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Conflictos fronterizos

Amnistía Internacional advierte de graves violaciones de derechos humanos de Venezuela en su frontera

  • En un comunicado la ONG pone de manifiesto que desde el comienzo de la crisis cerca de mil personas habrían sido deportadas a Colombia
  • Según AI, el mantenimiento de la seguridad y el orden público "no pueden resultar en violaciones de derechos humanos"

infoLibre Publicada 27/08/2015 a las 21:17 Actualizada 27/08/2015 a las 22:36    
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Cientos de colombianos cargan sus pertenencias por el río Táchira desde Venezuela hacia el sector La Parada (Colombia).

Cientos de colombianos cargan sus pertenencias por el río Táchira desde Venezuela hacia el sector La Parada (Colombia).

EFE
Amnistía Internacional ha emitido un comunicado en el que muestra su profunda inquietud acerca de las posibles violaciones de derechos humanos que se estarían cometiendo en la frontera entre Venenezuela y Colombia bajo el pretexto de las autoridades venezolanas de luchar contra la inseguridad y el contrabando de la zona.

El pasado 19 de agosto se produjeron los primeros enfrentamientos entre fuerzas del orden y presuntos contrabandistas en los que resultaron heridas cuatro personas. Sólo dos días después se decretó el estado de excepción en cinco municipios del Estado de Táchira (Venezuela), en la zona fronteriza, como forma de combate contra el paramilitarismo, el contrabando y el narcotráfico. Conforme a las declaraciones del gobernador de Táchira, José Gregorio Vielma Mora, hasta este miércoles y durante los últimos cinco días se habrían deportado a cerca de mil personas al país vecino.

Amnistía Internacional ha recogido numerosas denuncias donde se explica que las personas deportadas "habrían sido detenidas en operativos conjuntos de la Guardia Nacional y la Fuerza Armada y expulsadas a Colombia sin oportunidad de impugnar su expulsión o sin tener la posibilidad de recoger sus pertenencias".

Además, la ONG pone de manifiesto denuncias de "maltratos durante la detención, desalojos forzosos y demolición de casas vivían o se cree que vivían nacionales colombianos sin ningún tipo de respeto de garantías". Entre estos casos encuentra la rotura de grupos familiares como consecuencia del abandono de niñas y niños en Venezuela cuyos padres son enviados a Colombia.

Y aunque Amnistía Internacional reconoce que los Estados pueden precisar de las herramientas necesarias y el deber de "mantener la seguridad y el orden público", recuerda al Gobierno venezolano que estas acciones "no pueden resultar en violaciones de derechos humanos" y que "todas las denuncias de abuso se investiguen sin demora y de forma independiente e imparcial". "Cada medida tomada bajo el estado de excepción debe ser evaluada por su proporcionalidad frente al contexto, la intensidad, profundidad y carácter de la emergencia", concluye el comunicado.


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