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Un caso de pedofilia en Argentina salpica al papa Francisco

El papa Francisco en una imagen reciente en las instalaciones del Vaticano.

Oficialmente, defienden la “tolerancia cero”. En plena tormenta a raíz de las revelaciones sobre los casos de pedofilia que afectan sobre todo al clero francés, el Vaticano reitera insistentemente su intransigencia al respecto. Sin embargo, según una investigación conjunta llevada a cabo por Mediapart, socio editorial de infoLibre, y Cash Investigation, varios altos responsables de la Iglesia católica encubrieron a sabiendas o defendieron a sacerdotes acusados de pedofilia. Y algunos de estos hechos afectan directamente al Vaticano.

Es el caso de la actitud del jefe de la Iglesia católica, el papa Francisco. Cuando era arzobispo de Buenos Aires y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, el cardenal –que se convertiría en el primer papa suramericano en marzo de 2013– participó activamente en una operación de lobbyinglobbying destinada a defender a un conocido sacerdote de su país, el padre Grassi, que finalmente resultaría condenado en 2009 a 15 años de cárcel por la agresión de dos niños.

Esta decisión judicial tuvo repercusión en todo el país porque Julio Grassi fue durante mucho tiempo una verdadera estrella en su país natal. Un cura a la vez moderno, mediático y muy influyente. Con el paso de los años, sus relaciones con las más altas esferas políticas, económicas y culturales hicieron de él alguien imprescindible en Argentina. Hábil comunicador, el padre Grassi, metido en su sotana de cura bondadoso, hizo entonces las delicias de los talents shows de la televisión nacional, llegó a dirigir su propia emisión de radio y apadrinó misiones benéficas con el sueño de encarnar en su persona esta Iglesia llena de virtudes.

En 2002, después de varias denuncias que habían sido cortadas de raíz, el conocido programa de investigación Telenoche Investiga terminó por hacer públicas las prácticas inconfesables de este religioso modelo. Y Julio Grassi fue imputado por haber agredido a menores de la fundación Felices Los Niños, que fundó en 1993.

En el centro del reportaje, el testimonio de Gabriel, violado a los 15 años, provoca el mayor escándalo de pedofilia de la Iglesia en Argentina. A día de hoy, el joven vive todavía recluido a las afueras de Buenos Aires por miedo a las represalias: “Recibí amenazas, hay pruebas”, denuncia en una entrevista concedida a Cash Investigation. “Han entrado en mi casa por la fuerza, rompieron la puerta. Me robaron mis objetos personales pero también documentos que habrían podido servirme durante el juicio Grassi. Al final, la Justicia ha tenido que actuar por mi seguridad: formo parte de un programa de protección de testigos antes del juicio”.

La virulencia del combate judicial también marcó profundamente a Gabriel. Desde el comienzo del caso, Julio Grassi contrató a los mejores abogados, más de 20 en total, que adoptaron una defensa especialmente agresiva. Frente a las víctimas, el famoso cura también pudo contar con el apoyo inquebrantable de su jerarquía. “La actitud del papa desde 2002, cuando era cardenal hasta hoy, ha favorecido la impunidad de Grassi”, acusa Juan Pablo Gallego, abogado de las víctimas. “Si Bergoglio estuviera de acuerdo con la doctrina de la Iglesia, ya con Benedicto XVI, hace mucho tiempo ya que Grassi habría sido apartado, reducido al estado laico y ya no podría formar parte de la Iglesia católica”.

Hay algo peor que esta pasividad culpable: en 2010, después de la primera condena del conocido sacerdote, la Iglesia argentina encargó una contra- investigación con el fin de exculpar al prelado. El documento titulado “Estudios sobre el caso Grassi” lo redactó Marcelo Sancinetti, jurista de renombre y profesor de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires, por encargo de la Conferencia Episcopal Argentina entonces presidida por... el cardenal Bergoglio, el actual papa Francisco. Se trata de un documento de 2.600 páginas dirigido a demostrar que los denunciantes mintieron y en el que incluso se cuestiona la orientación sexual de las víctimas. En concreto, por ejemplo, un capítulo entero de la contra-investigación tiene como fin poner de relieve “elementos irrefutables” de la vida de uno de los denunciantes para poner en duda su heterosexualidad. La demostración lleva a una conclusión incuestionable: la Justicia se ha equivocado, hay que exculpar a Julio Grassi en la fase de apelación.

La prensa argentina ya ha hablado de la existencia de este estudio. Sin embargo, lo que no se sabe es que lejos de ser un simple documento interno, el documento Estudios sobre el caso Grassi se empleó para hacer lobby a los jueces encargados del caso a raíz de la apelación. El estudio se editó en tres ocasiones, en 2010, en 2011 y en 2013, fechas correspondientes a las diferentes apelaciones del cura pedófilo ante las jurisdicciones nacionales.

Las confesiones del juez

El juez Carlos Mahiques, que se ocupó del caso Grassi, fue el destinatario del documento. Por primera vez, habla de este episodio ante las cámaras de Cash Investigation: “Es un análisis judicial parcial en algunos casos y muy parcial en otros. Es claramente a favor del padre Grassi”, describe este magistrado prestigioso y actualmente juez en el Tribunal de Casación, tras ser ministro de Justicia, durante un corto periodo, en la provincia de Buenos Aires en 2016. El juez confirma no haber leído el documento “sólo después de haber hecha pública la sentencia” para no verse influido en su decisión. Pero la intención era precisamente ésa. “Lo que quisieron hacer era ejercer presión de forma sutil sobre los jueces”, opina.

¿Está el papa Francisco detrás de esos envío? En caso contrario, ¿podía ignorar que el documento que encargó tenía como objetivo influir a los jueces? Estas cuestiones siguen en suspenso. Pese a las decenas de solicitudes de entrevista cursadas durante ocho meses, el Vaticano no ha respondido a nuestras demandas. Silencio insoportable para las víctimas: “Recuerdo la frase que repetía el padre Grassi en el juicio: ‘Bergoglio nunca me dejó caer’. Hoy Bergoglio se ha convertido en el papa Francisco. Nunca ha desmentido las palabras de Grassi”, denuncia Gabriel.

Y después se produjo ese encuentro de septiembre de 2013, en vísperas de la revisión del caso ante el Tribunal Supremo de Buenos Aires, el nuevo papa flamante invitó a Roma al presidente de esta jurisdicción, Héctor Negri. Este último –que no ha respondido a nuestras llamadas– juró en aquel momento que esta visita, “únicamente por razones espirituales”, no tenía ninguna relación con el caso de la antigua estrella del clero argentino.

El caso Grassi es emblemático por los puntos turbios que rodean a la posición del papa Francisco en estos casos. Desde su elección, el soberano pontífice ha multiplicado las comisiones y las declaraciones contundentes en lo que a la lucha contra la pedofilia se refiere. No sin ambigüedades. En febrero de 2016, en un avión que le llevaba de México a Roma, en pleno caso Barbarin, dijo que “un obispo que cambia de parroquia a un cura que sabe que es pedófilo es un inconsciente y lo mejor que puede hacer es presentar su dimisión”.

En julio, emite un nuevo motu proprio (decreto pontifical) y anuncia la creación de un tribunal para juzgar a los obispos. Ahora los prelados pueden ser revocados en caso de negligencia por abusos sexuales cometidos en su diócesis. Pero las asociaciones de víctimas denuncian que estos anuncios, aunque bienvenidos, son insuficientes. “Durante estas décadas de crisis, se han multiplicado las comisiones, los procedimientos, los protocolos y las promesas. No obstante, carecen de significación”, recordó en 2015 la SNAP, la asociación norteamericana de víctimas de curas.

En febrero de 2016, un primer obstáculo pone en peligro la comunicación del papa Francisco. Peter Saunders, una de las dos únicas víctimas de la comisión pontifical para la protección de los menores, queda apartado, “causa baja” de la estructura, creada por el papa Francisco. En las columnas de Los Angeles Times, el fundador de la asociación británica de víctimas Napac dijo, manifiestamente decepcionado: “Me han dicho que Roma no se hizo en una hora, pero el problema es que sólo se necesitan unos segundos para violar a un niño”.

Peter Saunders señala con el dedo la permisividad de Roma para con dos obispos: el tesorero del Vaticano y cardenal de Sydney, monseñor George Pell, él mismo encausado por pedofilia en Australia, y el chileno monseñor Juan de la Cruz Barros, acusado de haber tapado abusos sexuales en su país. En mayo de 2015, en un viaje a Chile, el papa Francisco dio su apoyo a monseñor Barros. “Piensen con la cabeza y no se dejen llevar por los vientos izquierdistas que han orquestado todo esto”, decía entonces. Un año después, en mayo de 2016, el Santo Padre explicaba en una entrevista al diario La Croix que la dimisión del cardenal Barbarin, entonces encausado por “no denunciar” sería “un contrasentido”. Esas palabras provocarán la amargura de la asociación lionesa de víctimas La Parole libérée, que espera aún ser recibida por el pontífice soberano.

Peter Saunders ha aceptado responder a nuestras preguntas. Dos años después de su nombramiento para formar parte de la comisión del papa Francisco, el hombre esta amargado. “Cuando me invitaron a formar parte de la comisión, creí que la Iglesia era seria en lo que a la protección de los niños se refiere y que iba a cambiar rápidamente. Me equivoqué”, explica. “Una comisión formada por personas del mundo entero que se reúne sólo dos veces al año no es tomarse las cosas en serio”, añade. Para esta víctima, “la protección de los altos dignatarios religiosos parece ser la prioridad”.

En marzo de 2017, un nuevo contratiempo se produce en el Vaticano. La última víctima representada en la comisión pontificia para la protección de los menores, la irlandesa Marie Collins, decide marcharse también. Para esta víctima de un cura pedófilo, en la adolescencia, supuestamente hay “falta de cooperación” por parte la curia romana y sobre todo de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que debe velar por las costumbres del Vaticano y encargada de sancionar a los curas pedófilos del mundo entero. En el punto de mira, el prefecto de la CDF, el cardenal Gerhard Müller, cada vez más criticado en los pasillos del Vaticano.

Incluso dentro de la Iglesia, se critica la falta de cooperación de la CDF. “He preguntado cuántos casos han tenido, cuántos han condenado y a qué diócesis correspondían... me han dicho que tenían las estadísticas, pero no han querido dármelas”, reconoce un responsable de la protección de la infancia entrevistado en el Vaticano. “Seguro que tienen una cierta cultura del secreto en los procesos judiciales, sean cuales sean”, afirma monseñor Hërouard, director del seminario francés de Roma. “En el folleto ‘luchar contra la pedofilia” de 2010, quise poner algunas cifras y tuve muchos problemas para reunirlos”, recuerda el que fue secretario general de la Conferencia de los Obispos de Francia de 2007 a 2014.

En las columnas del semanario americano National Catholic Reporter, Marie Collins lamentaba que se abandonase la idea de formar un tribunal interno en la CDF para juzgar a los obispos negligentes en materia de pedofilia en la Iglesia. “Era un proyecto, dice usted, ¿sólo un proyecto?”, se pregunta la irlandesa en esta tribuna que dirige al prefecto de la CDF al tiempo que recuerda que el papa había pedido “una nueva sección judicial” y “un secretario para asistir al prefecto en este tribunal”. Cuatro años después de su elección, las promesas del papa Francisco en lo que a la lucha contra la pedofilia se refiere chocan aún contra los muros más resistentes del Vaticano.

  La investigación, llevada a cabo a lo largo de un año, sobre los abusos sexuales en la Iglesia católica de Francia es obra del colectivo de periodistas independientes We Report, que efectúa investifaciones y reportajes de largo formato y multimedia. Además, este trabajo se publica en forma de libro, que lleva por título Église, la mécanique du silence [Iglesia, la mecánica del silencio], a la venta desde el 22 de marzo. Un colaborador habitual de Mediapart, Antton Rouget, ha participado en el proyecto investigando sobre los abusos en África y en Argentina. Los periodistas también han participado en el programa Cash InvestigationPédophilie : la loi du silence [Pedofilia, la ley del silencio], emitido en France 2 este 21 de marzo.

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Traducción: Mariola Moreno

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