Hay que barrer a los alcaldes xenófobos

Qué alegría que en España no haya prosperado ninguna opción política xenófoba y enviemos a Europa diputados de partidos de todos los pelajes, incluso peludamente corruptos, pero ninguno vinculado a nuevos amaneceres o demás delirios raciales de los que tienen que avergonzarse países como Francia, Dinamarca, Finlandia o Austria. Más o menos esta es la creencia popular y mediática. Pero algunos de nuestros partidos de orden y misa diaria que no se quieren retratar en Europa con sus colegas xenófobos, curiosamente todos ellos escorados a la derecha, amparan, justifican y defienden a cargos institucionales que promueven el odio racial con sus declaraciones y desarrollan políticas repugnantes pisoteando derechos que debería tener cualquier persona independientemente de su lugar de nacimiento, religión o color de piel según la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

“Los inmigrantes viven principalmente de las ayudas sociales y no tienen ningún interés en trabajar o integrarse”. (Javier Maroto, alcalde de Vitoria, Partido Popular, julio de 2014). “¿Por qué han venido [los inmigrantes] a Sestao? Porque no les quiere nadie. Y la mierda a Sestao. Pues no. La mierda ya no viene a Sestao. La echo yo. Y ya me encargo yo de que se vayan a base de hostias, claro" (Frase pronunciada por Josu Bergara, alcalde de Sestao, PNV, junio 2013) “La inmigración es un problema porque hay más de la que debiera haber…..es un problema para quien ve que a su bloque de viviendas han empezado a llegar inmigrantes y el valor de su piso ha caído” (Durán y Lleida, Portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, febrero 2010).

Son sólo algunos ejemplos de las barbaridades racistas que han dicho en los últimos años responsables de partidos políticos que en teoría no son xenófobos. El disputado primer premio a la bestialidad xenófoba se lo tiene que llevar el actual alcalde de Badalona, Xavier García Albiol del Partido Popular, el primer dirigente político juzgado en España por incitación al odio y a la discriminación racial e injurias colectivas. El alcalde, que sigue en su puesto gracias al apoyo y a la permisividad de CiU con el racismo, entendía al colectivo rumano como una plaga a la que había que eliminar y no se cortó un pelo en la última campaña electoral imprimiendo publicidad electoral, que pagamos todos, en la que se relacionaba explícitamente a un colectivo, en este caso los rumanos, con la delincuencia.

Como ven, el peligro de la xenofobia en nuestro país no viene del crecimiento e implantación de plataformas independientes como la del ínclito Anglada, que consiguió en Cataluña 67.000 votos y 67 concejales en las últimas elecciones municipales, o la que agrupa a varios partidos onubenses y encabeza el alcalde de Bollullos del Condado y que sitúan en el primer plano de su agenda la regulación de la inmigración y las medidas que discriminan a los inmigrantes respecto a los locales. El problema proviene de las fuerzas tradicionales de la derecha, especialmente del Partido Popular, que ha dedicado buena parte de su legislatura a despojar miserablemente de su condición humana al colectivo que más ha sufrido los efectos de la crisis económica, los inmigrantes.

Este verano ha continuado la política de guerra que lleva desarrollando el gobierno del Partido Popular contra la inmigración toda la legislatura. Durante el último año, se les ha matado, se les ha disparado, se les ha apaleado, se les ha rociado con extintores como si fueran un incendio, se les ha expulsado en caliente, se les ha expulsado en frío, se les ha detenido ilegalmente, se les ha retirado las tarjetas sanitarias, se les ha restringido el derecho a empadronarse, se les ha internado en cárceles perversas que llamamos centros de internamiento de extranjeros. Y el alcalde popular de Vitoria tratando como parásitos a los inmigrantes que sobreviven en su ciudad.

El ataque que está perpetrando el Partido Popular contra la inclusividad de nuestra democracia está siendo demoledor. En la encuesta de expertos que se realiza anualmente en el Informe sobre la Democracia en España de 2014, elaborado por la Fundación Alternativas, se recoge el grave empeoramiento de este indicador que mide la capacidad que tiene una democracia de incluir a todos los ciudadanos y garantizarles el disfrute de todos sus derechos sin ningún tipo de discriminación. Por primera vez en los últimos años, los expertos alertan de la existencia de este punto negro en el funcionamiento de la democracia, reflejando la limitación de los derechos de los inmigrantes que residen en suelo español y el desarrollo de todo un arsenal de medidas de orden público para impedir la entrada en suelo español de inmigrantes de otros países, llegando incluso a utilizar las fuerzas antidisturbios en la frontera marítima provocando la muerte de 15 inmigrantes el pasado febrero.

Amnistía Internacional denunció este año en un informe la barbaridad que suponía la derogación del derecho universal a recibir una atención sanitaria pública de forma gratuita. Dicha medida, según el informe, había puesto en peligro la salud de 800.000 inmigrantes que viven en nuestro territorio. Por otro lado, este mismo verano y tras el repunte de la llegada de pateras a nuestras costas, Human Right Watch pedía a las autoridades españolas que llevaran a cabo una investigación sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de la Guardia Civil y que se hiciera todo lo posible para llevar a los responsables ante la justicia. La misma organización hacía un llamamiento al Gobierno español para que detuviera las deportaciones sumarias a Marruecos y se abstuviera de expulsiones forzosas hasta que Marruecos cumpliera con los estándares internacionales de trato humanitario. “El derecho de España de proteger sus fronteras no le da carta blanca para abusar de los migrantes”, decía Benjamin Ward, subdirector de Europa y Asia Central de Human Rights Watch.

Tolerancia cero ante la corrupción, tolerancia cero ante el machismo y por supuesto tolerancia cero ante la xenofobia. Una buena democracia debería tener un suelo ético a compartir por todas las formaciones políticas decentes. Pero aquí solo nos hemos preocupado del suelo ético de la condena a la violencia terrorista. La Ley de Partidos pide a gritos una reforma que refleje en mayor medida que la actual los valores que no podemos tolerar que se cuelen en nuestras instituciones. Si la ley no ayuda a barrer de las instituciones a representantes impresentables, tampoco podemos esperar que las direcciones nacionales de los partidos echen a patadas a los alcaldes corruptos, machistas o xenófobos que ganan elecciones en sus feudos locales. Por eso es importante que el “parlamento de concejales” que actualmente da forma a nuestros ayuntamientos pueda deshacerse de alcaldes miserables. Otro argumento más contra el refuerzo de la lista más votada con el que el PP pretende mitigar la falta de amigos/socios que se ha ganado durante los últimos años. Si el Partido Popular sigue adelante con sus planes de elección directa de los alcaldes, los alcaldes xenófobos, como los machistas, como los corruptos, no podrán ser expulsados de ningún ayuntamiento aunque haya un acuerdo de mínimos éticos entre el resto de partidos que en conjunto representan a la mayoría de los ciudadanos.

Occidente y el resto

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Braulio Gómez es investigador en ciencia política en la Universidad de Deusto. Es autor del libro O controlo político dos procesos constituientes (Impresa de Ciencias Sociais, 2010), coautor de La calidad de la democracia en España (Ariel, 2011) y de La encuesta deliberativa (CIS, 2009). Es el director del Regional Manifestos Project.