Una veintena de denuncias en Francia contra el estado de emergencia impuesto por Hollande

Después de cientos de registros policiales en viviendas, mezquitas, restaurantes y hoteles en las menos de cinco semanas transcurridas desde los atentados del 13 de noviembre en París, algunos musulmanes en Francia están llevando al Gobierno a los tribunales por cometer lo que consideran actos ilegales en nombre de la prevención de un nuevo ataque yihadista.

Al menos 20 denuncias fueron presentadas desde que se impuso el estado de emergencia después de los atentados que se cobraron la vida de 130 personas, según seis abogados independientes implicados en los casos.

Las medidas de emergencia dan a las autoridades poderes adicionales para dictar arrestos domiciliarios y realizar registros sin orden judicial. Aunque está previsto que expire el 26 de febrero, el Gobierno ya dijo que podría ampliarlo.

Los sondeos indican que las medidas cuentan con un apoyo abrumador de la población, todavía conmocionada por la magnitud de los atentados, y los ministros las defendieron como claves para proteger el orden público y a la sociedad.

El pasado 11 de diciembre, el principal tribunal administrativo de Francia pidió al Tribunal Constitucional que examine la constitucionalidad de la ley, especialmente por sus restricciones a la libertad de movimientos, después de un recurso por parte de un activista que fue puesto bajo arresto domiciliario antes de la reciente Cumbre del Clima en París.

Y este jueves, un centenar de organizaciones, incluida la Liga de Derechos Humanos y el sindicato de magistrados, demandaron que el Gobierno levante el estado de emergencia sobre la base que está llevando a excesos sin responder a la amenaza.

Los retos legales que se lanzaron hasta ahora fueron posibles gracias a diputados franceses que revisaron la ley cuando se amplió el estado de emergencia el pasado 20 de noviembre.

La revisión permite la supervisión judicial, pero solo después de que los registros se realizaron, explicó Olivier Renaudie, un profesor de la Universidad de Lorena y especialista en leyes de seguridad interior. "Es un progreso, ya que la ley extiende el poder de la Policía pero también garantías judiciales", explicó.

Arresto domiciliario

La mayoría de las denuncias alega que el Gobierno actuó de forma ilegal al poner a personas bajo arresto domiciliario por razones injustificadas o basadas en información errónea, y buscan una suspensión o la revocación de las órdenes de arresto.

Según los abogados que trabajan en ello, se están preparando más denuncias en relación con daños a la propiedad durante los registros y por sufrimiento emocional. En los seis casos que se atendieron hasta ahora, los jueces rechazaron las denuncias, precisaron.

Hasta este miércoles, las autoridades habían realizado más de 2.700 registros e impuesto 360 arrestos domiciliarios, según el Gobierno francés. Además, 51 personas fueron encarceladas, principalmente por posesión ilegal de armas o drogas.

Además, se abrieron dos investigaciones relacionadas con terrorismo como resultado de los registros, indicó a Reuters una fuente judicial.