El día después (de la ley contra el aborto) ya fue antes

Los acontecimientos parecen precipitarse. Después de dos años de duras amenazas sobre los derechos y libertades de las mujeres, sobre su derecho a una maternidad libre y elegida –que no otra cosa es una ley del aborto que facilite éste por decisión de la mujer, en los plazos adecuados y con garantías sanitarias–, ahora puede cundir la impresión de que la ofensiva antiabortista está neutralizada. Una ofensiva del Partido Popular, encabezada por sus sectores más retrógrados; de la jerarquía de la Iglesia católica; de las asociaciones Pro Vida que identifican, de acuerdo con los obispos, el Tren de la Libertad, promovido por las feministas asturianas para la defensa de un aborto libre y con garantías, con los trenes de Auschwitz.

De acuerdo. Ya hemos vivido otras ofensivas contra la libertad de las mujeres y el derecho a disponer de nuestro propio cuerpo, y también hemos obtenido algunos triunfos. La actual retirada de la ley de Gallardón, llamada mentirosamente “Ley de Protección del Concebido y los Derechos de la Embarazada”, y la feliz salida (¿definitiva?) de la política de este siniestro personaje se encuentran entre estos últimos, entre los triunfos.

Poco importa que la mayoría de los analistas biempensantes atribuyan esta retirada y este fracaso de Gallardón a los líos internos en el PP, verdades a medias que tratan de convertir en tesis redondas e irrebatibles. Quede claro, desde nuestra posición de luchadoras feministas, que si no hubiera habido manifestaciones masivas en las calles –el 1 de febrero de 2014, el Tren de la Libertad y las muchas acciones que las precedieron– pronunciamientos de profesionales de la sanidad, del derecho, de la psiquiatría, de la enseñanza, de organismos democráticos internacionales… sin estos rechazos masivos, en el árbol PP no se hubiera movido ni una hoja, o habrían sido hojitas sueltas fácilmente pisoteadas por el pie del aparato. ¡Ah!, y de aquellas movilizaciones y aquellos pronunciamientos, estas encuestas. “Que no, que si seguimos por ahí vamos a perder votos del centro; que estamos revolviendo un patio que ya está suficientemente liado con la corrupción y otros asuntillos...".

Resultado: de los principios, nada, monada, lo que mandan son los votos. ¿O no fue un acto fallido por parte de Rajoy el decir, anunciando la retirada del proyecto de ley, que no valía la pena aprobar una ley que derogara al minuto siguiente el nuevo gobierno que les sucediera? ¿En qué estaba pensando? ¿Quizás en que sus asesores le habían dicho que iba a perder las elecciones si seguía por ese camino, luego…?

Volvamos a lo principal. El movimiento feminista ha encabezado desde los años setenta la lucha por el derecho al aborto y a la maternidad libremente elegida, ha enarbolado lemas como “mi cuerpo es mío”, “sexualidad no es maternidad”, “nosotras parimos, nosotras decidimos”, “anticonceptivos para no abortar, aborto libre para no morir”, y otros muchos que plasmaban nuestro objetivo de ser sujetos activos con capacidad de decisión sobre nuestras vidas, nuestra reivindicación del deseo y el placer sexual y una crítica a la norma heterosexual “obligatoria”.

Este mismo movimiento y una parte amplísima de la sociedad han hecho posible la retirada del siniestro anteproyecto de ley del gobierno del PP. (Cabe recordar que en 1974 –una fecha que no se aleja de aquella a la que nos quería devolver el dichoso anteproyecto– la Fiscalía del Tribunal Supremo señalaba que se realizaban en el Estado español 300.000 abortos al año, y que 3.000 mujeres morían cada año por las circunstancias en que se realizaban estos abortos. Abortar podía suponer 12 años de cárcel y un aborto ilegal pero realizado en buenas condiciones médicas podía costar de 80.000 a 300.000 pesetas de la época.)

¿En qué punto nos encontramos ahora?

Con el proyecto de ley contra el aborto del PP guardado temporalmente en un cajón, no se ha acabado la ofensiva política contra los derechos de las mujeres. Cuando la autopista está cortada por inundación, hay recurrir, como alternativa, a las carreteras secundarias. Y una de estas carreteras alternativas es la que puede tomar el gobierno que padecemos. Recordemos que ahí está, desde junio de 2010, el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra la actual y vigente ley de plazos aprobada por el gobierno de Zapatero.

Un recurso que estaba congelado a la espera de la aprobación de la ley ahora retirada. ¿Y quién es el ponente que avala el recurso? Pues nada menos que el magistrado Andrés Ollero, convicto y confeso antiabortista y miembro del Opus Dei. ¿Y cómo está compuesto el Tribunal Constitucional? Pues por una mayoría de magistrados y magistradas nombrados por el PP y probablemente dispuestos a apoyar con su “autoridad” lo que echó abajo la calle. ¿Y quién preside el Tribunal Constitucional? Pues un militante del PP, Francisco Pérez de los Cobos, cuya posición, en caso de empate, puede ser decisiva.

Con lo dicho aquí arriba no presagiamos nada, no somos profetas ni videntes. Pero si alertamos contra una maniobra peligrosa, y por más de una circunstancia.

Estamos, no sólo las feministas (junto con las personas sacudidas por la crisis que ven cómo se paga “constitucionalmente” la deuda mientras no hay un duro para servicios sociales, junto con quienes ven negado “constitucionalmente” su derecho democrático a pronunciarse sobre la forma de articulación del Estado) más que escaldadas de que se apele a la “constitucionalidad” para negarnos derechos y libertades básicos. La defensa a ultranza de la Constitución se ha convertido no solo en un mantra sino en un arma arrojada contra quienes quieren (queremos) cambiar las cosas y hacer de este país un lugar más habitable.

Además, hemos de recordar, porque viene al caso como anillo al dedo o guante a la mano, la foto de los Padres de la Constitución (Madre, ninguna), que reflejaba una puesta en pie de la Constitución a cargo de “hombres de Estado”, al tiempo que marginaba cualquier protagonismo de los movimientos sociales, y del movimiento feminista en particular, en la definición de la llamada “Ley de Leyes” que había de asentar los principios básicos por los que se regía la democracia.

Ahora, por fortuna, son muchas, muchísimas las voces que cuestionan la Constitución de 1978 por los motivos citados y por otros muchos más. No entraremos en esto en detalle, pero sí en alertar sobre la necesidad de mantener la guardia bien alta contra una maniobra política que pretenda “avalar” con el marchamo de la “inconstitucionalidad” dictada por el “alto Tribunal” lo que el gobierno del PP ha comprobado que no puede avalar con el apoyo popular, descargando así al PP y su gobierno de la enojosa tarea de perder votos (y quedarse fuera del Gobierno) en las próximas elecciones generales.

Los plazos para la tal maniobra no parecen muy lejanos. El recurso del Partido Popular ante el Constitucional puede activarse en los próximos meses. Y no olvidemos que Rajoy y su equipo ya han hablado de modificar (en breve) la actual ley del aborto para impedir que las menores de 18 años puedan hacer uso de este derecho sin el consentimiento de padre y madre.

No, el derecho al aborto libre no es un asunto secundario ni un tema que se saque a colación para despistar de otros asuntos políticos molestos para el gobierno (“con la cantidad de problemas que tenemos”, pueden verse tentados a decir algunos), sino algo que atañe en lo profundo a la dignidad y la libertad de las mujeres, algo que debe ser debatido y defendido en los movimientos sociales y en las plataformas que tratan de poner en pie un sistema radicalmente democrático.

Mucho se ha conseguido, pero todo no está logrado. Por eso es más importante que nunca seguir con las movilizaciones en las calles (como la convocada para este domingo, día 28), en la prensa, en internet y en los foros sociales, en los despachos y en las cocinas para impedir que nos cuelen por la puerta de atrás, por la “ruta pintoresca” de una sentencia del Tribunal Constitucional, lo que los sectores más retrógrados y contrarios a la libertad de las mujeres no han podido sacar adelante por la vía de una ley aprobada por su mayoría absoluta en el Parlamento.

Y no por falta de ganas –de los principios ni hablamos– sino por miedo a perder votos.

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* María José Belbel Bullejos y María Unceta Satrústegui forman parte del movimiento feminista desde mediados de los 70