El resabio franquista del ministro de Interior (y del Gobierno del PP)

Siempre he sido más bien escéptico con las tesis que intentan explicar el mal funcionamiento de la democracia española por los vicios y limitaciones de la transición. Sin embargo, si hay un aspecto en el que claramente España arrastra inercias que proceden de la dictadura es en materia de protección de la autoridad. En nuestro país, las autoridades están blindadas de forma exagerada y poco democrática frente a la protesta ciudadana.

El ejemplo más visible es la sentencia que condena a dos años de cárcel, por atentado contra la autoridad, a los activistas que arrojaron unas tartas a la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina. Muchos, sin embargo, respiraron aliviados cuando se hizo pública la pena, pues el Ministerio Fiscal había pedido la friolera de cinco años, lo que habría supuesto el ingreso inmediato en prisión de los acusados. El “atentado” se produjo en Francia: en aquel país, que ha tenido varias revoluciones populares, la justicia consideró, con buen criterio democrático, que no había delito. Pero al final los han juzgado en España. Para justificar la pena, la sala entra en unas disquisiciones realmente bizantinas sobre los tartazos (no se rían, por favor, que el asunto es muy serio): “Los autores no las arrojan, sino que las impactan directa y materialmente en la cara y cabeza de la víctima. El resultado fue que ésta tuvo que abandonar precipitadamente y con ayuda la sesión.” Al haber sido las tartas estampadas “materialmente” (¿cómo si no?), los pobres jueces no pudieron aplicar el eximente de lanzamiento... En fin, un episodio judicial más propio de un país autoritario que de uno democrático.

Por si acaso la autoridad no estaba ya excesivamente protegida en España, llega ahora el iluminado ministro de interior, Jorge Fernández Díaz, el que tuvo una conversión religiosa en Las Vegas en 1991, rodeado de vicio y pecado por todas partes, y propone unas cuantas vueltas de tuerca adicionales a los derechos democráticos más fundamentales. Su anteproyecto de ley consiste en imponer multas desorbitadas, sin sentencia judicial, por actos diversos de protesta política, además de crear un fichero de infractores. En el anteproyecto que se debatió en el Consejo de Ministros el pasado viernes 29 de noviembre (aquí), se distinguen tres tipos de infracciones: muy graves (multas de 30.000 a 600.000 euros), graves (de 1.000 a 30.000 euros) y leves (de 100 a 1.000 euros). El catálogo de infracciones es un compendio de las obsesiones y miedos de la derecha española, así como de su deriva autoritaria en ciertos ámbitos.

Se considera falta grave, por ejemplo, “la perturbación de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones frente a las sedes del Congreso de los diputados, el Senado y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas”. También será falta grave “los actos de obstrucción que pretenden impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales”: aquí entran, por ejemplo, las movilizaciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) destinadas a paralizar desahucios.

Entre las infracciones leves, se incluyen cosas como las “injurias o vejaciones que se realicen en una reunión o concentración cuando el destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, así como “las manifestaciones públicas efectuadas a través de cualquier medio de difusión cuya finalidad sean las injurias o calumnias a las instituciones públicas, autoridades, agentes de la autoridad o empleados públicos”.

Si en la etapa de Zapatero hubiera estado vigente esta ley, el propio director de la policía de Fernández, el ultraderechista Ignacio Cosidó, se habría arruinado pagando las multas por sus artículos golpistas en Libertad Digital, en los que apelaba a una fantasmal “mayoría social” que quitara “de la dirección de la nave a alguien que con su constatada inconsciencia política nos conduce a paso acelerado hacia el precipicio” (aquí). Evidentemente, no era solo Cosidó. Las barbaridades que dijo la derecha sobre las “autoridades” socialistas de la época habrían merecido tantas multas con esta ley que España habría podido saldar toda su deuda pública y buena parte de la griega.

Ahora bien, lo más llamativo de todo el proyecto es que constituya falta grave (con multa de hasta 600.000 euros) la convocatoria o asistencia a manifestaciones en la jornada de reflexión o en la jornada electoral. El PP todavía no ha digerido su derrota del 14-M en 2004, por mentir vilmente sobre el peor atentado terrorista de nuestra historia, y sigue pensando que si se hubieran impedido las manifestaciones ante sus sedes la víspera de las elecciones, quizá no habrían perdido las elecciones. Aquellas manifestaciones constituyeron, sin embargo, un ejercicio de dignidad democrática de la sociedad española ante un intento de manipulación política desde el poder de extrema gravedad.

El PP nunca ha hecho suya la célebre fórmula de Lincoln de que la democracia es “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. Es consustancial a la vida democrática la protesta y la crítica feroz del poder y la autoridad. Las ofensas y ultrajes, ya sean al Estado, a la nación, a sus símbolos o a sus servidores, no deberían ser castigadas más que en casos verdaderamente excepcionales (como cuando atenten contra la intimidad de personas) y, desde luego, nunca con sumas de dinero como las que contempla este anteproyecto de ley. Lo mismo cabe decir de las manifestaciones, cuyo límite debería ser únicamente el uso de la violencia. ¿Hay, por lo demás, algo más lógico que llevar la protesta ante la sede de la soberanía nacional? Así ha ocurrido siempre en la historia y así seguirá ocurriendo, por mucho que un Gobierno con resabios franquistas como el de Mariano Rajoy trate de impedirlo.