Desde la tramoya

Yo también ganaba más que la ministra, pero las cosas no son como parecen

El Gobierno ha hecho público su Portal de la Transparencia y hay un hecho que parece haber generado más titulares que cualquier otro: que el presidente del Gobierno gana menos que muchos funcionarios públicos y altos cargos de la Administración. Pero las cosas no son como parecen.

Primero, al echar las cuentas, convendría sumar todas las retribuciones y no solo el salario bruto que consta en una nómina. El presidente del Gobierno, por ejemplo, tiene pagados su residencia (el espacioso Palacio de la Moncloa, con piscina y jardines, decorado al gusto de cada recién llegado con cargo a los presupuestos generales del Estado), la luz, el agua y la calefacción, su comida, su coche y un nutrido servicio a su cargo que, por ejemplo, le sirve periódicos gratis y le arregla sin cargo la televisión o la gotera. Así pasa también, aunque con menor nivel de confort, con algunos ministros: aquellos que deciden ocupar alguna de las viviendas oficiales que hay por Madrid.

Segundo, hay otros añadidos salariales que no constan en la nómina, pero que existen. Por ejemplo, hay decenas de altos cargos ocupando puestos en consejos de administración en empresas públicas, nombrados para ello por sus jefes. Hay “consejillos” que se retribuyen con, quizá, 300 o 400 euros, que no está nada mal por ir allí a firmar las actas una vez al mes tras participar en una reunión en la que ni siquiera tienes que abrir la boca. Otros consejos tienen una retribución de unos 600 euros, o acaso más.

Tercero, hay políticos y funcionarios sometidos a un régimen de incompatibilidades que otros no tienen, motivo por el cual puede justificarse un salario mensual menor. Por ejemplo, mi salario como director general de Gabinete de una ministra era mayor que el de la ministra, pero ella gozaba de dos años de salario íntegro tras su cese, como compensación por la incompatibilidad total para dedicarse a tareas cercanas a sus competencias como ministra. Yo cobraba más mes a mes, pero luego no tenía esa compensación posterior.

Y cuarto, hay cuerpos de la Administración General del Estado, es decir, conjuntos de funcionarios, que protegen su chiringuito como si fuera un castillo inexpugnable. Ahí al lado de los ministros hay unos señores y alguna señora, desconocidos para el gran público, que se llaman subsecretarios. Por definición han de ser funcionarios de carrera, y son quienes filtran, estudian, matizan, ponen pegas, frenan o promueven, los asuntos propuestos por sus respectivos ministros. La Comisión de Subsecretarios, que se reúne en Moncloa cada semana antes del Consejo de Ministros, es el verdadero brazo armado de la política, su traslación al mundo contante y sonante.

Esa Comisión es la máxima expresión de una realidad evidente en todo país desarrollado, con una Administración Pública fuerte: desde siempre, los funcionarios han sabido mantener sus distancias con respecto a la política, para no verse demasiado afectados por ella, y para mantener también sus privilegios. Para el observador ajeno, todos esos salarios que constan en el Portal de la Transparencia son fruto de la decisión política. En realidad, son resultado de una negociación constante y siempre viva entre los miles de funcionarios que habitan los despachos oficiales, y los pocos políticos que pasan por allí una temporada. No digo que eso sea malo. Basta viajar un poco por ahí para ver qué gran activo hemos construido teniendo una Administración Pública estable, sólida, que no cambia por los avatares de la política, que tiene cierta independencia. Pero eso también tiene el coste de un mayor poder en manos de los funcionarios.

Naturalmente, está muy bien que se publiquen los salarios de los altos cargos. Más satisfacción incluso tendríamos si se publicaran todos y no solo unos pocos. Y seríamos un país realmente transparente si, además, supiéramos dónde van cada uno de los euros que pagamos con nuestros impuestos. Así podríamos debatir si nos parece bien, regular o mal, por ejemplo, que un ministro se ponga en el piso oficial una pantalla de cine de 7.000 euros comprada en la tienda de un cuñado suyo, por inventar un caso. Me lo invento porque miro en el flamante Portal de la Transparencia buscando posibles ejemplos reales y no se me muestra nada. Definitivamente, las cosas no son como parecen.

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