La financiación ilegal de los partidos políticos y el nuevo Código Penal

Ya sabemos de forma fehaciente que el Partido Popular, es decir, el propio partido del Gobierno, ha venido financiándose sistemáticamente y durante muchos años de forma ilegal, tanto en su sede central, como en la mayor parte de las Comunidades Autónomas, en Madrid, Valencia, Galicia, La Rioja, Baleares, y otros muchos sitios. Con una caja B con la que realizaba importantes obras en sus locales (6 plantas de la sede de Génova), pagaba sobres a sus dirigentes, financiaba campañas electorales y violaba de forma generalizada la legislación electoral. Porque uno de los efectos más graves de esa caja B es que altera las reglas de la democracia, al romper las condiciones de igualdad en que deben realizarse los procesos electorales.

Las respuestas del PP son sorprendentes y vergonzosas. Por una parte, sus dirigentes han preparado un argumentario en el que afirman que la caja B del PP no es del PP, sino de Bárcenas. Como si no se hubieran pagado infinidad de servicios, campañas y sueldos a sus dirigentes con ese dinero.

A la vez que, ocultando maliciosamente la realidad y pretendiendo que los ciudadanos seamos idiotas, el personaje Floriano osa decir que como según el juez Ruz el PP sólo es “responsable civil como partícipe a título lucrativo”, implica “que no tenía conocimiento del delito”. Parecería que el PP fuera como un ente de razón hegeliano ajeno a la realidad de sus dirigentes, que no tiene que responder de los delitos cometidos por éstos. Porque dirigentes del PP eran todos sus tesoreros ahora acusados, y porque dirigentes del PP eran y son todos los que percibieron continuos sobres provenientes de esa caja B.

Pero además se oculta que si el PP no ha sido imputado en cuento persona jurídica, lo es simplemente porque la responsabilidad penal de los partidos políticos se incorporó al Código Penal a finales de 2012 y los hechos investigados por el juez Ruz son todos anteriores a esa fecha.

Pero si grave es tirar balones fuera y pretender que la caja B del PP no va con ellos, más grave aún, en mi opinión, es la respuesta que el propio Partido Popular ha incluido en el nuevo Código Penal para sancionar la financiación ilegal de los partidos políticos.

Sabido es que el nuevo Código Penal del PP eleva las penas con dureza en los delitos ordinarios, pero sus enmiendas son excesivamente benignas con los corruptos, confirmando el tradicional enfoque de la derecha conservadora de dureza frente al débil y debilidad frente al fuerte. Porque una de las facetas más chocantes de las propuestas en materia de corrupción del PP es que no proponían ninguna subida de penas a los delitos de corrupción, ninguna, e incluso en dos tipos tan característicos como el cohecho y la malversación la bajaban. Luego el PP se dio cuenta de que no podía mantenerse en esa posición y aceptó algunas enmiendas del grupo socialista de incremento de penas, pero de forma muy muy insuficiente.

Si en alguna circunstancia cabe hablar de alarma social es en este tema, por la inquietud y estado de ánimo que se genera en los ciudadanos ante la aparición de un número muy amplio de comportamientos delictivos de corrupción. La gente, los ciudadanos del común creen que esta situación es ya inaguantable y deben tomarse medidas.

Es cierto que en la Ley de Financiación de Partidos Políticos se ha avanzado en transparencia, eliminando la posibilidad de que haya financiación de empresas y estableciendo un tope por persona física de 50.000 euros al año, con acuerdo de la mayoría de grupos parlamentarios.

Pero las propuestas de regeneración democrática se han quedado en las puertas del nuevo Código Penal. ¿Cuál es la respuesta que el PP ha introducido en éste último para los delitos de financiación ilegal de los partidos, es decir, para el delito que muchos empresarios financiadores y una parte de su gente venía cometiendo al servicio del propio partido? Completamente tímida e insuficiente: quien reciba o quien aporte donaciones ilegales destinadas a partidos políticos no tendrán pena de cárcel, sólo de multa. Para que haya prisión la donación ilegal tiene que ser superior a 500.000 euros.

El mensaje es demoledor y lamentable: tranquilidad, los donantes con tal de dar cada uno menos de 500.000 euros, aunque sean en B, y en todo caso por encima de los 50.000 máximos autorizados, saben que no tienen riesgo de prisión, si son descubiertos. Si se repasa la lista de Bárcenas se constata que nadie había hecho donaciones superiores a 500.000 euros. Nadie iría a la cárcel. Y los que reciben el dinero pueden ser cada vez uno, Bárcenas u otras personas distintas en cada caso, para no pasar de esas cifras.

Y una segunda enmienda del PP para penalizar, aquí sí con prisión, a quien participe en estructuras u organizaciones cuya finalidad sea financiar partidos políticos. Pero el texto está técnicamente tan mal redactado que basta que se trate de una sociedad cuyos fines y actividades sean también otros, para que tengan altas posibilidades también de escapar de este tipo penal nuevo.

El grupo parlamentario popular no quiso saber nada de las enmiendas que presentaron los demás grupos parlamentarios que, conscientes de la necesidad de ser ejemplarizantes en este tema de la corrupción y de la financiación ilegal de los partidos, plantearon penas de cárcel para toda financiación ilegal, graduando la duración en función de la cuantía.

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Si se quiere acabar definitivamente con la financiación ilegal de los partidos, se ha de ser drástico, sancionando además también con prisión a los representantes legales y administradores de hecho o de derecho de los partidos que acepten donaciones ilegales, no sólo a los simples recipiendarios. Y condenado también penalmente a los responsables de los partidos que falseen sus cuentas.

En este tema la respuesta de la mayoría absoluta del PP está muy lejos de mostrar una actitud decidida de lucha contra la corrupción.

Manuel de la Rocha Rubí es diputado del PSOE por Madrid en el Congreso