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Derechos humanos

Sáhara Occidental, cuando defender los derechos humanos es delito

  • Un grupo de ocho juristas, cinco españoles, fue expulsado de Marruecos este jueves acusado de "vulnerar el orden público" por intentar visibilizar la situación de presos políticos saharauis
  • Miembros de Amnistía Internacional, periodistas, abogados y activistas ya han sido expulsados anteriormente por las autoridades marroquís

Publicada 07/04/2016 a las 06:00 Actualizada 07/04/2016 a las 22:00    
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Nieves Cuba, una de las abogadas expulsadas, a su llegada a España.

Nieves Cuba, una de las abogadas expulsadas, a su llegada a España.

EFE
Gdaim Izik es el nombre con el que ha sido bautizado el grupo de activistas saharauis que en noviembre del 2010 participaron en las revueltas organizadas en el seno del campamento del mismo nombre, en el Sáhara Occidental. Los hechos sucedieron después de que el rey marroquí Mohamed VI advirtiera, a raíz del 35 aniversario de la Marcha Verde, que no toleraría ninguna violación, alteración o puesta en duda de la marroquinidad de la parte del Sáhara Occidental al este del muro marroquí, una zona controlada por el Frente Polisario.

Tras ello, y motivados por las críticas del Frente Polisario, decenas de saharauis comenzaron a organizar una serie de protestas que terminaron con la actuación militar y policial, usando cañones de agua, gases lacrimógenos y porras contra los manifestante. Otro de los resultados fue la detención del grupo de jóvenes activistas saharauis. Dos años después, en el 2013, el Tribunal Militar de Rabat les condenó a penas de entre 25 años y la perpetuidad. En la actualidad, 23 de estos hombres continúan en prisión, reclamando un juicio justo. Desde el 1 de marzo todos ellos se encuentran en huelga de hambre como protesta por su situación.

El grupo de juristas integrados en la Asociación Internacional de Juristas ha estado presente a lo largo de todo el proceso generado a raíz de estos acontecimientos, hasta que el pasado miércoles las autoridades marroquís decidieron poner punto final a su actividad. Un total de ocho abogados y jueces franceses, belgas y españoles –concretamente un belga, dos franceses y cinco españoles: Nieves Cuba, Jesús María Martín, Juan Carlos Gómez, Altamira Guelbenzu y Francisco Serrano – viajaron a Marruecos con el fin de mantener una serie de reuniones y participar en actos para visibilizar y denunciar la situación de los presos. Sin embargo, y pese a haber acudido anteriormente al país con las mismas intenciones –estuvieron presentes en el juicio del 2013 como observadores internacionales–, esta vez las autoridades marroquís decidieron vetar su presencia en el territorio.

Acusados de “vulnerar el orden público”

Todos ellos fueron retenidos tras su llegada a Rabat. Ya asentados en el hotel, las autoridades marroquís "apoerraron la puerta" y los detuvieron sin explicaciones. Sus pasaportes les fueron retirados, así como sus dispositivos móviles, ordenadores y tabletas electrónicas, y durante más de cinco horas los juristas se encontraron en un limbo, a la espera de alguna aclaración que justificara los hechos. Finalmente, las autoridades comunicaron la expulsión del grupo conforme "a las disposiciones de la ley sobre la entrada y estancia de los extranjeros en Marruecos", argumentando que su presencia en el país tenía la pretensión de "crear problemas y vulnerar el orden público".

La abogada Nieves Cuba relata en conversación con infoLibre
la forma en que sus intenciones fueron frustradas por las autoridades. Destaca, además, su reacción y la de sus compañeros, basada en la "resistencia pacífica". Todos ellos, explica, se negaron a colaborar con las autoridades marroquís hasta obtener la información pertinente. Horas después y "gracias a la mediación de Francia y España", fueron llevados de nuevo al hotel donde aguardaron, siempre bajo vigilancia, al momento de la devolución a sus países.

La abogada subraya que la intención del grupo de letrados era, fundamentalmente, "mostrar interés por su situación [la de los presos], que ya antes de estar en huelga de hambre era bastante delicada, pero ahora lo es todavía más". La abogada explica que el juicio al que fue sometido el grupo de activistas en el año 2013 fue desarrollado por "un tribunal que no es competente", al tratarse de tipo "militar para asuntos de orden civil", en lugar del correspondiente, que sería uno de tipo penal.

Lo que busca este colectivo es, en palabras de Cuba, "intentar aplicar el derecho internacional y ver sobre el terreno todo lo que está en nuestra mano hacer", ya que siempre han conseguido mantener entrevistas con distintas autoridades en sus reiteradas visitas al país.

Cuba, quien denuncia que "en ningún momento" pudo tener "libertad de movimiento", lamenta que lo vivido evidencia que en el país "derechos, ninguno". La letrada añade, además, que "si eso lo hacen con juristas… sobran las palabras".

Expulsiones por defender los derechos humanos


La expulsión del grupo de juristas es sólo la última de una oleada de deportaciones por parte de Marruecos hacia todo aquel colectivo o persona cuya actividad resulte especialmente incómoda. En junio del pasado año, las autoridades marroquís expulsaron del país a la delegada del Instituto internacional para la Acción No Violenta (Novact) por promover iniciativas contra "la moral pública" y el "desvío" de las buenas costumbres al defender los derechos de la comunidad LGTB.

También dos investigadores de Amnistía Internacional que preparaban un informe sobre derechos humanos en la frontera entre Marruecos y España fueron detenidos en junio del pasado año, por "no tener la autorización de las autoridades competentes". La expulsión fue calificada por Amnistía Internacional como un "flagrante intento de evitar una investigación legítima sobre los derechos humanos" y señaló que la decisión marroquí planteaba "serias sospechas de que las autoridades tienen algo que ocultar".

Ya en septiembre del 2015, Marruecos impidió entrar al Sáhara Occidental a una delegación aragonesa de observadores compuesta por el fotoperiodista Gervasio Sánchez y el abogado Luis Mangrané. Las autoridades marroquís basaron la orden de expulsión en la ley relativa a la entrada y residencia de extranjeros en Marruecos, a la emigración e inmigración irregulares. El objetivo del viaje era "conocer la situación real que vive el pueblo saharaui en las zonas ocupadas y las denuncias de vulneración de Derechos Humanos".

En enero de este año Esteban Velázquez, sacerdote jesuita que llevaba tres años trabajando con inmigrantes subsaharianos, fue obligado a abandonar el país. Tras conocer los hechos, cinco ONG –la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la Asociación Elín y Sos Racismo– criticaron que las autoridades marroquís buscaban castigar de este modo la labor humanitaria de Velázquez, y solicitaron la intervención diplomática española, quien finalmente señaló que se trataba de una cuestión "bilateral entre Marruecos y El Vaticano".

LA AUTORA Correo Electrónico
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