Lo público, lo nuestro

Algún día tendrá que acabar esta insoportable sangría de las imposiciones de Bruselas. El fundamentalismo pro austeridad que impulsa y vigila esa Alemania que no se deja auditar bancos, no sólo está empobreciendo el sur europeo, sino que ha aniquilado el proyecto común de una Europa solidaria y está empezando a socavar seriamente valores, derechos y fundamentos democráticos que debieran ser intocables.

El único resultado reconocible de la devastadora política de ajustes que llevamos años sufriendo es el reguero de renuncias a los que nos estamos viendo obligados los ciudadanos que la sufrimos: peor sanidad, peor educacion, oscuridad cultural...y ahora, derecho a la información.

La semana termina con el debate interno en el gobierno griego sobre la necesaria marcha atrás en la decisión de cerrar la ERT y con la simpática advertencia de Bruselas a Atenas: "Cuidado con el cierre, porque socava derechos fundamentales y va contra el Tratado de Amsterdam" . Simpática, porque es la exigencia de Bruselas de reducir antes de julio 3000 empleos públicos lo que ha llevado al gobierno de Samarás a esa ocurrencia antidemocrática de cierre radical y sin aviso. Las instituciones europeas o los organismos financieros internacionales disparan primero y preguntan o aclaran después, o hasta llegan a reconocer su error, como parece haber hecho el FMI con Grecia, tal es su inseguridad y desconcierto.

Lo grave son las consecuencias de esa incompetencia.

Cerrar una televisión pública es un ataque a los fundamentos esenciales de una sociedad democrática. El que una instancia "superior" exija recortes o que la Radiotelevisión despilfarre o este mal gestionada no justifica en absoluto que se prive de ella a los ciudadanos. Es una cuestión de principios: lo público es lo que nos hace solidarios como sociedad. La sanidad pública, la educación, los servicios sociales o las carreteras, son servicios públicos sin cuya existencia ninguna sociedad es verdaderamente democrática. Lo que hay que hacer con ellos no es recortarlos o eliminarlos, sino gobernarlos correctamente.

El problema de lo público no es que exista, sino que se gestiona mal. Y tanto nos hemos habituado a verlo así que hasta abrimos debates sobre sí debe existir o no cuando es evidente qué tipo de sociedad soportaríamos sin sanidad, educación, asistencia o medios públicos de comunicación: si todos estos servicios los prestasen únicamente empresas cuya legítima aspiración es obtener beneficio propio.

La Radiotelevisión pública es un derecho ciudadano y una obligación del Estado democrático. Una Radiotelevisión libre, plural y gestionada con criterios de eficacia que garantice su supervivencia para poder mantener su compromiso de servicio a los ciudadanos. Ese es el objetivo, la obligación. Lo malo es que no suele ser la realidad. Tan mal se gestionan los servicios públicos que todos terminamos asociando la idea de lo público con la mala calidad y en materia de comunicación además con la manipulación política.

Lo que hay que hacer es exigir rigor, criterio y transparencia, no la horca. Tomar conciencia de que lo público es lo de todos y su supervivencia lo que nos garantiza salud democrática.

Que no se cierre la televisión griega o las autonómicas o la española aquí. Que se gestionen como debe ser y que sus contenidos sean plurales y de servicio, también competitivos; pero que no desaparezcan ni siquiera "provisionalmente".

La crisis y sus excusas ya nos han quitado bastante. Que no nos dejen ahora sin voz. Es más, aprovechemos lo que esta semana ha decidido con nocturnidad y alevosía el gobierno de la machacada Grecia, para volver a plantearnos la necesidad de exigir que los medios de comunicación públicos no sólo lo sean de titularidad, sino de gestión, contenidos y servicio a los ciudadanos.