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Por qué los permisos iguales e intransferibles no traerán más igualdad

Patricia Merino Murga

Los asuntos relativos al género, la identidad sexual y reproducción adquieren cada vez mayor centralidad política. Es en este área de la vida social y política (ahora ya sabemos que lo personal es político) en donde parece que se van a dirimir muchos de los grandes cambios del futuro. Vox sitúa el odio y la represión al feminismo en el centro de su proyecto; PP y PSOE continúan con el doble juego que llevan décadas haciendo: al tiempo que proclaman un “compromiso con la igualdad” que se materializa en la colocación de una amplia representación de mujeres en el poder, se inhiben de propiciar los cambios estructurales necesarios para transformar un sistema de género patriarcal que se reproduce automática y silenciosamente gracias a la feminización de la pobreza y la precarización de la maternidad en el capitalismo tardío. Unidos Podemos se presenta como paladín de la transformación social con una medida que ha sido la seña de identidad de su talante progre: los permisos iguales e intransferibles (PII), ahora también defendidos por el PSOE.

Voy a exponer aquí algunos de los motivos por los que muchas –algunas hemos creado la plataforma PETRA contra los PII– opinamos que esos permisos, que asignan a los padres 16 semanas intransferibles y financiadas al 100% (sería la licencia paterna exclusiva remunerada más larga y generosa de Europa), y que dejan a las madres con las misérrimas 16 semanas que tienen (junto con Malta es ya la licencia remunerada disponible para las madres más corta de Europa) no son algo que vaya a crear una sociedad más justa, no contribuyen a la igualdad y no responden a los verdaderos intereses de las mujeres. Aquí me limitaré a exponer los fallos de esta medida en lo laboral y en términos redistributivos, hay otros motivos de aún mayor peso para rechazarla que he abordado en otros textos.

Los PII, tal y como se explica en el preámbulo de la Proposición de Ley que se debate en el Parlamento, tienen como objetivo impedir que las mujeres se vean perjudicadas en su  “inserción en el empleo de calidad” y en la “continuidad de sus ingresos” y todo ello con el fin de lograr un futuro de “plena igualdad “y “una vida libre de pobreza”. Pues bien, lo cierto es que esta medida no puede lograr ninguno de esos objetivos.

Al tratar la cuestión del empleo femenino con frecuencia se escuchan afirmaciones que transmiten la idea de que la maternidad y los cuidados son lo que impide que las mujeres tengan una correcta inserción en el mercado laboral. Se nos da a entender que ahí afuera hay un mundo lleno de ofertas laborales dignas esperando. Este enfoque crea un relato falso de la situación, y además, carga sobre las mujeres la culpa de los desajustes de un sistema que es disfuncional y absurdo en el modo de articular lo laboral, la reproducción social y las políticas sociales.

A pesar de la masiva incorporación laboral de las mujeres en las últimas décadas, el porcentaje de españolas en edad laboral con empleo es muy inferior al de otros países de la UE: nunca se ha superado el 60%, mientras que en la UE-28 se supera el 60% de media desde 2006; y países como Austria, Alemania, Holanda, Reino Unido, Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca superan el 70%.

No es la maternidad la razón por la que un 40% de mujeres españolas en edad laboral se ven excluidas del mercado, como mucho es una excusa; pero los políticos y los medios de comunicación están muy interesados en hacernos ver que la maternidad es el problema. La principal razón por la que muchas españolas se ven excluidas del mercado laboral es que en España hay muy poco empleo, y en su formato decente aún menos. Decir que España es el quinto país de la UE con mayor porcentaje de mujeres inactivas por cuidados puede dar un titular, pero sería justo aclarar primero que las cifras de mujeres y hombres inactivos en España son muy superiores a las de los países de nuestro entorno. Las cifras astronómicas de paro e inactividad son un rasgo estructural del mercado laboral español. A menudo las estadísticas crean falsas impresiones al aglutinar y simplificar datos que, especialmente en lo relativo a la maternidad, son complejos: así una mamá sueca que cría durante 15 meses sin necesidad de abandonar su empleo, figurará como empleada; una alemana, una británica o una eslovena también contabilizarán como empleadas en las estadísticas durante 12 meses de crianza; sin embargo, una madre española que pretenda criar más allá de los 4 meses, posiblemente pasará a engrosar las listas del paro.

Al hablar de empleo, también es importante señalar que el porcentaje de lo que se considera empleo decente, es en España menor que en otros países europeos; y contrariamente a lo que transmiten sindicatos y algunos colectivos feministas no es el tiempo parcial lo que hace que un empleo sea “basura”: es el bajo nivel de los sueldos, las pésimas condiciones laborales y el carácter coercitivo que su escasez en España le confiere. Lo que sí es indudablemente empleo basura es el empleo temporal, y aquí somos campeones en tasas de este tipo de empleo. En otros países muchas mujeres que crían tienen empleo parcial de calidad –algo que les permite conciliar, mantener ingresos propios y no desvincularse del mercado laboral– pero en España tal cosa apenas existe, entre otras cosas porque el empleo público es escaso.

Lo característico del empleo de las mujeres españolas si lo comparamos con lo que ocurre en otros países de la UE, es que está muy polarizado, tanto en lo relativo a la inserción, como en cuanto al tipo de empleo existente: en España hay un porcentaje más alto de mujeres con empleos de alta cualificación, y también es más alta la proporción de empleos femeninos de baja cualificación (especialmente servicio doméstico y hostelería), mientras que en las franjas medias hay una escasez de empleo. Esta polarización también se observa en los salarios. La brecha salarial por genero tiene en España características que difieren de cómo funciona esta brecha en otros países europeos: si analizamos la brecha salarial por ocupaciones, observamos que en España las mayores brechas las encontramos claramente en las ocupaciones con menor nivel salarial, mientras que las profesiones con un nivel de cualificación elevado presentan en España una brecha salarial comparativamente pequeña (19% para directores y gerentes frente al 28% de Francia y el 37% de Alemania, y para profesionales de alto nivel 15%, frente a 27 y 29%, respectivamente). Lo mismo ocurre si analizamos la brecha salarial de género por nivel educativo: para niveles educativos bajos, la brecha salarial en España es alta: la tercera brecha más alta de la UE-28, sólo por detrás de Estonia y Letonia para las personas que han completado secundaria como máximo (Zoom económico, 2016/09); por el contrario, en niveles educativos elevados, la brecha salarial es bastante baja en comparación con otros países europeos.

Vemos así que la situación de las mujeres españolas en el empleo no es igual para todas: el empleo de calidad está concentrado en los estratos sociales altos, también los salarios y la posibilidad de la igualdad. Esta desigualdad también afecta a la incorporación y la permanencia en el empleo. El nivel de estudios que alcanza una mujer tiene en España un impacto mucho más acusado que en otros países a la hora de predecir sus posibilidades de acceso al empleo: las mujeres españolas con estudios universitarios tienen una participación laboral tan alta como la de las suecas (81 % en 2015). Esta variable es mucho más determinante en la participación laboral de las españolas que su maternidad. El impacto de la maternidad en el empleo de las españolas es comparativamente bajo en relación a nuestros vecinos europeos: la brecha de empleo entre las mujeres que son madre y las que no lo son está en España por debajo de la media de la UE y es menor que la de países como Alemania, Reino Unido, Finlandia, Francia y Austria (Gender equality in the workforce, RAND Europe, 2014).

Es falso, por lo tanto, argumentar que la maternidad sea un factor clave en la exclusión laboral de las españolas. Cuando se observan las tasas de empleo de las madres en los países de la OCDE, los datos para España presentan una característica bastante anómala en relación al resto de países: no hay prácticamente ninguna diferencia entre la tasa de empleo de las madres de criaturas de 0 a 2 años, la de madres de criaturas de 3 a 6, y la de madres de niñas y niños de entre 6 y 14 años. Este dato nos confirma que la exclusión de las madres del mercado laboral en España no está tan vinculada a las exigencias de la maternidad, y que aquí la exclusión es algo más definitivo: muchas mujeres abandonan el mercado laboral para criar y no vuelven a reincorporarse nunca.

Lo característico de ese 30-40% de la población española que goza de un sólido bienestar y de seguridad económica es que está conformada por hogares en los que hay dos personas con empleo decente. Las madres pertenecientes a este grupo privilegiado pueden hoy, y podrán con unos PII, coger una excedencia para criar; sin embargo, todas las demás mujeres, o bien irán al paro para financiarse un periodo de crianza más largo, o no tendrán otra opción que reincorporarse a las 16 semanas, algo que casi siempre es traumático para ellas y para los bebés. Así, la precariedad, la exclusión laboral y la imposibilidad de conciliar se concentran en la población con niveles de renta bajos y medios.

Cualquiera que haya analizado la estructura de la pobreza en España sabe que los PII no solo no tienen ninguna capacidad de proporcionar a todas las mujeres  “una vida libre de pobreza” sino que en términos de redistribución esta medida es un genuino ejemplo de la lógica neoliberal: se canalizan más recursos hacia quienes ya los tienen (asalariados fijos con empleo decente) y se ahonda en la exclusión de quienes no están integrados en el mercado o de quienes tienen una precaria inserción en él, cuando es precisamente en estos grupos donde se aloja la pobreza. Además, puesto que los hombres tienen más empleo y mejor remunerado que las mujeres se dará la paradoja de que con esta medida se destinaran más recursos del Estado para financiar los permisos de los padres que para apoyar a madres y criaturas en una etapa que es para ambas de especial vulnerabilidad e interdependencia.

Las altísimas tasas de pobreza infantil son también un rasgo estructural de la sociedad española desde hace décadas. El gobierno actual aspira a reducir la tasa de pobreza infantil severa, y para ello propone aumentar la prestación por hijo a cargo a 588 euros al año para los casos más graves: se trata de parchear lo más vergonzoso para continuar inhibiéndose de introducir políticas monetarias decentes para la crianza como las existentes en los países europeos de nuestro entorno; y eso es cobardía política, y en el fondo, conformidad con una precarización de la crianza que apuntala nuestro sistema de género.

Si aún quedaran dudas sobre la capacidad del empleo de sacar a madres y criaturas de la pobreza basta con un dato: a pesar de que las mujeres cabeza de familias monomarentales tienen tasas de empleo de en torno al 90%, el riesgo de pobreza y exclusión social de estos hogares es el más alto de todos (del 53,3% en 2016). Para las mujeres, la monoparentalidad significa un alto riesgo de precariedad; esta es una realidad económica que constituye por sí misma un eficaz disuasorio del divorcio y también de la posibilidad de que las mujeres acometan maternidades en solitario, dos opciones que el orden patriarcal teme, rechaza, y encuentra siempre cómo castigar. En nuestra sociedad, cuando la violencia no es física, la pobreza y la precariedad cumplen esa función de castigo.

Los PII no pueden luchar contra la pobreza, y tampoco van a impedir que las mujeres sigan abandonando el mercado laboral para criar. Lo que hace inviable en España la conciliación entre maternidad y vida laboral es la escasez de los permisos maternos y no los paternos. Los países donde se concilia mejor combinan altas tasas de empleo femenino con 12 meses o más de licencias remuneradas disponibles para las madres: así es en Suecia, Noruega, Reino Unido, Dinamarca y Finlandia.

Además, unos PII no van a impedir que los empresarios discriminen a las madres en el empleo, porque aunque los papás tomen sus 16 semanas, los empresarios saben que las mamás pueden cogerse una baja por riesgo en el embarazo (¿o nos inventamos una ley que obligue a los papás a acompañarles cuando tengan complicaciones en el embarazo?); también saben que muchas mamás pedirán una excedencia o reducción de jornada (algo que hoy ya está a disposición de los papás); y que ellas irán más a menudo a cuidar de los bebés cuando enfermen, que si ingresan en guarderías a los 8 meses, va a ser mucho y frecuentemente.

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Esta medida falla en aquello que declara como su objetivo porque se está ignorando un dato fundamental: las criaturas necesitan el contacto estrecho con su madre durante el periodo de exterogestación, y las mujeres que paren una criatura generalmente desean cuidarla más allá de las 16 semanas. Un verdadero reconocimiento de la maternidad debiera de significar dar a mujeres y criaturas el apoyo social necesario en una etapa en la que el riesgo de exclusión laboral y empobrecimiento es grande, dándoles más herramientas para conciliar mediante unos permisos para la crianza transferibles de un año.

Lo cierto es que un feminismo inclusivo y comprometido con una verdadera igualdad tiene ahora un problema, porque esta proposición de ley que canaliza más derechos y recursos a los padres asalariados ya forma parte del discurso de lo políticamente correcto y si finalmente los PII se aprueban con el diseño de igualdad e intransferibilidad propuesto, la mayoría de las mujeres españolas no obtendrán ningún beneficio, y la mala redistribución propia de las lógicas neoliberales avanzará un paso más. ______________

Patricia Merino Murga es autora del libro Maternidad, Igualdad y Fraternidad e impulsora de la plataforma PETRA

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