El fallo sobre Telemadrid: manipulan y lo saben

Aún no conocemos la sentencia del Tribunal Supremo sobre el ERE de Telemadrid. Por el momento, hemos tenido acceso a la nota informativa del Gabinete de Comunicación de dicho Tribunal, donde se anuncia la ratificación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que declaró injustificado el despido colectivo.

El TS no estima el recurso interpuesto por los sindicatos, que reclamaba la declaración de nulidad del despido sobre la ausencia de una real negociación con los representes sindicales, pues el Gobierno de Madrid había ya decidido previamente la extinción de los contratos, así como por la forma tan arbitraria de selección de las personas afectadas por el despido.

Lo que sí reconoce el Tribunal Supremo es que la decisión de despedir es ilegal, contraria a derecho o, como expresa el propio tribunal, un despido injustificado.

Causa vergüenza y estupor la valoración que la Comunidad de Madrid ha hecho tras el fallo del TS. El Gobierno, en un alarde de funambulismo, interpreta la sentencia como una validación de su forma de actuar y pretende reducir su alcance a una mera cuestión de cuantía indemnizatoria. Manipulan, no dicen la verdad y lo saben perfectamente.

Ahora, se plantean numerosas cuestiones sobre los efectos prácticos de esta resolución judicial. Los sindicatos sostenemos que un acto ilegal en una empresa pública no puede tener las mismas consecuencias que para una empresa privada. En estos casos se trata de la gestión de un servicio público, dirigida directamente por el Gobierno, cuyas actuaciones deben estar sometidas al principio de legalidad y en cuya gestión se comprometen los recursos públicos.

Los gestores públicos deben actuar desde la ejemplaridad. En el caso que nos ocupa, se trata de reponer el derecho conculcado a los trabajadores y trabajadoras, y esa reposición sólo es posible con su readmisión. Por el contrario, el abono de la indemnización no es sino el reconocimiento implícito de un proceder impropio para quien tiene la mayor responsabilidad en la defensa del las leyes, tanto en su letra como en su espíritu.

Bien al contrario, la Comunidad de Madrid “aprovecha” un acto ilegal para imponer un nuevo modelo privatizado en la gestión de un servicio público, acallar la discrepancia interna y seguir manipulando los espacios informativos de la cadena, desnaturalizándola y ocasionando un daño a la credibilidad no sólo de Telemadrid, sino al propio concepto de radiotelevisión pública y su función social.

Y lo hace sin asumir ninguna responsabilidad política, ni por el varapalo judicial que cuestiona su capacidad como gestores públicos, ni por el drama al que han abocado a cientos de familias, ni por haber endosado a las arcas públicas pérdidas de decenas de millones de euros que terminaremos pagando los madrileños y madrileñas.

Debe ser a partir del cumplimiento del fallo, con la readmisión efectiva de la plantilla, cuando cabe iniciar un proceso de negociación con los representantes sindicales. Esto y no otra cosa es respetar la resolución del Tribunal Supremo. Y esto y no otra cosa es lo que vamos a exigir a nivel sindical, político y ante los tribunales.

Es inaceptable que los representantes del Partido Popular, a quienes se les supone una formación política y el conocimiento de las leyes que articulan un Estado democrático, desprecien a los representantes sindicales y su papel insustituible.

Con la inestimable ayuda de sus canales mediáticos, pretenden ensombrecer la labor desempeñada por el comité de empresa y sus sindicatos con una absurda acusación, que causa vergüenza ajena a quienes conocemos el desarrollo de este conflicto, de haber negociado de mala fe bajo la supuesta impunidad de su cargo representativo.

Si hubieran aprovechado sus “saberes”, sabrían que los representantes sindicales tienen un mandato democrático –son elegidos por y entre los trabajadores– y no se les puede despedir, una garantía legal sin la cual sería imposible el desarrollo y la interlocucion sindical. Llevado a la política, el vicepresidente, Salvador Victoria, entendería que un cargo público elegido por las urnas pudiera, mediante un mero despido, ser destituido y despojado, por ejemplo, de su acta de diputado. Si esto es así, se equivoca de país y tiene un sentido extremadamente autoritario, por no utilizar otra expresión, de lo que es la democracia.

Por ultimo, tampoco son aceptables las críticas que se han hecho a las organizaciones sindicales y a los trabajadores para negarles y cuestionar su derecho a manifestarse. Estamos en un conflicto generado por la actuación de los representantes políticos de la Comunidad de Madrid, afecta a la gestión de un servicio público esencial y tiene transcendencia inmediata a los medios de vida de miles de madrileños y madrileñas.

Los responsables del ERE ilegal de Telemadrid no se plantean dimitir

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Quienes se rasgan las vestiduras cuando las personas despedidas expresan su rechazo en las calles de forma pacífica, y llegan a calificar de escrache judicial la concentración de la plantilla de Telemadrid frente al Tribunal Supremo a la espera de la sentencia, se han esforzado, como el presidente de la Comunidad de Madrid, con todos sus altavoces habituales, en hacer llegar a los magistrados del TS que la declaración de un despido nulo, aceptando la tesis de los sindicatos, supondría el cierre de Telemadrid. Eso es chantaje en letras mayúsculas y en toda la amplitud del término.

Se ha echado de menos que el Consejo General del Poder Judicial, tan raudo en otras ocasiones, contestara y llamara la atención al presidente Ignacio González ante esta injerencia sin precedentes, una maniobra contra la independencia de los tribunales pretendiendo mediatizar su decisión ante la amenaza de males mayores en el caso de producirse la estimación del recurso interpuesto por las organizaciones sindicales. ____________________

Daniel Jabato es secretario general de la federación de Madrid de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras