Simulacro de investigación tras la muerte de un etarra

Hay expedientes que la Justicia preferiría no tener que abordar. Se nota. La desaparición del terrorista vasco Jon Anza, en Toulouse, en abril de 2009, es uno de esos casos. La Fiscalía pidió el sobreseimiento del caso, tal y como hizo la jueza de instrucción Myriam Viargues, después de haber rechazado, una a una, las demandas de investigación presentadas por la familia. Aún en el caso de que hubiera resultado fallecido víctima de algo, el desaparecido, hallado en la morgue de Toulouse en marzo de 2010 y que, por cierto, se encontraba gravemente enfermo, no era una víctima cualquiera.

El 20 de mayo de 2009, días después de que desde su entorno se denunciara la desaparición, ETA, identifica a Jon Anza como militante de la organización terrorista vasca y sostiene públicamente la hipótesis de que ha sido “secuestrado”. “El día de la desaparición, Jon se había citado con un miembro del aparato de ETA en el centro de Toulouse”, aseguró ETA en un comunicado. “Tenía que hacer entrega de una cantidad de dinero a la organización”, pero "nunca llegó a la cita”. “Ni ese día, ni al día siguiente, tal y como se había acordado de antemano, por si surgía un imprevisto”. La Fiscalía de Bayona abrió una investigación sin gran convencimiento por “desaparición inquietante”, mientras que la Fiscalía de París se hizo cargo del caso con relación a un supuesto caso de “blanqueo de dinero”. Al mismo tiempo, en Euskadi, las manifestaciones se sucedían y reclamaban el esclarecimiento del asunto.

Sin embargo, Jon Anza ya estaba muerto. Había muerto en el anonimato el 11 de mayo de 2009, en el hospital Purgan de Toulouse, donde había sido trasladado, inconsciente y sin papeles, diez días antes. Su cadáver seguía en la morgue, identificado como X, ya que hasta el 11 de marzo de 2010, casi un año más tarde, no se conocerá su identidad… La Fiscalía de Toulouse, que abrió una investigación para “determinar las causas de la muerte”, ha concluido, a día de hoy, que “la muerte de Juan Maria (Jon) Anza Ortuñez no estuvo relacionada con una operación antiterrorista, sino que se debió a problemas de salud”. “La situación de clandestinidad en la que se encontraba agravó su estado y privó a aquellos que habrían podido ayudarle de ofrecerle la posibilidad de ocuparse de él”, señala el informe fiscal. La Fiscalía responsabiliza a la organización vasca de la muerte del militante etarra…

Jon Anza tenía 47 años. Había cumplido más de veinte años de condena en España tras ser detenido en febrero de 1982, por pertenecer a un comando terrorista. Se instaló en Francia en 2005. Mientras se preparaba para coger un tren a Toulouse, el 18 de abril de 2009, metió la medicación que tomaba y las recetas en una bolsa de plástico roja. Tenía un tumor cerebral que le había sido detectado en octubre. Era benigno, pero no se podía operar, le afectaba el nervio óptico y a la vista. Jon Anza anunció a Maïxo, su compañera sentimental, que se iba “unos días a casa de amigos a Toulouse”. Esta le compró un billete de tren y le llevó a la estación de Bayona. “Le acompañé al andén”, explicó la mujer a los investigadores. “Subió al tren y ocupó la plaza que le correspondía”.

Maïxo pensaba que su compañero volvería en una semana, ya que tenían que someterle a una resonancia magnética el 24 de abril. Ante la falta de noticias, a principios de mayo, avisó a su hermano y a su hermana, después a su abogada. En realidad, fue hospitalizado el 29 de abril. Desde que salió de Bayona y hasta su ingreso en el hospital, habían transcurrido 11 días. Los investigadores solo pudieron seguirle el rastro un día, la noche que pernoctó en un hotel , en Le Clocher de Rodez. Nada más.

ETA emitió un comunicado días después del inicio de las investigaciones. Mientras que los resultados de las pesquisas hicieron público el motivo del viaje de Anza a Toulouse, la organización terrorista desveló el 20 de mayo que la policía había hallado, unos meses antes, “material informático” en “el interior de un zulo que Jon tenía en la montaña”. “La Policía ocultó el hallazgo, pero su descubrimiento le permitió deducir la relación que tenía con ETA”, señalaban los terroristas. La existencia de este zulo pronto quedó confirmada por la investigación.

Los servicios de información no fueron interrogados

El 16 de noviembre de 2008 fue hallada, en un bosque, a varios kilómetros del domicilio de Anza, en Ahetze, “una caja de plástico que contenía material informático, documentación y sellos con el logotipo de ETA”. Y es más, el 22 de mayo de 2009, la Subdirección antiterrorista francesa (SDAT) le confirma a la Policía Judicial de Bayona que ha encontrado “tres huellas de Juan Maria Anza Ortuñez, en el reverso de la primera página y en las páginas 23 y 25, de un libro en lengua vasca y en cuya portada se veía a un individuo con pasamontañas y ametralladora”. Este detalle es fundamental, dado que el uso que hace Jon Anza del sello, lo identifica como miembro de la organización terrorista. Esas evidencias deberían haber sido determinantes para que el caso pasara a manos de la unidad antiterrorista.

La proximidad geográfica entre el domicilio oficial de Jon Anza y el zulo descubierto justificaría por sí misma que se le sometiera a vigilancia. El militante no era un desconocido para los servicios. Se implicaba en las iniciativas públicas de las organizaciones vascas. Desde 2003, los registros de un “refugio clandestino” de Oloron-Sainte-Marie y la incautación de material informático habían hecho evidente, según la SDAT francesa, “la voluntad de integrar” a Jon Anza “en la estructura del aparato político de ETA”. Anza acababa de ser identificado.

La Fiscalía de Toulouse hace creer sin embargo que las “huellas” del militante no fueron identificadas hasta después de que ETA emitiera su comunicado, el 20 de mayo de 2009, una vez que las autoridades españolas transmitieron los resultados dactilográficos (de las huellas de los diez dedos) de Jon Anza. Hasta ese momento, según la Fiscalía, constaban como “huellas no identificadas”.

Sin embargo, resulta difícil de creer que las autoridades españolas no tuvieran información de las “huellas” encontradas en el zulo, habida cuenta de la estrecha cooperación franco-española en la materia y del trabajo conjunto llevado a cabo en Francia por equipos de ambos países. Este es uno de los aspectos que siguen sin aclarar de la investigación. Los servicios de información no fueron interrogados ni sobre el expediente “Anza” ni con relación a las informaciones de las que disponían desde 2003 o con respecto a la vigilancia a la que se le había sometido. La investigación antiterrorista abierta por “blanqueo” tras la desaparición de Anza no fue comunicada en la fase de instrucción. Sin embargo, el expediente de Toulouse fue transmitido en su totalidad a la Fiscalía Antiterrorista de París, que se ocupaba de investigar el zulo.

La sospecha de que el militante podía estar “secuestrado” viene precedida de un hecho similar, ocurrido el 11 de diciembre de 2008, en Saint-Palais. Juan-Maria Mujica fue interceptado por tres desconocidos que se presentan como agentes de policía y conducido a un lugar apartado, cerca de un lago, donde Mujica recibió amenazas. Supeditaron la libertad de su hija, detenida en España, a que prestara colaboración. Una vez liberado, presentó una denuncia por “violencia, amenaza y secuestro”. La investigación arrojó como resultado la aparición de cuatro teléfonos móviles españoles en el lugar de los hechos. Sin embargo, la investigación no permitió su identificación: los jueces del expediente Anza no pudieron investigar los hechos.

Ahora bien, un chivatazo anónimo llegado a la Fiscalía reveló la presencia de guardias civiles, en abril de 2009, en Toulouse, y su salida precipitada de hotel Adagio. La fecha proporcionada por el informador es errónea, pero el chivatazo, es correcto. El 20 de mayo de 2009, el personal de limpieza del Adagio encuentra dos armas de fuego, olvidadas por “los huéspedes españoles”. En el lugar de los hechos, los agentes del SRPJ de Toulouse se encuentran cara a cara con los guardias civiles. “La Unidad de coordinación de la lucha antiterrorista de Pau confirmó que formaban parte del dispositivo de vigilancia, establecido en colaboración con la Dirección central de información interior, en la región de Toulouse”, según un investigador. A ese objeto se habían registrado los vehículos, las matrículas, numeración y marcas de las dos armas de fuego halladas en la habitación. Como consecuencia de ello, una vez explicado por qué portaban armas y dado que no se contravenía a la ley, se las devuelven a la Guardia Civil el 22 de mayo, en presencia de un funcionario de la DCRI [servicio de inteligencia francés]”.

Los investigadores no confirmaron que se produjera una salida “precipitada”, ya que la guardia civil “pagaron la factura del hotel”. Los agentes españoles no llegaron a ser interrogados. Según la Fiscalía, el olvido de las armas “no está relacionado” con la muerte de Jon Anza, “aunque este elemento encajara a la perfección en la fábula negra de una operación antiterrorista”.

“No se ha llevado a cabo ninguna investigación en Toulouse entre mayo 2009 y marzo de 2010”

La fábula de la Fiscalía no llega a ser negra, pero supone un derroche de imaginación. El fiscal adjunto de Toulouse, Jean-Michel Peltier, reconstruye sin apoyarse en el más mínimo fundamento, el escenario de la desaparición del militante… a manos de ETA. “Juan Maria Anza Ortuñez hizo exactamente lo que tenía previsto hacer hasta que abandonó el hotel que él mismo había reservado [el hotel Le Clocher de Rodez]”, señala en su informe. “Los contactos que tenía previsto realizar con los miembros de la organización se llevaron a cabo. Todo hace pensar que llevaba una importante cantidad de dinero a la organización (entre 350.000 y 500.000 euros)”. No hay ningún elemento en la investigación que permita deducir una cifra tan precisa, si bien fue comunicada de forma oficiosa a la Fiscalía desde los servicios de información.

El fiscal continúa: “En un primer momento, deja por voluntad propia el hotel, a instancias del personal, que le advierte de que la habitación, reservada para una sola noche y pagada por anticipado, debía quedar libre a las 12. A continuación, desaparece y no se puede decir con exactitud dónde pasa los 11 días siguientes ni en qué condiciones. Lo que sí se puede afirmar es que no estaba en manos enemigas ni con personas que quisieran asesinarlo. De hecho, cuando fue hallado, no presentaba ningún traumatismo ni ningún signo de violencia. Tampoco tenía ninguna marca en las muñecas o en las extremidades inferiores”.

Para la Fiscalía, supone otro elemento significativo lo que el militante guardaba  en el bolsillo. “Estos 500 euros que llevaba encima en el momento de la desaparición y cuya presencia no se explica, habrían desaparecido de su bolsillo si hubiera caído en manos hostiles”. Jean-Michel Peltier continúa: “Pero, sobre todo, no habría sido abandonado a su suerte en uno de los lugares más transitados de Toulouse, incluso por la noche, y con el documento que habría permitido identificarle casi de forma tan fiable como si se tratara del pasaporte: el billete de tren Bayona-Toulouse-Bayona. Sus enemigos no le habrían abandonado en un barrio muy transitado con una cantidad de dinero nada despreciable y su billete de tren, sino en plena naturaleza y lejos de la ciudad y sin documentación. Así, es más que probable que nunca hubiera sido probablemente encontrado; lo dejaron allí para que pudieran hallarlo, para que le ayudaran, que fuera identificado y se avisara a su familia.

Al “empeorar” el estado de salud de Anza, según el fiscal, los integrantes de ETA le “alojaron una decena de días”. “La hipótesis de que lo pudieron depositar con suavidad, al menos dos personas, cuidándole con mimo, agarrándole por la cintura, con ayuda de tres hombres, es la única hipótesis que permite explicar que Juan Maria Ortuñez no presente ninguna marca de caída”, explica.

La conclusión es implacable y presenta como hipótesis "más probable", "el papel de personas de su entorno que comparten su compromiso clandestino y que lo habrían acompañado desde que llegó al hotel de Rodez y hasta su hallazgo en la vía pública, el 29 de abril de 2009”. Estas personas de su entorno, privaron incluso a Anza “de la posibilidad de recibir ayuda en un momento mejor”, con el fin de “no correr el riesgo de poner en peligro la red” para la que “[Anza] realizó con éxito la que fue su última misión”.

El fiscal no se extiende sobre los posibles “inconvenientes que retrasaron el hallazgo, primero, y la identificación, después, de Anza”. Sin embargo, ahí surge la duda. “Es incomprensible que no se llevara a cabo ninguna investigación en Toulouse durante la investigación preliminar, entre el 18 de mayo de 2009 y el 12 de marzo de 2010”, señalan los abogados de los demandantes –el hermano, la hermana y la compañera sentimental de Jon Anza– en su escrito transmitido a los jueces. “Con la única excepción de una demanda dirigida al servicio de consignas de la estación SNCF de Toulouse, los investigadores y los servicios de la Fiscalía no consideraron pertinente lanzar un llamamiento a los testigos, realizar una investigación entre los vecinos de la zona de la estación. Sin embargo, una acción similar realizada tras encontrar el cuerpo de Anza en la morgue, permitieron dar, en apenas unos días, al menos, con las huellas de su paso por un hotel y con su pasaporte, que se encontraba en la oficina de objetos perdidos de la Alcaldía de Toulouse desde el 4 de mayo de 2009”.

La investigación no identificó a los policías que dejaron el pasaporte de Anza en objetos perdidos

El 4 de mayo de 2009, la bolsa de plástico rojo en la que Jon Anza había colocado sus medicamentos y sus recetas fue depositada en objetos perdidos por agentes de la policía. La bolsa contenía también el pasaporte del militante. La investigación no permitió identificar a los agentes que dejaron la bolsa roja, pero tampoco explicó por qué motivo no se dejó ningún mensaje en la dirección del propietario, o a su médico, y sobre todo por qué el pasaporte no había sido remitido a la embajada de España tal y como marca el procedimiento.

Las diligencias de los servicios de investigación en los hospitales de la región también fueron verificados. “En el expediente no consta ningún requerimiento dirigido a los hospitales de Toulouse”, señalan los querellantes. Un responsable del CHU de Toulouse también confirmó que no les enviaron ningún requerimiento por escrito. Solo un agente del grupo de enlace terrorista (GLAT, en sus siglas en francés) de Toulouse terminó por asegurar que había efectuado confirmaciones no formales en el servicio de admisión del hospital, pero no pudo precisar el nombre de las personas “de las diferentes áreas” que contactó.

Por su parte, los servicios hospitalarios sí que enviaron dos avisos a la policía para tratar de identificar al paciente registrado como X, los días 30 de abril y 7 de mayo de 2009, al mencionar la presencia en los efectos personales de un billete de ida y vuelta Bayona-Toulouse. Todo fue en vano. También se le había enviado un correo al fiscal de Toulouse, el 4 de mayo. Uno de los médicos llegó a alertar incluso el 7 de mayo, telefónicamente a un fiscal adjunto. Sin ningún éxito. Todas las gestiones realizadas por el hospital y dirigidas a la Fiscalía han sido localizadas, así como un fax de la Fiscalía dirigido a los servicio policiales. Pero en la Policía, ¡no hay ni rastro! “Es sorprendente, por no decir muy inquietante, constatar que los servicios de la Fiscalía que fueron contactados en varias ocasiones por lo miembros del personal hospitalario, y que no tenían ninguna información de los servicios policiales, no se preocuparan de enviar un nuevo aviso a modo de recordatorio”, lamentan los abogados de los demandantes. “Durante diez meses, no se dieron órdenes de realizar ningún examen al cadáver”.

El peritaje médico-legal señaló que Jon Anza había sido hospitalizado “tras una pérdida de conocimiento prolongado relacionado con una embolia pulmonar masiva”. En los días siguientes a su llegada al hospital, el paciente había “desarrollado un estado de mal epiléptico, muy probablemente relacionado con sus antecedentes neuroquirúrgicos”. “Los reanimadores no pudieron controlar este estado de mal epiléptico y las maniobras de reanimación tuvieron que parar”, concluían los expertos. La autopsia realizada cerca de 10 meses después de su muerte, en un cuerpo en “avanzado estado de putrefacción”, solo aportaba información limitada.

Un médico hospitalario consultado por la familia, explica que “en ausencia de antecedentes conocidos y al no tener ninguna razón para pensar que la enfermedad de la persona admitida como X había podido producirse en condiciones dudosas, no se le había sometido a ningún examen, más allá de los que determinan que la parada cardiaca se debió a una embolia pulmonar”.

La familia recibió del hospital una copia del análisis de sangre efectuado a Anza a su llegada. “Este análisis no presentaba ni rastro de alcohol, antidepresivos, antiinflamatorios o analgésicos ni psicotrópicos”, destacan los abogados de la familia. “Bien al contrario, la búsqueda de benzodiacepina, medicamento utilizado en el tratamiento de la ansiedad y el insomnio, era positivo. Ahora bien, ninguno de los medicamentos prescritos a Anza formaba parte de esta familia y no había tomado nunca”. La familia ha reclamado una investigación complementaria para establecer las circunstancias de la administración de benzodiacepina a Jon Anza. Pero la jueza de instrucción lo rechazó, tras haber sido aprobada por la sala de instrucción. Cuando la investigación es imposible, incluso los detalles deben ser ignorados.

Traducción: Mariola Moreno