El Gobierno de Turquía intensifica las purgas y los ataques indiscriminados

En la noche del 1 al 2 de septiembre, el Diario Oficial Turco publicaba una lista de más de 43.000 agentes del Estado expulsados por decreto de la función pública por sus supuestas vinculaciones con la organización del predicador Fethullah Gülen, a quien Ankara considera instigador del fallido golpe de Estado del 15 de julio. Estos sospechosos, contra los que no pesa sentencia judicial alguna, no podrán volver a ocupar un empleo público, se han visto obligados a dejar el alojamiento público que ocupaban (de ser el caso) y se han quedado sin pasaporte. Sin posibilidad de recurrir.

Nada que no se viera venir. Tras siete semanas de caza de brujas en el Ejército y en la Administración, que se ha saldado con 40.000 detenciones (más de 20.000 de las cuales han terminado en arresto provisional), unos 80.000 funcionarios –profesores, militares, magistrados, médicos...– han sido suspendidos y otros 7.000, destituidos. El golpe asestado a los que trabajan en la defensa de los derechos humanos no ha sido menor.

“Se habla de 43.000 personas, pero en realidad hay familias enteras afectadas por cada una de las exclusiones”, constata Emma Sinclair-Webb, investigadora de Human Rights Watch en Turquía. “Toda esta gente está condenada al paro, condenada a no poder encontrar un empleo en el ámbito de su especialidad; en resumen, se trata de una suerte de muerte civil. Y esto, con frecuencia, sin que existan pruebas decisivas o elementos pertinentes que no sea el de haber sido etiquetado de gülenista”.

La activista denuncia la enorme manga ancha que ha proporcionado a las Administraciones el estado de emergencia, decretado el 21 de julio por un periodo de tres meses y el paréntesis subsiguiente en que han quedado las cláusulas de la Convención Europea de los Derechos Humanos.

“En todas las Administraciones locales, ahora mismo hay gente sentada en su despacho elaborando listas negras”, se indigna. Además, subraya que en los decretos publicados en julio se contempla que el mero hecho de entrar “en contacto” con el movimiento religioso de Fethullah Gülen sea motivo de expulsión. “Es terrorífico. Pueden incluir a cualquiera en esas listas, a cualquiera que no les entre por el buen ojo. ¿Quién se lo impediría?”.

En Turquía, nadie cuestiona que el Gobierno luche contra los autores y cómplices de la tentativa golpista, que ha causado la muerte de al menos 240 personas y de un centenar de golpistas. Por lo demás, pocos ciudadanos dudan de la implicación de las redes gülenistas. Fethullah Gülen, residente en Estados Unidos desde 1999, dirige una “comunidad” de varios millones de turcos, que practica desde tres décadas una política de infiltración en las instituciones tucas, especialmente en la educación nacional, la Policía, la Justicia y el Ejército. Antaño aliado del presidente islamo-conservador Recep Tayyip Erdogan, el predicador respaldó a aquél en su ascenso al poder en 2002 después de neutralizar al Ejército y a las instituciones hostiles al islam político –sobre todo a través de macroprocesos por supuestos complots–. Mucho cambiarían después las cosas. La apertura a finales de 2013 de diferentes investigaciones por corrupción, centradas en personas del entorno de Erdogan, marcaron el comienzo de una lucha a muerte entre el líder religioso y el hombre de Estado.

Numerosos turcos se muestran inquietos por los criterios establecidos a la hora de determinar la culpabilidad de los sospechosos. La educación nacional se ha visto muy afectada por las purgas, con casi 43.000 funcionarios suspendidos –28.000 de ellos fueron depuestos de sus funciones la semana pasada– y un millar de escuelas privadas han sido cerradas. El sindicado de enseñantes Egitim-Sen, de izquierdas, sólo se ha visto tangencialmente afectado por la limpieza, con casi 200 suspendidos entre sus militantes. ¿Los motivos? Haber impartido clase en un instituto privado que llevaba el sello Gülen o haber invertido dinero en el banco inadecuado.

“Un miembro de mi sección se ha divorciado y su mujer le pidió que le efectuase el pago de la pensión en una cuenta del banco Bank Asya”, cuenta Görkem Dogan, responsable de Egitim-Sen en Estambul. La entidad bancaria Bank Asya, fundada en 1996, estaba en el punto de mira por supuesta financiación de la organización gülenista, y pasó a estar bajo control de una institución pública, los Fondos de Garantía de Depósitos de Ahorro, en la primavera de 2015; el pasado 18 de julio se suspendió su actividad. “Eso ha sido suficiente para justificar la suspensión. Lo mismo le ha sucedido a uno de nuestros profesores, que acababa de casarse y que tuvo la pésima idea de alquilar una caja fuerte en el Bank Asya para guardar las piezas de oro recibidas como regalo de nupcias. Simplemente, se trataba del establecimiento más próximo a su domicilio”.

Por su parte, el diario Hürriyet, de gran tirada, en un artículo publicado el pasado 22 de agosto, alude a la apertura de una investigación a todos los propietarios de coches cuyas matrícula comienzan por las siglas del predicador FG. La prensa también se ha hecho eco de los procesos abiertos contra personalidades a priori poco susceptibles de participar activamente en el golpe de Estado, como el futbolista hakan Şükür y el humorista Atalay Demirci.

Estas actuaciones pone de manifiesto la dificultad que tienen las autoridades turcas a la hora de diferenciar a los miembros de la organización golpista –según Ankara supuestamente alentada por Fethullah Gülen y que denomina con el acrónimo Fetö– y, por otro lado, a los simples fieles del grupo religioso gülenista, la cemaat (comunidad), las personas que han sido empleadas por una empresa gülenista o las que han promocionado el proyecto político de buena fe.

Medios de comunicación

Los medios de comunicación sufren especialmente las consecuencias de esta represión indiscriminada. Las organizaciones en defensa de la libertad de expresan calculan que 74 periodistas han sido arrestado desde el 15 de julio, en su mayoría por las tareas que realizan en medios de comunicaciones considerados gülenistas.

Las autoridades turcas también presentan una tendencia cada vez más acusada de echar mano de sus poderes cada vez mayores para reprimir a personas que no tienen vinculación alguna con el golpe de Estado. Más de 40 profesores universitarios, firmantes de una petición que reclama el fin de los combates contra los rebeldes kurdos en el sudeste de Turquía, forman parte de la lista de revocados publicado el 2 de septiembre. Una gota de agua en el océano de los 2.346 funcionarios de la enseñanza superior que han corrido la misma suerte. Pero para Görkem Dogan no hay duda de que se trata del “primer paso en una ofensiva contra el movimiento kurdo”. El primer ministro Binali Yıldırım también anunció el domingo la suspensión de 14.000 profesores adicionales por su supuesta connivencia con la rebelión kurda.

Dos semanas antes, policías enmascarados y armados con fusiles de asalto sitiaron la redacción del diario prokurdo Özgür Gündem, cerrado por decisión judicial por hacer propaganda en favor de una organización terrorista, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Detuvieron, sin contemplaciones, a 24 periodistas.

“Nos golpearon en el momento del arresto; un agente me asestó un golpe en la espalda con un objeto de metal y sentí un dolor terrible”, explica Gülfem Karataş, periodista de la cadena IMC-TV, detenida en la redada. “Nos esposaron las manos a la espalda y nos retuvieron en el vehículo durante siete horas para acusarnos de traidores, de semilla de armenio, de semiente de judío, de terroristas”, dice la mujer, liberada junto a 21 de sus colegas después de permanecer dos días retenida.

La novelista Alis Erdogan, cuyas obras han sido traducidas a una quincena de obras, miembro honorario de la dirección del Özgür Gündem –función simbólica dirigida a apoyar públicamente al diario y a reivindicar la libertad de prensa– fue detenida en su domicilio y permaneció en arresto provisional. Está acusada de pertenencia al PKK, de propaganda y de actos de “provocación del pueblo” en beneficio de la organización rebelde kurda, lo mismo que la lingüista Necmiye Alpay, encarcelada el 31 de agosto pese a su edad (70 años).

Aslı Erdogan, en un artículo publicado el 24 de agosto en el diario de la oposición Cumhuriyet, describe las difíciles condiciones de la detención: “No me golpearon, pero no me dieron agua, que es mi necesidad más básica. [...] Mi páncreas y mi sistema urinario no funcionan pero no me dan medicamentes desde hace cinco días [...] Se orina en el colchón. No me sacan de la celda para tomar el aire”. Sus acusaciones han sido desmentidas por las autoridades penitenciarias, que mantienen que todas las necesidades de la prisionera estaban cubiertas.

Eren Keskin, ardiente defensora turca de los derechos humanos desde hace tres décadas, detenida por los mismos motivos impidiéndole dejar el país y sometida a control judicial, está convencida: estos procesos van dirigidos en contra de personalidades públicas respetadas y sin conexión profunda con el movimiento kurdo “son un mensaje dirigido a los otros intelectuales turcos”. “El objetivo es impedir las manifestaciones pacifistas y los gestos de solidaridad” para con la minoría turca, dice.

Los numerosos críticas sobre las purgas en curso y la movilización internacional a favor de Aslı Erdogan no parecen hacer mella en el presidente turco, que el 1 de septiembre respondió a sus detractores, con motivo de la recepción que marcaba el curso del año judicial. “No hemos dado órdenes a las fuerzas de seguridad de disparar sobre todos los golpistas. Dijimos: 'atrapadlos y sentadlos ante la justicia'”. Entonces, ¿por qué nos mira así el planeta? Les atrapamos y los llevamos ante la justicia y, mientras, decís 'observamos con inquietud'. ¿Acaso no es una grosería contra este pueblo?”.

En la misma jornada, Recep Tayyip Erdogan instó a acelerar el proceso”, de limpieza de la Administración. La dimisión, la víspera, del ministro del Interior, Efkan Ala, considerado demasiado blando por el presidente, fue recibida como la señal de que se anticiparían las purgas. La publicación reciente de un decreto que permite la liberación anticipada de unos 38.000 condenados por el derecho común, liberados para hacer sitio, hace también presagiar que se encarcelarán a muchos objetivos de las purgas, tengan o no tengan vinculación con Gülen.

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___________Traducción: Mariola Moreno

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