El país de las Beatrices oprimidas

El Salvador no es sólo el país del que se ha hablado últimamente a raíz de la petición de aborto de Beatriz. Es el lugar en donde “los feminicidios se dan en un marco de violencia generalizado” denuncian todos los movimientos de mujeres salvadoreñas.

Año a año las cifras de muertes de mujeres aumentan alarmantemente mientras que “la impunidad de los delitos, las disparidades socio-económicas y la cultura machista favorecen un estado generalizado de violencia como asesinatos, violaciones, violencia en el hogar, acoso sexual y explotación sexual comercial”, afirmaba recientemente la asociación de mujeres Mélida Anaya Montes. A estos aspectos habría que añadir la tolerancia social de la que se benefician los agresores.

“En ciudades y poblados existen asaltos y violaciones sin que las autoridades locales y policiales hagan algo por hacer estos lugares más seguros y recuperarlos para el desarrollo comunitario”, añade Mercedes Olivera, conocida luchadora por los derechos de la mujer centroamericana con más de 40 años de experiencia.

Numerosas organizaciones de mujeres llevan años luchando contra esta impunidad y de hecho reconocen que algunas leyes han mejorado “pero por parte del Estado salvadoreño no existe una actuación firme para prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia. El Estado actúa con una actitud misógina de desprecio, desinterés y negligencia. Además, el Estado no pone recursos suficientes para la prevención. Es una actitud de indiferencia porque consideran esta violencia como natural”.

Desde el informe El feminicidio en el Salvador, numerosas organizaciones como la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida o el Movimiento de Mujeres Mélida, antes citado, siempre acompañadas de organismos internacionales, piden que desde el Gobierno se trabaje en "desmontar la masculinidad hegemónica basada en el poder, el control y la violencia a través de la educación”.

Estas mismas mujeres que luchan por una vida digna de las mujeres han sido las que en su momento encabezaron la lucha de Beatriz por poder conseguir un aborto en buenas condiciones de un niño que iba a salir sin cerebro mientras que la vida de la joven de 22 años corría peligro al sufrir lupus eritematoso sistémico agravado con nefropatía lúpica y artritis reumatoide.

Lucharon por la madre al mismo tiempo que denunciaban “la intromisión del Opus Dei, la iglesia, la organización Sí a la Vida y al director de Medicina Legal y la Corte Suprema de Justicia”. Y terminaban su escrito afirmando: “En El Salvador hay miles de Beatriz que exponen su vida ante la necesidad de un aborto”.

Entre el año 2000 y 2011, 129 mujeres fueron procesadas y 49 condenadas por haber abortado, para pasar posteriormente a cárceles como la de Ilopango, una de las más saturadas del mundo en donde las presas comen en el suelo, en donde escasea el agua potable, las camas o el papel higiénico.

Y es que la vida de esta adolescente, como la de la mayoría de mujeres de ese país es muy dura. Beatriz es la mayor de cinco hermanos que su madre comenzó a parir a los 18 años y que tuvo que sacar adelante sola ya que su marido la abandonó. La joven dejó la escuela para trabajar en el campo, cultivando maíz, fríjol o calabaza para después limpiar edificios de su ciudad.

Según el Ministerio de Salud del citado país, el 33,2% de las mujeres parturientas son adolescentes de entre 15 y 19 años mientras que la tasa de fecundidad de estas jóvenes es mayor que la correspondiente a América latina y el Caribe.

Las ciudadanas salvadoreñas han tenido que escuchar a un arzobispo de dicho país diciendo “no puedo salvar a todas las almas, pero sí evitar que una muera”, refiriéndose al feto aencefálico de Beatriz, denunciaba la feminista Morena Herrera. Y añadía: “Nosotras ya teníamos un informe de una encuesta que hizo el IUDOP a finales del año pasado y que fue por encargo de la Universidad de Harvard. En ella el 58% de la población se mostraba a favor de que cambie la legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo cuando se enfrenta a un riesgo de vida y de muerte. Ese porcentaje ha aumentado en esta coyuntura".

Esta misma posición la mantuvola Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pidió “adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de Beatriz”.

Pero los gobernantes no los escucharon y finalmente, debida a la gran presión internacional, decidieron optar por inducir el parto anticipadamente. Beatriz se recuperó y se fue a su casa con su hijo de 14 meses y por lo tanto tema olvidado. Las televisiones dejaron de hacer crónicas y ya nadie se acuerda de este pequeño país centroamericano y mucho menos de sus mujeres.

Pero los problemas persisten. Según Naciones Unidas, en 2011 fueron asesinadas 647 mujeres en El Salvador.

De enero a abril de 2013, la Policía Nacional Civil informa que se registraron un total de 64 feminicidios, una reducción bastante significativa de 65.6%, si se compara con el mismo período de 2012, cuando se contaron 186 casos. Los cuerpos de 42 de las 64 mujeres fueron encontrados en la zona rural. La mayoría de ellas tenían entre 18 y 30 años y 23 mujeres murieron por arma de fuego, 18 con arma blanca y del rsto no se tiene información.

"Es innegable" que la justicia, también en los casos de feminicidio, "actúa de manera diferenciada dependiendo de los recursos (...) que tenga el victimario", dijo a Efe la coordinadora del Observatorio de Violencia de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), Vilma Vaquerano.

Pero las niñas siguen pidiendo comida por las calles, siguen limpiando parabrisas a cambio de una moneda, son víctimas de explotación sexual o teniendo hijos a los 10, 11 y 12 años.

La líder Morena Herrera escribía una carta el 14 de abril al presidente del Gobierno recriminándole sus cambios de opinión. Su posición parecía favorable a flexibilizar la ley a favor de los derechos de las mujeres, incluso, cuando cambió la ley en el Distrito Federal de México, expresó que si la vida de su esposa estuviera en peligro por un embarazo, estaría de acuerdo con la interrupción. Y finaliza la carta denunciando: “El personal y las autoridades de salud tienen temor a ser criminalizados. Pero hay otro temor para hablar abiertamente del tema, es la censura presidencial respecto a esta problemática. Esta censura puede ser cierta o no, pero funciona como rumor a gritos en los pasillos de los hospitales”.

La misma ministra de Sanidad, María Isabel Rodriguez, de 90 años, destapó uno de los grandes problemas del país: la desigualdad social. “Las mujeres con más capacidad económica salen del país a cada rato para interrumpir el embarazo”, afirmaba. Y es que El Salvador es uno de los países más desiguales de Latinoamérica.

El 58% de la población vive bajo el umbral de la pobreza, una situación que provoca la salida del país de 720.000 personas cada año. El 70% de las familias que se quedan sobreviven gracias a las remesas que los emigrantes envían desde el exterior, unas cantidades que, sin embargo, no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de alimentación, agua, electricidad, educación y salud de una familia media compuesta por entre cuatro y seis personas.

En El Salvador todas son potenciales beatrices cuya vida tiene escaso valor.

Mercè Rivas Torres es periodista y autora de Los sueños de Nassima y Los sueños de NassimaVidas