Gómez Bermúdez pone el foco en la financiación irregular del PP

La decisión del magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez de aceptar a trámite la denuncia de Izquierda Unida (IU) contra los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta y varios empresarios, Luis Bárcenasha vuelto a poner bajo el foco la presunta financiación irregular del PP. Una financiación que ya había centrado la investigación iniciada por el primer instructor del caso Gürtel, Baltasar Garzón, pero que varios años después apenas ha avanzado.

En el caso Gürtel numerosos informes de la policía apuntan a la presunta financiación irregular del partido del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Especialmente en municipios madrileños como Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Majadahonda; en la Comunidad de Madrid con Fundescam, y en la Comunidad Valenciana. En todos estos casos las instituciones gobernadas por el PP adjudicaban contratos públicos a empresas, que utilizando la red empresarial tejida por Francisco Correa, desviaban el dinero, que acaba destinándose a regalos a cargos del PP, o incluso a la financiación de los actos electorales. Pero pese a la existencia de estos claros indicios, los diferentes instructores no han adoptado medidas que fuentes del caso consideraban necesarias, como por ejemplo el registro de la casa de Luis Bárcenas e incluso de la sede del PP. Esta decisión, relatan las mismas fuentes, no tendría sentido ahora, pues las pruebas, en el caso de existir, ya habrían sido destruidas.

La querella de la formación de izquierda se presentó en la Audiencia Nacional, recayendo por turno en Gómez Bermúdez, que al estudiarla comprobó, según el auto, la existencia de indicios de varios delitos. "Luis Bárcenas pagó sobresueldos en negro durante años a parte de la cúpula del Partido Popular", destaca el juez, que también resalta que "el aparato financiero del PP recaudaba sumas mediante el cobro de comisiones a empresarios a cambio de la adopción de determinadas decisiones que les beneficiaban".

Pero estas frases, incluidas en la denuncia de IU, y que se refieren a artículos periodísticos, no tendrían suficiente base si no existiera también “una serie de entradas de cantidades donadas por empresarios con la adjudicación de obra pública entre los años 1999 y 2009”, resalta el magistrado, que además de los extesoreros ha decidido imputar al presidente del grupo OHL, Juan Miguel Villar Mir; el expresidente de Sacyr-Vallehermoso Luis del Rivero; José Luis Sánchez Domínguez (Grupo Sando); José Mayor Oreja (FCC): Manuel Contreras Caro; Juan Manuel Fernández Rubio; Antonio Vilella (Rubau); Adolfo Sánchez; Pablo Crespo Sabarís; y Alfonso García Pozuelo Asins (Constructora Hispánica).

Hasta la decisión de Gómez Bermúdez, solo dos de los empresarios mencionados en la querella de IU estaban imputados en el caso Gürtel: Pablo Crespo Sabarís, considerado el número dos del cerebro de la red Gürtel, Francisco Correa, y Alfonso García Pozuelo Asins (Constructora Hispánica). Este último aparece en la mayor parte de los informes policiales como uno de los presuntos autores de los pagos a políticos de la red. Y también fue el primero en tratar de regularizar su situación con Hacienda, a la que abonó 20 millones de euros. Posteriormente, varios de los imputados han pagado a Hacienda importantes sumas de dinero, incluso aprovechando la amnistía fiscal promovida por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

A todos los presuntamente implicados se les imputa, de forma indiciaria y general, de los delitos de asociación ilícita, alteración de precio en concursos públicos, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delito contra la hacienda pública, fraude y exanciones ilegales, encubrimiento y falsedad y apropiación indebida de fondos electorales.

Auto admisión a trámite de la querella de IU

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No obstante, y pese a haber admitido a trámite la querella de IU, Gómez Bermúdez no ha considerado pertinente incluir entre los imputados a otras de las personas que se citan en la querella de IU. Como por ejemplo los exministros del PP Rodrigo Rato, Federico Trillo y Ángel Acebes. "Los empresarios querellados así como los gerentes y tesoreros del PP durante la fecha a la que los hechos se refiere deben, desde el principio, tener el estatuto de imputados para garantizar tanto el buen fin de la investigación como su derecho de defensa". En cambio, sobre los altos cargos del PP, Gómez Bermúdez considera que la denuncia establece un enlace "excesivamente débil, difuso o especulativo, afirmando sin más que ese dinero lo recibían para la toma de decisiones a favor de las empresas y empresarios pagadores o para influir en las decisiones". Por eso, su declaración como imputados sería "prematura".

En cuanto al Partido Popular, Gómez Bermúdez ha dado un plazo de siete días a la formación presidida por Mariano Rajoy para que aporte la relación de los ingresos recibidos entre 2002 y 2009 como donaciones de las empresas citadas.

Asimismo, el juez Gómez Bermúdez no ha hecho caso a la Fiscalía Anticorrupción, que en un informe se mostró partidaria de que la querella de IU se acumulara a la que ya instruye el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz. La decisión de Gómez Bermúdez se produce días después de que el también magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz decidiera incluir como pieza separada del Gürtel el caso de los 'papeles' de Bárcenas. La colisión de las dos decisiones podría derivar hacia un conflicto de competencias entre ambos jueces.