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Luces Rojas

¿Qué hacemos con la formación?

¿Qué hacemos con la formación?

Y. Ponce / M. Rigby

El modelo español de formación para el empleo nació hace casi 20 años y es el resultado de sucesivos pactos entre los agentes sociales y la Administración del Estado. Consta de tres iniciativas principales: la formación de desempleados, planificada por las Comunidades Autónomas e impartida, en su mayoría, a través de centros privados; la formación de oferta para ocupados, que se planifica e imparte con la colaboración de los agentes sociales y las organizaciones representativas de autónomos y de economía social; y la formación “bonificada”, que es la que realizan las empresas.

Ha obtenido algunos buenos resultados, como un crecimiento nada desdeñable en el número de alumnos y empresas que realizan acciones formativas, una alta presencia de mujeres, inmigrantes y trabajadores de baja cualificación en los cursos de oferta y la creación de un notable consenso entre empresarios y sindicatos en torno a la importancia de la cualificación profesional, plasmado no solo en los cuatro acuerdos bipartitos y tripartitos que se han ido suscribiendo durante el periodo, sino también en pactos sectoriales y de empresa.

Con todo, la gravedad del momento y los propios límites cualitativos del modelo, referidos principalmente a la calidad y el reconocimiento de las acciones formativas que se realizan, hacen necesario revisarlo. Es un debate urgente, ya que el actual gobierno ha emprendido medidas y esbozado propuestas que pueden resultar claramente regresivas.

¿Qué cambios habría que acometer? Defendemos que un modelo de formación para el empleo eficaz debe cumplir al menos dos funciones: proporcionar a los trabajadores/as los conocimientos y habilidades requeridos por la economía; y contribuir a la creación de una sociedad más justa, promoviendo la cohesión y la movilidad social.

Con respecto a la primera, varios estudios indican que hay una relación positiva, por una parte, entre el crecimiento económico y la formación del capital humano y, por otra, entre el desarrollo de habilidades y la innovación en la empresa. Pero estas relaciones no son automáticas. No es cuestión simplemente de dejar actuar al mercado, de proporcionar a empresas e individuos recursos para formación y suponer que los van a invertir de forma que den lugar al cumplimiento de metas económicas y mejoras productivas.

Para maximizar la contribución económica de los procesos de cualificación, es imprescindible tener una visión clara del modelo económico / industrial perseguido por el país y del papel de los conocimientos y competencias para alcanzarlo. En el caso español, el modelo de desarrollo de los últimos veinte años se ha agotado, dejando una herencia nefasta, pero no se ha impulsado uno nuevo, con la excepción de una fe ciega en la desregulación y la privatización.

La experiencia muestra que en los países en los que la formación ha tenido un papel importante en el cambio de estrategias industriales ha sido necesaria una intervención gubernamental significativa. Así, por ejemplo, el desarrollo de uno de los modelos más competitivos del mundo, el de Singapur, basado en servicios de alta calidad, nació de una fuerte inversión pública en formación, pero formación ligada a un proyecto económico. Otro tanto ha sucedido en el desarrollo de la economía del conocimiento en los Estados Unidos. No surgió espontáneamente del mercado o de empresas individuales, sino que creció a partir de la intervención y promoción gubernamental.

También es preciso, cualquiera que sea el proyecto económico de país, que el modelo de formación sea capaz de dar respuestas rápidas y de calidad a las demandas de cualificación sectorial, lo que, hasta ahora, en España no ha sucedido. De hecho, hay un exceso de formación transversal y generalista.

No es difícil explicarlo: las necesidades sectoriales son más complicadas de identificar y más costosas de satisfacer (precisan instalaciones y equipos específicos, profesorado especializado, etc.). Una vía para cubrirlas, ya explorada por otros países, sería impulsar organismos bipartitos sectoriales, dotados de profesionales con experiencia y recursos adecuados, que dirijan el reparto de la cuota de formación de su sector y aseguren su inversión en cursos prioritarios, teniendo en cuenta la innovación requerida y las deficiencias de cualificación existentes.

Con respecto a la segunda función, impulsar la cohesión social, la mayoría de los expertos coincide en que, en Europa, los nuevos empleos se crearán en áreas que requieren un alto nivel de cualificación, habilidad y conocimiento. Por eso es importante no olvidar a las personas poco cualificadas (que alcanzan en España el 42% de la población adulta, según la OCDE) y poner énfasis en su inclusión y la movilidad social.

Hay varios elementos que pueden contribuir a lograrlo –un reparto más equitativo de la riqueza, el mantenimiento de una renta básica razonable, la protección del estado del bienestar…– pero uno de ellos es proporcionar oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida que faciliten el desarrollo profesional.

El sistema actual no ha logrado que las pymes y micropymes accedan a cursos de calidad. Con escasa cultura formativa y sin medios para realizar la detección de necesidades de aprendizaje, sus decisiones están muy condicionadas por la cartera de cursos que les ofrecen las entidades organizadoras, en su mayoría compañías privadas de formación y consultoría que tratan de maximizar beneficios realizando cursos muy generales y transversales en la modalidad llamada “a distancia”, esto es, enviando un libro o un CD al alumno y poniendo a su disposición un número de teléfono.

Tampoco es infrecuente encontrar promociones en las que a cambio de que la pyme apunte a sus empleados a determinados cursos, se ofrecen regalos, desde equipos informáticos a vajillas de porcelana. Al aumentar año tras año los fondos para bonificaciones, el Gobierno está impulsando el papel de las organizadoras, con un efecto negativo para el desarrollo profesional del conjunto de los trabajadores. En vez de eso, debería impulsar el uso intensivo de la red pública de centros de formación profesional y tomar medidas (permisos retribuidos, apoyo económico, etc.) para hacer compatible la formación y el empleo, en especial para los segmentos de trabajadores con bajos niveles educativos.

Los casos de corrupción en la Comunidad de Madrid han puesto la formación para el empleo en la agenda política. El presidente Rajoy anunció recientemente una reforma basada en la transparencia, la evaluación permanente y la concurrencia competitiva; puesto que no existen, al menos en Europa, reformas que persigan explícitamente la opacidad y la ausencia de evaluación, debemos concluir que lo distintivo del modelo de formación que impulsa el Gobierno es la concurrencia competitiva.

Sin embargo, la concurrencia competitiva es sólo un mecanismo de asignación de fondos y, en consecuencia, no cabe esperar que mejore la calidad ni la idoneidad de los cursos. Por el contrario, en las convocatorias de oferta ha tenido algunos efectos perversos, como el incremento artificial de la duración de las acciones formativas para rebajar el coste hora/alumno, el recorte en las remuneraciones de los profesores, que se ven obligados a firmar contratos mercantiles con retribuciones ridículas y, sobre todo, la imposibilidad de impartir cursos especializados o innovadores porque resultan demasiado caros.

Tampoco el cheque o bono formación, que aparecía en el programa electoral del Partido Popular, constituye un sistema de cualificación. Aunque hay muchas modalidades de cheque, la más habitual es la que asigna a personas que cumplen determinados requisitos (desempleados de larga duración, mujeres de baja cualificación, minorías étnicas...), una cantidad de dinero para que adquieran servicios formativos a proveedores homologados. Persigue aumentar la capacidad de intervención de los individuos en las decisiones sobre su propia cualificación o, dicho de otro modo, sustituir una formación “institucionalmente orientada”, por una formación “individualmente orientada”.

Es cuestionable que este diseño sea el mejor para detectar y satisfacer necesidades sectoriales. Las evaluaciones realizadas demuestran que, en ausencia de medidas correctoras, favorece de manera desproporcionada a las personas más cualificadas y a los trabajadores de grandes empresas; por lo tanto, excluye a aquellos grupos de atención prioritaria para lograr la cohesión social.

En definitiva, creemos que el Gobierno confunde los mecanismos de financiación (cheque, concurrencia…) con los objetivos del subsistema de formación para el empleo debido, en parte, a que no tiene un modelo de desarrollo económico del que hacer colgar las políticas de cualificación y en parte, a que no entiende la formación como un derecho sino como un mercado. Su énfasis en la concurrencia y la individualización agrava las tensiones entre el sistema de formación y las necesidades económicas del país y al mismo tiempo contribuirá a la exclusión social de un número mayor de trabajadores poco cualificados.

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Yolanda Ponce es coordinadora de Asistencia Técnica de CCOO en la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

Mike Rigby

es coordinador de International Employment Relations en London South bank University.

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