El Ejército egipcio participó en numerosos crímenes durante las revueltas de 2011

El Ejército de Egipto participó en muchas de las desapariciones, torturas y asesinatos cometidos en el país durante el levantamiento de 2011, que terminó con la caída del régimen del expresidente egipcio Hosni Mubarak, según un informe presidencial sobre los crímenes perpetrados durante la revolución. Según esta investigación, las Fuerzas Armadas también tomaron parte en los saqueos del Museo de Antigüedades Egipcias de El Cairo.

Aunque el informe, realizado por un comité de investigación cuidadosamente seleccionado y presentado al presidente de Egipto, Mohamed Morsi, el pasado mes de enero, todavía no se ha hecho público, el contenido de uno de los capítulos, al que ha tenido acceso el diario británico The Guardian, implica directamente a los soldados egipcios en numerosos crímenes llevados a cabo contra la población. En el texto también se recomienda al Gobierno que investigue a los altos mandos de las Fuerzas Armadas egipcias con el objetivo de encontrar a los máximos responsables de lo ocurrido. 

Más de 1.000 ciudadanos egipcios, incluyendo un gran número de prisioneros, desaparecieron durante los 18 días de protestas de 2011. Los cadáveres de muchos de ellos aparecieron días después en las morgues de las principales ciudades egipcias con signos visibles de tortura. Sin embargo, las familias de aquellos que no aparecieron continúan buscando a día de hoy a sus seres queridos, con la esperanza de que estén cumpliendo penas de prisión en algún lugar del país.

Según los analistas, la publicación del informe podría presionar a Morsi, que llegó al poder en las elecciones convocadas tras la caída de Mubarak, a cargar contra varios miembros del Ejército, a quienes hasta ahora se ha negado a procesar a pesar de las numerosas denuncias de abusos que pesan sobre ellos. Por otro lado, las conclusiones de la investigación también podrían figurar como nuevas pruebas judiciales de cara al proceso contra el derrocado presidente Mubarak.

El nuevo juicio contra Mubarak, sus dos hijos, Gamal y Alaa, y sus asesores, entre los que se encuentra su ex ministro del Interior, Habib el Adly, dará comienzo el próximo 13 de abril, según dictaminó el Tribunal de Apelaciones de Egipto a principios del pasado mes de marzo. Los Mubarak, El Adly y otros seis asesores de su antiguo Gobierno comparecerán de nuevo para responder por su implicación en la violenta represión contra los manifestantes egipcios durante la revolución de 2011, después de que el tribunal aceptara la apelación presentada por los abogados del expresidente egipcio, condenado en julio de 2012 a cadena perpetua.

"Este capítulo puede arrojar luz sobre algunos de los sucesos más terribles de las protestas, que implican directamente a los militares egipcios, quienes han cometido graves violaciones de los Derechos Humanos", ha declarado el director de la Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales, Hossam Bahgat, al diario británico. "En particular, pone al descubierto nuevos detalles sobre uno de los aspectos más ocultos de la revolución: el papel de las Fuerzas Armadas fieles a Mubarak en la represión contra los manifestantes", ha añadido.

Desaparición sin dejar rastro

Una de las mujeres que ha prestado declaración ante el comité de investigación, Radia Atta, ha relatado a The Guardian cómo su marido, Ayman Issa, desapareció tras haber sido detenido en un puesto de control militar situado en una importante autopista en el sur de El Cairo, cerca de las pirámides de Dahur, mientras se dirigía a su puesto de trabajo. Cuando Atta llegó al puesto de control en el que había sido detenido su marido, alertada por uno de sus vecinos, pudo ver a un gran número de civiles tendidos en el suelo con las manos y los pies atados.

Los soldados del puesto de control le comunicaron que encontraría a Issa en una comisaría de Policía del distrito de Giza, en el oeste de la capital. Una vez allí, Atta pudo comprobar cómo los militares golpeaban brutalmente y cacheaban a todos los detenidos. Cuando Atta preguntó por el paradero de su marido, los agentes le informaron de que había sido acusado de promover disturbios contra el Ejército, por lo que había sido conducido a Hykestep, una base militar ubicada en las afueras de El Cairo. En ese momento, los soldados le hicieron entrega del pasaporte de su esposo. Cuando Atta consiguió el permiso para entrar en Hykestep, no pudo encontrar a su marido. Sus posteriores denuncias ante los Ministerios de Defensa y del Interior y ante los fiscales civiles y militares, tampoco han servido para localizar a Issa.

Sin consideración por los desaparecidos 

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A pesar de esta situación, el Gobierno de Egipto todavía no ha creado ninguna base de datos nacional para determinar el paradero de los ciudadanos desaparecidos, como sí hicieron las autoridades de Libia tras la guerra civil de 2011.

Además, según los activistas de Derechos Humanos que operan en la región, las desapariciones son especialmente difíciles de investigar en Egipto debido a que las autoridades prefieren no hacer ninguna separación entre los casos de desapariciones "comunes" y aquellas llevadas a cabo por las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Uno de los miembros del comité de investigación, el abogado especializado en Derechos Humanos, Mohsen Bahnasy, ha denunciado que los ministerios egipcios de Defensa y del Interior se han negado sistemáticamente a proporcionar los nombres de los soldados y de los oficiales que trabajaron en los puestos de control instalados durante las protestas de 2011. El hecho de no entregar los nombres "es, en sí mismo, un delito de encubrimiento", ha agregado Bahgat.