La mercantilización del agua, una realidad palpable

La Generalitat de Cataluña malvendió en 2012 la empresa pública Aigües del Ter-Llobregat, que gestiona la captación y potabilización del agua que consumen dos tercios de la población catalana. La venta se materializó el 27 de Diciembre, justo a tiempo de computar el ingreso en las cuentas anuales y así arañar unas décimas en la carrera del déficit. Aigua És Vida denunciaba entonces, como lo hace ahora, que la privatización de los servicios públicos de agua supone una mercantilización de un bien público indispensable.

El concepto de mercantilización es abstracto y puede resultar confuso. Se podría definir como el proceso mediante el cual un bien se convierte en una mercancía, y una mercancía es todo aquello que tiene un valor económico y cuyo valor se usa para comerciar. El comercio entre las grandes empresas transnacionales (como GDF Suez y Acciona) se basa en inversiones con finalidades rentistas, alejadas de los criterios sociales y ambientales propios de un servicio público.

La privatización conlleva mercantilización en cuanto que la gestión del servicio privatizado antepone su valor como mercancía frente a su valor como bien colectivo. Cuando el interés económico de particulares (accionistas) prima sobre el interés colectivo que la sociedad tiene en el agua, ésta se torna más mercancía y menos servicio público. Al gestionar el ciclo del agua, se toman multitud de decisiones que afectan a nuestros intereses colectivos, y si esas decisiones están supeditadas a intereses particulares, los ámbitos social y medioambiental (ámbitos colectivos) se debilitan. Pero pocas veces podemos ver claramente la influencia del interés privado sobre los intereses colectivos, en una manifestación concreta de la mercantilización.

Recientemente hemos conocido que ATLL Concesionaria, el consorcio controlado por Acciona y BTG Pactual que se llevó aquel contrato mil-millonario, pretende avalar parte de su (también) mil-millonaria deuda, con los ingresos obtenidos gestionando ATLL. Acciona quiere utilizar la gestión del agua como si se tratara de un activo financiero, como si fuera una mercancía.

Estamos ante un claro ejemplo de mercantilización de un servicio público.

Si esto sucediese, tanto el consorcio gestor (Acciona-Pactual) como el banco Santander, propietario de la deuda de Acciona, tendrían intereses particulares en el Sistema Ter-Llobregat. Y a partir de ese momento, en que haya poderosos intereses en aumentar la rentabilidad de ATLL, ¿dónde quedará la necesaria protección de los derechos laborales? ¿Quién asegurará la plena asequibilidad del servicio de abastecimiento de agua? Cuando la gestión de ATLL afronte un conflicto entre rentabilidad y medio ambiente, ¿cómo tratará ATLL nuestra agua? ¿Como un bien colectivo? ¿U, otra vez, como una mercancía?

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Pero hay otro hecho destacable en esta noticia: la fuente. El movimiento financiero de Acciona ha sido denunciado por Aigües de Barcelona, empresa controlada por AgBar, que a su vez es propiedad de GDF Suez y La Caixa. Fue precisamente AgBar la empresa que perdió la adjudicación de ATLL, frente a la oferta de Acciona. Y es precisamente AgBar quien mantiene una pugna en los tribunales para invalidar dicha adjudicación. Las privatizaciones acontecidas en Cataluña en los dos últimos años han repartido entre dos gigantes empresariales los tramos del ciclo de gestión del agua del Área Metropolitana de Barcelona. La publicación de esta noticia debe enmarcarse en la batalla que estos gigantes mantienen para defender y ampliar su negocio.

Es difícil saber quién ganará la batalla, pero me da que no seremos nosotr@s. ______________________________________________

Lluís Camps es miembro de la Plataforma Aigua És Vida