Un simulacro de vida: en el Día internacional de los refugiados

Javier De Lucas

Otra vez el día 20 de junio se nos recuerda la condición de esos millones de seres humanos que viven un remedo de vida,  una existencia peor que virtual, vicaria. Porque no es vida, sino simulacro de vida, la situación de incertidumbre, de espera, de angustia, en una tierra de nadie en la que esos seres humanos se encuentran confinados. Es la angustia de la vida en suspenso,  sin saber si obtendrán el reconocimiento mínimo, esa seguridad jurídica básica que es el derecho a tener derecho, que todos tenemos asegurado; todos menos ellos, los refugiados.

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Hay que insistir una vez más en la indignidad, la miseria moral que supone que a nuestro lado (porque en el mundo global ya no hay lejanía), ante la mirada en tiempo real que nos sirven las televisiones y las radios, vivan millones de personas  que hoy, en el mundo de la tecnología y el progreso, se encuentran todavía en un estadio anterior al de esa chispa de civilización que supone la aparición del Derecho. Porque, como sabemos casi desde los albores de la cultura, de la humanidad, el primer gesto de civilización consiste en eso, en recibir al otro que huye del peligro para su vida. Reconocerle como igual a nosotros en cuanto ser humano. Ese el sentido más noble del Derecho en su origen: otorgar una protección básica frente al daño que supone la condición de vulnerabilidad, de ausencia de recursos para protegerse contra las formas del mal: la miseria, la persecución, el aniquilamiento.

Charles Péguy, el filósofo francés, recordaba que ese ideal moral mínimo, el de una ciudad sin exilio, es una obligación moral que nos corresponde a todos. Construir una sociedad en que nadie deba vivir privado del reconocimiento de la condición de sujeto de derecho, que es la del ser político, el que, como ciudadano, goza de la protección del derecho que dispensan los Estados.

No sucede así con los refugiados: los poderes públicos, las instituciones de sus Estados, que deberían garantizárselo, se lo niegan activamente o por omisión. Son sólo seres humanos sin más atributos, privados del rasgo político, la condición de pertenencia, el título de ciudadanos de un Estado, sin el cual esos derechos humanos proclamados como universales en 1789 son papel mojado. Porque los derechos del hombre no son nada si no se es ciudadano. O en todo caso son muy poco si no se es titular del pasaporte de un Estado que cuenta.

El asilo otorga ese primera protección que consiste en no rechazar a quien busca refugio, en no dejarle abandonado o, aún peor, en manos de quien le persigue. A eso están obligados todos los Estados que son parte del sistema de derecho internacional de refugiados en cuyo centro están las Convenciones de Ginebra que reconocen la protección en que el asilo consiste. Y sin embargo, en un mundo en que cada vez más seres humanos necesitan recibir esa protección, porque cada vez hay más riesgos, más amenazas, el asilo no deja de retroceder.

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Lo ha dejado claro, en particular para España, el Informe anual que presenta CEAR, la ONG más importante entre las que se ocupan de la protección de los refugiados, cuyo trabajo altruista, profundamente cívico,  fruto del esfuerzo y la generosidad sobre todo de centenares de voluntarios, representa lo mejor de lo que el ideal de humanidad expresado por Péguy pueda significar, y que no podemos dejar de agradecer. En estos días se ha hablado y se hablará de ese exhaustivo Informe. Sólo quiero recordar un dato estremecedor, un dato que nos habla de nuestra responsabilidad por la indiferencia, la dejación de nuestro deber como ciudadanos de exigir a quienes nos gobiernan que respeten ese mínimo de deber jurídico (y no sólo moral) que es la extensión de la garantía del asilo a quien lo necesita. En 2013, en España, se registraron un total de 4.502 solicitudes de asilo, en gran medida como consecuencia de los conflictos en Siria y Mali, que han incrementado el flujo de refugiados. Un 1% del total que se recibe en la UE, que son en total algo más de 435.000 solicitudes, de las que 49.510 obtuvieron una respuesta positiva. Y de esas 4500 solicitudes, España sólo otorgó 206, un 0.4%.

¿Es eso un país decente? ¿Es ese país el que aspira a difundir la Marca España en el mundo? ¿Es esa la medida de nuestra dignidad? Hoy hemos vivido un acontecimiento histórico. Un nuevo Jefe de Estado ha presentado su declaración de intenciones. ¿Es este un problema tan ajeno, tan irrelevante, tan poco significativo que no ha merecido ni una línea en el discurso del nuevo rey, Felipe VI, que no ha considerado oportuno mencionar ni a inmigrantes ni a refugiados en el proyecto de España al que quiere servir? Yo no lo creo así. Y, afortunadamente, en esto, como en tantas otras cosas, buena parte de la sociedad civil española va por otro lado. Está comprometida con algo más que nuestro propio ombligo. Está más próxima a intentar poner remedio a aquel duro dictamen de Benedetti, que tantas veces he propuesto aplicar a los refugiados:  “El mundo es esto / en su mejor momento, una nostalgia / en su peor, un desamparo“.

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