La torpeza doble de suprimir el Consejo de la Juventud

La supresión del Consejo de la Juventud de España (CJE) por parte del Gobierno del Partido Popular tiene un objetivo muy claro, que todos conocemos, pero que implica una torpeza doble.

La motivación, más que conocida, es que el PP, a través de su organización juvenil, Nuevas Generaciones, lleva chupando banquillo en los órganos de gestión y control de casi todos los Consejos de Juventud, también el estatal, durante décadas. El porqué de este ostracismo es una decisión unilateral de las propias políticas del PP, ellos no creen en la participación abierta y democrática de las plataformas y redes sociales y lo dicen abiertamente. En lo que sí creen es en controlar los espacios públicos. Dado que los Consejos de Juventud son quiénes ocupan estos espacios en diversas materias, la única opción para ocuparlos es, directamente, eliminar los Consejos, como el CJE.

La torpeza, como decía, es doble. De un lado se hace un flaco favor a las políticas de juventud y participación, esenciales en la formación de ciudadanos modernos, y por tanto, en la solidez del Estado que tanto dicen defender. De otro lado, que nadie piense que las organizaciones juveniles representadas en los Consejos de Juventud dejarán de organizarse porque el CJE desaparezca. Todo lo contrario, lo seguirán haciendo, pero sin el paraguas de la Administración Pública, y por tanto, radicalizarán su mensaje puesto que las sitúa en la situación original de hace 30 años, en la lucha por su reconocimiento como interlocutores válidos y vertebradores de la sociedad, buscando, de nuevo, su implementación en las políticas públicas como Entidades de Utilidad Pública en su conjunto, como ya lo son otras plataformas.

Estamos pues ante otra involución de las políticas de Estado, ante una insultante y carente falta de visión por parte de quienes tienen la potestad de gobernar para todos y que, una vez más, lo hacen tan sólo hacia sus propios intereses. De aquí a no mucho tiempo, veremos como en lugar de una visión plural y coordinada de las actuaciones públicas en materia de juventud, tendremos sobre la mesa la opinión sesgada y parcial de una sola de las partes, la del PP. Y consiguientemente veremos como los contratos públicos de millones de euros que consolidan la integración laboral, social y cultural de millones de jóvenes son gestionados por empresas amigas del partido del Gobierno, dirigidas por los directivos de Nuevas Generaciones. Tiempo al tiempo. ¿O es que alguién pensó realmente que habrá reducción presupuestaria?

Destapada pues la vergüenza insomne de esta panda de inútiles que solo respetan una chequera, hagamos un poco de memoria y veremos cómo hemos llegado aquí. Si es esta una decisión política, también lo fue en su momento, no dotar al CJE (y otros Consejos de Juventud de autonomías por ejemplo) de leyes que blindasen su responsabilidad, funciones y atribuciones legítimas ganadas después de muchos años de reivindicación en la calle y en los despachos.

Y esa responsabilidad anterior, pedida hasta el hartazgo, corresponde a la totalidad de fuerzas políticas que no quisieron legislar en su momento. Los ahora sentados en los bancos de la oposición del Congreso de los DIputados no quisieron hacer este ejercicio que la Comisión Permanente del CJE casi les suplicó, porque se sabía (como se sabía en otros casos como el de la Región de Murcia con la Ley de Juventud de 2007, que hizo exactamente lo mismo) que lo que no se podía ganar en las urnas de las asambleas del CJE, se ganaría en una ley aprobada por las mayorías absolutas. Realmente asqueroso.

Mucho tendrá que cambiar la izquierda y la socialdemocracia su visión de las plataformas y redes sociales, porque en este momento su posición es muy ambigua en torno a esta legislación. Como en tantos otros temas, los que sí creemos en la participación directa de la ciudadanía en el Gobierno los esperamos con los brazos abiertos, aunque lleguen, una vez más, tarde.

Dicho esto, que había que decirlo en honor a la verdad, quiero resaltar que la responsabilidad es de quién firma esta actuación, esta legislación, es del Partido Popular, de su visión retrógrada y ancestral según la cual los y las jóvenes somos mano de obra barata, trozos de carne a los que hay que sacarles el jugo para que trabajemos como cabrones en las empresas que no pagan sus impuestos pero que hacen circular sobres por la sede de Génova, ante la impávida mirada de la judicatura.

De esta tropa de inútiles y amebas sensoriales no podemos esperar más que su mano en nuestros bolsillos, por lo que no cabe mas que organizarse ya en otras estructuras que nos lancen, como ya hicimos hace mucho tiempo, hacia la consecución de políticas públicas respaldadas en el artículo 48 de nuestra Constitución:

Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.

Esto es ley, y lo demás saqueo y expolio de una generación llamada a gobernar este país. Ser valiente en el servicio público significa descentralizar, delegar y repartir las atribuciones... lo contrario tiene un nombre, cobarde, y todos ellos, están en el partido del gobierno.

No nos callarán, fuerza y salud.

--------------------------------------------------------------------------------------

Julio López Guillén es expresidente del Consejo de la Juventud de la Región de Murcia.