Hay quien cree que actuar con la ley en la mano es usar el Código Penal como matamoscas

“La fuerza de la razón consiste en que no la tenga siempre el más fuerte”.

La justicia tiene muchos enemigos, pero ninguno tan temible como la desigualdad y la impunidad. Cuando alguna de las dos impera en un país, es que la palabra democracia le viene grande, se han sustituido la balanza y la venda en los ojos por una doble vara de medir y el Estado de derecho hace aguas, está escorado frente a la costa como un barco con un agujero. Los que dicen que la letra con sangre entra no son educadores sino maltratadores; y los que definen nuestro sistema con ese adjetivo hecho a martillazos, que es garantista, suelen hacerlo para justificar la sospecha de parcialidad que tienen los ciudadanos al ver cómo algunos políticos, banqueros o miembros de la familia real usan los banquillos como tobogán, se deslizan por ellos y caen en casa, aunque sean responsables de saquearnos y hundir nuestra economía. La impresión general es que en el suelo de los tribunales hay pintada una raya roja y que a un lado de ella quedan los poderosos y al otro el resto, algo que hace que a algunos se les permita seguir en la calle o en Suiza y se condene a un año de cárcel y siete de inhabilitación a una joven que colgó en internet algunos chistes sobre un almirante de la dictadura, es decir, un alto representante de una organización criminal, un tiburón que era un delfín, porque según los historiadores era el elegido para suceder al sanguinario general Franco en el palacio de El Pardo y perpetuar así su régimen asesino. Reducir a Carrero Blanco a la condición de víctima del terrorismo, es un insulto a quienes lo fueron de verdad a lo largo de tantos años de locura, mujeres y hombres inocentes, abatidos por las pistolas y las bombas-lapa de ETA. ¿O es que alguien piensa que se puede meter a ese hombre en el mismo saco que a Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez, Fernando Múgica, Francisco Tomás y Valiente, Ernest Lluch y tantos otros?

La Audiencia Nacional, obviamente, se limita a cumplir la ley mordaza impuesta por el Partido Popular con el único fin de amedrentar a los ciudadanos y restringir sus libertades. Aquí a la revista Charlie Hebdo, por ejemplo, con la que tanto nos solidarizamos cuando fue atacada mortalmente por un comando islamista tras publicar unos chistes sobre el profeta Mahoma que los radicales consideraban ofensivos, se la habría procesado y sin duda condenado. Entonces, ¿qué diferencia hay entre nosotros y Al Qaeda?¿Estamos a dos kalashnikov de distancia del integrismo?

Los jueces no hacen justicia, simplemente aplican el Código Penal, así que los responsables de todas las barbaridades que se cometen son quienes lo cambiaron para tenernos en un puño y hacerlo de la forma más rastrera: como los hemos dejado sin trabajo, les hemos reducido los sueldos, tienen sobre sus cabezas la espada de Damocles de un desahucio y entre unas cosas y otras la mayor parte de ellos sobrevive a duras penas, les amenazamos con multas de cientos de euros por ir a una manifestación, hacer una foto o llamar ”colegas” a unos policías, y ya verás qué pronto se rinden. Con la ley en la mano, hay quien usa el Boletín Oficial del Estado como matamoscas. El franquismo lo hizo durante treinta y ocho años.

Mientras la máquina trituradora se lleva por delante, a toda velocidad, a la joven Cassandra, va muy despacio en otros asuntos, por ejemplo a la hora de delimitar el tamayazo electoral de hace quince años en Madrid, que sirvió para que Esperanza Aguirre ganase las elecciones que había perdido, gracias a la actuación de dos tránsfugas del PSOE. Y si hubo que inventar ese término casi festivo, fue para evitar el de pucherazo, que hubiera puesto en duda la legitimidad de nuestro sistema.

Ahora, cuando ya no le va a pasar nada a ninguno de los implicados, la Confederación Empresarial Madrileña certifica, tras una investigación llevada a cabo con gran rapidez, la financiación ilegal del PP en la capital. Sus archivos dejan claro que se pagaron facturas por importe de, al menos, cien mil euros a la fundación vinculada al partido de la calle Génova, para costear sus actos electorales. ¿A cambio de qué? De nada, seguro que no. El otro día, al aplaudir con gran emoción a la condesa de Bornos, sus compañeros en la formación ¿también estaban jaleando eso? No sé si se lo habrán preguntado. Ni siquiera sé muy bien si les importa.