El Defensor del Pueblo Europeo investiga el acuerdo con Turquía sobre refugiados tras recibir cinco quejas desde España

El Defensor del Pueblo Europeo ha iniciado una investigación después de haber recibido cinco quejas contra la Comisión Europea por el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía sobre refugiados.

Las protestas ante el Defensor del Pueblo proceden de dos particulares y tres ONG: el Comité Español de Ayuda a Refugiados (CEAR), la asociación Women's Link Worldwide y la Asociación Española de Jóvenes Abogados.

Women's Link Worldwide presentó esta queja el pasado 22 de junio para denunciar la falta de un análisis del impacto que el acuerdo UE-Turquía tiene sobre mujeres, niñas y niños que buscan refugio y que, a su juicio, "supone una violación del marco normativo de la Unión Europea, así como de sus principios y valores".

En el escrito del Defensor del Pueblo Europeo, al que ha tenido acceso Europa Press, alega que "la Comisión Europea no llevó a cabo una evaluación del impacto que el acuerdo tendría sobre los derechos humanos, a pesar de las reclamaciones del Consejo de Europa, las Naciones Unidas y ONG".

"Con la admisión de esta queja, la Defensora del Pueblo reconoce que existen argumentos suficientes como para verificar si la Comisión Europea ha incurrido en una mala práctica y que esta actuación puede estar violando el marco legal de la Unión Europea", afirma la presidenta de Women's Link, Viviana Waisman.

La defensora del pueblo europea presiona para mejorar la transparencia del Consejo de la UE

Ver más

Según advierte Women's Link, el acuerdo UE-Turquía está dejando a mujeres, niñas y niños en unas condiciones "extremadamente precarias" de alojamiento, alimentación, aseo, iluminación y seguridad". "Las mujeres embarazadas no están recibiendo tratamiento médico adecuado y tampoco hay asistencia médica para bebés recién nacidos y niños pequeños, que se encuentran expuestos a múltiples enfermedades", alerta.

Estas condiciones, según añade la organización, colocan a mujeres, niñas y niños en riesgo de sufrir violencia y abusos sexuales, y los hace aún más vulnerables a las redes de tráfico y a las redes de trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

Además, denuncia que la falta de personal, de traductores, de abogados y abogadas y el escaso plazo que hay para recurrir y apelar impide que el procedimiento de asilo se realice de manera individualizada aplicando una perspectiva de género y de derechos de la infancia.