Suiza, el país que vota cuatro veces al año

En Suiza, como en España, se elige al Gobierno en las urnas y cada cuatro años. Pero no es la única votación a la que los ciudadanos están acostumbrados y que, por tanto, contemplan con normalidad: cada tres meses se celebran referendos vinculantes sobre materias muy diversas, de ámbito local, cantonal o nacional.

Desde la construcción de una escuela hasta la reforma del sistema de pensiones, en Suiza todo se puede votar. En la última consulta, celebrada la pasada semana, los ciudadanos se negaron a poner un tope salarial para que los altos ejecutivos no ganen en un mes más de lo que gana el trabajador menos pagado en todo un año.

Según defiende la propia administración de ese país, se trata de un ejercicio de "democracia directa" que permite una mayor participación de los ciudadanos, en palabras del politólogo Georg Lutz. Sin embargo, el sistema también tiene sus detractores: los procesos legislativos se alargan y las responsabilidades sobre las normas adoptadas no siempre quedan claras, reconoce el experto.

Votaciones polémicas

En un país con una población aproximada de ocho millones de habitantes, basta con reunir 50.000 firmas a lo largo de 100 días para someter a consulta no vinculante una ley aprobada por el Parlamento. En el caso de los referendos vinculantes, hacen falta el doble de firmas: 100.000.

Además de la votación referida a los salarios de los altos cargos, el pasado domingo los suizos rechazaron elevar de 40 a 100 francos anuales la tasa por el uso de autopistas y dijeron no a la introducción de deducciones fiscales a los padres que se ocupan del cuidado de sus hijos personalmente.

También ha habido votaciones que han deparado resultados polémicos. Por ejemplo, en noviembre de 2009 un 58% de los suizos se pronuncio a favor de prohibir la construcción de minaretes en las mezquitas del país. Y un año más tarde, un 53% aprobó expulsar a los inmigrantes que delinquen.

El reto, por tanto, es conjugar el voto ciudadano con los tratados internacionales y los derechos humanos. En el caso suizo, puede someterse a consulta cualquier medida, incluso si va en contra de otras normas. Una vez aprobada, es tarea de los políticos redactar un texto legal que encaje todas las piezas del rompecabezas.

"Las decisiones pueden ser imprevisibles, pero Suiza es el único país en el que la democracia directa y el debate público ejercen verdadera influencia", señala Lutz. "Es el pueblo quien decide, y no una reducida élite", añade. La administración suiza, por su parte, destaca que la democracia directa es ya parte de la identidad cultural del país.

El trámite de las urnas

En términos de influencia ciudadana directa en la política, la situación es bien diferente en España. Tras someterse a consulta la Constitución y los estatutos de autonomía, los referendos de la OTAN, en marzo de 1986, y la Constitución Europea, en febrero de 2005, han sido las únicas ocasiones en las que los españoles han sido consultados en las urnas.

Ello, pese a que la propia Constitución española reconoce en su artículo 92.1 la posibilidad de celebrar referendos acerca de “decisiones políticas de especial trascendencia” aunque, a diferencia de lo que ocurre en Suiza, en España éstos tienen mero carácter consultivo.

En los últimos tiempos, los movimientos sociales han mostrado un mayor interés por intervenir en política y han mostrado su disgusto cuando los dirigentes han optado por no someter a consulta ciudadana medidas de calado. Así ocurrió, por ejemplo, con la reforma exprés de la Constitución acordada por PSOE y PP para introducir el pago de la deuda como prioritario.

“Los ciudadanos piden, cada vez más, participar en política”, dice Pablo Galego, activista vinculado a movimientos como el 15-M e impulsor ahora de la iniciativa Ahora tú decides. Gallego afirma que, en un contexto de crisis “la preocupación aumenta”, por lo que se requiere de iniciativas legales y populares para permitir que se oiga la “voz de los ciudadanos”.

En esta línea, pone en valor experiencias como la consulta por la sanidad en Madrid que, asegura, fue “todo un ejemplo” de cómo organizarse para visibilizar demandas sociales. También apunta a las posibilidades que ofrecen Internet y las redes sociales, y advierte que, si las instituciones no se abren, “avanzaremos hacia una ruptura entre sistema y ciudadanos”.

En este sentido, sostiene que votar acaba siendo a menudo un trámite a cumplir cada cuatro años y que, bien al contrario, es necesario que partidos de izquierda impulsen la “democracia participativa” para abrir la vía a decisiones “tomadas por los ciudadanos junto a las instituciones”.

Instituciones sordas

Lluis Orriols, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford y profesor en la Universidad de Girona también cree que es necesario un cambio en las instituciones españolas para frenar el peligro de una fractura social. “El Gobierno es hermético –dice– y si el sistema no comienza a ofrecer vías para la participación, los ciudadanos, cada vez más insatisfechos, buscarán otras alternativas, quizá no deseables”.

Por ello, Orriols señala que los poderes deben, ante todo “escuchar” y “ser receptivos”, y propone varios cauces adicionales para canalizar el descontento social. Lo primero, señala, es mostrar una actitud de “sensibilidad” ante las protesta, algo que, a su juicio, el Ejecutivo no cumple. Y es que "si la gente va a protestar, es mejor escuchar y anticiparse", añade.

Una vez dado ese primer caso, apunta que pueden tomarse en consideración otros instrumentos, como las consultas directas, pero lo fundamental, insiste, es que las instituciones sean “más permeables, más receptivas”, y critica el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que va, opina, en la dirección equivocada.

“El Gobierno se quiere blindar aún más”, dice. “La norma lo hará todo más hermético”, subraya.

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Sin embargo, lograr el objetivo de una adecuada participación ciudadana no es tan sencillo: “Hay que encontrar el punto de complejo equilibrio entre mucha y poca participación”, estima Orriols. El peligro, en este sentido, es cansar al ciudadano si se convocan un excesivo número de citas con las urnas.

Llegados a ese punto, el resultado acaba siendo contraproducente en palabras del experto: “Acaban votando grupos no representativos de la sociedad y los resultados se distorsionan”, afirma. De algún modo, ese debate también se ha planteado en Suiza, donde la gran cantidad de asuntos sometidos a consulta hizo recomendable agruparlos en no más de cuatro votaciones anuales.

En cualquier caso, y aunque hallar la fórmula perfecta puede resultar poco menos que imposible, Orriols ve necesario un cambio en España: “Las instituciones son, actualmente, poco receptivas. Hacen falta canales para que los ciudadanos puedan expresar sus preferencias”, concluye.