Plaza Pública

Justicia tras el asesinato de Berta Cáceres

Luis Carlos Nieto

El pasado tres de marzo era asesinada en Honduras la defensora de los derechos humanos y líder ambientalista Berta Cáceres Flores. Su figura y reconocimiento habían trascendido el ámbito centroamericano por su compromiso con la defensa de los derechos humanos, de las comunidades indígenas y el medioambiente.

En el año 2015 había recibido el prestigioso premio Goldman Environmental Prize por su defensa de los recursos naturales y del medioambiente. Era dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras (COPINH), organismo del que fue una de las fundadoras en 1993, pero sobre todo era una persona muy querida en los sectores populares y en las comunidades indígenas hondureñas. Se opuso con todas sus fuerzas al golpe de Estado que derrocó al Presidente Manuel Zelaya en 2009.

Aunque su asesinato supone un salto cualitativo, no es un hecho aislado en Honduras. La frecuencia con la que son asesinados en este país centroamericano defensores de derechos humanos, líderes indígenas y ecologistas solo puede explicarse por el mantenimiento de unas fuertes estructuras de impunidad, reforzadas a partir del todavía vigente “de facto” golpe de Estado de junio de 2009.

Estas estructuras tienen su origen en los “terribles años ochenta” en los que las desapariciones forzadas, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales asolaron la región centroamericana bajo el paraguas de la denominada “doctrina Reagan de la seguridad nacional”.

Esta impunidad de los delitos de lesa humanidad pervive en el país como una fuerte losa y es causa fundamental de que se sigan produciendo estos asesinatos, pues existe un entramado institucional y mediático encargado de disfrazar estas muertes premeditadas como parte de la delincuencia común o como crímenes pasionales.

Sin excepción, también en el caso de Berta Cáceres se intenta, en las primeras investigaciones de las autoridades hondureñas, seguir este mismo patrón de exculpación.

Y todo esto en un país donde jueces y fiscales pueden ser trasladados, retirados de la investigación, amenazados o expulsados de la carrera judicial. No es casual que en un contexto de intentar legitimar el golpe de Estado de 2009 la Corte Suprema de Justicia procediera a promover acciones de adhesión de los jueces a los golpistas y a despedir de sus cargos judiciales a los jueces demócratas que reaccionaron ante la ilegitimidad del golpe.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado en el año 2015 al Estado de Honduras a la readmisión de cuatro jueces independientes, integrantes de la Asociación “Jueces por la Democracia”, que se opusieron al pronunciamiento (caso López Lone y otros contra Honduras) y el Estado sigue negándose a cumplir la sentencia.

Esta ausencia de un poder judicial independiente y la vigencia de las estructuras de impunidad impiden una investigación imparcial de los crímenes de los dirigentes indígenas y populares en Honduras, que ocupa el primer puesto junto con Brasil y Perú de ambientalistas asesinados (“¿Cuantos más?” Informe 2014).

La investigación del asesinato de Berta Cáceres es fundamental para romper la tendencia de violaciones de los derechos humanos de los defensores de la tierra y de los recursos naturales. La comunidad internacional tiene que hacer compatibles sus cumbres contra el deterioro del planeta y el cambio climático con la protección de quienes están en la vanguardia de la defensa de los ríos, los bosques y los recursos naturales, que están muriendo impunemente.

Esta reivindicación de una investigación imparcial del asesinato de una defensora de la tierra es también la despedida emocionada de una persona excepcional. Conocí a Berta Cáceres en el otoño del 2010 en la ciudad de Comayagua cuando varios miembros de la Comisión de Verdad de Honduras nos desplazamos a esta ciudad para recoger los testimonios de violaciones de derechos humanos que se habían producido en la región después del golpe de Estado de 2009.

Entre los impresionantes relatos que allí se vertieron se pudo oír la voz templada y convincente de esta dirigente del COPINH, denunciando la represión que se había desatado contra las comunidades indígenas y los opositores al golpe. Era la dirigente lenca que defendía los derechos de su pueblo con un discurso y unos principios muy sólidos, que denunciaba que el racismo se había incrementado con el golpe y que en el departamento de La Esperanza (Intibucá), de donde ella era originaria, se habían producido feminicidios.

Luego, por amigos comunes pude comprobar también su calidad humana, su trato amigable y su capacidad de convicción. Y es que Berta lideró una lucha que frenó la construcción de una gran represa en Agua Zarca, enfrentándose a la empresa hidroeléctrica china Sinohydro y al Banco Mundial, que retiró la financiación del proyecto como consecuencia de la resistencia de las comunidades indígenas en la defensa del río Gualcarque, de vital importancia para su supervivencia y cosmovisión del mundo.

Siempre hablaba de la necesidad de luchar por el ecosistema de los ríos en Honduras, porque el pueblo lenca, decía, tiene una relación especial con el agua y se considera el “guardián de los ríos”. Como indígena lenca defendía la relación de los seres humanos con la naturaleza y de esta convicción surgieron sus principios. “Me lo dijo el río” era una frase que gustaba decir para expresar un convencimiento.

Ella era consciente de que libraba batallas contra los más poderosos de la tierra y del riesgo que corría por ello. Había dicho “temo por mi vida, Honduras es un país totalmente impune y a nadie le importa que nos maten”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había acordado medidas cautelares para su protección ante la situación de riesgo en que se encontraba. Es evidente que no sirvieron, pues las autoridades nacionales eran las encargadas de dar esa protección.

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Te echaremos de menos, querida Berta Cáceres, y haremos lo posible porque se haga justicia. Tu recuerdo quedará en los bosques y en los ríos llenos de vida.

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Luis Carlos Nieto es magistrado. Exmiembro de la Comisión de Verdad de Honduras

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