Si un político te trata como a un imbécil quizá no deberías votarle

Los sistemas electorales no son ni buenos ni malos por naturaleza. Son un instrumento para lograr una consecuencia política: unos potencian la gobernabilidad y otros favorecen la representatividad. Así que resulta legítimo debatir sobre cuál de esos objetivos es mejor para una sociedad concreta. Lo que no debería ser admisible es que un político tome a los ciudadanos por imbéciles. Y eso es exactamente lo que están haciendo algunos dirigentes del PP al justificar sus planes de reforma electoral para las municipales de 2015 con argumentos que son lisa y llanamente mentira.

Los hechos

En este tema, como en cualquier otro, resulta sencillo diferenciar los hechos de las opiniones. Y los hechos demuestran que el PP se apoya en dos falsedades:

1) "Queremos que los alcaldes sean elegidos por los ciudadanos y no en pactos oscuros en los despachos", declaró por ejemplo Javier Arenas, en una frase que combina una mentira con un problema inventado. La realidad es que a los alcaldes ya los eligen los ciudadanos, exactamente por el mismo método que eligen al presidente del Gobierno: a través de una votación en la que escogen a sus representantes –diputados en el Congreso o concejales en un Ayuntamiento–, que luego designan al jefe del Ejecutivo o al regidor de su municipio.

Pero en este caso la mentira no es suficiente. Como el PP nos quiere vender una solución –el cambio en la forma de elegir alcaldes–, es necesario que exista previamente un problema. Y como el problema no existe, pues hay que inventarlo. ¿De qué "pactos oscuros" habla Arenas? ¿Cuántos existen? ¿Dónde se han producido? ¿Qué problemas han generado? Silencio. En España hay 78 ciudades que tienen más de 100.000 habitantes o son capitales de provincia. Pues bien, como desveló infoLibre, en el 90% de esos municipios el alcalde procede de la lista más votada.Al escuchar este dato, algunos políticos y tertulianos avispados responden que en España hay más de 8.000 municipios. Cierto. Pero lamentablemente para los papagayos de argumentario único, también en este caso pinchan en hueso. En las últimas elecciones municipales se eligieron 8.084 alcaldes, y en 6.536 municipios la candidatura vencedora obtuvo mayoría absoluta; es decir, el 80,8% de los regidores españoles ya disfrutan de mayoría absoluta. Por supuesto, en muchas otras localidades la lista más votada gobierna en minoría o el alcalde ha sido elegido tras pactos previsibles (por ejemplo entre PSOE e IU) que no se han cerrado en oscuros despachos.

2) La segunda falsedad es la afirmación de los dirigentes del PP de que la elección directa de alcalde "es la más democrática". Si Rajoy, Arenas, Cospedal y compañía realmente pensasen eso, lo primero que deberían explicar es por qué se han conformado durante décadas con un sistema "menos democrático". Pero es un falso debate porque no se puede afirmar que un método de elección sea más democrático que otro. El carácter democrático de un régimen electoral viene dado por otras circunstancias, que para no convertir este artículo en algo insufrible se pueden resumir en una idea: que sea expresión de la voluntad popular. Una voluntad popular que en las democracias occidentales se configura habitualmente de forma indirecta a través de representantes (diputados, concejales...) y no de forma directa por medio de plebiscitos o consultas. Por tanto, tan democrática es la elección directa de alcaldes que se realiza en Francia como la elección indirecta que se lleva a cabo en España, puesto que ambas son fruto de la voluntad popular expresada a través de las leyes electorales aprobadas en los respectivos Parlamentos.

Dado que en el Gobierno y en el PP abundan los registradores, abogados del Estado, fiscales y juristas, parece imposible que desconozcan un asunto tan básico de nuestro Derecho constitucional. Así que no deberían mentir a los ciudadanos a sabiendas.

Cuestión diferente es si un sistema electoral es más o menos proporcional. Aquí sí cabe establecer grados. Y es indiscutible que, dentro de las normas que rigen en España para las diferentes elecciones, los sistemas más proporcionales son aquellos que combinan la circunscripción única y el sistema D'Hondt de reparto de escaños (se aplica en los comicios europeos y en algunas comunidades uniprovinciales como Madrid). Y el menos proporcional sería el de la elección directa de alcaldes con una prima de concejalías para la candidatura más votada, justo lo que ahora propone el PP para los ayuntamientos.

Desde la irrupción del 15-M, ha ganado visibilidad pública la demanda de mayor proporcionalidad electoral (una vieja reivindicación de IU y UPyD), de forma que si un partido obtiene el 25% de los votos se le adjudiquen el 25% de los escaños. Y no como ahora, con un sistema que premia claramente a los dos principales partidos. Así que apostar por la elección directa de alcaldes iría en dirección contraria a esas demandas. Así lo admite el Consejo de Estado, en un informe que emitió en febrero de 2009 sobre las propuestas de modificación del régimen electoral. Al hablar de una posible elección directa de alcaldes, el Consejo de Estado destaca: "No cabe olvidar que los intentos de mejora en otros aspectos de nuestro régimen electoral general van precisamente encaminadas a reforzar la proporcionalidad, por lo que las propuestas ahora analizadas significarían una desviación importante al respecto" (pág. 268).

LAS OPINIONES

Hasta aquí los hechos. Luego están las opiniones, sobre las que no se puede debatir en términos de verdad o mentira, sino de preferencia. Y, por tanto, en este apartado son tan defendibles las posturas del PP como las de sus adversarios. Veamos.

1) Algunas personas creen que es más conveniente un sistema proporcional, mientras que otras piensan que es más importante lograr la estabilidad y gobernabilidad de las instituciones (por ejemplo, mediante la elección directa de alcaldes). 

2) Algunos juristas aseguran que la reforma planteada por el PP es inconstitucional, entre ellos Jorge de Esteban, quien en un artículo publicado en El Mundo explicó que atentaría contra el artículo 140 de la Constitución: "Nuestra democracia es parlamentaria y representativa, y eso significa que en todos los niveles, desde el presidente del Gobierno a los alcaldes, la elección de los mismos no es directa, sino por medio de representantes elegidos directamente por el pueblo, que a continuación eligen las personas concretas. Nuestro sistema no es presidencialista, por eso lo que realmente cuenta para el nombramiento de los cargos ejecutivos de gobierno son los escaños y no los votos". En cambio, el Consejo de Estado analizó la posible elección directa de alcaldes sin plantear en ningún momento dudas sobre su constitucionalidad.

3) Otros eminentes constitucionalistas, como Javier Pérez Royo, han puesto el énfasis en la falta de consenso: "Se trata de la segunda vez en estos últimos meses que el PP decide aprobar una ley orgánica de naturaleza constitucional prescindiendo de todos los demás partidos políticos [después de la decisión de aforar a Juan Carlos I tras su abdicación]". Este hecho le parece tan grave a Pérez Royo que pide a los partidos de oposición que se nieguen "a participar en el simulacro de negociación que está ofertando el Gobierno. Los partidos deberían anunciar que renuncian a participar en la tramitación parlamentaria de la reforma". Otras personas, en cambio, destacan que el PP está legitimado por su mayoría absoluta para realizar esta reforma, que además figuraba en su programa electoral. 

Yo suscribo la propuesta de boicot de Pérez Royo, tengo dudas sobre la inconstitucionalidad de la que habla Jorge de Esteban y prefiero que el sistema sea lo más proporcional posible. Pero ya se sabe que opiniones todos tenemos una.

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Hay otras dos cuestiones del debate surgido durante las últimas semanas que merecen ser mencionadas. La primera se refiere al hecho de que el PSOE haya defendido durante muchos años la elección directa de alcalde que ahora rechaza. La explicación de los socialistas es que no están dispuestos a entrar en el fondo de la reforma, puesto que las formas (sin consenso y a pocos meses de las elecciones) les parecen totalmente inaceptables. En esto último tienen toda la razón, pero no estaría de más que aclarasen a los ciudadanos su postura sobre el fondo. La segunda cuestión es la promesa de Mariano Rajoy de que nunca reformaría la ley electoral sin "un gran consenso". Creo que a estas alturas este asunto es ya irrelevante porque el valor de la palabra política de Rajoy es cero. Lo difícil es encontrar una promesa electoral del presidente del Gobierno que haya cumplido, no importa la materia. Nadie en su sano juicio utiliza ya la palabra dada por Rajoy como argumento de autoridad.

Queda una pregunta en el aire. Si las razones que dan los dirigentes del PP para reformar la ley electoral son mentira, ¿entonces cuál es la motivación oculta? ¿Por qué ese empeño en cambiar las reglas electorales a las bravas? La respuesta parece obvia. Primero, porque a la vista de los resultados del 25-M y de las encuestas que maneja el partido sobre las próximas municipales, la reforma electoral puede ser la única forma de que el PP mantenga buena parte de su poder local. Y segundo porque, hasta ahora, a muchos dirigentes políticos (no sólo del PP) burlarse de la inteligencia de los ciudadanos y manipularlos con burdas mentiras les ha salido gratis.

Claro que, llegados a este punto, hay algo que no puede controlar ni el político más tramposo. Y es que la decisión final está en nuestras manos. El PP puede aprobar de forma unilateral que un partido que sólo tenga el 40% de los votos, reciba el 51% de los concejales; pero lo que no puede hacer es ordenar por decreto ley que se vote al PP. Así que nos queda una última respuesta: si un político te trata como a un imbécil quizá no deberías votarle.