; en materia de devoluciones forzosas, presionó a países como Pakistán, Afganistán y Bangladesh, donde los problemas son constantes. Con Libia, donde los migrantes en tránsito son maltratados, se ha acordado formar a guardacostas para que las autoridades locales eviten las salidas de barcos con destino a Lampedusa. Por último, se cita a Irak como país con el que contar en este proceso.

En este conjunto de medidas, no sólo se contempla la inmigración irregular: las demandas de asilo también parecen peligrar. “La cooperación con los países de origen y de tránsito de los migrantes puede extenderse a la identificación de las personas que necesitan protección”, se recoge en las conclusiones del Consejo del 23 de mayo. Inquieta especialmente una observación plasmada en este documento oficial: el “acuerdo” UE-Turquía ha sido especialmente bien recibido por que “contribuye a disuadir a los migrantes y a los demandantes de asilo a la hora de llegar clandestinamente la UE”. Esta precisión, contraria a los principios de protección previstos en el derecho internacional, se presenta –con gran cinismo–como un avance para los propios refugiados, a los que se impide que arriesguen su vida en el mar.

En un comunicado conjunto, emitido por un centenar de ONG el pasado 27 de junio, se insta a la UE a rechazar el plan. “No se da ninguna garantía de que se respeten los derechos fundamentales [...] cuando la UE alcanza acuerdos con Gobiernos para detener la migración hacia Europa”, lamentan. “También existe un grave riesgo de contravenir el derecho internacional, que prohíbe la devolución de personas a países en donde pueden ser víctimas de violaciones”: Estas “estrategias de disuasión” son además “ineficaces”, añaden, porque sólo contribuyen a hacer la vida más difícil a los migrantes, que en modo alguno renuncian a emprender el viaje, sino que se adentran por caminos más peligrosos. Estas advertencias no han servido de nada: los jefes de Estado europeos avalaron el programa de la Comisión en el Consejo celebrado los días 28 y 29 de junio de 2016.

El 13 de julio de 2016 se dio un paso más con la presentación por parte de Bruselas de propuestas dirigidas a crear un régimen de asilo europeo: si bien el objetivo de armonización de los procedimientos es objeto de unanimidad, otras medidas que han pasado relativamente desapercibidas escandalizan a los actores del asilo: se ha destacado los conceptos de “demanda de asilo inadmisible”, de “demanda de asilo manifiestamente infundada” y de “países seguros”, sobre los que los Estados miembros se han apoyado para justificar su acuerdo con Turquía a la hora de devolver a dicho país también a demandantes de asilo. No se trata de una cuestión menor: tiene como finalidad impedir que las peticiones de asilo se estudien en Europa, pasando a analizarse en países fuera de la UE. En la práctica supone una “denegación de asilo”, tal y como denuncian la FIDH, la AEDH y EuroMed Droits.

En un informe reciente, estas organizaciones recuerdan que siete países son susceptibles de ser reconocidos como “seguros”, además de Turquía: Albania, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Kosovo, Montenegro y Serbia. Las consecuencias son potencialmente dramáticas: los ciudadanos de esos países que pidan asilo serían devueltos de forma más sencilla, lo mismo que todas aquellas personas que hayan transitado por esos territorios. De adoptarse, este proyecto se “institucionalizará(ría) en Europa una práctica consistente en que los Estados rechacen asumir plenamente sus responsabilidades para con los demandantes de asilo, violando sus obligaciones internacionales”, subrayan.

Paso a paso, se está construyendo una Europa de la inhospitalidad, dispuesta a negociar con las peores dictaduras para mantener lo más lejos posible de su territorio a personas que sólo buscan protección. O un futuro.

_________________

Renzi, Hollande y Merkel piden a los europeos que dejen de escuchar a los “populistas”

Renzi, Hollande y Merkel piden a los europeos que dejen de escuchar a los “populistas”

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Más sobre este tema
stats