El derecho del pequeño Ruben a una identidad impulsa en Italia el debate sobre el matrimonio gay

Ruben nació en Barcelona el pasado 3 de agosto. Sus madres, Marta y Daniela, son dos ciudadanas italianas (Cerdeña y Nápoles) que viven desde hace años en España. Se casaron en julio en la ciudad condal, cuando el tamaño de la barriga de Daniela advertía que dentro de poco sus vidas iban a cambiar por completo. A través de un tratamiento de inseminación artificial, realizado en un hospital público, estas dos mujeres se convirtieron en madres del pequeño Ruben.

Con su nacimiento empezó la lucha para conseguir algo tan simple como un documento de identidad para su hijo. “Lo registramos en el Registro Civil de Barcelona, que lo único que puede hacer es, justamente, registrar su nacimiento y darnos el libro de familia. El libro no es un documento de identidad, solo certifica quiénes son los componentes de la familia”, cuenta a este periódico Marta Loi, una sus madres, que nos explica que Italia es el “único país que puede emitir un documento de identidad” para Ruben.

La razón se encuentra en la ius sanguinis, el principal criterio para adquirir la nacionalidad en Italia (al igual que en España): el hijo de una mujer italiana tendrá la nacionalidad italiana aunque su país de nacimiento sea otro, sin perjuicio de poder adoptar con el tiempo otra nacionalidad. El problema para Ruben fue que el país de sus madres se negó a transcribir su acta de nacimiento por ser hijo de dos mujeres (a día de hoy las parejas homosexuales no están reconocidas en Italia) y por llevar los apellidos de ambas, cuando en Italia solo se usa el apellido del padre. “Al no registrar su nacimiento, tampoco podían darle ningún documento de identidad”, explica Marta.

Pero la vida de esta familia cambia por completo el pasado 30 de septiembre, casi dos meses después del nacimiento de Ruben, cuando el alcalde de Nápoles (ciudad natal de Daniela), Luigi De Magistris, decide transcribir el acta de nacimiento en el Registro Civil de la ciudad, reconociéndolo así como ciudadano italiano y dándole un pasaporte. “En ese momento se reconocía la existencia de Ruben, su nacionalidad, sus derechos y los nuestros como madres”, comenta Marta, que en el certificado consta como “padre” (Daniela, madre biológica, consta como “madre”), ya que en el módulo no existe la casilla neutra “padres”.

De Magistris, por su parte, declaraba que el consistorio había tomado esta decisión haciendo “prevalecer el derecho de un bebé a existir, a moverse, a circular libremente por nuestra Europa, a poder ser asistido desde un punto de vista médico... a tener derecho a la identidad”. “Los derechos de las personas están por encima de todo. Hemos escrito una bonita página de derechos civiles, más allá de cual sea la valoración del Parlamento sobre estos temas”, sentenciaba el alcalde.

El de Ruben se trata del segundo caso de estas características en Italia. El pasado mes de febrero, el Registro Civil de Roma incluyó también por vía administrativa el certificado de nacimiento de un bebé, en este caso de madres argentina e italiana. Además, en enero, el Tribunal de Turín ordenó la transcripción (vía judicial) del acta de nacimiento de un bebé con dos madres, también nacido en España.

Anulación del Gobierno y recurso

Pero el punto y final de esta historia no se pone aquí. El pasado 28 de octubre, la delegada del Gobierno en Nápoles, Gerarda Maria Pantalone, pidió mediante una carta al alcalde que el certificado de nacimiento de Ruben fuera parcialmente anulado, ya que este, según Pantalone, contiene dos errores: haber dado al niño dos apellidos (en Italia solo hay uno) y haber reconocido a Marta como “padre”, ya que, según el ordenamiento jurídico italiano, el padre solo puede ser un hombre. Una decisión, como recuerda el alcalde de Nápoles, “con evidentes indicaciones por parte del ministro del Interior”. Según la versión de Raffaele Melis, el abogado de Marta, Daniela y Ruben, “la transcripción en Italia es correcta, porque recoge una inscripción perfectamente legal, actuada según las normas vigentes, en el país europeo donde ha nacido el pequeño Ruben”.

La cancelación no se produjo dentro del plazo fijado por la delegación, y por ello, Gerarda Pantalone anuló el pasado 5 de noviembre la transcripción del acta de nacimiento de Ruben. El alcalde de Nápoles, quien siempre había declarado que no tenía ninguna intención de retroceder sobre sus pasos, ha comunicado que presentará un recurso al Tribunal Administrativo Regional de la Campania, región en la que se encuentra la ciudad de Nápoles.

¿Qué pasa entonces con los derechos del pequeño Ruben después de que su certificado de nacimiento haya sido anulado? El abogado de sus madres asegura que para el pequeño “nada puede cambiar porque mantendrá su estatus civil”. Habrá que esperar de todos la resolución por vía judicial, pero, por el momento, en Italia Ruben solo es hijo de Daniela, su madre biológica.

A todo esto se añade el reciente fallo del Consejo de Estado contra el reconocimiento de los matrimonios homosexuales realizados en el extranjero e incluidos en los registros civiles de algunos ayuntamientos del país. Los jueces de este organismo establecieron que los matrimonios gays no pueden ser reconocidos por los municipios porque el ordenamiento jurídico italiano prevé que solo son válidos los matrimonios entre personas de diferente sexo. Según el abogado Melis, la pronunciación del Consejo de Estado “no supone ningún problema” para sus clientes Marta y Daniela. “No se puede generalizar porque cada caso tiene sus particularidades”, afirma.

Con este escenario, tal y como nos recuerda esta madre, Marta Loi, casos como el de su hijo Ruben “hacen cada vez más evidente la necesidad de leyes en Italia que garanticen a todas las personas los mismos derechos, sin ningún tipo de discriminación”. E incluso reconoce, que si el marco legal cambiara, se plantearían volver a su país: “Podría ser un buen aliciente”, afirma, aunque matiza: “Las leyes son importantes pero también lo es el cambio social. Que la gente esté más informada y tenga menos miedo de la diversidad sexual”.

Una ley sobre uniones civiles homosexuales en Italia

Italia es uno de los pocos países de la Unión Europea sin un reconocimiento legal de las uniones entre personas del mismo sexo. El pasado 21 de julio, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó al país transalpino por no reconocer los derechos de las parejas gays y violar así el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos ("derecho al respeto de la vida familiar y privada"). El tribunal instó al país transalpino a que legalice las uniones civiles entre homosexuales, un tema que avanza a pasos de tortuga por las fuertes oposiciones y discrepancias entre partidos e incluso entre socios de Gobierno.

Cuando le preguntamos por esto a Monica Cirinnà, la senadora del Partido Democrático encargada de escribir el texto del proyecto de ley italiano sobre uniones civiles, admite que “nunca ningún Parlamento había tenido tantos problemas en la tramitación de una propuesta sobre los derechos de las parejas del mismo sexo” y reconoce que “las sentencias y los reclamos de las instituciones supranacionales han dejado a Italia entre la espada y la pared”. “La única opción posible es dar finalmente un paso en la misma dirección que el resto de Europa”, comenta, y añade que el retraso en Italia a la hora de legislar sobre los derechos de las personas homosexuales, responde a la “falta de escucha” y a “reservas mentales”.

El pasado 14 de octubre, el Senado italiano recibió el proyecto de ley sobre las uniones civiles homosexuales. Todavía no hay una fecha fijada para su discusión, aunque todo apunta que debería producirse inmediatamente después de finalizar el debate sobre los Presupuestos Generales de 2016. Cirinnà cree que “a principios de 2016 Italia tendrá un ley que espera desde hace 25 años”.

Pero, ¿qué prevé exactamente este texto? El proyecto de ley consta de dos partes. Una regula las uniones civiles entre personas del mismo sexo, extendiendo los derechos sociales del matrimonio, como la pensión por viudedad o ventajas fiscales, pero excluye dos puntos importantes: la adopción conjunta y la posibilidad de acceder a técnicas de reproducción asistida. En el texto, además, no se habla de “familia”, sino de “formación social específica”. La otra parte permite que todas las parejas, homosexuales o heterosexuales, puedan constituirse como una pareja de hecho. Para aquellas formadas por dos personas de diferente sexo, esto supone una alternativa al matrimonio, sea civil o religioso.

Hasta aquí la mayoría de partidos están más o menos de acuerdo, aunque algunos, como los ultraderechistas de la Liga Norte, se oponen a todo el texto. Pero los problemas surgen cuando se habla de la adopción. Lo que aquí se conoce como stepchild adoption, es decir, la posibilidad por parte de un miembro de la pareja de adoptar al hijo biológico del otro miembro. Como decíamos, adoptar a un niño que no sea hijo de la pareja ni siquiera se contempla.

El ministro del Interior, Angelino Alfano, líder del Nuevo Centro Derecha, socio de Gobierno del Partido Democrático, ha reiterado en diversas ocasiones su contrariedad a las adopciones gais: “Cada niño tiene que tener un papá y una mamá y sus derechos están por encima de todo”, remarcaba hace pocos días. Incluso dentro del partido del primer ministro, Matteo Renzi, el Partido Democrático (PD), hay opiniones diversas. Por ello, la ministra de Reformas Constitucionales y Relaciones con el Parlamento, Maria Elena Boschi, decía días atrás en un programa de la televisión pública italiana (Rai) que su partido “permitirá la libertad de conciencia” a la hora de votar este proyecto de ley presentado por el propio PD (aunque no constaba en su programa de gobierno).

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Para la senadora Monica Cirinnà, excluir las adopciones “sería como no hacer la ley” y sostiene que “el reconocimiento del segundo padre es un punto irrenunciable, porque tiene que ver con los derechos de los niños, los más preciados” y añade: “Queremos darles certezas y protección, es a esto a lo que hemos sido llamados con esta ley”.

También la posición y presiones de la Iglesia sobre la política italiana se entrometen en el debate de las uniones gays. Significativas las palabras del secretario general de la Conferencia Episcopal italiana, Nunzio Galantino: “Pido que la política no sea estrábica. No puede ser que un Gobierno invierta tantas energías en estas formas de uniones particulares y que esté arrinconando a la familia tradicional”. También ponía su granito de arena el vicario de la diócesis de Roma, el cardenal Agostino Vallini: “Soy contrario a esta ley pero la respeto, porque así es la democracia, pero no lo llamemos familia, como si esta tradición hubiera sido superada, llamémosle de otro modo”.

La senadora Cirinnà recuerda que las intromisiones del Vaticano en este tema son una “cuestión muy antigua” y añadía: “Las injerencias se notan, pero también la nueva conciencia por parte de los parlamentarios es tangible. Tenemos los números. No podemos perder esta oportunidad”.