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Plaza Pública

La “fabada de arroz con pollo y conejo” se llama “paella”


Daniel Ordás Publicada 19/08/2015 a las 06:00 Actualizada 19/08/2015 a las 10:04    
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Tras varios meses de exposición mediática y marketing personal, Pedro Sánchez perecía haber tomado las riendas políticas en el PSOE al reconocer la seriedad del pulso que le planta el separatismo catalán al caduco sistema territorial y político español. Según el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, hasta el rey y Mariano Rajoy se han dado cuenta de que existe un problema en Cataluña y que es serio.

Sánchez descubrió la varita mágica del federalismo y de repente se convirtió en su palabra preferida, pero, por lo visto, sus barones le han parado los pies. No hacen falta ni Sánchez ni el PSOE para descubrir el federalismo, está todo inventado y definido, la cuestión es si realmente se quiere o no.

El federalismo es una forma de Estado en la que varios territorios se unen y forman una federación, a la que delegan ciertas competencias que consideran necesario cumplir coordinadamente desde un ámbito mayor al de su propio territorio. Reconozco que soy muy fan y defensor del federalismo, ya que me convence, y además vivo en un país que se rige por ese modelo de federalismo, subsidiariedad y control democrático ciudadano. Reconozco que me encanta la idea de que España se convierta en un Estado federal, en el que la cercanía entre ingreso y gasto elimine el despilfarro, en el que el control democrático limite la posibilidad de la corrupción y en el que la sana competencia entre los territorios los empuje hacia una mayor productividad y riqueza para sus ciudadanos.

Sí, me alegré cuando oí a Sánchez hablar de federalismo, pero al oír los debates internos que hay hoy en el PSOE me da miedo imaginarme a qué llaman “federalismo”. Hay quien quiere discutir “cuánto dinero se da a la comunidad X” o “qué competencia se da a la comunidad Y”. Los que plantean ese debate no han entendido ni la primera palabra del federalismo. Las comunidades autónomas en un Estado federal no necesitan que nadie les “conceda”, “transfiera” o “regale” competencias o impuestos. Las comunidades autónomas por definición tendrían todas las competencias y lo que hay que definir conjuntamente es cuáles se transfieren parcial o totalmente a la federación (tradicionalmente: defensa, política exterior, aduanas…).

Lo mismo pasa con “la pela” en un Estado federal. Los impuestos los fijan, recaudan, gestionan y gastan las comunidades autónomas y lo que hay que decidir es cuáles delega en la federación (tradicionalmente: IVA, aranceles, impuestos especiales…). La federación sustenta sus gastos administrativos y operativos con esos ingresos y aparte se pueden crear fondos de redistribución.

Razonablemente uno sería un fondo de compensación, al que las comunidades más ricas aportasen según un baremo predefinido que fuese igual para todas. Y las más necesitadas recibirían según un baremo predefinido que fuese igual para todas. Lógicamente, un año puedes estar entre las que aportan y otro entre las que reciben, y el orgullo propio hará que las comunidades aspiren a no estar entre las de la cola. Pero claro, tampoco nadie querrá ser el que más paga. Este fondo es de compensación, porque ayuda solidariamente a las comunidades que, por razones históricas, geográficas, topográficas u otras, tienen una desventaja inicial frente a otras.

Como por un lado la inmensa mayoría del presupuesto autonómico consiste en los fondos propios –impuestos recaudados y resultados de la propia gestión–, y por otro lado las “ayudas” de la federación están predefinidas y no son a la carta, ningún gobernante autonómico necesita hacerle la pelota ni tenerle miedo al Gobierno central.

Las comunidades autónomas serían libres de organizar su estructura y actuación política como les dé la gana a sus ciudadanos (en caso de que hubiera instrumentos de control democrático y de participación ciudadana) o a sus parlamentos y gobiernos si no hubiera instrumentos de control y participación. La única limitación serían aquellas competencias que a través de la Constitución se transfiriesen a la federación. Por supuesto sería razonable que algunas comunidades, dependiendo de cada materia, formaran concordatos de colaboración para algunas tareas (por ejemplo infraestructuras penitenciarias, educación, sanidad…). Podría haber comunidades que considerasen oportuno colaborar con una comunidad vecina (o no vecina) en un tema concreto de sus competencias y eso sería muy saludable.

El federalismo como forma de Estado está inventado y no admite mucha variación, lo que sí se puede debatir (y mucho) es sobre el contenido: qué competencias se transfieren a la federación, qué impuestos puede cobrar la federación, cuánto tienen que contribuir las comunidades a la federación y cuánto reciben... Todo eso es política y todo eso se puede discutir. Lo que no se puede es llamar "federalismo" a algo y luego decir que el principio será que el Estado central fije los impuestos, los recaude y los reparta o que el Estado central, por un acto de gracia, “conceda competencias”. Eso puede ser un modelo viable, un Estado central “decentralizado parcialmente”, es legítimo defenderlo. Pero no se puede llamar “federalismo” porque una fabada en la que sustituyes las habas por arroz, el tocino por conejo y las morcillas por pollo, deja de ser una fabada y pasa a ser una paella. Se puede discutir sobre la cantidad de cada ingrediente o la duración de la cocción, pero no se deberían hacer trampas de denominación.

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Daniel Ordas es abogado y analista político en Suiza y promotor de www.reforma13.es
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