Con la Iglesia hemos dado, Sancho

La reciente decisión del Tribunal de Cuentas de oponerse a la fiscalización de la Conferencia Episcopal  en la asignación que recibe del Estado (la casilla del IRPF), deja un año más en penumbra las cuentas de la institución. El voto de siete de sus consejeros, propuestos por el PP, incluido el de su presidente, ha impuesto su mayoría a los cinco del PSOE.

De nuevo un organismo del Estado, en teoría y más que nunca, independiente, pues se trata de auditar y resolver diligencias contables, está claramente politizado en su ADN. Esto no lo entiende la ciudadanía, y nos muestra hasta que punto estamos reducidos por la intransigencia de la derecha en la aplicación de las leyes con las que no comulgan, pero a las que se han apuntado a regañadientes, con la boca pequeña. Ya se ve que las referidas a la Memoria Histórica, a la Transparencia o a la Dependencia no son las únicas.

Es sorprendente que el Tribunal de Cuentas, que pide multas a los receptores de ayudas públicas no justificadas, que amonesta a la propia Administración económica del Estado  por no aplicar el régimen sancionador contemplado en la Ley General de Subvenciones para los beneficiarios que presentan cuentas justificativas inexactas, incompletas o fuera de plazo, sea tan laxo, tan enormemente laxo, en la fiscalización de las cuentas de la Iglesia, las más importantes en aportación de dinero público, y eso que no entramos en las exenciones en el impuesto de sociedades, de sucesiones, de transmisiones patrimoniales, sobre el valor añadido (IVA), sobre bienes inmuebles (IBI), sobre el incremento del valor de terrenos, construcciones y obras, o las aportaciones en los conciertos públicos de centros educativos y centros sanitarios.

Por el monto de las subvenciones públicas, por su continuidad a lo largo de los años y por la amplitud de las exenciones fiscales, la auditoría de las cuentas de la Iglesia en España, señorías del Tribunal de Cuentas, no es una opción, es una obligación. El órgano supremo para el control de las cuentas del sector público, si quiere llevar con honor este título, debe realizar de oficio la fiscalización de dichas cuentas, sin necesidad de que un grupo parlamentario lo reclame.

Lo contrario es quedar en evidencia ante la sociedad, dejar en entredicho su credibilidad.

Son muy evidentes las concesiones desmesuradas que la Iglesia católica viene recibiendo de un Estado proclamado laico en su Constitución, y uno más de los brindis al sol de una derecha que se desgañita contra cualquier cambio, pero que cierra los ojos cuando le interesa. La situación creada es claramente transgresora de la ley, denunciable por la discriminación que supone para el resto de confesiones que existen en nuestro país.

Es hora de que la Conferencia Episcopal sea consciente de que las reglas de juego son muy diferentes en un estado democrático con libertad de cultos, de aquellas que les llevaron a secundar la cruzada y la dictadura del general Franco. Algo de contrición debería asomar en la Curia para que fueran los primeros interesados en reparar pasados errores, solicitando la revocación de un Concordato trabajado a espaldas de la opinión pública y de la oposición democrática, hace ahora casi cuarenta años. Desde Bruselas, una vez incorporada España a la UE, se fijó un plazo de 10 años para la revisión de un contrato que se consideraba vulneraba, entre otros: principios básicos de corresponsabilidad fiscal, igualdad jurídica, transparencia contable, posición dominante en la enseñanza en general y en la docencia del catolicismo, trato discriminatorio sobre otras confesiones, etc. Es muy loable que la Iglesia declarase en ese texto su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades, pero hasta ahora no parece haber puesto demasiado celo en conseguirlo  –la firma tuvo lugar en la Ciudad del Vaticano el 03 de Enero de 1979–.

El apoyo de la jerarquía eclesiástica a los sectores más reaccionarios de la sociedad, no hace sino rebajar los ideales y principios cristianos, erosionando así su labor de apostolado. Ser titular de medios de comunicación no implica allanarse con el mensaje de determinados partidos, y los tiempos en los que se fundían connotaciones religioso-católicas con la acción política han pasado, razonablemente, a ser cosa de la historia.

Comprender la necesidad de la justicia y la equidad de tratamiento con otras confesiones, ser corresponsables fiscalmente con el patrimonio común de todos los miembros de la sociedad, profesen éstos la religión católica o no, tributando como cualquiera de ellos (...al César lo que es del César), y mostrar neutralidad con el poder político, poniéndose en todo caso del lado de los más débiles, son mandamientos alineados con la ortodoxia cristiana.

Para no ser su reino de este mundo hay que reconocer que la Iglesia ha sabido ocupar en él posiciones de privilegio. Tras el repaso a la relación de los bienes que posee, los detalles sobre la vida y milagros de su aristocracia, algunos de ellos fieles compañeros de mesa del poder,  nos viene a la cabeza un conocido versículo del Evangelio según San Mateo:  "...no acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los destruyen..." (Mateo 6:19). ________________Pedro Díaz Cepero 

es sociólogo y escritor.