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Justicia

Joaquim Bosch: “La pena de telediario es responsabilidad de los poderes públicos, no de los medios”

  • El portavoz de Jueces para la Democracia reúne a jueces, magistrados y periodistas para debatir sobre la información de tribunales y la transpariencia
  • La pena de telediario, la filtración del secreto de sumario y la relación con los gabinetes de prensa centran el debate

Publicada 09/10/2015 a las 06:00 Actualizada 09/10/2015 a las 10:38    
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El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato sale de su domicilio en Madrid detenido por la Policía, este 16 de abril de 2015.

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato sale de su domicilio en Madrid detenido por la Policía.

EFE
¿Informan bien los medios de comunicación de la actividad judicial? Esta fue la pregunta que reunió este jueves en la sede del Consejo General del Poder Judicial a jueces y periodistas, convocados por Jueces para la Democracia. El portavoz de esta asociación, Joaquim Bosch, resumió la cuestión con un caso en el que se vio involucrado, profesionalmente, hace años: En Denia, un abuelo había matado a su nieto y luego se había suicidado. Al día siguiente se publicaron en prensa detalles muy concretos sobre el escenario del crimen, y se decía también que había sido decretado el secreto de sumario. El periodista debió pensar aquello de "que la realidad no te estropee un buen reportaje", dijo Bosch, porque la noticia era radicalmente opuesta a los hechos. Eso sí, reconoció que "si hubiera hablado con el periodista, lo hubiera contado bien".

La transparencia de la justicia, la relación de los periodistas con los gabinetes de comunicación de los tribunales, la filtración de datos secretos y la pena de telediario fueron los argumentos que encendieron el debate. Sobre la pertinencia o no de que los imputados aparezcan esposados en los medios, María Peral, periodista de El Español, explicó que "no se debe alzaprimar el derecho a la información" a la hora de publicar imágenes que "instalan una condena anticipada". "La información puede darse igualmente", dijo, sin necesidad de recurrir a ellas. Entre el público asistente hubo quien destacó que nunca se da la misma importancia a la detención de una persona como a su absolución. Peral explicó que esto sucede si la noticia compite con otras de mayor actualidad y que incluso algunos abogados prefieren que no se resucite el tema para evitar que se vuelva a hablar de sus clientes.

Refiriéndose a la detención de Rodrigo Rato, el periodista Fernando Garea (El País) criticó que el mismo Gobierno que "difunde cada semana imágenes con el anagrama del ministerio" de detenciones de terroristas y asesinos, es el que intentó prohibir su emisión para evitar el desfile de políticos afines. Entre los asistentes se cuestionó si el problema no serían las condiciones en que los detenidos son trasladados a los juzgados. Se recordó, por ejemplo, a los imputados del caso Petroria, que llegaron esposados y sosteniendo sus pertenencias en bolsas de basura. "El problema no es que el medio capte la imagen, sino que la imagen se produzca", sentenciaron desde el público.

Otros se mostraron favorables a que las fotografías lleguen al ciudadano, que tiene derecho a conocer estos acontecimientos. En cambio, para Joaquim Bosch, "los medios han de informar de la manera más favorable a la presunción de inocencia", y añadió que es indudable la "estigmatización y la condena a la reputación" de las personas que aparecen así retratadas. "Todo poder implica una responsabilidad, y los medios son el cuarto poder". Sin embargo, dejó en manos del Estado la posibilidad de una regulación: "La pena de telediario es responsabilidad de los poderes públicos, no de los medios".

Tecnicismos, falta de especialización y filtraciones

José Asenjo Vallejo, adjunto a la dirección de Prensa del CGPJ, se refirió a los datos de la sexta encuesta de la carrera judicial. Esta revela que el 91% de los jueces considera que los medios no reflejan con objetividad la información de tribunales. Pero además, un 9% reconoció haber sufrido presiones, y de ellos, la mitad señaló que estas provenían de los propios medios de comunicación. Vallejo, convencido de que la justicia es un servicio público que debe estar sometido al escrutinio ciudadano, subrayó la desconfianza de muchos jueces hacia los periodistas. Una desconfianza que, por ser generalizada, criticó Jesús Maraña. El director editorial de infoLibre dijo que "ni los jueces distinguen a los periodistas, ni los periodistas a los jueces, ni los gabinetes distinguen entre medios y periodistas".

Unos periodistas que no siempre están lo formados que deberían. "Cada vez hay menos especialistas en tribunales, de ahí que algunos jueces digan: para qué voy a hablar con este si cada vez que hablo con él me interpreta mal", añadió Maraña, y entre los asistentes se escuchó que "los jueces hablan en sus sentencias y resoluciones, pero hay que hacer pedagogía". Para el portavoz de Jueces para la Democracia, "de este problema nadie tiene la culpa, el lenguaje es complicado y el periodismo cuenta historias". Precisamente esa labor de traducción corre muchas veces a cargo de los gabinetes de prensa, una labor que agradeció Pedro Águeda, periodista de El Diario.es. "Sin ellos todo sería un dislate, porque ayudan a quienes no son especialistas y se tienen que acercar puntualmente a las sentencias", comentó.

Águeda también se refirió a las filtraciones, que, como quedó patente, provienen tanto de policías como de jueces y fiscales. También de los abogados, que las utilizan "en función de su estrategia". Para este periodista "el secreto de sumario se viola de una forma saludable" ya que algunas de las informaciones publicadas han beneficiado el debate social: caso de los EREGürtel, Púnica... Todos los asistentes parecían tener claros cuáles son los límites ante la publicación del secreto de sumario: evitar el perjuicio de la investigación y proteger el honor y la imagen de los procesados. El magistrado Javier Martínez Lázaro puso un ejemplo incontestable: "Si se autoriza un registro y se dice que mañana va a ir un juez a registrar, pues no va a encontrar nada. Suena a broma, pero es lo que está pasando, y por ello se justifica el secreto". "Quien facilita esta información, ¿es consciente de que está cometiendo un delito? Y quien la solicita, ¿sabe que le está preguntando a un delincuente?".


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