Una nueva inserción de la economía española en la globalización

En Europa, a diferencia de lo sucedido en EEUU, ni el Banco Central Europeo (BCE) ni unas débiles instituciones comunitarias dotadas de una irrelevante capacidad presupuestaria para actuar de forma anticíclica, han sido capaces de resolver de forma satisfactoria las necesidades de financiación exterior de algunos países del euro (Portugal, Grecia, Irlanda, España, Chipre), tras el colapso que sufrieron los mercados financieros mundiales a partir de 2007.

El BCE tuvo más en cuenta los imaginarios peligros inflacionistas de una expansión monetaria que las necesidades crediticias reales de particulares, empresas y estados. Esto fue acompañado por la imposición por parte de la Comisión Europea, fundamentalmente por las presiones de los gobiernos alemán, holandés y finlandés, de unas estrictas políticas de austeridad salarial y de gasto público a esos países. El saldo global de esas medidas ha sido tan negativo que varios de estos países han visto como se colapsaba su demanda interior, agudizándose la crisis hasta tal extremo que ha llegado a ralentizar la incipiente recuperación de los países centrales.

En concreto en España, la insuficiente expansión monetaria de la zona euro y las políticas de austeridad fiscal y salarial han incrementado la magnitud de los efectos contractivos sobre la demanda interna, produciendo un elevadísimo desempleo y un creciente subempleo del capital instalado. El crecimiento de las exportaciones (derivado principalmente del esfuerzo de las empresas, y de sus trabajadores, por internacionalizarse para sobrevivir) no ha podido cubrir esa caída de la demanda nacional. La magnitud de la economía española no es comparable con otros países mucho más pequeños, en los cuales el impulso de las exportaciones podría compensar en mayor medida la caída de la demanda nacional.

En este sentido, los datos macroeconómicos entre el primer semestre de 2012 y el mismo periodo de 2013 son contundentes. Las exportaciones de bienes y servicios españoles, la demanda exterior, se han incrementado en 11.800 millones de euros, pero eso ha sido insuficiente para suplir los efectos contractivos que las políticas de recorte del gasto público y de devaluación salarial están teniendo en la demanda nacional, que ha caído en 20.700 millones de euros. La capacidad de consumo de las Administraciones públicas ha disminuido en 2.500 millones euros, el de los hogares en 7.800 millones de euros, la inversión en la compra de viviendas se ha desplomado, reduciéndose en 9.100 millones de euros.

Asimismo, también hay que achacar a la caída de la demanda nacional, derivada de las políticas de devaluación salarial, la reducción de la inversión empresarial en bienes de equipo en 1.600 millones de euros. Por tanto, en España las exportaciones deberían casi doblar su volumen de incremento para compensar los efectos negativos que sobre el PIB y el empleo que tiene la caída del consumo y la inversión nacionales. Algo que, hoy por hoy, parece imposible. Si continuamos por este camino la salida a la crisis será mucho más lenta, y por tanto más dolorosa, como indica la caída del PIB del 1,4% en 2012, las previsiones para 2013 de descenso de un 1,5% y las estimaciones generalizadas de que el estancamiento continuará en 2014.

La Comisión Europea y el BCE no van a ser el Séptimo de Caballería

Desde el estallido de la crisis se ha debatido profusamente a escala europea, y también en España, sobre cuales debieran ser los mecanismos e instrumentos para enfrentarse a esa situación. Acelerar el proceso de integración europea a través de un presupuesto comunitario digno de tal nombre, una Unión Bancaria que rompiera con la tendencia a la renacionalización de los mercados de crédito, un sistema de mutualización de la deuda pública a escala europea, un nuevo papel del Banco Central.

Posiblemente, tras las elecciones alemanas se vaya a producir una laxitud en las políticas de austeridad, pero la realidad política europea (la validación por parte de gran parte del electorado alemán de las políticas de la CDU junto a la pasividad francesa, la sumisa aquiescencia española y la incapacidad italiana de superar sus problemas de gobernabilidad a escala nacional) indica que no existe una correlación suficiente de fuerzas en Europa para que se produzcan grandes cambios en estas cuestiones en un futuro cercano. Este sería un camino deseable, pero cuya materialización solo es posible a muy largo plazo.

Tampoco una quita ordenada de la deuda, en el actual escenario político europeo, parece un objetivo posible a corto plazo, a menos que la situación española se deterioré a niveles como los alcanzados en Grecia, algo a todas luces no deseable.

Por último, en una parte importante de la ciudadanía se ha producido un creciente desencuentro con la moneda común, llegándose a plantear la salida de España del euro. Las razones están en la fuerte perdida de soberanía en política económica que, de forma poco democrática, sin un debate público frente a los ciudadanos, España ha sufrido en los últimos años, debido a las actuaciones de los gobiernos de los principales partidos (PSOE y PP). La modificación constitucional, inducida por la presión de los prestamistas, que ha priorizado la devolución de la deuda sobre las necesidades de servicios sociales de los ciudadanos y la puesta bajo el control de las autoridades comunitarias de una parte relevante de nuestro sistema financiero (Bankia, Novagalicia Banco y Catalunya Banc) son los episodios más sobresalientes de este proceso.

No obstante, este planteamiento olvida que nada asegura que una salida del euro permita un cambio en las actuales políticas económicas. Las consecuencias en nuestras relaciones económicas con el resto del mundo de una salida del euro, y una posterior devaluación de la moneda, serían similares a las que está generando la devaluación interna impulsada por el gobierno: nuestro empobrecimiento relativo y acelerar una carrera competitiva a escala europea basada en la rebaja de los salarios. Además, a corto plazo la salida del euro supondría un volumen tal de incertidumbres económicas y políticas sobre el futuro de España que agudizaría la recesión. Estudios realizados en Austria cifran los efectos económicos de la salida de este país del euro en una caída del 10% del PIB.

¿Estamos ante un problema sin solución?, ¿no hay capacidad política y social para actuar?, si esto fuera realmente así, podría tener consecuencias funestas en la aceptación democrática de la actual institucionalidad, lo que a corto plazo solo puede acentuar la crisis.

Políticas de demanda y una nueva inserción de la economía española en la globalización

Pese a que el Gobierno justifica muchas de sus medidas en imposiciones europeas, hay márgenes suficientes para que España desarrolle una política económica que, atendiendo a los intereses de la mayoría de los españoles, compagine la creación de empleo con la reducción del endeudamiento exterior. Para ello, es imprescindible que se tomen medidas que recuperen parte de la soberanía económica que se ha perdido por la crisis:

Pero para poder terminar con las políticas de austeridad fiscal en el sector público se requiere una reforma fiscal que, en relación con el impuesto de sociedades, termine con la creciente desfiscalización de gran parte de los beneficios de las grandes empresas y sea capaz de hacer pagar impuestos progresivos a las rentas del trabajo y el capital más altas. Una eficaz lucha contra el fraude y la elusión fiscal es imprescindible en este sentido. Hay que recordar que nuestra presión fiscal es inferior en siete puntos del PIB a la media de la UE.

En términos salariales es necesario restituir la relación entre la evolución de los salarios reales y la productividad, teniendo en cuenta las diferencias de productividad existentes en el tejido empresarial español (como en gran parte ya sucede en el descentralizado sistema de negociación colectiva español), así como modernizar las relaciones laborales, en sentido inverso a lo que han hecho las últimas reformas laborales del PP y el PSOE. Las experiencias desarrolladas en Alemania, a través de los Consejos de Vigilancia, donde hay más de 800 empresas que disponen de ese órgano, o en Suecia, donde se desarrollaron los Fondos de Asalariados, ponen de manifiesto el papel que puede jugar la participación de los trabajadores en mejorar la competitividad y productividad de las empresas.

Esta nueva inserción de España en la globalización no significa ni desvincularse de los mercados europeos, ni de las instituciones europeas, pero si diversificar nuestra actividad comercial, así como nuestra búsqueda de financiación exterior, para poder desarrollar una política económica con mayores márgenes de soberanía económica (que considere en primer lugar los intereses mayoritarios de los ciudadanos españoles), de autonomía frente a los dictados comunitarios que defienden los intereses de otros países.

En muchos casos, las instituciones con capacidad de financiación en los países emergentes son fondos soberanos (o de empresas públicas o semipúblicas) cuyos objetivos no priorizan obtener altas rentabilidades inmediatas, como hace el impaciente capital anglosajón, sino garantizar una rentabilidad durante un largo periodo de tiempo, aunque sea más moderada. En 2012, Qatar Holding amplió su participación en Iberdrola hasta el 8,4%, convirtió sus bonos de deuda en acciones del Banco de Santander y en 2013 adquirió el lujoso hotel W de Barcelona. En 2012 el fondo chino CIC compró a Abertis el 7% de Eutelsat y el 10% del aeropuerto de Heathrow a Ferrovial. En 2013, Temasek, el fondo soberano de Singapur, aumentó un 5% su participación en Repsol.

Lograr una mayor integración económica con las economías emergentes, mercados de alto crecimiento, es algo que por otro lado ya están haciendo los principales países europeos. Como puede verse en el cuadro adjunto en 2010 las exportaciones alemanas a las economías emergentes de Asia supusieron el 12,8% del total, mientras que tan sólo representaron el 4,5% de las españolas.

No somos la periferia de Europa, somos el puente entre Europa y los países emergentes de Asia, America y África. Y en ese sentido hay que tener en cuenta las oportunidades que abre para nuestro país la plena operatividad de la ampliación del Canal de Panamá que tendrá lugar a partir de inicios de 2015. Supondrá un fuerte crecimiento del ya elevado volumen de tráfico marítimo existente entre la costa Oeste de América y Europa. Para aprovechar dichas oportunidades es imprescindible diseñar una estrategia de intermodalidad en los principales puertos españoles (integrando el transporte marítimo de mercancías con el ferroviario) capaz de absorber esa demanda creciente, en competencia con otros grandes puertos europeos que en la actualidad tienen elevados niveles de congestión, como ha reconocido la propia Comisión Europea. Hay que tener en cuenta que el mayor puerto español por volumen de tonelaje, Algeciras, apenas supone un 15% del tráfico comercial del principal puerto europeo, Rotterdam.

Esta nueva inserción de España en la globalización no debería caer en los errores que se cometieron en el pasado, que llevaron a aceptar una posición muy subordinada de nuestro tejido industrial frente a las empresas de los países centrales de Europa (fundamentalmente francesas y alemanas). Esto es, aceptando ser solo proveedores de productos intermedios estandarizados que compiten principalmente vía precios, aceptando que las filiales españolas de las multinacionales europeas tuvieran importantes restricciones a la hora de invertir en I+D+i, de acceso a otros mercados diferentes a los que venían determinados por las estrategias de la sede central, aceptando “precios de transferencia” tanto de productos exportados, como de tecnología importada, que trasladan los beneficios a otros países.

Reorientar parte de su actividad a los mercados emergentes, es una oportunidad de mejorar la posición de las empresas españolas en la cadena de valor de lo que ahora producen, ya que van a tener una mayor capacidad de optar por ser contratistas principales, esto es, tener un mayor poder de mercado, cierta capacidad de imponer precios.

Hay que recordar que las empresas españolas de más de 250 trabajadores, las que tienen una mayor propensión exportadora, tienen una productividad mayor que las alemanas o británicas y prácticamente igual que las americanas(1). La caracterización  de las empresas exportadoras españolas es que son empresas de alta productividad, un 55% superior a las no exportadoras, con un elevado volumen de capital por empleado, un 150% superior a las no exportadoras, muchos más empleados cualificados y mucho mayor esfuerzo en I+D+i.

Una nueva política industrial para el s. XXI

Este necesario esfuerzo empresarial no va a tener mucho éxito si no va acompañado de una inteligente y novedosa política industrial que coordine las iniciativas del sector privado y del Estado, a través de adecuadas medidas horizontales y sectoriales. La mejora de la posición de las empresas españolas en la cadena de valor significa impulsar el crecimiento, en tamaño y número, de empresas tractoras. Esto es, de las empresas capaces de lograr un crecimiento sostenido de su productividad gracias a que tienen cierto poder de mercado sobre alguno de estos cinco activos intangibles específicos: el acceso a la tecnología, los conocimientos de gestión en equipo, las economías de escala en los centros de producción, mejores ideas de comercialización, marcas bien conocidas. Una política industrial que debe ser mucho más que un dispensador automático de ayudas públicas vinculadas al esfuerzo inversor en I+D+i de las empresas y no a sus resultados.

Una nueva política industrial para el siglo XXI debe partir de la consideración de que la capacidad competitiva de las empresas, además de a factores internos de gestión empresarial, también depende de la estructura económica de la que forman parte, lo que se conoce como Competitividad Estructural, y sobre la que se puede y se debe actuar desde las instituciones públicas:

Medidas de carácter horizontal que además de aumentar inversión y difusión tecnológica aumenten la relación entre capital productivo y PIB, particularmente a través de una mayor reinversión de los beneficios obtenidos.

Entre 1995 y 2008, el porcentaje que representan los beneficios empresariales distribuidos entre los accionistas y de los intereses financieros sobre el beneficio total, la parte del beneficio que no se reinvierte en la empresa, que no incrementa su productividad, pasó del 39% al 60%.

Este escaso volumen de beneficios reinvertidos ha hecho que el stock de capital productivo en los últimos 15 años, excluidas las viviendas, creciera a una tasa tan solo del 1%, mientras que en los años sesenta y setenta creció a una tasa anual del 10%.

El decreciente compromiso de los accionistas con sus empresas es un elemento muy preocupante en una economía como la española, cuyo stock de capital en 2009 representó tan sólo de un 161% PIB, un peso muy inferior al que tiene en otras economías desarrolladas como Alemania, un 184% y EEUU, un 209%. El stock de capital productivo privado por empleado en 2009 apenas representó un 75,6% de la medía del área euro, el mismo porcentaje que en 1995.

Regular incentivos fiscales para Fondos de reinversión de beneficios en los que participen los representantes de los trabajadores significaría desarrollar de forma proactiva en nuestro país la senda abierta por la Ley alemana de Participación Financiera de los Trabajadores de 7 de marzo 2009, que vincula las ayudas públicas en procesos de reestructuración con el aumento de los derechos de participación de los trabajadores.

Medidas de carácter sectorial que deberían considerar en primer lugar aquellos sectores en los que se observan ventajas comparativas.

Por último, sería necesario mantener un mayor ámbito de soberanía económica nacional (pública o privada) en algunos sectores productivos estratégicos, que se caracterizan por ser mercados oligopólicos con alto nivel de regulación y cuyos productos y servicios son transversales, afectan al conjunto de la actividad económica, como son el sector energético, financiero y el de las telecomunicaciones.

Sector energético: reducir la dependencia es impulsar las renovables

El tradicional déficit de nuestra balanza por cuenta corriente está ocasionado fundamentalmente por las importaciones de combustibles y lubricantes, que representaron en 2012 6% del PIB. La fuerte dependencia energética exterior de las actividades industriales y de servicios, particularmente del transporte, y no la evolución de los salarios, es lo que ha determinado el desequilibrio estructural exterior de nuestra economía y es clave en la capacidad de reducción de nuestro endeudamiento exterior, tal como indica el BCE.

Por tanto, una política orientada a reducir la alta dependencia energética, impulsando las energías renovables (en algunos de cuyos segmentos como la energía eólica somos altamente competitivos) y sistemas de transporte colectivos y menos contaminantes que el vehiculo privado, también es clave para reducir las necesidades de financiación exterior de nuestra economía.

Sector financiero: Impulsar un sistema de bancos públicos, independientes del poder partidista, para que el crédito llegue a las pymes

La tardía, carísima y finalmente fallida reestructuración financiera no ha resuelto los problemas de escasez y encarecimiento del crédito en España, ya que ha reducido la competencia en el sector (en los últimos tres años han desaparecido una de cada tres entidades de depósito existentes en nuestro país). Según las previsiones de la banca privada, el 70% del mercado bancario quedará concentrado en tres entidades.

Dado el actual volumen de dinero público invertido en sanear la banca privada, debería plantearse que, como contrapartida a esas ayudas el Gobierno, se imponga un control sobre la gestión de esas entidades que vaya en la dirección de crear un sistema de bancos públicos a través de las sinergias que pueden generarse en las entidades intervenidas (Novagalicia Banco, Bankia y Catalunya Banc) y aún no adjudicadas a otros bancos privados.

Ello permitiría ofrecer financiación barata a las empresas, y sobre todo las pymes, que apenas pueden optar por buscar una financiación menos bancarizada.

Sector de telecomunicaciones: Las redes de fibra óptica son las autopistas del s. XXI

La baja penetración de la fibra óptica en nuestro país en empresas y hogares, está detrás de la baja velocidad media de conexión por banda ancha, lo que en la práctica supone un encarecimiento relativo del servicio de conexión a Internet frente a otros como Japón, cuya velocidad de conexión al mismo precio puede llegar a ser 20 veces superior, o Corea del Sur. Esto supone un grave handicap de nuestro país a la hora de mejorar la competitividad sectores tradicionales e impulsar sectores emergentes, como son el audiovisual y la telemedicina.

Los países emergentes que están ganando cuota de mercado mundial (China incrementó su cuota exportadora mundial desde el 2,2% en 1994 al 8,7% en 2007, Brasil entre 2001 y 2011 pasó del 0,9% al 1,4%; Corea del Sur del 2,4% al 3%), o los países desarrollados que menos la están perdiendo (Alemania, del 9,2% al 8,1%) han venido desarrollado diferentes actuaciones de política industrial. Estos países consideran, y los datos lo confirman, que una inteligente actuación estratégica del Estado para favorecer a un sector, o a una empresa, que compite en un mercado global puede generar más beneficios al país que la cuantía de la ayuda recibida.

Algo, por otro lado, que no es nada nuevo en la historia de la Humanidad, si tenemos en cuenta que la hegemonía ateniense en el Mediterráneo oriental a partir del siglo V a.C. tuvo su origen en el particular reparto que hizo el arconte de Atenas de las minas de plata que se encontraron cerca de la ciudad. Distribuyó los beneficios de su explotación entre las familias más ricas, hasta aquí el comportamiento habitual de la época, pero a cambio de que cada una de ellas se comprometiera a financiar una embarcación comercial. En pocos años Atenas dispuso de la flota comercial más importante del Mediterráneo.

 Apuntes 02 de Fedea. Competitividad. El comportamiento de las exportaciones españolas. Noviembre 2011

 El Sector Exterior en España. BBVA Research, abril 2013.

 Kindeblerger, C.P., 1969.

 BCE. Boletín mensual de enero de 2013

"Hay sectores económicos que están funcionando con lógicas realmente destructivas"

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Bruno Estrada López es director de Estudios y Proyectos de la Fundación 1º de mayo.

Nota del autor: Agradezco a Georg Feigl los comentarios realizados, en todo caso cualquier error del texto solo puede ser imputable al autor.