Lo primero a combatir… ahora que ya tenemos Gobierno

Junto con la noticia de que, después de más de 300 días, ya tenemos gobierno en España, estas semanas han aparecido algunas otras de gran importancia sobre la situación en que se halla nuestro país. Una situación que exige actuaciones urgentes y en una determinada dirección si se quieren combatir algunos de los males que nos aquejan como sociedad. La precariedad en el empleo, los bajos salarios y el riesgo en las pensiones son, sin ninguna duda, tres de los más acuciantes.

La Encuesta de Población Activa del tercer trimestre del año nos dejaba la buena noticia de que ha subido el empleo y ha bajado hasta el 18,91% la tasa de paro. Pero también volvía a mostrarnos de qué forma tan potente se ha arraigado la precariedad laboral en nuestro mercado de trabajo. En los últimos tres meses, los asalariados con contrato fijo han bajado en más de 29.000 y, sin embargo, los asalariados con contratos temporales han crecido en casi 246.000, lo que significa que todo el empleo creado este verano ha sido de carácter temporal y, por ello, condenado a morir en cuanto acabe la temporada turística. Nuestra tasa de temporalidad ha vuelto a subir, situándose ahora en un 26,95%, cada vez más lejos de la tasa del 14,3% de media de los países de la Unión Europea. Precariedad, por tanto, se llama el primer problema de nuestro país.

La Encuesta de Estructura Salarial de 2014 nos dejaba también algún dato positivo. El salario bruto medio anual ha subido el último año un 0,7%. Pero el salario más frecuente en nuestro país es de 16.490 euros al año, es decir, en torno a 1.375 euros mensuales. Cantidad que es, además, una media, porque hay miles de trabajadores en nuestro país que están muy por debajo de esas ganancias. Los trabajadores de los sectores en boga, como la hostelería, cobran 14.225 euros al año; y aquellos de trabajos de baja cualificación 12.828 euros anuales. En ambos casos, el salario se ha reducido notablemente desde el año 2010. Algo semejante sucede con los trabajadores temporales, cuyo salario es un 31,4% inferior al salario medio y, desde 2010, se ha rebajado en un 6,1%. Precariedad y pobreza laboral van, así pues, de la mano.

En el ranking europeo, España es, por lo demás, un país de bajos salarios. Según datos de Eurostat , relativos al segundo semestre de 2016, en España el salario mínimo se sitúa en 764,40 euros mensuales, muy por debajo de los salarios mínimos que se pagan en Alemania (1.440 euros mensuales), Francia (1.466 euros mensuales), Reino Unido (1.343 euros mensuales) o Bélgica (1.531 euros mensuales), por poner solo algunos ejemplos. Lo mismo sucede con respecto a los salarios netos, que en España se sitúan en 14.297 euros al año, mientras que la media de los países de la zona euro está en 17.740 euros al año y países como Bélgica (19.946 euros al año), Francia (18.326 euros al año), Alemania (20.054 euros al año) o Reino Unido (23.804) claramente superan.

Si a esta situación de los salarios le sumamos la bajada de 13 puntos en la cobertura por desempleo en los últimos 5 años (del 71,10 al 58,22%, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal ) y los más de 1,4 millones de hogares con todos sus miembros en paro, no puede extrañarnos que el riesgo de pobreza y exclusión social se extienda. Según el Informe de la sección española de la European Anti Poverty Network , el 28,6% del total de la población de España, esto es, 13.334.573 personas, se hayan hoy en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Un 0,6% menos que el año anterior, es verdad, pero un 4,1% más que desde que empezó la crisis.

Una parte de este problema ha tenido su causa en el debilitamiento de la negociación colectiva, que es un factor fundamental de pre-distribución de rentas e igualdad. Aunque las cifras se discuten mucho, los últimos datos estadísticos nos muestran que en 2011 había 4.585 convenios colectivos y hoy 2.601 y que el número de trabajadores cubiertos por la negociación colectiva era de 10,6 millones en 2011 y hoy de 6,5 millones . Todo esto tiene consecuencias en materia de salarios (recordemos que es la negociación colectiva la que los determina) y pobreza, pero también de Seguridad Social.

Hace pocos días nos escandalizamos cuando el Gobierno todavía en funciones advirtió a las autoridades europeas que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social está a punto de ser finiquitado, reconociendo que en 2016 la Seguridad Social tendrá un déficit del -1,7% y del -1,4% en 2017 . La razón de este déficit y del consumo sin límites de la hucha de las pensiones está en la caída del empleo, pero también, y sobre todo, en que el empleo que se está creando en este momento (precario y de bajos salarios) no recauda lo suficiente en términos de cotizaciones sociales para hacer frente a los gastos del sistema. En el primer semestre de este año se recaudaron en cotizaciones un total de 51.298 millones de euros, mientras que los gastos de ese mismo periodo ascendieron a 62.986 millones de euros. De este modo, los ingresos totales relativos al nivel contributivo se incrementaron un 1,8%, mientras que el pago del conjunto de las prestaciones contributivas creció un 3,8%, más del doble que los ingresos.

Bien, esta es la situación de nuestro país en la actualidad. Muy lejos de la complacencia que en algunos momentos de su discurso de investidura expresó Mariano Rajoy. Pero ya hay gobierno. Y deben empezar a fijarse las urgencias y prioridades de actuación política por parte de todos, de él y de los partidos políticos de la oposición con los que, sin mayoría absoluta, tendrá necesariamente que pactar para sacar adelante la acción política de este nuevo tiempo. No cabe esperar que el Partido Popular tome la iniciativa, dado que se sienten cómodos con las reformas que hicieron en el pasado. Así que deberá ser la sociedad y fundamentalmente los partidos de la oposición los que lo hagan. Con todos mis respetos por ellos, y con el único afán de contribuir al debate público, creo que las prioridades para revertir la situación que acabo de describir deben ser las siguientes.

Primero de todo, combatir la situación de pobreza laboral, precariedad y desprotección que han provocado las políticas de empleo del Partido Popular. Para ello es necesario:

- subir progresivamente el salario mínimo interprofesional, de forma que, en un plazo razonable (que, en función de la coyuntura económica, bien pudiera ser entre 4 y 6 años), se sitúe en 1.000 euros/mes;

- limitar la duración del contrato temporal a un año como máximo y pactar con sindicatos y empresarios la indemnización que haya de tener este contrato a la luz de las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea;

- reconocer un subsidio por desempleo (o renta mínima) de 426 euros/mes a todas las personas en situación de desempleo que tengan responsabilidades familiares o que, sin tenerlas, sean mayores de 45 años.

En segundo lugar, hay que reforzar la negociación colectiva como factor redistributivo de rentas y consecución de igualdad. Para ello:

- las organizaciones sindicales y empresariales deben disponer de plena capacidad para diseñar la estructura de la negociación colectiva en cada uno de los sectores de actividad, de manera que las relaciones entre convenios de sector y de empresa sean fijadas por los convenios colectivos intersectoriales o sectoriales, y para regular la ultra-actividad de los convenios colectivos;

- las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo y los descuelgues salariales (en general, todas las medidas de flexibilidad interna en la empresa) deben ser acordadas con la representación de los trabajadores y, en caso de no acuerdo, deben someterse las discrepancias a procedimientos de mediación y arbitraje;

- los sindicatos (y no los comités de empresa o delegados de personal) deben ser los que tengan la capacidad en exclusiva de desarrollar los procesos de negociación colectiva, flexibilidad interna y reestructuración empresarial.

Finalmente, con objeto de salvar las pensiones, se debe:

- garantizar la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social mediante un impuesto específico (o cesta de impuestos) que complementen la recaudación por cotizaciones;

- y cesar de inmediato las disposiciones de fondos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Estas son las medidas más urgentes. Después (o al mismo tiempo) habrá que hacer un uso intensivo del diálogo social y del diálogo político. Y ello con dos objetivos básicos. El primero, recuperar el Pacto de Toledo; el segundo, elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Redefinir, por tanto, los modelos de protección social y de mercado de trabajo a que aspiramos como sociedad.

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Luz Rodríguez  es profesora titular de Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha y ex secretaria de Estado de Empleo (2010-2011) #dts iframe {display:none!important;} #dts #txt iframe, #dts .col8-f1 iframe {display:block!important;}