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Democracia: corregir o borrar

Publicada 09/01/2017 a las 06:00 Actualizada 08/01/2017 a las 18:51    
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Repetía a menudo el recién fallecido Ricardo Piglia“Escribir es sobre todo corregir, no creo que se pueda separar una cosa de otra”. Con la política, como con la vida, ocurre lo mismo. La democracia seguirá siendo el menos malo de los sistemas de convivencia siempre que demuestre su capacidad de corregir errores, de mejorar los cauces de representación, de encontrar soluciones eficaces para los nuevos problemas. ¿Queda garantizada esa capacidad de regeneración democrática con la aparición de nuevos partidos o con la fragmentación parlamentaria que ha roto el anquilosado bipartidismo gobernante desde la Transición? Desde luego se despertó esa esperanza desde el 15-M entre amplios sectores de la ciudadanía. Que esa ilusión se vea frustrada o que los partidos tradicionales (y otras instituciones clave, como las financieras o los grandes grupos mediáticos) sigan sin entender nada de lo que está pasando en la calle es una duda que podría quedar despejada en este incierto 2017.

Si atendemos a las herramientas sociológicas y pegamos el oído al asfalto, no dependerá nuestra salud política de caudillismos o liderazgos carismáticos. Ni falta que hace. Escribía recientemente el siempre lúcido catedrático de Filosofía Política Daniel Innerarity: “La renovación de nuestros sistemas políticos debe ser abordada de otra manera. Nos jugamos demasiado como para confiarlo todo a que nuestros gobernantes sean competentes y buenas personas; no podemos jugar a la ruleta rusa de que estos sean ejemplares y tengan propiedades extraordinarias. La democracia está para que cualquiera pueda gobernarnos, lo que implica que nuestro esfuerzo se dirija hacia los procedimientos y reglas a los que nuestros dirigentes tienen que atenerse, y no tanto al casting político”.

Una obligación colectiva

Una democracia es tan saludable como justas y acertadas sean sus leyes, y su vitalidad dependerá de la fortaleza sistémica para soportar el paso de los peores gobernantes. No deberíamos preocuparnos tanto por ese cansino discurso del miedo que insiste machaconamente en los riesgos que corre el sistema (siempre por culpa, claro, de las presuntas amenazas “revolucionarias”), sino por el hecho de que no se aborden con celeridad las mejoras que precisa el sistema para evitar que se pudra. Y eso no es responsabilidad exclusiva de los políticos, sino una obligación colectiva que nos atañe a todos.

¿Hacen falta ejemplos? Uno de los más flagrantes es el hecho de que vivimos en una falsa economía de libre mercado, porque subsisten de facto oligopolios que distorsionan por completo uno de los rasgos clave de la sociedad capitalista. Ocurre en el sector energético, desde la electricidad hasta los carburantes, pero también en el tecnológico o en el financiero. Hoy mismo publicamos una crónica de Begoña P. Ramírez que actualiza una cuestión recurrente desde hace décadas: siguen creciendo los márgenes de beneficio de los operadores de las gasolinas. Continuamos asistiendo como pánfilos al enigmático truco de que ellos compran la materia prima a un precio concreto en una fecha, y si a los seis meses hay una subida del petróleo inmediatamente se aplica al consumidor, pero si hay una bajada tardará mucho más en ejecutarse, y nunca en la misma proporción. Las propias ¿autoridades? de la Competencia han denunciado que funcionan como oligopolio y a menudo pactan hasta las diferencias de precios para despistar. Lo que aparentemente son triquiñuelas suponen decenas de millones de euros con los que podría amortiguarse la rampante desigualdad, verdadera termita de la fortaleza democrática.

 
¿A qué esperan PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos para poner fin a la manipulación de los medios públicos?
Podríamos referirnos a la urgente necesidad de corregir lo escrito y ejecutado por el PP en materia laboral y social, cuyas consecuencias sobre la precariedad y el empobrecimiento de las clases medias y bajas pagaremos muchos años (y con pensiones más bajas), pero vayamos a un síntoma de calidad democrática evidente. Todos los partidos, a excepción del PP, se comprometieron antes de las últimas y penúltimas elecciones a recuperar el modelo de RTVE que garantizaba la necesidad de consenso parlamentario para elegir a su dirección y la independencia editorial de su equipo profesional. ¿A qué esperan PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos para poner pie en pared a la constante manipulación denunciada por los propios periodistas de los medios públicos? Es cierto que el Gobierno tiene capacidad para vetar o dilatar iniciativas parlamentarias, pero también es obvio que hay materias en las que la oposición no considera prioritario gastar energías.

Mentiras documentadas

Este martes recibe la ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, a los representantes de las víctimas del accidente del Yak-42 que costó la vida a 62 militares españoles, y que podría haberse evitado, como acaba de establecer el dictamen del Consejo de Estado resuelto por unanimidad de sus miembros. Se trata de un asunto tan meridianamente escandaloso que debería avergonzarnos el hecho de que casi catorce años después tengamos que seguir discutiendo si Federico Trillo tiene derecho o no a ocupar nuevamente algún cargo público. Está documentado que este individuo mintió al Parlamento, dio órdenes que derivaron en la falsificación de la identidad de los cadáveres, premió a altos mandos militares cómplices en la negligencia y maltrató a los familiares de las víctimas. Tan obvio resulta que aquel vuelo era ilegal y peligroso, que a los pocos días se contrató el transporte de tropas con compañías homologadas en la UE, y no con piratas aéreos subcontratados sin ningún control.

La investigación y las medidas tomadas por el sucesor de Trillo, el socialista José Bono, permitieron corregir esos dislates, de forma que se establecieron normas y controles suficientes para que nunca más los soldados tuvieran que asumir riesgos añadidos a los que ya corren en su obligación profesional. Dicho de otro modo, se abordaron correcciones para que el “sistema” pueda soportar el paso de mandos incompetentes o descubrir la actuación de descarados comisionistas.

¿Asumirá el Gobierno, a través de su ministra de Defensa, las conclusiones del informe (no vinculante) del Consejo de Estado en todos sus términos? Si así fuera, las familias encontrarán una nueva vía para lograr que se haga justicia (que es lo que vienen reclamando en memoria de sus seres queridos, y no indemnizaciones, como se empeñan en manipular algunos voceros del sector más cavernario de la derecha).

Efectivamente, como apuntaba Innerarity,  “la democracia sobrevive cuando la inteligencia del sistema compensa la mediocridad de sus actores”. O los intereses espurios, clientelares, individuales o de grupo, añado yo. Hay este año una oportunidad en el parlamento, y también fuera de él, para demostrar si queremos resetear la democracia para mejorarla o si nos conformamos con asistir a interesantísimos debates endogámicos o campañas empeñadas en fabricar liderazgos donde no los hay. Otro admirable escritor, el húngaro Stephen Vizinczey, iba un poquito más lejos que Piglia en su concepción literaria: “Escribir es borrar”. Ahí está el riesgo de no corregir tantos errores pendientes incluso de reconocer. Puede llegar un momento en que la tentación democrática consista directamente en borrar. Y los monstruos resultantes ya deberían estar enterrados por la historia.
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