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No se cansan de ofender

Publicada 17/04/2017 a las 06:00 Actualizada 16/04/2017 a las 21:02    
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Es costumbre del Gobierno colar decisiones y nombramientos previsiblemente polémicos en fiestas "de guardar". La Semana Santa nos ha traído la vergonzante noticia de que Javier Jiménez-Ugarte, número tres de Federico Trillo en Defensa cuando se produjo el siniestro del Yak-42, ha dejado de ser embajador en Suecia para incorporarse a la Oficina del Alto Comisionado de la Marca España. No se cansan de ofender. ¡Manda huevos!, que diría el también expresidente del Congreso.

Jiménez-Ugarte, para situarnos, era secretario general de Política de Defensa en las fechas en que familiares de los 62 militares fallecidos se interesaban desesperadamente por comprobar si sus restos habían sido correctamente identificados antes de devolverlos a España urgentemente para ser sepultados cuanto antes. Había grandes motivos para dudarlo, puesto que los médicos enviados por Defensa a Turquía no eran forenses ni especialistas en necroidentificación. Trillo designó a Ugarte como responsable de la relación y comunicación con los familiares de las víctimas.

Rosario Benítez, viuda de uno de los comandantes muertos, escribió una carta pública a principios de 2004 en la que concluía: “Sólo me queda preguntar ¿a qué o a quién hemos enterrado?” El señor Jiménez-Ugarte, diplomático de carrera,  respondió con un escrito sellado por el Ministerio de Defensa en el que recriminaba a la viuda “la muy negativa imagen” que estaba dando del equipo médico y le lanzaba el siguiente reproche: “Sería más solidario por su parte no escribir cartas como ésta que sólo sirven para hacer sufrir más a todos sus compañeros y compañeras”. A Curra Ripollés, hermana de otro comandante que murió en ese avión chatarra que nunca debió volar porque no cumplía las condiciones mínimas, Jiménez-Ugarte la trató de “loca” y hasta le dio la tarjeta de un psiquiatra amigo suyo para que fuera a verle. Incluso envió a la madre de Curra una extensa carta que incluía su currículum para recordarle esa cosa tan marca España: no sabe usted con quién está hablando. Cuando se le preguntó a Trillo si le parecía correcto el trato que su subordinado estaba dando a las víctimas, se permitió contestar: “Lamento que se esté haciendo electoralismo con todo esto”.

La indignación de las familias es tan comprensible como justa. La ha expresado en infoLibre Sara García Díaz, hermana del cabo David García Díaz, en este texto en el que afirma: “Impotencia es la palabra que a muchos esta semana nos ha invadido al leer la noticia”.

Rajoy y la "satisfacción moral"

Mientras esperan a que la ministra Cospedal concluya la investigación que prometió tras el informe del Consejo de Estado que certificó oficialmente por primera vez la responsabilidad del Ministerio de Defensa en el siniestro del Yak, las familias de los muertos ya han podido comprobar el concepto que Mariano Rajoy tiene del respeto a la memoria de las víctimas. El pasado 31 de enero, Rajoy recibió en la Moncloa –casi catorce años después– a un grupo de familiares que le escucharon pronunciar palabras reparadoras y hasta esperanzadoras: “A partir de ahora las cosas se van a hacer bien. Trabajaremos para una resolución que les dé satisfacción moral y jurídica, sin ningún condicionamiento político”.

De momento, aquí la única “satisfacción” debe de sentirla el señor Jiménez-Ugarte, a quien el Gobierno del PP nombró en 2012 embajador en Suecia y ahora le permite incorporarse nada menos que al órgano encargado de cuidar y fomentar la Marca España. Antes ya se había encargado de indultar a los únicos militares condenados por las falsas identificaciones de los fallecidos (otro de ellos murió antes de entrar en prisión). Federico Trillo, premiado en su día con la embajada en Londres, ha regresado a su plaza del Consejo de Estado, que acaba de concederle la prórroga para que no tenga que jubilarse, si lo desea, hasta los setenta años.

Aunque nadie pueda discutir la “legalidad” de todos estos pasos, es obvio que el concepto de “satisfacción moral” de Rajoy es bastante peculiar. Con el caso de Jiménez-Ugarte no puede escudarse en que la cosa no tiene nada que ver con él, como sostiene respecto al Consejo de Estado presidido por su amigo y padrino político José Manuel Romay Beccaría. Porque resulta que el Alto Comisionado para la Marca España “depende funcionalmente del presidente del Gobierno”, como se especificaba en el Real Decreto por el que se creó en 2012, aunque orgánicamente esté ubicada su oficina en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Por último, ya va siendo hora de que se informe con detalle de ese emporio presidido por Carlos Espinosa de los Monteros, expresidente de Iberia, de Mercedes Benz España y vicepresidente no ejecutivo del grupo Inditex, entre un rosario de cargos y honores que incluye el de Marqués de Valtierra. Tiene rango de secretario de Estado, sin sueldo aunque con todos los gastos y viajes cubiertos. Fue designado a dedo por el propio Mariano Rajoy, y no hay forma de que Exteriores aporte con absoluta transparencia los datos sobre los recursos públicos y privados que maneja Marca España y a qué se destinan. Colaboran en el lobby casi todas las principales empresas españolas, y su objeto consiste –como su propio nombre indica– en cuidar y fomentar la imagen de España. Mientras no tengamos más datos, queda la duda de si la Oficina del Alto Comisionado produce más beneficio a España o a determinadas compañías particulares y privadas, por muy españolas que sean. 

De momento, la incorporación de Jiménez-Ugarte demuestra muy poco respeto a lo que cualquier ciudadano de bien entiende como Marca España, pero además es toda una apuesta por la transparencia, teniendo en cuenta que, como recuerda Miguel González en El País, Ugarte "maniobró para que las familias del Yak-42 no descubriesen la verdad".
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