Las normas éticas impulsadas en Bruselas no consiguen poner fin a las puertas giratorias

Las puertas giratorias continúan suponiendo un auténtico quebradero de cabeza para las instituciones comunitarias que ni los códigos de conducta ni las normas internas consiguen frenar. La Asociación de Mercados Financieros en Europa (AFME, por sus siglas en inglés), uno de los grupos de presión más potentes en Bruselas, anunció el pasado lunes el fichaje del actual número dos de la Autoridad Bancaria Europea (ABE), Adam Farkas, para suceder a partir del próximo mes de febrero a Simon Lewis como presidente ejecutivo de la entidad. A pesar de las críticas que varios colectivos europeos han vertido sobre el fichaje del director ejecutivo de la agencia comunitaria, la ABE ha decidido dar luz verde a la salida de Farkas pero aplicando algunas salvaguardas a fin de evitar que se produzca conflicto de intereses. Entre ellas, un periodo de enfriamiento que organizaciones como Finance Watch consideran “demasiado corto”. El caso del número dos de la Autoridad Bancaria Europea se suma a la polémica surgida tras la decisión del comisario de Presupuesto saliente de crear una empresa de lobby cuando todavía ocupa el cargo en Bruselas.

La salida llevaba semanas sonando. Sin embargo, el fichaje no se anunció hasta el pasado lunes. “Farkas asumirá su nuevo cargo el próximo 1 de febrero de 2020”, rezaba el comunicado emitido por la Asociación de Mercados Financieros en Europa. En el escrito, la organización recogía la extensa trayectoria profesional del que será su nuevo presidente ejecutivo: número dos de la Autoridad Bancaria Europea desde 2011, presidente de la Autoridad de Supervisión Financiera de Hungría entre 2009 y 2010 y alto cargo en el Banco Nacional de Hungría, CIB Bank o Allianz Bank entre 1997 y 2009. “Me siento honrado y encantado de haber sido seleccionado por AFME para reemplazar a Simon y dirigir la organización en los próximos años. Espero continuar el trabajo de AFME hacia un mercado financiero que funcione bien y que esté verdaderamente integrado”, señaló Farkas sobre su nombramiento. El presidente de la Asociación de Mercados Financieros, por su parte, también celebró el fichaje: “Su liderazgo, habilidades técnicas y de comunicación son una combinación ideal”.

Casi al mismo tiempo, la agencia europea encargada de aplicar un conjunto de normas armonizadas para regular y supervisar el sector bancario europeo anunció la renuncia de Farkas como director ejecutivo. A través de un comunicado, la ABE señaló que su Junta de Supervisores había llevado a cabo “una evaluación del posible conflicto de intereses” y apuntó que Farkas “ya no participará en la política y el trabajo de supervisión” de la Autoridad Bancaria Europea y se dedicará “exclusivamente” a “asuntos operativos”. Además, la Junta de Supervisores también acordó aplicar varias “condiciones” para su futuro trabajo. Por un lado, no podrá tener contactos profesionales con el personal de la ABE o participar en actividades de lobby que afecten a la agencia durante los 24 meses posteriores a su salida. Por otro, no podrá “asesorar” a la AFME “ni contribuir de ninguna otra manera” en las actividades de su nueva organización “sobre temas directamente relacionados con el trabajo que realizó durante sus últimos tres años de servicio”, un veto que durará 18 meses desde su salida de la ABE.

El anuncio de la Autoridad Bancaria Europea fue duramente criticado por Finance Watch, una organización afincada en Bruselas que lucha por unos servicios financieros bien regulados y seguros para los consumidores. “Dado el conocimiento interno de Farkas sobre la estrategia y los procedimientos de la ABE, el alto nivel de amenaza en torno a la estabilidad financiera y el largo ciclo de vida en la formulación de las políticas financieras, el periodo de enfriamiento suave de 18 meses es demasiado corto como para garantizar que la supervisión de los bancos de la UE no se va a ver comprometida”, señaló Finance Watch en un comunicado. En este sentido, es necesario recordar que como director ejecutivo y responsable de la gestión de la Autoridad Bancaria Europea, Farkes lleva encargándose desde 2011 de preparar el trabajo del Consejo de Administración de la agencia, de ejecutar su programa de trabajo anual, de tomar las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento de la ABE y de preparar el programa de trabajo plurianual, así como elaborar el anteproyecto de presupuesto.

Más de 4,5 millones invertidos en 'lobby'

Finance Watch remitió el pasado lunes, antes de que se hiciera público el fichaje de Farkas, una carta al presidente de la Autoridad Bancaria Europea, José Manuel Campa, en la que le comunicaban su deseo de que este “movimiento de alto perfil” fuera prohibido. El Reglamento por el que se establece el Estatuto de los Funcionarios de la UE recoge en su artículo 16 que “todo funcionario que se proponga ejercer una actividad profesional, retribuida o no, en los dos años siguientes al cese de sus funciones deberá notificarlo a su institución”. En el supuesto de que dicha actividad guarde relación con el trabajo realizado por el interesado durante los tres últimos años de servicio y pueda resultar “incompatible con los intereses legítimos de la institución”, la autoridad podrá “bien prohibirle que ejerza tal actividad, bien supeditar su autorización a cuantas condiciones considere oportunas”. El reglamento, además, establece un periodo de 12 meses tras el cese de sus funciones en el que no podrá ejercer “actividades de promoción o defensa de sus negocios ante el personal de su antigua institución”.

El colectivo considera que ese tiempo de enfriamiento es insuficiente. Y así se lo hacía saber a Campa en la misiva que le remitieron: “Creemos que el cargo de director ejecutivo debería llevar una restricción para ejercer lobby sobre las políticas financieras de entre dos y cinco añoslobby”. La Asociación de Mercados Financieros en Europa es uno de los grupos de presión más potentes en suelo comunitario. Según consta en su perfil del Registro de Transparencia de la UE, esta entidad destinó sólo entre noviembre de 2017 y octubre de 2018 más de 4,5 millones de euros para cubrir sus actividades de lobbylobby y cuentan con hasta media decena de acreditaciones para acceder a los edificios del Parlamento Europeo. Desde diciembre de 2014, la AFME ha mantenido 40 reuniones con comisarios, miembros de su gabinete o directores generales del Ejecutivo comunitario. Y entre sus miembros, esta entidad integra a grandes grupos financieros como Santander, BBVA, Barclays, Blackrock, BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC o Morgan Stanley.

El 'caso Oettinger'

La polémica por el fichaje del número dos de la Autoridad Bancaria Europea se suma a la que afecta al comisario europeo de Presupuesto saliente, el alemán Günther Oettinger. El pasado mes de julio, el diario regional germano Stuttgarter Zeitung desveló que el miembro del Ejecutivo comunitario había cambiado su declaración de intereses para declarar una inversión personal de 12.500 euros de un total de 50.000 euros de capital social para Oettinger Consulting, una sociedad que estará dirigida oficialmente por la esposa del comisario de Presupuesto. Esta empresa de relaciones públicas, es decir, de lobby, ya ha depositado sus estatutos en el Registro Mercantil de Hamburgo. El movimiento de Oettinger, que también se ha ocupado de los asuntos energéticos entre 2010 y 2014 y de los digitales entre 2014 y 2017, obligó al Ejecutivo comunitario a moverse rápidamente. A finales de julio, la Comisión Europea anunció que remitiría antes de que finalizara su mandato el asunto al Comité Ético Independiente para que aclare si existe un conflicto de intereses.

Las puertas giratorias llevan años suponiendo para las instituciones europeas un verdadero quebradero de cabeza. El conocido como caso Barroso, que hace referencia al fichaje del ex líder de la Comisión José Manuel Durao Barroso como presidente no ejecutivo de la filial de Goldman Sachs en Londres dos años después de abandonar su cargo, obligó al Jean-Claude Juncker a impulsar un endurecimiento del Código de Conducta al que están sujetos los comisarios. La nueva normativa, que entró en vigor en febrero de 2018, ampliaba de año y medio a dos años el periodo de incompatibilidad de los miembros del Ejecutivo comunitario y hasta los tres años en el caso del presidente de la Comisión, teniendo que informar a Bruselas durante ese plazo de su intención de asumir cualquier nueva actividad profesional. Además, obliga a los comisarios a declarar cualquier inversión que supere los 10.000 euros, con independencia de si puede plantear o no un conflicto de intereses, y a hacer públicas todas sus reuniones con grupos de presión.

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Continuo trasiego por las puertas giratorias

Desde 2007, más de una decena de antiguos comisarios europeos dieron el salto a la empresa privada tras su salida del Ejecutivo comunitario, según la base de datos elaborada por la organización Corporate Europe Observatory. Es el caso, por ejemplo, de los ex comisarios de Asuntos Marítimos (2004-2009) Joe Borg –se fue a la consultora Fipra–, de Desarrollo y Ayuda Humanitaria Louis Michel –pasó a ser miembro del Consejo de la entidad financiera Credimo–, de Protección del Consumidor Meglena Kuneva –su destino fue el Consejo de Administración del banco BNP Paribas–, de Asuntos Empresariales e Industriales Günter Verheugen –fundó la consultora European Experience Company sin informar a la Comisión Europea, aunque estaba obligado a ello–, de Mercado Interior Charlie McCreevy –entra en el Consejo de Ryanair–, de Relaciones Exteriores Benita Ferrero-Waldner –pasa a formar parte del Consejo de Administración de la consultora Munich Re, entre otras– o de Comercio Karel de Gucht –continuó con su carrera en la operadora móvil Proximus o en el banco Merit Capital–.

El mismo camino recorrieron el extitular de Transporte Siim Kallas –se incorporó como asesor de la empresa de software Nortal–, de Agenda Digital Neelie Kroes –continuó con su labor profesional en Bank of America Merrill Lynch o Salesforce–, de Asuntos Marítimos y Pesca (2010-2014) Maria Damanaki –tras su salida se incorporó a la ONG The Nature Conservancy–, de Acción Climática Connie Hedegard (2010-2014) –empezó a trabajar en Volkswagen–, de Fiscalidad y Lucha contra el fraude Algirdas Semeta –se incorporó a Ukraine Business Ombudsman–, de Justicia Viviane Reding –a su salida entró en la Fundación Bertelsmann, entre otras– y de Medio Ambiente Janez Potocnik –se incorporó al Fórum por el Futuro de la Agricultura, patrocinado por la empresa agroalimentaria Sygenta–. El último en dar el paso al sector privado fue el excomisario de Servicios Financieros Jonathan Hill, que fue fichado por el bufete de abogados Freshfields, la consultora Deloitte o la firma financiera UBS. Bruselas dio el visto bueno a sus nuevos trabajos.