O todos o ninguno, señores alcaldes

La propiedad privada aún no ha sido abolida en España. Al menos de momento. Podríamos discutir si reformar o no el artículo 33 de la Constitución, pero hasta ahora nadie lo ha planteado ni parece que haya mucha disposición por parte de quienes tienen o van a tener el poder de legislar.

Sobre el papel, violentar ese principio no debería estar bien visto por quienes defienden que haya leyes y se cumplan. Pero en estos tiempos de incertidumbre y no pocas dudas, ni siquiera eso es posible.

No lo digo, naturalmente, por el apoyo de la CUP a los “expropiadores” del Banc Expropiat de Gracia en Barcelona. Si hay alguien que en esta cuestión ha mostrado coherencia ha sido precisamente ese grupo político que nunca ha dejado de ser antisistema y que puestos a colectivizar hasta apoya la colectivización de los hijos (o eso he entendido). No me sorprendió ver a concejales cuperos en las protestas de esta semana. La CUP no engaña a nadie salvo a los mitad interesados mitad ingenuos representantes de la burguesía nacionalista catalana que mantuvieron el poder gracias a los votos antisistema y ahora están a punto de perderlo por blandos en su antiespañolismo presupuestario. Quizá el único borrón de estas “candidaturas de unidad popular” –y les costó mucho– ha sido ese apoyo a los herederos políticos del Pujol que gobernó siempre con PP o PSOE según soplara el viento.

No simpatizo con ellos, pero no se les puede negar coherencia.

A otros sí. Y a gritos. Por ejemplo al señor Trías, el ex alcalde de Barcelona que ha reconocido haber pagado el alquiler del edificio a su propietario a espaldas de los moradores. Compró con eso la paz, pero la inversión le va a salir cara, porque como todo beneficio va a obtener una incómoda excursión por los juzgados que a ver cómo termina. De momento la Fiscalía investiga si malversó fondos públicos municipales. Paseo judicial y creo que también desprestigio político. No es de recibo que desde una administración pública que no sólo regula sino que tiene la obligación de hacer cumplir la ley, se apoye de esa forma su violación. Incluso contra el criterio de los beneficiados, que, convencidos del éxito de su ocupación del edificio del maligno, se sienten también estafados y engañados por el “paternalismo” municipal que resta valor a su hazaña.

El señor Trías hizo mal uso del dinero público y contravino el principio elemental de compromiso del gobernante con la Ley ( con mayúsculas). Hasta Ada Colau, que procede de los territorios de la lucha antisistema, ha tenido más dignidad que el alcalde nacionalista que le precedió. Un poco forzada, eso sí, y dando una a dios y otra al diablo, pero puesta en alcaldesa, que es lo que le toca. Hizo bien en dejar de pagar. Pero si me acepta la sugerencia, podría reforzar ese rol si en vez de lamentar que los Mossos d'Esquadra hicieran su trabajo sacando de una propiedad privada a los autores de las “actividades sociales que benefician a los vecinos”, les facilitara locales para ejercer esa benéfica función social.

El caso de Trías y su particular forma de entender la gestión municipal –pagando por la paz aunque sea contra las leyes– me recuerda la disputa de la propia Colau con su Policía municipal a cuenta del “interés” por un mantero que golpeó a un agente, y la de Kichi, el alcalde de Cádiz, con los comerciantes por asegurar que ante una denuncia policial y un hombre que se busca la vida en la calle vendiendo pescado, él siempre estaría con éste último. Todo esta misma semana, por cierto.

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Gobernar debe ser complicado, por eso es admirable el que se pone a ello a la aristotélica manera, buscando y procurando el bien común. Pero cabe exigir criterio, y, sobre todo, responsabilidad. Se gestiona lo que es de todos, incluidos los patrimonios y propiedades de los ciudadanos sin los cuales éstos no podrían pagar los impuestos que mantienen vivo al ayuntamiento y hacen posible esa gestión que se supone del bien común. Y se hace sobre un cimiento legal que es el que sujeta a la propia institución. Otra cosa es que consiguieran mayoría en los poderes legislativos para cambiar esas leyes. Pero mientras no sea así y se acepte el juego democrático hay que respetar las leyes en vigor.

Porque, claro, el ciudadano sorprendido que paga sus impuestos y cree que los cambios mejor si arrancan de las urnas puede llegar a sentirse liberado de su compromiso. Y si el alcalde paga a quienes están contra las leyes o se pone directamente del lado de quienes se las pasan por el forro, puede tener la tentación de dejar de hacer su parte, no respetar tampoco las leyes ni pagar impuestos, y el día que le llegue la notificación de embargo presentarse en la ventanilla para pedir explicaciones de por qué a él si y a otros no. Y, en caso de no obtener respuesta, exigir que sea el propio alcalde el que liquide en el juzgado la cantidad a embargar.

Suena grotesco, ¿verdad? Pero no estará tan lejos de ser una respuesta equilibrada. O todos o ninguno, señores alcaldes.