Plaza Pública

La mentira de Montoro: no hay más empleo, hay menos protección

Enrique Negueruela Cortés

El Consejo de Ministros ha aprobado, el pasado viernes, el techo del gasto para 2015. El resumen de todo el discurso se concreta en: “Para alcanzar el objetivo de déficit, el límite de gasto no financiero debe disminuir un 3,2% (4.200 millones de euros)”. El ministro Montoro, por su parte, ha asegurado que “el esperado regreso a la creación de empleo permitirá reducir el desembolso en prestaciones por el paro”. Si unimos estas dos afirmaciones, obtendremos que “para alcanzar el objetivo de déficit se recortarán 4.200 millones de euros de las prestaciones por desempleo”.

La EPA del primer trimestre establece que solamente uno de cada tres parados percibe una prestación por desempleo. Hay cuatro millones de parados sin protección por desempleo. Si vemos cómo ha evolucionado el paro y la protección desde el primer trimestre de 2011, observamos que del 1,01 millones más de parados que hay, algo más de un millón están sin protección y no llegan a seis mil más los que la tienen. Este ha sido el primer efecto del recorte de prestaciones realizado entre 2012 y 2013.

En ese recorte se han visto afectados en primer lugar los parados de más de 52 años. El subsidio previo a la jubilación que empezaba a los 52 años, en vez de acercarlo a los cincuenta dada la situación del mercado de trabajo, lo alejaron a los 55 años. Dicen en su regulación que para prolongar la vida activa. Pero al mismo tiempo obligan a los parados a jubilarse a los 61 o 63 años o a quedarse desde ese momento sin cotizaciones ni subsidio.

Para ser conscientes del alcance de este recorte, en 2011 hubo 124.230 altas iniciales con 595.231 parados entre 52 y 64 años. En 2013 solamente ha habido 63.233 altas iniciales con 933.574 parados de esa edad. Con un 57% más de parados, hay la mitad de altas iniciales. De haberse mantenido la misma regulación, las altas iniciales a este subsidio previo a la jubilación deberían haber sido 194.895 altas. El ahorro anual de los casi 132.000 subsidios que no se iniciaron ronda los mil millones de euros dado que es el único que cotiza a jubilación.

Durante los cuatro primeros meses de 2014 se gastaron en prestaciones por desempleo, incluyendo las cotizaciones a la Seguridad Social, 8.938 millones de euros. Han sido 1.741 millones menos que 2013, un 16,3% menos y 1.410 menos que 2011, un 13,6% menos. Cuando disminuye el gasto anualmente, este es mayor en el primer cuatrimestre que en el resto de año. Entre 2012 y 2013 el peso de este cuatrimestre aumentó del 33,85% de 2012 al 35,83% de 2013. Si se mantiene esa tónica, y nada hace indicar lo contrario, en 2014 el gasto del primer cuatrimestre aumentaría un 2% sobre el de 2013 hasta el 37,81% de todo el año.

En esta hipótesis, el gasto sería de 23.638 millones de euros, 6.167 millones de euros menos que en 2013. Si el peso del cuatrimestre fuese similar al de 2013, el 35,83%, el gasto disminuirá en 4.859 millones de euros. Por último, si situamos su peso como en 2012, el 33,85%, la disminución será de 3.398 millones. Para redondear podemos decir que el gasto en prestaciones en 2014 será de unos cinco mil millones menos que en 2013.

Si en vez del gasto nos fijamos en el número de beneficiarios, estos han disminuido aunque en menor proporción. Si el gasto disminuye alrededor de un 16%, los beneficiarios lo hacen sobre el 10%. Ello se debe a que las prestaciones que más se acaban son las contributivas que tienen un coste mayor que los subsidios.

Una emigrante privilegiada

En el presupuesto de 2014, las partidas aprobadas para prestaciones por desempleo tenían un importe total de 29.429 millones de euros. Si el gasto real en 2014 oscilara entre 23.638 y 26.408 millones de euros, quiere decir que habrá entre 5.791 y 3.022 millones de euros consignados que no se gastarán. Esto no lo ha dicho Montoro y él debe saberlo. Lo que tampoco ha dicho es si los 4.200 millones de recorte en prestaciones, serán sobre lo presupuestado o sobre lo gastado. La cosa cambia.

Dejar sin gastar más de cinco mil millones de euros consignados para prestaciones es una inmoralidad cuando hay casi un millón de parados con cargas familiares en hogares sin ingresos. El senador socialista de Lugo, Ricardo Varela, presentó hace una semana una moción para que se ampliara la renta activa de inserción a los parados con cargas familiares, que se le eliminara el tope de tres anualidades mientras la tasa de paro esté por encima del 15% y que se percibiera de forma continuada. Su coste era de 5.112 millones anuales y su objetivo que ningún parado con cargas familiares estuviera sin protección. Pero el gobierno prioriza el objetivo de estabilidad presupuestaria sobre la protección de los parados. Recortará otros 4.200 millones a las prestaciones por desempleo. ___________________________________________

Enrique Negueruela Cortés es miembro del Consejo de Empleo y Relaciones Laborales de la Fundación 1º de Mayo

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