Expulsión y ciudadanía: inmigrantes 4 años fuera del sistema sanitario

María Dalli

Hoy se cumplen cuatro años desde que se aprobara la reforma de la normativa sanitaria que regula el derecho de acceder a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud. Hace cuatro años, el 20 de abril de 2012, se aprobaba el Real Decreto-ley 16/2012, que posteriormente fue complementado por el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto. Se puede hablar hoy, también, de que han pasado cuatro años desde que se expulsó a los inmigrantes en situación irregular del sistema sanitario. Utilizo el término ‘expulsión’ para describir la voluntad directa de excluir a este grupo de la población. Es el término que utiliza precisamente la recientemente nombrada Doctora Honoris Causa por la Universitat de València, Saskia Sassen, en su libro Expulsiones para referirse a las exclusiones que produce el actual orden económico y social de una forma que no es precisamente espontánea.

Con la aprobación de esta reforma, el acceso al sistema sanitario español pasó a vincularse con la Seguridad Social, volviendo atrás en la progresiva independencia que el ámbito sanitario había alcanzado en relación con esta institución. Se introdujeron las categorías de ‘asegurados’ y de ‘beneficiarios de un asegurado’, según la nueva redacción dada al artículo 3 de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Los asegurados, ya sean trabajadores, receptores del subsidio por desempleo o pensionistas, requieren de un vínculo con la Seguridad Social, mientras que los beneficiarios requieren de un vínculo familiar o de dependencia con los asegurados. ¿La exclusión de los inmigrantes en situación irregular es consecuencia de este modelo productivista que vincula la asistencia sanitaria con la cotización a la Seguridad Social? ¿O habría una intención directa del legislador de expulsar a los inmigrantes irregulares del sistema?

1. playa maría dalli

Lo cierto es que la mayoría de los extranjeros en situación irregular no tienen contrato de trabajo ni son pensionistas o reciben subsidio por desempleo, por lo que la mayoría no estarían dados de alta en la Seguridad Social. Ahora bien, dada la situación actual, en esta situación también pueden encontrarse muchos españoles y ciudadanos comunitarios. Sin embargo, para los ciudadanos españoles, los comunitarios registrados y los nacionales de terceros Estados con autorización de residencia, se reconoce una excepción a la regla general y es que aún sin tener la necesaria vinculación con la Seguridad Social, también se considerarán asegurados siempre y cuando acrediten no superar un límite de ingresos fijado en cien mil euros en cómputo anual (artículo 2.1.b del Real Decreto 1192/2012). Las personas que no se tienen en cuenta son, pues, las personas extranjeras nacionales de terceros Estados sin autorización de residencia, esto es, los inmigrantes en situación irregular, además de los comunitarios no registrados.

Como punto de partida, la norma vincula el derecho al pleno acceso al sistema sanitario a la condición de asegurado y con ello al vínculo con la Seguridad Social. Pero, con esta última excepción que excluye a su vez a los inmigrantes irregulares, cabe apreciar una clara voluntad explícita de expulsar a los inmigrantes en situación irregular del sistema sanitario. Así, únicamente a los extranjeros sin autorización de residencia o ciudadanos comunitarios no registrados no se les reconoce la posibilidad de ser atendidos cuando no superen el límite de los cien mil euros anuales.

2. tarjeta

Si bien la normativa sanitaria resulta en otras exclusiones concretas (como la de personas no aseguradas ni beneficiarias que superen el límite de los cien mil euros anuales de ingresos, o españoles que emigran y a volver a España tienen la tarjeta sanitaria desactivada), en el análisis me centro en este grupo de expulsados, el de los inmigrantes irregulares, por el interés de conectar la problemática con vinculaciones restrictivas de derechos con status administrativos que resultan ser, además, comunes en los sistemas sanitarios.

A los inmigrantes en situación irregular en territorio español únicamente les queda una atención sanitaria reconocida mínima, de urgencia por enfermedad grave o accidente, así como de asistencia al embarazo, parto y postparto. En todo caso, sí que podrán acceder a la atención sanitaria de carácter público los extranjeros menores de dieciocho años, en las mismas condiciones que los españoles.

Desgraciadamente, esta reducción de la asistencia sanitaria a una atención mínima para los inmigrantes en situación irregular es habitual en los sistemas sanitarios, independientemente del modelo de salud que se adopte, ya sea de corte bismarckiano, de aseguramiento o el supuestamente universal modelo Beveridge. No hace falta mencionar a los sistemas de tipo residual o liberal que ni siquiera ofrecen asistencia a la mayoría de la población más allá de la beneficencia. Pero los sistemas de salud consolidados que se crean para garantizar las necesidades sanitarias de la población, ¿no deberían ser más garantistas con los derechos humanos e incluir en su protección a todas las personas viviendo de hecho en su territorio? ¿hasta qué punto las prestaciones sociales que se ofrecen en el marco de los Estados del bienestar son inclusivas?

Los modelos clásicos de sistemas de salud, el sistema de la seguridad social o de Bismarck y el modelo Beveridge surgieron en el marco de la consolidación del Estado del bienestar. El primero surgiría en Alemania a finales del siglo XIX de la mano de la ideología conservadora del canciller Otto von Bismarck mientras que el segundo aparecería más tarde, a mediados del siglo XX, a raíz del Informe Beveridge de 1942 en Inglaterra. Estos sistemas obedecen a su vez a diferentes modelos de Estados del bienestar, si bien uno de los objetivos comunes, con alcance más o menos limitado, fue la protección social y la satisfacción de necesidades vitales y, en relación con ello, la provisión de asistencia sanitaria. Estas políticas, especialmente con la progresiva universalización que se produce hacia mediados del siglo XX, materializaron la idea de la ciudadanía social, término acuñado inicialmente por el filósofo británico T. H. Marshall. Este término hace referencia a un status compartido por el conjunto de ciudadanos que son miembros plenos de una comunidad y que disfrutan de niveles mínimos de bienestar. Como ha explicado por ejemplo María José Añón (Institut de Drets Humans UV) esta idea de ciudadanía se entiende desde la provisión de bienes y servicios, en la que el acceso a los recursos sociales básicos se entiende como una parte integrante de este status. Esta conquista debería ser difícil de revertir, teniendo en cuenta además el fuerte apoyo de la población que acertadamente entiende que estos servicios forman parte de sus derechos básicos. En concreto, la denominada ciudadanía de la salud (Dorothy Porter, Health Citizenship: Essays in Social Medicine and Biomedical Politics, 2011) traslada al ámbito de la salud la idea de la ciudadanía social, como explica también Carlos Lema (Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas UC3M) en su libro Apogeo y crisis de la ciudadanía de la salud. Historia del derecho a la salud en el siglo XX (2012).

3. eneko

Sin embargo, cabe preguntarse hasta qué punto este tipo de ciudadanía es inclusiva. Mientras que la ciudadanía habitualmente se entiende relacionada con la igualdad por vincularse al ejercicio de los derechos, a la vez constituye un requisito de acceso a los mismos que deja fuera a un sector de la población, el de los extranjeros. La ciudadanía es excluyente, en este sentido, porque, vinculándose con el ejercicio de los derechos, el acceso a la misma es restringido de tal modo que impone determinadas condiciones que dejan fuera a esa parte de la población que no puede cumplirlas aún residiendo de hecho en el territorio nacional. Subyace la concepción de ciudadanía que vincula este status con la nacionalidad, en vez de incluir a todos los residentes estables en un territorio. Vinculación ciudadanía-nacionalidad que es necesario superar, como ha señalado el profesor Javier de Lucas (Institut de Drets Humans UV). El status de residencia legal, de otro lado, es el que se vincula a menudo con el acceso a los derechos sociales, pero es igualmente excluyente desde el momento en que depende de condiciones, como la existencia de vínculos familiares o la realización de un trabajo formal, que siguen dejando fuera a personas que viven en una comunidad, cuestionando la universalidad de los derechos.

Como consecuencia de estas concepciones excluyentes de ciudadanía y de residencia legal encontramos las restricciones en el acceso a los sistemas de salud de muchos países europeos. Así, si atendemos a algunos ejemplos nos encontramos con que estas restricciones son comunes con independencia del modelo de salud que se adopte. Algunos países tienen implantado el modelo Beveridge, que podría considerarse como el más ‘universal’ porque no dependería directamente del trabajo o de la cotización a la Seguridad Social (aunque sí indirectamente al basarse en políticas de pleno empleo, como matizaría Pablo Miravet). Sin embargo, muchos de estos países excluyen a la población que aún residiendo de hecho en el país no ha podido obtener la residencia legal. Por ejemplo, en países como Suecia o Dinamarca los inmigrantes irregulares están excluidos del sistema sanitario. En el caso del Reino Unido, en abril de 2015 se aprobó una medida para hacer pagar a los inmigrantes indocumentados una cuota anual de 275 € como parte del trámite del visado para aquellos que quieran residir en el país por un periodo superior a seis meses. El modelo bismarckiano o de seguridad social, de línea más conservadora en torno al trabajo y la cotización social, es en general menos universal como punto de partida. Sin embargo, en algunos países como Francia o Suiza, que adoptan este modelo, se reconoce una asistencia sanitaria a extranjeros en situación irregular más amplia que en otros países. En el caso de los Países Bajos, que adopta un modelo de aseguramiento, los inmigrantes en situación irregular tienen acceso, aun de forma insuficiente, a la atención sanitaria en caso de que no pueden costearla, posibilidad que no se contempla en el caso español (un análisis comparativo sobre la atención sanitaria a inmigrantes irregulares entre Países Bajos, Alemania y España y en el que tuve el placer de colaborar junto con amigas del grupo Global Health Law Groningen de la Universidad de Groningen, puede consultarse aquí).

4. stop adelante

Así pues, lo cierto es que la mayor o menor protección sanitaria de la población inmigrante en situación irregular no depende del modelo de sistema sanitario. Con independencia de la mayor o menor cobertura sanitaria universal alcanzada, la asistencia sanitaria a la población inmigrante en situación irregular es una tarea pendiente en la mayoría de los Estados.

Ahora bien, no por ello la reforma sanitaria española es ‘menos grave’. Se ha de revertir esta situación, pues los Estados han de garantizar los derechos humanos de los extranjeros en situación irregular, que hasta ahora enfrentan demasiados estigmas. No pueden ser ciudadanos ni residentes legales, ni trabajar formalmente, ni tienen reconocidos sus derechos. En definitiva, no pueden sentirse miembros de una comunidad. Una persona no se sentirá miembro pleno de una comunidad hasta que no sea capaz de participar de la misma a través de los bienes y recursos que esta ofrece, como la asistencia sanitaria.

Por una parte, es necesario defender una concepción de ciudadanía social inclusiva, que refiera al ejercicio de los derechos pero que además incluya a todas las personas que residen de forma estable en un territorio. Se ha de superar, así pues, el vínculo entre ciudadanía y nacionalidad. Por otra parte, el ejercicio de los derechos sociales no puede depender de condiciones restrictivas como de las que depende actualmente el acceso a la residencia legal. Para garantizar la titularidad universal del derecho a la salud en España es necesaria la derogación, tras cuatro años de existencia, del Real Decreto-ley 16/2012, remediando las expulsiones que se produjeron hace cuatro años. La protección y promoción de los derechos humanos exigen el reconocimiento de la atención sanitaria a todas las personas que efectivamente residan en el territorio de un país, y dadas las restricciones que presentan en la actualidad los status de ciudadanía y de residencia legal, ese reconocimiento habrá de ser independiente de su nacionalidad o de su situación de regularidad.

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Fotos e ilustraciones: 1. María Dalli. 2, 4 y 5. Fernando Flores. 3. Eneko

Laicidad y pactos políticos

José Manuel Rodríguez Uribes

La laicidad presenta dos proyecciones diferenciadas y, al tiempo, interconectadas, una objetiva y otra subjetiva. La primera afecta a la estructura normativa-institucional, al tipo de Estado, y la segunda a los representantes políticos y a los ciudadanos, a sus relaciones y al modelo más idóneo de convivencia y de participación pública, aunque ambas se necesitan en la práctica.

En relación con la primera, la laicidad como principio objetivo, se concreta en la separación nítida entre Iglesia(s) y EstadoAl Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios–, entre pecado y delito y entre Religión y Política, limitando el poder eclesiástico, exclusivamente, a su espacio propio, circunscribiéndolo al ámbito particular de la confesión religiosa y de sus fieles y reclamando, por consiguiente, la autonomía de la política democrática. Es el principio de neutralidad institucional. La Iglesia no tiene en este ámbito poder político alguno, en ningún caso formal y su participación en la conformación de la opinión pública y en la voluntad general es en pie de igualdad con el resto de organizaciones y el conjunto de los ciudadanos.

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La segunda proyección se traduce en la libertad absoluta de los ciudadanos para elegir la confesión religiosa que estimen oportuna o para no elegir ninguna, para creer o no creer, lo que exige esa neutralidad del Estado en materia religiosa, la ausencia de una religión oficial u obligatoria (también del ateísmo como doctrina estatal) y la desaparición de la asignatura de religión de la escuelas entendida como adoctrinamiento y con carácter evaluable. También significa la laicidad en este sentido subjetivo la desvinculación de las nociones de ciudadanía, nacionalidad o identidad nacional, de toda pertenencia religiosa o confesional.

Las denominadas con Bobbio virtudes del laico, definitorias de un modelo ideal de ciudadanía y de representación política que pretende recuperar la idea de servicio público y prevenir y combatir la corrupción, aparecerán aquí como condiciones subjetivas para favorecer el éxito práctico de la laicidad en su sentido objetivo. A su vez, ésta, desde la óptica de estos mismos ciudadanos, supone el pleno reconocimiento de las libertades de conciencia y de cultos y la optimización de esas virtudes a través de la educación cívica en las escuelas, institutos y universidades como garantía de convivencia en paz y con respeto mutuo. Incluye la formación curricular en valores y en deberes constitucionales, en el respeto a las reglas del juego limpio, la prioridad siempre de los derechos humanos y una concepción de la ciudadanía expansiva e incluyente y no excluyente como está sucediendo ahora con los refugiados en lo que es un renacido síndrome de Atenas denunciado con toda razón por Javier de Lucas en su Mediterráneo: el naufragio de Europa. Esta formación básica debe recoger también el respeto al imperio de la ley, es decir, la obediencia debida a las leyes democráticas por parte de todos, gobernantes y gobernados, salvo en aquellos casos, tasados por definición, en los que se vea afectada la conciencia individual. Estos contenidos fundamentales contribuirán a fomentar esas virtudes del laico tan necesarias para el éxito de la laicidad, a saber: templanza y humildad, amistad cívica (el adversario político no es nunca un enemigo), compromiso con la palabra dada, confianza en el ser humano y en sus posibilidades, amor por el estudio, por la cultura y por el rigor crítico y, al tiempo, propensión hacia la duda, interés altruista por la cosa pública, capacidad de compasión y de empatía hacia los más vulnerables, no prevaricar, tener sentido del humor y renunciar al miedo y a la violencia.

2Si pensamos en España y en su historia, la laicidad no ha triunfado casi nunca. Nuestro país ha estado situado la mayor parte del tiempo en planteamientos anti-modernos, negando las dos proyecciones referidas: 1.- Se ha confundido tradicionalmente el Poder Político y el Poder religioso –“el Imperio y Roma”–, unas veces con primacía del poder eclesial sobre el poder político (vg. durante la primera mitad del siglo XIX, especialmente con Fernando VII) y otras del poder político sobre el poder religioso (por ejemplo, durante el Régimen de Franco), pero en ambas situaciones con una presencia improcedente de la Iglesia católica en el Estado, ejerciendo poder o influencia directa, contaminándolo. 2.- El catolicismo como religión oficial ha marcado incluso la condición de español (ser católico y ser español como sinónimos) y, antes, la ciencia. Era el dogma como verdad científica. En Donoso Cortés, por ejemplo.

Así, desde Isabel y Fernando (1492), por no remontarnos a Recaredo o a Don Pelayo, hasta el final del nacional-catolicismo franquista (1976), con la excepción del periodo de la II República pero no de la Constitución de Cádiz que en su artículo 12 establecía:

“La religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera”,

4la laicidad, condición sine qua non para una vida autónoma y emancipada, es decir, digna, ha brillado por su ausencia en España. Los liberales de principios del siglo XIX sólo se atrevieron a discutirle a la Iglesia Católica el excesivo número de frailes y, eso sí, con mayor importancia, la institución de la Inquisición (una suerte de policía de la conciencia, pero también de policía en sentido estricto), pero no la presencia misma de aquélla en lo público-institucional, su participación en el poder político y su capacidad para determinar o dirigir el destino de las personas. No será hasta el proyecto constitucional de 1855, como recuerda Álvarez Junco, cuando los liberales propongan por primera vez en nuestro país la tolerancia religiosa.

La historia política de la laicidad, paradójicamente de larga tradición intelectual en España, ha tenido, en efecto, escaso éxito práctico o en términos de poder. Si pensamos incluso en nuestro tiempo, en las coyunturas actuales con un cierto agotamiento del proyecto constitucional de 1978 y 4 años eternos de gobierno del PP, tendría sin duda mucha utilidad recordar esa historia completa. Sería un trabajo de valor historiográfico indudable, pero también de reconocimiento y de tributo hacia quienes soñaron con una España laica, es decir, abierta, no uniforme, libre de prejuicios, de supersticiones y de censuras previas, de ortodoxias y de dogmas, o lo que es lo mismo, de simplificaciones, adulta y respetuosa con la libertad de todos, liberal en el buen sentido que le da Juan Marichal, o civil en el recogido por Peces-Barba inspirado en la Italia civile de Bobbio, en Mater dolorosa del mismo Álvarez Junco o en Los viejos maestros de Elías Díaz; una España, al final, pacífica e ilustrada que respeta la autonomía individual y, para el espacio público, los procesos participativos y deliberativos legales y democráticos. Podemos definir a estos autores como “los heterodoxos españoles” sin el sentido negativo que concede a esta expresión Marcelino Menéndez Pelayo, en él, sinónimo de “antiespañoles”.

5De Luis Vives a Fernando de los Ríos, pasando por los afrancesados, por Giner, por Unamuno o por Machado. Forman parte del mejor secreto de España por volver a Juan Marichal, una tradición (oculta o sometida durante demasiado tiempo) de hombres y mujeres libres que creyeron en el valor emancipador de la razón, que respetaron el carácter inescrutable, impenetrable, de la conciencia individual y que confiaron en la investigación y en el conocimiento como los únicos caminos para el progreso social y político. Se situaron frente a la confesionalidad del Estado, frente a la visión mágica, irracional o espiritual de la vida pública, con la mirada proyectada hacia un futuro sin utopías fuertes o delirantes y, al tiempo, sin nostalgias reaccionarias con el pasado. Fueron sentidos patriotas, españoles que ubicaron, en la mejor tradición de la ilustración liberal, la nación por delante de la religión; la soberanía nacional y popular por encima del poder de la Iglesia, de las tradiciones históricas o de las culturas particulares y los territorios; los derechos y libertades de los ciudadanos antes que “los sagrados derechos de los príncipes” (sic); la ciencia, la innovación y el saber objetivo, por encima de la fe o de la enseñanza dogmática de la religión en las escuelas. Ofrecieron de este modo razones contra la identificación mecánica entre catolicismo y españolidad, esa confesionalidad del Estado y de la sociedad como un todo uniforme incompatible con la ciudadanía, con la libertad y con la democracia abierta y pluralista y que sólo trajo en la práctica destierro, imposición, retraso y violencia. La guerra civil de 1936 fue su corolario trágico; también los 40 años de franquismo posterior.

La Constitución de 1978 recupera la laicidad aunque sin nombrarla entre los valores superiores del ordenamiento jurídico, tanto en su definición institucional como en clave de derechos, porque ni establece la religión católica como religión oficial, ni permite a la Iglesia decidir o codecidir al margen de los poderes públicos democráticos sobre asuntos de interés general. Los únicos dos restos importantes de aquella vieja confesionalidad son: 1.- Los que derivan del Concordato, singularmente la enseñanza de la religión católica en las escuelas y algunas excepciones fiscales injustificadas y 2.-, el más sociológico sobre las relaciones especiales con la Iglesia del artículo 16 de la C.E que ha dado pie a otros privilegios inaceptables, a abusos y a excesos. Por eso, nuestro Estado es aconfesional y no laico. O es un Estado laico in fieri e incompleto.

3El Estado laico se definirá por tanto en sus aspectos más básicos como un Estado liberal y democrático, por supuesto de Derecho, en el que ninguna confesión religiosa o doctrina política tendrá carácter oficial. En él se garantizará, precisamente por esa neutralidad institucional, la libertad ideológica, religiosa y de cultos de todas las personas (también el secreto de su conciencia). Supondrá asimismo la desaparición en los lugares públicos institucionales (del Estado) de todo signo o vestigio religioso o confesional. Sin embargo, el Estado laico es compatible a mi juicio con la participación de sus representantes institucionales en actos o fiestas populares de origen religioso por su valor histórico y social, como signo de respeto o de promoción cultural. A la vez, el Estado sólo debería celebrar solemnemente las fiestas laicas, en España en especial el 6 de diciembre, como patrimonio común de todos; como lugar de unión sin atribuciones particulares y como lazo para vertebrar a la sociedad democrática en torno a sus valores compartidos y a las reglas del juego. El himno y la enseña nacional, la liturgia en general, deben depurarse de cualquier atisbo religioso. También los funerales de Estado o la toma de posesión de los cargos públicos, que deben ser laicos, neutrales, institucionales, respetuosos con todos.

En estos últimos 40 años en España ha habido muestras importantes (también con algunos retrocesos coincidiendo con gobiernos del PP) de ese camino hacia el Estado laico en su definición, no sólo como neutralidad institucional, sino también como racionalidad de la vida pública, como secularización de la sociedad y del Derecho que va más allá de la cuestión religiosa: el reconocimiento del matrimonio civil y del divorcio, desde el presidente Zapatero incluso “sin culpables” (basta, digamos, con el desamor de los cónyuges), la despenalización, primero, de algunos supuestos de aborto y hoy su reconocimiento como derecho durante un plazo de tiempo, el testamento vital (todavía no la eutanasia o el reconocimiento legal a la muerte digna), la educación para la ciudadanía como instrumento formativo (sin adoctrinamiento) suprimida por el gobierno de Rajoy, la tipificación de los delitos de odio, como el racismo o la xenofobia, o el combate contra la violencia de género y el machismo irredento (todavía con muchas insuficiencias, pero que pretende corregir sus fundamentos ideológicos y culturales patriarcales incompatibles con una sociedad laica, igualitaria y civilizada, en la que la mujer goce de autonomía respecto al hombre, padre, marido o jefe) y, por supuesto, la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. También las leyes que protegen a las víctimas de otras violencias fanáticas como la terrorista (Ley de Reconocimiento y Protección Integral de 2011), así como la ley de Memoria Histórica en lo que tiene de apoyo y reparación a las víctimas del franquismo, es decir, del nacional-catolicismo, que debe ser, como recoge ya el pacto entre PSOE y Ciudadanos, recuperada e impulsada.

Son iniciativas y medidas a favor de quienes padecen o padecieron dominación en contextos de ausencia de laicidad, de neutralidad, de respeto por la conciencia o la autonomía individual. Son ejemplos positivos de ampliación de espacios de libertad que no causan daño a terceros, expresiones precisamente de “laicidad” en el sentido profundo del término, de Modernidad, en suma, de Civilización. Favorecieron la libertad de todos en condiciones de igualdad para que cada uno pueda elegir libremente su ética privada sin imposiciones heterónomas en el marco de un proceso de secularización del espacio público-institucional que debe continuar. Estamos ante la Modernidad pendiente, pero éste es el único camino. Un acuerdo entre PSOE, Ciudadanos y Podemos podría hacerlo posible en los próximos años en nuestro país o, al menos, sentar sus bases. Sólo por esto, el pacto merecería la pena.

 laicismo

¿Empresas sin escrúpulos? Sobre la responsabilidad social corporativa

Ángeles Solanes

Cuando grandes tragedias como la reciente muerte de la líder indígena Berta Cáceres, en marzo de 2016, o el derrumbe de un edificio textil en Bangladesh en abril de 2013, ponen en evidencia las violaciones de derechos humanos por parte de las empresas y las grandes corporaciones multinacionales, la necesidad de exigir a éstas responsabilidades ocupa la actualidad por unos días. Luego, ante la siguiente desgracia, las reivindicaciones de justicia parecen diluirse. En ese íter temporal, siguen firmándose pactos para obligar a la sociedad a continuar arrodillada ante los mercados. Así, por ejemplo, mientras múltiples acontecimientos copaban el prime time en España, el BOE publicaba el 15 de marzo de 2016, la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se otorga a Gas Natural Almacenamientos Andalucía, SA, autorización administrativa y reconocimiento de utilidad pública para la ejecución del proyecto «Marismas Occidental», asociado al almacenamiento subterráneo de gas natural denominado «Marismas». Es decir, la declaración de utilidad pública de la extracción de gas en el parque natural de Doñana, como el primero de los cuatro proyectos hábilmente fragmentados para no ser informados negativamente.

Sin que sea nueva la extracción de hidrocarburos en dicho parque, como tampoco lo son los abusos cometidos por corporaciones integradas por empresas españolas (o no) a propósito de energías renovables como la eólica o en el ámbito textil, no deja de ser preocupante, ante la posible afectación de derechos, que no se articule una potente responsabilidad social corporativa (RSC) que recuerde a las multinacionales que no pueden actuar sin escrúpulos.

rsc1La dimensión global de las actuaciones empresariales exige la supervisión a nivel internacional, de cada uno los Estados y de las propias empresas. No en vano, las grandes corporaciones realizan transacciones de mayor envergadura que algunos Estados, situándose entre las cien economías más poderosas a nivel mundial, entre las que existen empresas españolas (puede verse el Informe de 2014 del Transnational Institute), con un poder fáctico mayor, en ocasiones, que el de los países y, por tanto, con una creciente necesidad de controlar su responsabilidad de respetar los derechos humanos.

En el ámbito internacional, desde que en junio de 2011, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobara por unanimidad los denominados Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos (Resolución A/HRC/17/31, de 21 de marzo de 2011), parecía que los principios “Ruggie” (así conocidos en honor al representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas para las Empresas y Derechos Humanos que los impulsó) sintetizados en las obligaciones de proteger, respetar y remediar, iban a ser un marco referencial para las actividades empresariales y el respeto a los derechos humanos. Las dificultades para poner en práctica dichos principios y para articular a partir de ellos nuevos estándares de responsabilidad, como por ejemplo la diligencia debida de las empresas en materia de derechos humanos, pronto evidenciaron que la RSC se concebía como una contribución voluntaria a la mejora social, económica y ambiental por parte de las empresas, con el objetivo de optimizar su situación competitiva y, también, su valor añadido. Por eso, una de las principales críticas a las disposiciones vinculadas a la RSC tiene que ver con su excesiva voluntariedad, o lo que es lo mismo el recurso al soft law o derecho blando. Incluso con la aparente colaboración de Estados, empresas y sociedad civil, el gran caballo de batalla a propósito de la RSC radica en esa vinculatoriedad que, desde junio de 2014, las Naciones Unidas impulsan (A/HRC/26/L.22/Rev. 1).

rsc-3En esta línea, tanto desde dicha Organización como desde la Unión Europea se ha promovido para la aplicación de los Principios Rectores el desarrollo de Planes Nacionales de Acción (PAC), con la finalidad de que los Estados cumplan sus obligaciones en materia de empresas y derechos humanos, y al mismo tiempo, se contribuya a crear una cultura corporativa responsable en este ámbito. En la Unión Europea, Estados como Reino Unido (2013), Holanda (2013), Dinamarca (2014) y Finlandia (2014) han sido pioneros en aprobar dichos planes.

En España, un paso que parecía definitivo para el cumplimiento con lo establecido a nivel internacional fue el borrador del Plan de Empresa y Derechos Humanos remitido a la mesa del Consejo en junio de 2014, que cayó en el olvido. España cuenta con la Estrategia 2014-2020 para empresas, administraciones públicas y el resto de organizaciones para avanzar hacia una sociedad y una economía más competitiva, productiva, sostenible e integradora, que obviamente no es lo mismo. Ciertamente lo que sería deseable de un plan nacional en esta materia, no es que el Estado actúe como una especie de asesor de las empresas a la hora de orientarlas en sus actividades para que sean respetuosas con los derechos humanos. Los PAC son más bien una herramienta de carácter programático pensada para impulsar a nivel nacional los Principios Rectores, especialmente la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, avanzando en un marco regulatorio que contemple obligaciones directas.

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Con un plan español de Empresa y Derechos Humanos consecuente con este tipo de orientación, ¿sería diferente el enfoque de proyectos como «Marismas Occidental»?, ¿deberían exigirse responsabilidades por determinadas actuaciones de empresas españolas en ámbitos como el de la energía eólica o el textil? La respuesta sólo puede ser positiva, de ahí la necesidad del mismo.

En la relación entre empresas y derechos humanos, éstos han de ser un instrumento privilegiado de protección de los sujetos ante relaciones jurídicas asimétricas y desequilibradas, como en la liderada por Berta Cáceres frente a una gran constructora mundial respecto a la edificación de una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque. El desarrollo de indicadores y guías que dan contenido y orientación sobre en qué consisten los derechos contribuyen a objetivar sus exigencias, y también a delimitar las responsabilidades de aquéllos que violan y vulneran tales derechos.

No cabe duda de que los Estados, en el ejercicio de su obligación primordial de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, están sujetos al derecho internacional de los derechos humanos, pero necesitan también de la colaboración de las empresas. Los Estados no pueden consentir que éstas dejen de integrar los derechos humanos en su estrategia de negocio, al igual que tampoco deben hacerlo sus clientes a través de un consumo responsable. Avanzar en medidas vinculantes a nivel internacional y promover planes nacionales en esta materia es imprescindible para ello.

De lo contrario, los derechos humanos continuarán subordinados a las finanzas y al mercado, puesto que, sobre la universalidad, la inalienabilidad y la inviolabilidad de aquéllos planea una verdad que, a través del tiempo y el espacio, parece divina, inmutable y muy atractiva: pecunia non olet.

Refugiados e inmigrantes: Carta abierta a nuestros Presidentes y Alcaldes

Javier de Lucas, Fernando Flores, Belén Cardona, Pepe Reig, Ana Valero Joaquín Urías, Almudena Bernabeu, Blog Alrevesyalderecho

El pasado 4 de abril, dos buques zarparon desde la isla griega de Lesbos y otro desde la de Quíos, con las primeras PERSONAS –los llamamos inmigrantes y solicitantes de asilo- que fueron devueltas a Turquía. Previsiblemente, poco después, muchos de ellos serán trasladados a sus países de origen. A cambio, un pequeño grupo de 60 ciudadanos sirios llegará a Alemania escenificando este mercado de personas (one in, one out) con un tope máximo de 72000, al que los europeos consideramos “solución a la crisis de los refugiados”.

La falta de coherencia con los principios de la propia UE y el respeto a las obligaciones legales internacionales e internas hace posible que los europeos nos apuntemos el triste mérito de protagonizar lo que, se disfrace como se quiera, no son otra cosa que deportaciones masivas que privan a seres humanos de los más elementales derechos de los que son titulares. Hace posible que refugiados, desplazados e inmigrantes sean considerados cifras de un trueque que tiene como objetivo dejar de ver el problema en tierra europea, la nuestra, como si de esa manera dejaran de ser nuestro problema.

No pensamos sólo en la negación de la protección internacional efectiva y vinculante (porque es derecho interno en todos los Estados miembros de la UE) que ponemos en marcha hoy, al negar a refugiados y desplazados aquello que estamos obligados a proporcionarles, conforme a la normativa jurídica vigente relativa al derecho de asilo.

Pensamos también en cómo desproveemos de derechos a quienes cínicamente consideramos “culpables” de ser inmigrantes económicos, convirtiendo así en un mal, un ilícito administrativo e incluso penal, lo que no es sino la expresión del derecho básico de autonomía individual, el derecho a buscar una vida mejor. Y eso cuando no se trata pura y simplemente de la respuesta forzosa a la que se ven obligados millones de seres humanos, impuesta por una situación de estado de necesidad que no es fruto del azar.

Nosotros, ciudadanos europeos, vecinos de ciudades y pueblos de Europa, ciudadanos de regiones europeas, no queremos someternos a la ignominia de que en nuestro nombre se revivan las más indignas realidades de las que tenemos memoria, entre alambradas, trenes, ferris y campos de detención.

Nosotros pedimos a nuestros Alcaldes y Presidentes regionales, nuestros representantes políticos más cercanos, que se rebelen contra esta “solución”. Precisamente porque queremos que respeten nuestros derechos y libertades, exigimos que sean garantizados los derechos y libertades de esos niños, mujeres y hombres que siguen soñando ingenuamente en Europa como espacio de justicia, libertad y seguridad. Si no se respetan los suyos, los nuestros no valen como derechos, serán privilegios mantenidos con un coste inaceptable.

Apoyamos aquellos gobiernos autonómicos y municipales que, ofreciendo su disponibilidad para acoger refugiados, han mostrado su compromiso con nuestras obligaciones internacionales y con los valores de la dignidad y los derechos humanos. La Generalitat Valenciana, y ayuntamientos como los de Valencia, Barcelona, Madrid, Zaragoza, Santiago de Compostela o Iruña, nos han mostrado que el reto humano al que nos enfrentamos puede tratarse sin sumirnos en la vergüenza colectiva.

Otra política migratoria y de asilo tiene que ser posible, debe ser posible. Una política que no manche irreparablemente nuestra condición de europeos. Sabemos que eso exige, con toda seguridad, una transformación del sistema de protección internacional de refugiados y un nuevo marco normativo para los inmigrantes. Ese es un objetivo necesario, urgente, inaplazable, que debe concitar los esfuerzos de intelectuales, políticos, medios de comunicación, pero esa tarea requiere un plazo previsiblemente no inmediato.

Mientras tanto, les pedimos a Ustedes, a quienes elegimos como nuestros representantes más cercanos, que no dejen de utilizar todos los medios a su alcance para denunciar la dramática situación de miles de personas a las puertas de Europa, que sumen esfuerzos para provocar un cambio de política migratoria y de asilo, y que se alcen contra la aplicación de este acuerdo entre la UE y Turquía, un Acuerdo que sólo va a prolongar el sufrimiento de tantos seres humanos y favorecer a quienes se lucran con esta situación. No basta ya con decir basta.

ACTÚA: Pide a presidentes autonómicos y alcaldes que se rebelen contra el pacto UE-Turquía sobre refugiados

Sobre las imágenes de niños muertos

Jesús García Cívico

Llevo tiempo recogiendo datos sobre un tema doloroso del que, por una u otra razón, nunca me he atrevido a publicar nada, ni siquiera a hablar de ello en voz alta. Es un texto al que, lamentablemente, regreso una y otra vez. Es un texto sobre niños muertos y lo de regresar a él una y otra vez se debe a que los niños no dejan, nunca han dejado, de morir. El texto adquiere cada cierto tiempo una lúgubre actualidad y es por ello que me atrevo a compartir una parte muy sintética de él en este blog.

De forma muy resumida podríamos convenir en que entre todas las causas por las que mueren los niños, la más terrible es el suicidio. Tal es el inasumible contraste entre la esperanza y la felicidad que tradicionalmente asociamos al territorio de la infancia y el desesperado y triste cálculo que el niño realiza tan tempranamente entre la dureza que le ofrece la vida y la salida que le permite la muerte. A menudo, el suicidio del niño resulta de un infierno en el entorno que consideramos más apropiado para él: la escuela (ese lugar con el que los padres del «Centro», los otros padres, se apresuran a solidarizarse). Otras veces el suicidio del niño es resultado del infierno en el hábitat que consideramos especialmente monstruoso para él: redes de tráfico de menores, pederastia, esclavitud sexual. En esa gradación del horror más incomprensible, deberían aparecer en una posición pareja, los niños que mueren maltratados por sus propios padres. En tercer lugar, uno situaría todos los crímenes cometidos contra los niños. ¿Y la guerra?

En la guerra de Siria, y de acuerdo con Human Rights Watch, el gobierno lleva años atacando áreas civiles con armas indiscriminadas. Los grupos armados no estatales que se oponen al gobierno usan niños soldados. El grupo extremista Estado Islámico, ISIS, y la filial de al-Qaeda en Siria, Jabhat al-Nusra, fueron responsables de violaciones sistemáticas y generalizadas de todos y cada uno de los derechos de los niños.

Según Unicef, el 25 % de los 730.000 refugiados que entre enero y noviembre de 2015 trataron de llegar a la Unión Europa (UE) a través de la ruta de los Balcanes eran niños o jóvenes. En la fecha en que acabo esta contribución al blog Al revés y al derecho, la prensa paquistaní informa de que al menos 29 de los 72 fallecidos en el atentado suicida perpetrado en la ciudad de Lahore son menores de edad. El suicida detonó la bomba junto a la entrada del parque Gulshan e Iqbal a escasos metros de un jardín infantil.

1. tyler hicks NYT - 07GAZA

Si hay alguna imagen estremecedora de ese atentado, no nos ha sido dado contemplarla.

Pero, aunque no haya una imagen impactante del reciente infanticidio, lo primero que quiero compartir aquí es que el hecho de que estos niños muertos estuvieran, algunos de ellos, jugando en un parque infantil, me ha hecho recordar una imagen que tengo grabada hace tiempo.

Efectivamente, entre todas las imágenes de niños muertos que podrían zarandear nuestra atribulada conciencia, hay una que me parece particularmente estremecedora. La tomó el periodista del New York Times, Tyler Hicks. Aparentemente, la historia en el trasfondo de la imagen de Hicks, la constituiría apenas uno (otro más) de los bombardeos del ejército israelí sobre la población palestina. Dos aspectos de la fotografía tomada en Gaza a la que me refiero hacen, sin embargo, que ésta sea una imagen particularmente pavorosa y que me haya acordado de ella a raíz de la recientísima masacre de Paquistán. El primer aspecto a considerar es que en ella todos los muertos son niños: cuatro niños o eufemísticamente «cuatro menores». El otro aspecto que llama la atención de la imagen es el lugar: una playa donde ninguna instalación, ninguna estructura podría considerarse cabalmente objetivo militar. La historia tras la imagen es sencilla: el ejército de Israel bombardeó una playa gazatí donde varios niños jugaban como han jugado siempre los niños en los parques y en la arena. A fecha de hoy aún no se ha culpado a nadie por la matanza.

No es el primer caso, desde luego, en el que la imagen de la guerra está constituida enteramente por víctimas civiles. De acuerdo con el ilustrativo resumen de Pilger y Lowery, durante la Primera Guerra Mundial, el 10% de todas las bajas fueron civiles. Durante la Segunda Guerra Mundial, el número de muertes se elevó al 50%. Durante la guerra de Vietnam, el 70% de todas las bajas fueron civiles. Los cinco años de guerra en Siria arrojan datos escalofriantes: 7 millones de niños sumidos en la pobreza, 2,8 millones han dejado la escuela y con 7 años muchos son reclutados para combatir. Según informes de ACNUR de noviembre de 2015, el número de refugiados en Turquía supera los dos millones y un 54,2% son niños. La Red Siria para los Derechos Humanos, un grupo de seguimiento local, ha estimado que el año pasado, 85.000 personas incluidos niños se encontraban detenidas por el gobierno en condiciones que constituyen desaparición forzada. Los grupos extremistas Jabhat al-Nusra e ISIS secuestraron en mayo de 2015 a 153 niños kurdos. Ha habido ejecuciones de niños y en abril de ese año dos proyectiles de mortero mataron en un complejo educativo de Damasco a 17 niños.

2. Vietnam menos pesoNo es, ha quedado claro, el primer caso en que se mata deliberadamente a un niño, y, en concreto a un niño que jugaba, pero creo que es el hecho de jugar el niño reventado por las bombas en un espacio que ideado sólo para el juego (una playa, un parque infantil) lo que hace que definitivamente haya una diferencia substantiva en esa imagen a la que me refería (la de Hicks) en relación con otras imágenes de niños muertos y que me haya acordado de ella a propósito de uno de los últimos y más brutales atentados de DAESH.

La ausencia de imágenes de niños muertos resulta casi siempre de una autocensura periodística. Autocensura periodística y, sin embargo, cabe recordar, que otro ejemplo bien conocido del efecto del terror sobre los niños, Niños huyendo de un ataque de Napalm en Vietnam del Sur (1972), sirvió para movilizar a la opinión pública y acelerar, así, el fin de la guerra de Vietnam. En efecto, con esa imagen el fotógrafo de la Associated Press, Huynh Cong «Nick» Ut consiguió no sólo llamar la atención sobre el escándalo de la guerra de Vietnam sino obligar al presidente de EEUU a sacar la calculadora sociológica por si le resultaba electoralmente más ventajoso detener el curso de la carnicería. Uno de los casos mejor estudiados del impacto legislativo de la difusión de imágenes la ilustra la película Selma de la directora afroamericana Ava Marie DuVernay: a pesar de la Décimo Quinta Enmienda a la Constitución (1870), lo cierto es que aún en 1965 en Alabama, en un escenario de opresión cruel hacia la minoría negra, ningún afroamericano se atrevía a votar. Tal era el laberinto de barreras administrativas y amenazas físicas. Con la ayuda de Luther King se iniciaron marchas de protesta, la primera fue disuelta por una brutal carga policial. La cadena CBS conectó en directo mostrando imágenes de la violenta injusticia que se estaba produciendo, desempeñando así, un papel imprescindible de denuncia que coadyuvó a la eficacia de una norma promulgada un siglo antes. La actividad que llevan a cabo los asesores de los gobiernos informándoles diariamente del impacto social de sus decisiones (reales y potenciales) es la especie más extendida de ese género, mucho más amplio, al que el sociólogo del derecho Jean Carbonnier se refería como actividad socio-legislativa o peri-legislativa.

3. marcha sobre washington¿Deben los medios de comunicación mostrar invariablemente las imágenes de niños masacrados? Hay dudas razonables acerca de si en actos terroristas éstas deben enseñarse y lo correcto ahí parece ser la vía del análisis argumentativo caso por caso. Realmente se trata, más que de calibrar el peso de tres hipotéticos intereses legítimos en conflicto (honor de las víctimas, sensibilidad del lector; derecho a informar y a recibir información veraz), de atender a distintas interpretaciones estratégicas que miran al futuro: de un lado se suele aducir, la imagen puede servir perversamente al propósito terrorífico del autor de la matanza; por otro, se dice, mostraría a los simpatizantes de este tipo de actividad de qué hablamos cuando hablamos de matar.

Si tuviera que sintetizar mi opinión a este respecto, creo que la imagen de un niño muerto en un atentado terrorista no es necesaria para conocer el significado del atentado y en general me parecen razonables las objeciones éticas: el medio podría lucrarse al mostrar las salvajes amputaciones de un niño asesinado. Por mucho que haya quienes insisten en tratar los asesinatos de DAESH como actos de guerra, lo bien cierto es que estos constituyen propiamente actos de terrorismo y es por ello que, en lo que a las imágenes se refiere, no se puede aplicar aquí aquello que decía el foto-periodista James Nachtwey: «una foto que muestra la verdadera naturaleza de la guerra es una declaración contra ella».

¿Y en el caso de la guerra y lo que lleva aparejada? Llegamos aquí a la imagen sobre la que me interesaba reflexionar. Cuantitativamente se trata sólo de uno de los centenares de niños ahogados en el mar mediterráneo mientras huían de la guerra, pero desde cualquier punto de vista simbólico la fotografía de Aylan significa mucho más.

Uno cree que la fuerza de esa imagen (imagen de uno entre los cientos de niños muertos en ese mismo mar) reside en la evocadora posición en la que el niño yace tan parecida a la forma en que la mayoría de ellos duermen de normal. Poco sabemos del horror que supone la muerte por ahogamiento y no es aún el momento de apelar a la insoportable brutalidad que está suponiendo la gestión de la UE de la llamada «crisis de los refugiados». De momento quería sólo centrarme en la imagen y lo primero que cabe recordar es que, tras su publicación, y mientras se convirtió en lo que los analistas de redes sociales llaman «trending topic» (y a pesar de toda la banalización que puede conllevar) los mandatarios europeos encargados del diseño de las políticas de asilo y refugio anunciaron giros hacia respuestas más «generosas» (sic), sensibles o empáticas.

4. Aylan reuters:dhaEl caso es que no todos los periódicos difundieron esta imagen, justo la destinada a sobrevivir a la guerra más terrible del siglo XXI. Como recoge la edición internacional de El País de 4 de septiembre de 2015, «(…) en Alemania ningún periódico nacional ha difundido la foto de los náufragos muertos. Die Welt abrió su portada con una pregunta sobre la hipótesis de una reforma constitucional para conceder ayudas a los refugiados con más celeridad; mientras que el Süddeutsche va más allá y el artículo que dedica al terrible suceso no va acompañado de ninguna imagen: “Una foto procedente de Turquía horroriza al mundo. No hace falta verla para entender que es lo que hace falta cambiar”, se justifica. El tabloide Bild, el más vendido del país, dedica su última página íntegra a la durísima imagen del niño sobre la playa, enmarcada en un fondo negro y un texto corto: “Nosotros no soportamos estas imágenes que se han hecho habituales, pero queremos, tenemos que mostrarlas para documentar el histórico fracaso de nuestra civilización en esta crisis de refugiados”».

Tomemos algo de perspectiva geográfica: el diario argentino Clarín reaccionó con conciencia lúcida ligada al impacto semántico de la imagen. En un país muy crítico con la gestión de la UE en la guerra de Siria, en opinión de su editor, Ricardo Roa, la imagen sintetiza como ninguna el horror de los refugiados y la medida de su desesperación: «Y es una acusación contra la monstruosa insolidaridad de los gobiernos europeos que escamotean el asilo y la ayuda»: la imagen del niño destruye la inocencia del espectador. En la misma línea, La Stampa eligió la foto más dramática y su director Mario Calabresi declaró: «¿Se puede publicar la foto de un niño muerto en primera página de un diario? (…) Hasta ahora mi respuesta ha sido “no”; pero ahora, por primera vez, he pensado que esconder esta imagen significaba mirar hacia otro lado». The Independent sostuvo que «si estas extraordinariamente poderosas imágenes de un niño sirio muerto varado en una playa no cambian la actitud de Europa hacia los refugiados, ¿qué lo hará?».

¿Y en España? Para El País, la imagen era demasiado dura y por ello no publicaron la fotografía a la que nos referimos. La Vanguardia optó también por una imagen suave: el policía trasportando con inútil delicadeza el cuerpo del niño. Leímos también que el director de El Mundo, David Jiménez, convino con su jefe de Fotografía en que «la guerra es esta imagen». En cambio, para Elsa González, presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), se trata de una imagen «demasiado explícita, hay cierto uso morboso y se debe ser más cuidadoso». ABC también relegó la imagen del niño a una página interior en nombre de la sensibilidad de los lectores.

¿Qué peso debe tener la estética en un asunto como el de la muerte de niños en el escabroso recorrido que los refugiados sirios se ven obligados a tomar? Muy poco. Es más, creo que aducir en estos casos razones de sensibilidad estética (razones que por definición caen fuera de la ética) es transitar un camino inseguro lleno de trampas. Dejando a un lado que en el terreno del gusto (cuestión estética) y frente al dicho popular, sí hay mucho que decir, básicamente creo que las razones de sensibilidad aducidas por algunos diarios españoles son débiles y tienen un efecto perverso, extraño a un fin específico de los medios de comunicación.

5. Therese Frare Los últimos momentos de David KirbyNo quiere eso decir que no quepan juicios críticos de índole estética sobre el uso de imágenes afectadas por debates morales. Por señalar sólo uno de los ejemplos que vemos en el marco del proyecto «La norma y la imagen» en la Universitat Jaume I de Castellón, señalaré la fotografía de Therese Frare Los últimos momentos de David Kirby. En ella, como algunos recordarán se mostraba a David Kirby, un enfermo de sida en el momento de su muerte. La fotografía publicada en blanco y negro en la revista Life (1990) ganó el Budapest Award del World Press Photo. Cuando Benetton utilizó una versión coloreada para una campaña publicitaria, la imagen, o mejor, el uso descontextualizado de la imagen causó gran controversia. Para la empresa anunciante se trataba de una forma de «concienciación»; de acuerdo con sus creadores, con esa intervención se habían acercado al propósito (¡nada más y nada menos!) que de Miguel Ángel (La piedad). Otros, cuestionaron su ética: Benetton se aprovechaba del impacto de una imagen que ni siquiera se preocupaba de explicar. El uso de esa imagen sin contexto no solo caía al otro lado de la ética exigible a una empresa textil, caía también del lado del mal gusto.

Volvamos al caso de la imagen del niño ahogado. Apelar a la sensibilidad para auto-censurar imágenes que ilustran la consecuencia directa de decisiones políticas tales como la ausencia de corredores de asilo, y, en general, de una intervención jurídico-humanitaria a la medida de la catástrofe, no sólo dificulta la sensibilización social por unos hechos de los que la gente sabe únicamente (es preciso señalarlo) a través de los medios de comunicación, sino también favorece la receptibilidad de los ciudadanos ante la demagogia de dirigentes poco escrupulosos, su permeabilidad ante los discursos bajos e irracionales de la extrema derecha, y en general su ductilidad con las invectivas interesadas, por estulticia o maldad. De acuerdo con en el barómetro de febrero de 2016 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ni un solo español (0,0%) sitúa este desastre humano entre los 39 principales problemas de España ni entre los que más le afectan.

Resulta evidente que la división en los distintos electorados europeos sobre este hecho está en función de una interpretación del fenómeno del éxodo sirio. Entre estas interpretaciones hay muchas afectadas por falsedades (la repugnante confusión refugiado-terrorista), por ignorancias (el destino de los refugiados: principalmente países limítrofes pobres), y errores de apreciación (la formidable capacidad de acogida de la UE y el contraste de ésta con la mezquindad de muchos de sus ciudadanos y no sólo de sus líderes.). Las llamativas declaraciones de un representante de la Iglesia Católica sobre el trigo limpio y el grano sucio son sólo un exponente (aunque gráfico y preocupante) de esa insensibilidad muy ligada a la ignorancia.

La imagen de Aylan, que es el en fondo el principal motivo de esta entrada, es la vergüenza de Europa, y, en particular de la UE. Ilustra la vileza de sus políticas migratorias y, de paso, la mezquindad de los votantes de los partidos que lideran la UE. La tensión realidad / sensibilidad debe caer del lado de la realidad.

En la mayoría de estos casos, la hipotética tensión entre el derecho a informar y el honor parece demasiado forzada. Es un falso dilema. Es el honor de los desesperados y de los perseguidos el que está en juego y éste no se les niega al exhibir su dolor o su muerte sino al silenciar sus gritos o sus cadáveres. Para Peter-Matthias Gaede, miembro de la junta directiva de Unicef, las imágenes de refugiados y en especial la fotografía del cuerpo sin vida del niño sirio Aylan en una playa en Turquía, aunque han abierto un debate ético sobre los límites del periodismo, son necesarias porque ilustran un sufrimiento del que debe quedar un testimonio.

6. instalacion-chalecos-salvavidas-refugiados-weiwei-foto mompl¿Debe, pues, insistirse en la difusión de imágenes tan terribles como la del niño muerto en la costa de Turquía? Creo que sí, pues los hechos muestran que los gobiernos vigilan diariamente la opinión de sus votantes y ésta resulta elementalmente de un imaginario compuesto de imágenes. No es que esto deba ser así, sino que de hecho funciona así. ¿No es eso, al fin y al cabo, lo que intentan hacer artistas como Ai Wei Wei al cubrir de salvavidas el Konzerthaus de Berlín: ofrecer un simulacro que sensibilice?

Junto al analfabetismo funcional, la estupidez, la banalidad y los pésimos libros que ocuparán invariablemente la lista de best sellers, una seña del futuro será el analfabetismo de la imagen: la imposibilidad de situar correctamente una imagen en un contexto y saber algunas cuestiones sociales e históricas básicas de él. La principal víctima será el lenguaje. Otro lenguaje. ¿Qué palabras, qué imágenes lograran apresar el horror de todo lo que estamos viviendo? La referencia a los niños muertos me parece central en todo lo que está pasando pues si me permiten recordar un dato que ha caído en el olvido, el conflicto en Siria comenzó precisamente con la tortura de unos niños que habían pintado un grafiti contra el régimen.

Siempre he creído que la conexión entre los límites del lenguaje y los límites de la vida es una de las cuestiones más interesantes que nos podemos plantear. No soy filólogo, pero sé que cada lengua tiene un número variable pero finito de palabras y que ese número no tiene por qué coincidir con el conjunto de términos de otra lengua. Hay idiomas con términos muy precisos pero desconocidos en castellano, por ejemplo, en alemán verschlimmbessern significa «empeorar algo cuando cree se trataba de mejorarlo», en sueco la palabra mangata alude con tanta precisión como evocación poética a la «luna en el agua». Nosotros no tenemos una palabra concreta que designe a la luna en el agua, tampoco la hay para señalar a la madre que ha perdido a su hijo. No hay palabra ni para la madre ni para el padre que ha perdido a su hijo. Lo hemos de decir con un circunloquio: «esa mujer ha perdido a su hijo». Si el fenómeno sucede en sentido inverso, llamamos al niño «huérfano», llamamos «viuda» a la mujer que pierde al marido. No tenemos sin embargo la posibilidad de nombrar con precisión a la persona que pierde lo más querido. No hay palabras para señalar a los padres que pierden a sus hijos. Quizá sea mejor así, de esa forma no nos engañaríamos pensando que les hemos llegado a comprender.

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Ilustraciones: 1. Foto Tyler Hicks NYT, Gaza. 2. Foto Huynh Cong ‘Nick’ Ut, Vietnam. 3. Marcha sobre Whasington. 4. Aylan, Reuters/DHA. 5. Foto Therese Frare Los últimos momentos de David Kirby. 6. Instalación Weiwei, Mompl. 7. Picasso, Guernica (detalle).

Derecho y deber de la memoria, nuestro déficit democrático

Pepe Reig Cruañes

Esta democracia nuestra que tanto quisimos que se pareciera a Europa, nos ha salido un tanto anómala. ¿Qué se le va a hacer? Ya se ve que el molde no estaba disponible cuando al fin pudimos emprender la ingente tarea de su construcción.

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La primera anomalía respecto al patrón europeo actual parece benéfica: por más que hoy sea cuestionado con más o menos razones, el régimen heredado de la transición ha supuesto el más largo período de convivencia democrática de nuestra historia. El sistema, además, parece aguantar bien el fin del bipartidismo y puede que estemos a punto de aprender, si no nos atascamos en las líneas rojas, el juego de transacción y principios que otros llevan años practicando. Más aún, la opinión pública de esta frágil democracia no ha dado aún –toco madera– señales de la peligrosa deriva populista y neonacionalista que recorre la Europa próspera como reacción a la crisis, la inmigración y la tragedia de los refugiados. Sigue leyendo

Una narración pendiente

Noelia Pena

La historia no comienza cuando algo sucede sino en el momento en el que empieza a ponerse por escrito. Las muestras más antiguas de escritura que conservamos proceden de la zona de Mesopotamia (donde se encuentra actualmente Irak) y pertenecen al conocido como período Uruk IV (entre 3400 y 3100 a.C.). Proceden también del oeste de Irán, de la Mesopotamia septentrional y de Siria. Se trata de un sistema de escritura grabada sobre bolas de arcilla que se aplastaban tomando la forma de tablilla y se horneaban para evitar posibles modificaciones posteriores. Funcionaba con unidades silábicas a las que correspondía un signo cuneiforme, donde los circulares hacían de numerales. Estaba relacionada con cuestiones administrativas y de contabilidad, necesarias para la economía interna y las relaciones comerciales; su uso se prolongó durante unos tres mil años y sirvió para escribir en unas cincuenta lenguas distintas. Sigue leyendo

Los derechos humanos en Cuba

Fernando Flores

Tras los discursos, se abrió el turno de preguntas y un periodista estadounidense con acento de Miami (confesó que su padre era un cubano que abandonó la Isla), preguntó al Presidente Obama sobre las palabras con las que había instado al Presidente Castro a realizar reformas en la Isla a favor de los derechos humanos. Al mandatario cubano le planteó directamente “¿por qué tiene presos políticos, y por qué no los sueltan?”. Acto seguido, Andrea Mitchell, de la NBC, señaló a Castro que para muchos era increíble oírle hablar de derechos humanos, y puso de manifieso que la visita de Obama había estado precedida del arresto de un grupo de las Damas de Blanco, que se estaban manifestando pacíficamente. De modo que no alcanzaba a comprender cómo podía existir una “coexistencia civilizada” entre dos países con una interpretación tan diferente de lo que significan la democracia y los derechos humanos. Sigue leyendo

Rita Maestre no ha vulnerado la libertad religiosa

Ana Valero

La concejal del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha sido condenada a pagar 4.320 € (12 euros diarios durante 12 meses) por ofender los sentimientos religiosos, como consecuencia de haber participado en el año 2011 en una protesta pacífica en la capilla de la Universidad Complutense.

Para dicha condena la Jueza ha aplicado el artículo 524 del Código Penal, cuyo bien jurídico tutelado son los sentimientos religiosos, pero no la libertad religiosa de las personas ni de las comunidades en las que se insertan.

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Desde el año 2006 el Consejo de Europa (Resolución 1510) viene reiterando que ni el insulto religioso ni la blasfemia deberían establecerse como delito en los Estados europeos, siempre que no concurra el elemento de la incitación al odio; y que la libertad de expresión, regulada en el artículo 10 del CEDH, no debe ser restringida para proteger las sensibilidades de algunos grupos religiosos.

A pesar de que el legislador español no ha incorporado la posición del Consejo de Europa en la legislación penal, debe quedar claro que la tipificación penal de la “ofensa a los sentimientos religiosos” no trata de proteger ningún derecho humano ni, más concretamente, el derecho de libertad religiosa protegido por nuestra Constitución en el artículo 16. Sigue leyendo

Descontrol del Gobierno y derecho de participación de sus señorías

Fernando Flores

La negativa del Gobierno en funciones a someterse al control parlamentario ha suscitado bastante controversia, y tiene varias lecturas. Como este blog trata de derechos fundamentales, la mirada que le interesa es la de saber si alguno de ellos se ve afectado por aquella decisión. Y la conclusión es que sí. Con su huida táctica, Rajoy y sus ministros vulneran el derecho de participación política de los diputados y los senadores.

Hay que empezar recordando que este derecho de participación no se limita a la facultad que tienen los ciudadanos de acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos (art.23.2 CE). El Tribunal Constitucional dejó claro hace tiempo que el derecho de participación política de los parlamentarios tiene una triple dimensión: acceso, permanencia y ejercicio del cargo, y en cada uno de ellos se ejercen derechos diversos.

Las funciones de los parlamentarios en ejercicio de su cargo (lo que se llama ius in officium) son derechos fundamentales de los representantes (así lo dice, por ejemplo, la STC 177/2002). Si el control del Gobierno es una de esas funciones, se concluye que su limitación (negarse a él limita –mas bien anula– la misma posibilidad del control) arbitraria constituirá una vulneración del derecho fundamental de participación política de sus señorías. Sigue leyendo